Uruguay/ Encuentro Antimanicomial: estamos locos, sabemos lo que queremos [Azul Curdo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de octubre 2017

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Uruguay

Encuentro Antimanicomial

Estamos locos, sabemos lo que queremos 

Falta mucho por recorrer con los nuevos lineamientos que supone la ley de
salud mental para dejar atrás ochenta años de encierro, locura y muerte. A
menos de dos meses de su promulgación y con el pomposo anuncio del cierre
definitivo de los manicomios, qué opinan usuarios, trabajadores,
organizaciones y jerarcas sobre la implementación de la ley.

Azul Curdo

Brecha, 13-10-2017

http://brecha.com.uy/

El pasado martes 10 se celebró un nuevo Día Mundial por la Salud Mental; el
lunes, el centro de Montevideo fue atravesado por la “VI Marcha por salud
mental”, y durante ambos días la Institución Nacional de Derechos Humanos
(Inddhh) albergó el V Encuentro Antimanicomial. En el salón de actos, la
pancarta de la Asamblea Instituyente, con una cabeza de cebra pintada,
afirmaba: “Rayados estamos todos”, pero seguramente no todo el público
estuviera de acuerdo.

Mayor coincidencia hubo al señalar que, a un mes y medio de promulgada la
ley de salud mental (19.529) –que deja en el pasado a la ley del psicópata,
de 1936–, hasta ahora sólo ha habido cambios retóricos, y ni tanto, si
pensamos en lo chocante que resultó para usuarios, sus familiares y para los
integrantes de las organizaciones que trabajan el tema, que se defina al
destinatario de la política bajo la figura de “trastornado mental”.

“La izquierda piensa que por decir ‘derechos humanos’ son derechos humanos,
y siguen haciendo lo que ellos pensaban hacer, sin tomar en cuenta lo que
decimos. Nos trajeron a su lado para hacernos parte de su fracaso”, dijo el
integrante del Ielsur y comisionado en derechos del niño para las Naciones
Unidas, Luis Pedernera, al cerrar el encuentro. Lo escucharon psicólogos,
integrantes de la Asamblea Instituyente y organizaciones sociales,
enfermeras y funcionarias de la Colonia Etchepare. Hubo aplausos contados y
sentidos. Soledad Parietti, referente de la Asamblea, abrazó a unos y otros.
“Tenemos que abrazarnos más”, invitaba, y subía sus puños con ganas de
seguir luchando.

Una hora antes, Pablo Silva, presidente de la Comisión Interna del hospital
Vilardebó, había reiterado al menos cuatro veces que ese nosocomio no es un
espacio para la “rehabilitación”. Que ésta se produce “de la reja para
afuera”. Que en el Vilardebó se hace la “compensación del paciente”, lo que
significa “cuatro o cinco electroshocks… y se va bien”. Pero, criticó, la
persona “vuelve a la semana al hospital porque no hay rehabilitación ni
contención familiar e institucional afuera”.

Se diferenciaba así de lo dicho antes por la licenciada en enfermería, Carla
Serra, quien habló de los cambios paulatinos que se van dando en la
Etchepare para transformarla en un centro de rehabilitación. Ella recalcó
que para cambiar el modelo de atención es necesario trabajar en el ámbito
interinstitucional y que se puede trabajar la rehabilitación durante la
internación. Pero remarcó que se requiere capacitar a todos los trabajadores
en la perspectiva de derechos y salud mental para empezar a considerar a los
pacientes como sujetos de derechos, contratar a más profesionales formados
en modalidades alternativas al encierro y que las familias de los usuarios
acompañen los tratamientos. “La habilitación de un paciente para que vuelva
a la sociedad es difícil si no hay familia, entorno o redes en el territorio
que acompañen”, dijo.

Luego Silva criticó a Asse. Opinó que se hacen obras nuevas en otros
hospitales del país, menos en el Vilardebó, y que los trabajadores de la
salud mental no cuentan con el respaldo político de la administración. A su
vez, se preguntó si Asse no querrá cerrar el hospital “por la vía de los
hechos”, vaciándolo de recursos humanos y materiales.

Si bien el sindicalista dijo que los funcionarios están a favor en “un 80
por ciento” del contenido de la ley, se preguntó “de qué sirve modificarla
si los recursos van a ser los mismos”; dijo también –como ejemplo de una
atención insuficiente– que hoy cuentan con un enfermero cada 35 pacientes y
reclamó que se contraten unos 20 enfermeros más.

Serra y Silva coincidieron en que los trabajadores no quieren el cierre de
las estructuras asilares y monovalentes (colonias y hospitales
psiquiátricos) y que además no creen que sea posible lograrlo para el año
2025, como indica la nueva ley.

“No vemos como algo real el cierre a 2025 porque (las autoridades) no nos
dicen qué dispositivos alternativos van a poner”, dijo Serra. “Tampoco vemos
recursos financieros ni humanos que alcancen. Tenemos claro que el modelo de
asilo caducó y estamos dispuestos a transformarnos, pero sin perder puestos
de trabajo. Si no hay planificación ni estrategia, nada nos garantiza que la
ley se cumpla.”

