Guatemala/ Un divorcio histórico: masivas luchas populares exigen el fin de la corrupción y la dimisión del presidente Morales (Roberto García]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de octubre 2017

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Guatemala

Amplias movilizaciones en Guatemala contra el poder político

Un histórico divorcio 

Mientras las cúpulas políticas buscan blindar su impunidad, crece en
Guatemala un movimiento popular rico y diverso que exige un fin a la
corrupción y la dimisión del presidente, Jimmy Morales. Una multiplicación
de manifestaciones, el asedio al Congreso nacional y un paro general que
llevó a un cuarto de millón de guatemaltecos a las calles capitalinas han
marcado un quiebre en un país donde las atrocidades de la maquinaria
contrainsurgente habían generado una sociedad civil habitualmente temerosa,
desconfiada.

Roberto García *

Brecha, 13-10-2017 

https://brecha.com.uy/

El pasado 25 de agosto el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, viajó a
Nueva York para entrevistarse con el secretario general de la Onu, Antonio
Guterres. Oficialmente, el mandatario parecía interesado en tratar con él
temas relativos a la actual situación en los países del triángulo norte de
Centroamérica, su impacto entre los migrantes y el flujo de refugiados que
generan problemas de “seguridad”. Sin embargo, las preocupaciones de Morales
eran de índole doméstica y sobre todo particulares: deseaba evitar ser
investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
(Cicig), una entidad que actúa desde hace una década en el país a raíz de un
acuerdo entre Guatemala y la Onu. Según ha trascendido, las pruebas de la
Cicig eran tan contundentes como las que habían propiciado la destitución
del anterior presidente, Otto Pérez Molina, y su vice, Rossana Baldetti, dos
años atrás. Desde entonces estos últimos se hallan en prisión por un grave
delito de defraudación tributaria sistemática al Estado guatemalteco.

Por el momento, el caso de Morales difiere de los anteriores: solamente es
acusado de recibir “financiamiento electoral ilícito” proveniente de
“aportes anónimos” que no declaró y ocultó a las autoridades electorales
durante su última campaña por la presidencia. En Centroamérica ese tipo de
aportaciones suelen estar estrechamente vinculadas al narcotráfico, y
Morales, en su calidad de secretario general del ignoto y novato partido
político que lo llevó al poder, el Frente de Convergencia Nacional (Fcn),
debió haber procedido respetando la legislación vigente. La situación legal
del hijo y del hermano de Morales también es comprometida, aunque en sus
casos sólo se trate de haber simulado compras desde el Estado a restaurantes
que en realidad no proveían los alimentos que constaban en los contratos. La
cifra por otra parte es irrisoria: tan sólo 36 mil dólares.

Impunidad a toda costa 

En ese contexto y apenas regresado de Estados Unidos, en un breve video
Morales procedió a comunicar oficialmente que declaraba non grato al jefe de
la Cicig en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez. Significaba, entre
otras cosas, que este último disponía de un breve plazo para abandonar el
país. Para proceder en esos términos el presidente guatemalteco debió
prescindir de su canciller, quien no estaba de acuerdo, nombrando en su
lugar a la viceministra, Sandra Jovel (que es acusada de falsificación de
documentos para proceder ilícitamente a la adopción de un bebé).

El procurador de Derechos Humanos impuso rápidamente un recurso de amparo
ante la Corte de Constitucionalidad, y los magistrados de ésta, también con
premura, advirtieron la “ilegalidad” en cuanto a la forma del decreto
emitido por Morales, procediendo a la “suspensión definitiva” de la orden de
expulsión del comisionado Velásquez. Morales, necesitado de apoyos, los
encontró. En un twit, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe acusó a su
compatriota de entrometerse en los asuntos internos de Guatemala. A nivel
doméstico, las cámaras empresariales, los ganaderos y el ejército
–fundamentalmente la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala– han
secundado el accionar presidencial. Junto a ellos actuó el Congreso, que
mediante un procedimiento legislativo de urgencia desoyó el pedido de la
Cicig y “blindó” al presidente Morales para evitar que sea investigado. Pero
eso no era todo: el pacto de impunidad que apuraban los diputados debía
incluir también su propia salvación, ya que por lo menos 40 de ellos están
siendo investigados por diversas causas criminales. En razón de esto,
aprobaron leyes de “urgencia nacional” para evitar que los secretarios
generales de los partidos fueran procesados. Como remate, la Cámara también
trató y aprobó por 107 votos contra 13 otra moción para que las penas de
prisión derivadas del financiamiento ilícito puedan evitarse mediante el
pago de fianza, algo que los involucrados en ese tipo de delitos pueden
fácilmente sufragar.

Inmediatamente, seis acciones de amparo llegaron a la Corte de
Constitucionalidad, que entendió que las reformas al Código Penal no sólo
significaban una intromisión de los diputados sino también que constituían
una “seria amenaza” de “daños irreparables” al sistema de justicia. Por
unanimidad, procedió entonces a suspender el trámite de refrendación de las
medidas adoptadas por el Congreso.

