Venezuela/ Ya queda poca poesía del cambio [Anais López y Javier Ruiz]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

12 de octubre 2017

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Venezuela

Venezuela, sin poesía      

El 15 de octubre, los venezolanos votarán finalmente para gobernadores.
Luego de cuatro meses de protestas, la oposición se encuentra dividida y
debilitada, aunque la mayoría de la población rechaza al gobierno de Nicolás
Maduro.

Anais López y Javier Ruiz *

La Vanguardia, 12-10-2017 

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Venezuela ocupa hoy un lugar preponderante en la coyuntura regional. Para
unos se trata de un gobierno de izquierda, antiimperialista, víctima del
asedio del gobierno estadounidense y de poderosos actores políticos y
económicos del establishment global; para otros de un gobierno corrupto,
autoritario, ineficiente, que ha conducido al país a un colapso en cámara
lenta, mientras se resiste a salir del poder. Y la verdad es que hay un poco
de todo, pero ya queda poca poesía del cambio. 

Desde 2013, Venezuela experimenta una crisis política sobrevenida con la
muerte del presidente Hugo Chávez en marzo de ese mismo año. Lo que ha
ocurrido desde entonces no ha hecho más que evidenciar las profundas
debilidades del proceso bolivariano para sortear la caída de legitimidad
producida por la desaparición física de su máximo y único líder, combinada
con el derrumbe de los precios del petróleo en el mercado internacional.
Este último hecho puso en evidencia (una vez más en nuestra historia) la
fragilidad y la dependencia del Estado venezolano de la renta petrolera, a
pesar de que durante poco más de una década el proyecto bolivariano
reivindicó la necesidad de diversificar la matriz productiva y estimuló la
creación de fondos de ahorro para la estabilización macroeconómica, dados
los antecedentes inmediatos que en la década del 80´ colocaron al país al
borde de la quiebra y produjeron el mayor estallido social de nuestra
historia contemporánea: el Caracazo.

Es en este contexto que Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de
2013, con la enorme responsabilidad de administrar una crisis cuyos efectos
más inmediatos dependían de la capacidad del gobierno de mantener la “unidad
de mando” en el interior del Estado. Al mismo tiempo, la oposición de
derecha vio su oportunidad para retomar su estrategia insurreccional por
medio de manifestaciones violentas, focalizadas territorialmente en
localidades gobernadas por partidos de oposición, pero también limitadas por
el propio gobierno nacional. Desde hace algunos años, el  gobierno chavista
ha limitado y/o prohibido cualquier tipo de manifestación en el municipio
Libertador, que es donde se sitúan los principales entes gubernamentales.
Esta decisión se fundamenta en el hecho de que todas las movilizaciones
convocadas por la oposición de derecha en los últimos años se tornan
violentas y devienen finalmente en fuertes disturbios y afectaciones a la
integridad humana y la infraestructura pública. Sin embargo, esta razón ha
sido también una útil excusa para que el gobierno nacional no permitiera
ningún tipo de manifestación en el centro de la ciudad, incluyendo aquellas
de índole reivindicativo promovidas por sindicatos y diversas organizaciones
que nada tienen que ver con la oposición de derecha. En este punto, las
únicas manifestaciones y concentraciones permitidas hacia y en el centro de
la ciudad son aquellas promovidas y/o convocadas por el propio gobierno y
los sectores que le apoyan incondicionalmente.

Durante 2013 y 2014 el gobierno de Maduro sorteó la crisis afianzando el
protagonismo de los sectores militares y con estrategias de corte
asistencialista (como sucesivos aumentos de sueldo, creación de nuevas
misiones sociales especialmente dirigidas a mujeres pobres y jóvenes, etc.)
para contener el malestar de la población frente a la escasez sostenida de
productos de la cesta básica (alimentos e higiene personal) y medicinas. La
mayoría de los alimentos resultan inalcanzables para la población, que en
gran medida vive de los productos asignados por los llamados comités locales
de abastecimiento y producción (CLAP) en medio de un creciente control
político de los llamados “colectivos”, muchos de ellos armados, en los
barrios populares.