Consultado sobre estas opiniones, Ariel Montalbán, asesor responsable del
Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud (MS), dijo a Brecha que la
promulgación de la ley es muy reciente y, por el momento, se están reuniendo
las áreas estratégicas del ministerio para trabajar en la reglamentación de
la norma. Entre Epidemiología, la Junta Nacional de Salud, Economía de la
Salud y el área jurídica están recogiendo insumos para reglamentar el
articulado en seis meses.

A su vez, deben conformar la Comisión Nacional de Contralor de la Atención
en Salud Mental, prevista en el artículo 41, compuesta por dos
representantes del MS (uno de ellos presidirá la comisión), tres miembros de
la Udelar (de Medicina, Psicología y Derecho, respectivamente), uno de las
sociedades científicas vinculadas a la salud mental, un representante de las
organizaciones “más representativas de las personas con trastorno mental”,
un representante de organizaciones de los familiares de usuarios de la salud
mental, un representante de las organizaciones de la sociedad civil en salud
mental y derechos humanos.

Montalbán añadió que se reunirá con la Inddhh, institución que la Asamblea
Instituyente y otras organizaciones proponían para presidir la Comisión de
Contralor, señalando que si ese órgano lo preside el MS, es difícil que éste
se monitoree de forma imparcial. A la vez, se reunirán con miembros del
Poder Judicial para fomentar la formación y sensibilización de jueces de
cara a la implementación que supone cambios en las órdenes de internación
voluntaria e involuntaria, así como en las notificaciones que deben hacerles
llegar desde los centros de salud.

Ante la resistencia de los trabajadores a cerrar hospitales y colonias,
Montalbán opinó que esto es parte del proceso de cambio de paradigma, que
supondrá una construcción colectiva, con consensos y desacuerdos: “Ellos
fueron invitados a participar en todo el proceso de discusión del proyecto
de ley y serán convocados para ser consultados sobre la implementación del
Plan Nacional de Salud Mental. Pero participación no es hacer lo que yo
quiero, es trabajar juntos, replantearse prácticas y estructuras
institucionales que tenemos muy arraigadas”.

El jerarca tiene claro que la ley aprobada no obtuvo un cien por ciento de
satisfacción de ninguna de las partes, pero remarcó que esto “marca un
camino” para trabajar desde un paradigma de derechos humanos.

Respecto al reclamo de más recursos por parte del funcionariado, Montalbán
dijo que están evaluando la demanda de servicios y la prevalencia de
enfermedades mentales en Uruguay para calcular cuánto se gasta hoy en
sostener estructuras asilares. Es decir que no han estimado todavía un
presupuesto necesario para el cambio, aunque dijo estar “convencido” de que
el modelo nuevo “será más barato” que el actual. Esto implicará
“dispositivos alternativos” que no fueron detallados en la ley, si bien
podrían ser casas de medio camino y centros comunitarios abiertos, además de
establecer como prioritario el primer nivel de atención en salud para
atender estos casos.

“Dijeron que participamos, pero (en la ley) no hay ningún cuidado para el
usuario. Dicen que va a haber interdisciplinariedad, pero después no
desarrollan cómo, ni explican dónde estaría eso en la internación y en el
egreso de la institución; dicen que el plazo máximo de internación son 45
días, pero hasta que se expida el juez pasará mucho más tiempo”, criticó
Soledad Parietti, en diálogo con Brecha, al término del Encuentro
Antimanicomial, dejando en claro que: “Esta ley no nos representa”.

La mujer de mediana edad, referente de la lucha por la desmanicomialización,
consideró que el cierre de las colonias y del Vilardebó “es dificilísimo”,
pero enseguida agregó que “así como está, no se puede seguir”. Luego contó
que su proyecto en el corto plazo es hacer un grupo de usuarios, “sin que
haya alguien que nos diga ‘hasta acá llegaste’, como pasa en muchos centros
de rehabilitación”. Desea que este grupo se pueda juntar en la “casa
instituyente” que quieren abrir pronto. Allí venderán las empanadas que
producen en cooperativa, organizarán charlas informativas, habrá
asesoramiento jurídico del Ielsur y jugarán a las damas o al dominó.

Desde el colectivo de comunicación participativa Radio Vilardevoz agregaron
que este año marcharon “para reivindicar que las personas que en algún
momento sufrimos, tenemos derecho a ser respetadas y bien tratadas.
Marchamos con la ley de salud mental aprobada, sabiendo que queda mucho por
hacer y exigiendo recursos para que en el año 2025 no haya más manicomios en
Uruguay”. “No nos gusta que nos llamen ni nos traten como enfermos,
discapacitados o trastornados”, siguieron. “Somos personas, locos, sí. Locos
por amar, por reír, por juntarnos, por intentar ser felices en un mundo que
excluye y aísla.”

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