Respuesta popular

Siguieron momentos de rabia e indignación que encontraron rápida y masiva
expresión en una manifestación de más de 20 mil personas que espontáneamente
rodearon el recinto parlamentario impidiendo que los diputados salieran del
lugar. Fueron nueve horas de tensión que se disiparon una vez avanzada la
noche y mediando la represión policial.

Pese a que varios representantes dijeron sentirse satisfechos con las leyes
y denostaron a los manifestantes –eran “20 twiteros”, dijeron algunos–, el
rigor popular y la acción de la Corte no habían sido en vano: hubo voces de
arrepentimiento y pedidos de disculpas ante el proceder del colectivo,
archivándose la reforma al Código Penal. De todas formas, desde entonces el
clamor popular creció incesantemente, acicateado por otras revelaciones
sobre hechos no menos impúdicos que los anteriores. Merecen destacarse tres
de ellos. El primero, que el presidente Morales –el mejor pago de todos los
gobernantes latinoamericanos– recibía de manera encubierta un sobresueldo de
7 mil dólares mensuales que le pagaba directamente el Ejército. Segundo, se
publicaron audios comprometedores en los que el ministro de Finanzas –un
asesor muy cercano al mandatario–, durante una reunión con diplomáticos y
empresarios acaecida semanas antes de que estallara abiertamente el
conflicto, manifestaba estar al tanto de un “pacto” entre cúpulas políticas
para evitar los procesos judiciales. El ministro, según las grabaciones,
sólo tenía un matiz de discrepancia con el presidente: no quería que las
medidas de impunidad se aprobasen con prisa y “a lo pirata”. Tercero, el
vicepresidente aseguró a inicios de setiembre que Guatemala estaba preparada
para recibir a las decenas de miles de inmigrantes guatemaltecos que están
siendo deportados desde Estados Unidos, y dio a entender que no comprendía
las razones por las cuales se habían autoexiliado de su país: sobrevoló en
su explicación el factor turístico.

En la ONU 

El despropósito y la falta de tino en todas esas arriesgadas decisiones no
sorprenden, al fin y al cabo el presidente proviene del mundo del
espectáculo: saltó a la fama como comediante de televisión. El 19 de
setiembre desplegó con notable habilidad sus dotes actorales en su discurso
ante la Asamblea General de la Onu. Más allá de que el cónclave estaba
prácticamente vacío cuando compareció, memorizó un estudiado guión de 17
minutos según el cual el gobierno guatemalteco “está comprometido plenamente
en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, con el cuidado de los
“recursos naturales”, con la necesidad de “garantizar la seguridad
alimentaria” y “elevar las condiciones de las personas más vulnerables”.
Morales aseguró que –en un país donde la pobreza afecta a más de la mitad de
la población y ha ido en aumento en la última década– “se está trabajando
arduamente en la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición
crónica”.

Luego pasó al tráfico de drogas, que él se propone “acabar” de “una vez por
todas”, y mostró similar convencimiento al destacar el “firme compromiso” de
Guatemala con la Alianza para la Prosperidad que impulsa Estados Unidos para
“fomentar la seguridad” en esa zona del mundo. No podía faltar, a renglón
seguido, la “grave preocupación” por Venezuela: denunció la “ruptura del
orden democrático”, la “violación de los derechos humanos”, la “falta de
garantías” y “los continuos actos de violencia y persecución”.

Morales también aprovechó la ocasión para dejar sentada su opinión sobre sus
problemas con la justicia de su país, y en particular con la Cicig. Apeló en
este caso a la historia. Según su versión, el comisionado de la Onu actuaba
en Guatemala por “nuestra iniciativa” y su instalación se debía a los
Acuerdos de Paz de 1996, alcanzados tras un “conflicto interno” que, de
acuerdo a la visión de quienes escribieron el libreto de Morales, encontraba
sus raíces en una “polarización ideológica internacional” que a su vez era
el “producto de doctrinas políticas ajenas a nosotros”. Más preocupantes que
esta lectura en clave de Guerra Fría, fueron sus palabras finales. El
mandatario envió un “mensaje de unidad”, porque “estamos viviendo un momento
de polarización que no conviene, ni nos llevará a un lugar seguro”,
advirtió. Lo que no “convenía” a Morales y a lo que se refería fue lo que
sucedería al día siguiente en Guatemala. El centro capitalino fue
pacíficamente desbordado por 250 mil almas, en una jornada de paro nacional
para exigir la renuncia del presidente y la destitución de los diputados que
le aseguraron su impunidad. Numerosas manifestaciones similares tuvieron
lugar paralelamente en varios departamentos del país. En dicha repulsa
convivieron una diversidad de fuerzas y movimientos sociales que incluyeron
a comunidades indígenas, sectores medios capitalinos y a la asociación de
estudiantes universitarios, apoyada oficialmente por el rector de la
universidad pública.