Sin embargo, fue en 2015, cuando la oposición ganó la mayoría absoluta de la
Asamblea Nacional, y generó un estremecimiento en las bases y dirigencia del
chavismo, cuando se percibió la posibilidad real y cercana de sacar a Maduro
del poder por la vía electoral. Esta nueva composición de la Asamblea
Nacional facultaba a la oposición a instrumentar una serie de mecanismos
para forzar la salida del gobierno. Institucionalmente tenía varias
opciones: convocar a un proceso constituyente, reformar la Constitución para
modificar la duración del período presidencial, interpelar y destituir a
miembros del Ejecutivo, incluyendo al vicepresidente de la República. Pero
también tenían la posibilidad de estimular la participación ciudadana para
promover un referéndum revocatorio del mandato presidencial, siendo que para
el año 2016 Maduro cumpliría la mitad de su período de gobierno.

Rápidamente, el gobierno movió sus fichas y logró la remoción de tres
diputados opositores alegando fraude en el proceso electoral, lo que dejó a
la oposición de derecha sin la mayoría absoluta para proceder
institucionalmente a cualquier iniciativa para la salida del gobierno y,
luego de esta controversia, dejó a la Asamblea “en desacato”. Días después
el Ejecutivo promovió la jubilación adelantada de 12 magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia que aún estaban a años de culminar su período,
lo que facultó a la Asamblea Nacional chavista (saliente) a nombrar a los
nuevos magistrados cuyo período de ejercicio es de 12 años.

Es así que durante 2016, año en el que además debían realizarse las
elecciones regionales, el gobierno nacional apeló a numerosas maniobras para
eludir cualquier proceso electoral que pusiera en evidencia la sostenida
pérdida de apoyo popular que viene experimentando el chavismo desde 2007,
cuando por primera vez en casi una década perdió las elecciones para
refrendar una serie de reformas a la Constitución, y que alcanzó su clímax
en esa última elección del año 2015.

Mientras todo esto ocurría, la situación socioeconómica de la inmensa
mayoría del pueblo venezolano no hacía más que deteriorarse aceleradamente.
De acuerdo con los últimos datos presentados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), el número de familias pobres en el primer semestre de
2015 alcanzaba el 33,1% de la población. El número de familias en pobreza
extrema también ascendió y se ubicó en torno al  9,3% de la población. Esta
cifra pone en evidencia el aumento de la pobreza extrema, ya que 2012 había
cerrado en 6%. La escasez de alimentos y medicinas –junto una inflación que
podría superar este año el 600%– ha traído consigo problemas asociados como
la desnutrición infantil, el aumento y expansión de enfermedades epidémicas
como la malaria, altísimas tasas de mortalidad materna e infantil asociadas
a la pobreza, así como también a una severa crisis en el sistema de salud
debido a la falta de insumos y medicinas esenciales que ha ocasionado la
muerte de cientos de venezolanos los últimos 4 años. Esta situación,
indiscutiblemente, ha empeorado de forma dramática, a pesar de la ausencia
de cifras oficiales. Basta con recorrer las calles y conversar con la gente
de a pie para constatarlo.

En este contexto, el gobierno de Maduro ha privilegiado el pago de la deuda
externa, contrayendo severamente las importaciones de insumos básicos como
alimentos y medicinas, pero también insumos para la producción, afectando
así las pocas y vulnerables cadenas productivas que se sostienen en el país,
así como toda la red de servicios e infraestructura (cortes de luz, serias
deficiencias en el transporte público, deficiencia en el servicio de agua
-calidad y cantidad-, fallas recurrentes en el servicio de telefonía y
conectividad de internet son parte de la cotidianidad del venezolano
actualmente). A esto se añade una franca erosión de la capacidad gestión
eficiente y universal por parte de las instituciones a escala nacional.

Esta decisión soberanísima del gobierno de Maduro de privilegiar el pago de
la deuda ha tenido un severo impacto en las condiciones de vida de toda la
población, muy especialmente de los sectores populares y las capas medias
que también se han empobrecido aceleradamente. El mismo Maduro ha informado
en reiteradas ocasiones al país que se ha pagado en 24 meses la escandalosa
suma de 65.000 millones de dólares en compromisos de deuda. Lo que habría
podido significar un alivio para el pueblo en el marco de esta profunda
crisis, el gobierno lo ha destinado para honrar deudas con acreedores
internacionales.

A su vez, este giro que ha tomado el actual gobierno proyecta la
profundización del país en su rol histórico dentro de la división
internacional trabajo, la de seguir fungiendo como proveedor de materia
prima, mediante la flexibilización jurídico-institucional para que el
capital depredador se siga instalando, ahora con mayores garantías y
facilidades. Venezuela ya ha empezado a pagar a sus aliados económicos más
cercanos con commodities, como ya ocurre con China. Todo ello en medio de
una deriva gangsteril de la dirección del Estado. El propio fiscal general
encargado, Tarek Saab, denunció desfalcos millonarios en contratos de la
estatal PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Esta cruzada de acudir a la diversificación del extractivismo en Venezuela
como engañosa forma de paliar la crisis se ha evidenciado con la creación en
febrero 2016 del Arco Minero del Orinoco, que garantiza a capitales
transnacionales la constitución de empresas mixtas para la extracción de
minerales como oro, diamante y coltán en Guayana, al sur del país. Se trata
de una de las regiones más biodiversas del planeta, ya azotada por la
mineria ilegal y grupos armados que controlan los territorios mineros con la
anuencia del Estado desde hace más de diez años. El llamado Arco Minero
representa nada menos que el 12,4% de todo el territorio nacional,
convertido ahora por decreto presidencial en un gigantesco nicho de
“vocación minera”, constituido jurídicamente desde la razón neoliberal de
las Zonas Económicas Especiales que garantiza el despojo de los bienes
comunes y suprime derechos fundamentales mediante la prohibición y
criminalización de la protesta social, la organización sindical-laboral, la
consulta previa a los pueblos indígenas, y los condicionantes estudios de
impacto ambiental, provocando una acentuación sin precedente alguno en las
proyecciones de contaminación y devastación con irreversibles consecuencias
incluso fuera de nuestras fronteras.

Fue en el marco de esta situación compleja y crítica que el Ejecutivo
decidió imponer de forma ilegítima e inconstitucional una Asamblea Nacional
Constituyente (ANC). Según el gobierno, ésta significaría el retorno a una
paz que además solventaría los problemas y carencias fundamentales del
pueblo venezolano. Para los sectores sociales que lo apoyan, que actualmente
representan la más importante minoría en el país, reflejaría la audacia
revolucionaria con este salto hacia adelante. Pero lo cierto es que con esta
imposición Constituyente se pasó por encima a los dispositivos que
claramente establece la Constitución (promovida por el propio Chávez) de
1999 para convocar y activar legítimamente este importantísimo espacio
diseñado para refundar la República. Maduro, con la anuencia de los
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y cuatro rectoras del Consejo
Nacional Electoral, evitaron cumplir con mandatos constitucionales como el
del referéndum para la activación de la ANC, violentaron el derecho a la
proporcionalidad territorial y a la universalidad del voto, así como
cometieron evidentes irregularidades y maniobras en el proceso de
inscripción y reconocimiento de candidatos para un proceso electoral que se
saltó múltiples mecanismos auditables, lo que terminó generando serias dudas
sobre los resultados y, por ende, sobre un sistema electoral otrora
consistente y confiable. Y a ello se añadió el sistemático chantaje por
parte del gobierno, que amenazó con despidos laborales y supresión de las
bolsas de comida como respuesta a la abstención popular en dicha elección.

La instalación de la Constituyente ciertamente permitió desactivar el clima
de violencia que azotó por cuatro meses (de abril a julio) las principales
ciudades de Venezuela, mediante manifestaciones sistemáticamente reprimidas
por los organismos de seguridad. Aunque en un principio tenía
mayoritariamente un cariz pacífico, la protesta fue mutando en expresiones
claramente insurreccionales, mediante mecanismos y acciones que atentaban
contra la vida de los propios manifestantes y de la población en general:
personas quemadas vivas o asesinadas a balazos, con objetos contundentes o
con armas caseras por parte de opositores, pero también de asesinatos por la
represión desmedida de los cuerpos de seguridad estatales; destrozos en
calles, edificios, casas, en zonas residenciales y comerciales así como de
instituciones públicas; afectaciones al libre tránsito mediante bloqueos y
barricadas, incluyendo el asedio y agresión a todo lo que pareciera chavista
en estas zonas. El saldo: más de 130 fallecidos en estos aciagos meses.

Esta cruzada de acudir a la diversificación del extractivismo en Venezuela
como engañosa forma de paliar la crisis se ha evidenciado con la creación en
febrero 2016 del Arco Minero del Orinoco, que garantiza a capitales
transnacionales la constitución de empresas mixtas para la extracción de
minerales.

La ANC, constituida solo por miembros o aliados del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), donde toda decisión se aprueba por mayoría absoluta y/o
por aclamación, no ha servido para dirimir las agudas diferencias políticas
entre los actores en pugna, mucho menos para proponer soluciones concretas y
viables a la profunda crisis que atraviesa Venezuela. Más bien, como se
avizoraba desde múltiples voces críticas, ha servido para que el Ejecutivo
gobierne de facto, sin ningún contrapeso de algún poder institucional. Su
primera medida fue la destitución de la Fiscal General de la República,
Luisa Ortega, ya anunciada antes de las elecciones en incontables
oportunidades por la dirigencia burocrática del PSUV, lo que apenas es una
muestra evidente de que la ANC es más un “congresillo” del partido de
gobierno que una “soberana y constituyente” asamblea. Además, pareciera que
las necesarias medidas económicas son la papa caliente que ni Maduro ni sus
aliados de la ANC han querido asumir y anunciar, dado las consecuencias en
el escaso aservo político y margen de maniobra que les queda que no sea
mediante una pax forzosa.

El próximo domingo 15 de octubre serán las elecciones regionales, las cuales
se realizarán con casi un año de retraso, en las que el gobierno no escatimó
en “viveza criolla” para salir airoso. Y aunque la oposición es claramente
mayoría en el país, paradójicamente, parece ser el bloque que se medirá en
una situación de mayor vulnerabilidad y que deja muchas incertidumbres sobre
los resultados. Y es que la Mesa de Unidad Democrática (MUD), una vez más,
se encuentra en un limbo discursivo, sumamente contradictorio, que refleja
las pugnas internas sobre la hoja de ruta a seguir.

Luego de una agenda de violencia como instrumento esencial para sacar del
poder a Maduro, ahora ha desencajado las expectativas de muchos opositores
al apostar nuevamente a la vía electoral. La respuesta de las bases que
siguen a la MUD ha sido la de las críticas más duras, a tal punto de que el
PSUV está aprovechando este clima de desmoralización y desmovilización que
él mismo también ha propiciado para hacerse de varias gobernaciones -contra
todo pronóstico- gracias a la posible e importante abstención opositora. En
todo caso, el próximo 15 de octubre se definirá una nueva etapa de nuestra
eterna coyuntura nacional. 

* Anais López y Javier Ruiz, sociólogos venezolanos. Integrantes de la
Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco.

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