Más allá de Jimmy 

Los protagonistas visibles y ocultos de la situación que atraviesa el país
de la “eterna primavera” deben colocarse en un contexto histórico más
amplio. Desde esa perspectiva, poco importante es Morales, una figura
meramente decorativa arribada al poder rápidamente tras el procesamiento del
binomio presidencial anterior. En apariencia –se interpretó–, el actor
podría evitar, con cierto carisma, la prolongación de las masivas
manifestaciones populares de 2015 que presagiaban un desborde popular de
mayores y más graves consecuencias. Sí interesa colocar sobre la mesa de
análisis que los apoyos principales del mandatario provienen de quienes lo
financiaron y construyeron como candidato: los militares contrainsurgentes
guatemaltecos y las cámaras empresariales, secundadas por los canales
privados de televisión.

Esta realidad está íntimamente relacionada al proceso de conformación de los
estados centroamericanos, cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX,
cuando fueron construidos y consolidados posteriormente de manera piramidal,
sobre bases que suponían, como han escrito varios historiadores, “maximizar
ganancias y socializar pérdidas”. Es que la dominación ejercida por las
elites incluía una radical desigualdad y falta de solidaridad de su parte
hacia el resto de la población. En Guatemala hubo un agravante particular:
esas elites siempre fueron racistas, y como parte del andamiaje dejaron
históricamente fuera del acceso a los recursos del Estado a la población
indígena, que en el país es mayoritaria. Tradicionalmente los indígenas
constituyeron la mejor y más económica mano de obra: su labor no era
remunerada y una parte del año debían trabajar en las obras públicas so pena
de ser considerados “vagos” por el Estado. Aquí entra en juego un factor que
también forma parte de esos estados “débiles” para bregar por los derechos
de las grandes mayorías, pero crudamente “fuertes” si de reprimir se trata:
las fuerzas armadas. Como ha escrito el historiador costarricense Víctor
Hugo Acuña, uno de los más lúcidos estudiosos de estos procesos, “los
estados centroamericanos han prohijado y se han beneficiado del
autoritarismo que permea toda la vida social”.

La impunidad que buscaba el organismo legislativo guatemalteco es la
manifestación actual, pero siempre presente, de un poder estatal ajeno al
padecimiento de una sociedad civil habitualmente temerosa, desconfiada. Y en
Guatemala hay sobradas razones para esto último. La maquinaria
contrainsurgente guatemalteca, cuya intencionalidad estatal hoy resulta
evidente al conocerse varios documentos oficiales, supuso una acentuada
cultura de anticomunismo que ambientó los crímenes más masivos y horrendos
de toda la Guerra Fría latinoamericana: fue allí donde se “inventó” la
de-saparición forzada masiva. Que el Congreso guatemalteco haya sido sitiado
por una multitudinaria manifestación espontánea de sectores civiles
representa por eso un divorcio histórico.

Rebeldía histórica 

No todo ha sido tiranía en la tierra del quetzal: la rebeldía ha signado su
historia. Los “motines de indios” que resistieron la conquista en el siglo
XVI fueron intensos hasta el último tercio del siglo XIX, cuando los
ejércitos fueron profesionalizados y aseguraron el “orden” desigual que se
reseñó. Pero esa Guatemala tan sólo en apariencia distante posee un ejemplo
revolucionario radical que marcó el devenir de la Guerra Fría y de las
relaciones de América Latina con Estados Unidos. Aquella breve pero intensa
experiencia de diez años –de 1944 a 1954–, conocida como la “primavera
democrática”, podría ser recuperada por las nuevas generaciones de
guatemaltecos. En las administraciones de quienes fueron sus presidentes,
Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz, hay una referencia excepcional a imitar:
en esos años los esfuerzos estatales no estuvieron dirigidos a reprimir
salvajemente a la mayoría de sus habitantes. Todo lo contrario, fue una
oportunidad única en la que el Estado jugó un rol decisivo para promover el
cambio y bregar por la justicia social. Los gobernantes de ese entonces
emplearon sistemáticamente las fuerzas del Estado para promover los grandes
intereses de la nación, para reconocerle al guatemalteco su condición de ser
humano y de trabajador objeto de derechos, incorporando la rica diversidad
étnica del país. Guatemala vibraba entonces de fervor revolucionario, sus
habitantes se sentían parte de un proyecto colectivo junto a dirigentes
políticos que eran sus interlocutores.

El paro nacional del 20 de setiembre, el rol activo de la universidad, la
recuperación de la asociación estudiantil y las sucesivas muestras de
rechazo ciudadano a lo largo y ancho del país evidencian un hastío.

A nivel internacional la atención que ha recibido la situación actual en
Guatemala ha sido limitada. En cuanto a la Oea, las permanentes consignas
del secretario general han estado prácticamente ausentes con respecto a este
país: fueron dos escuetos twits. Y aunque el recién llegado embajador
estadounidense apoyó pública y personalmente al comisionado Velásquez, es
pesada la herencia de Estados Unidos. Dos ejemplos: el involucramiento de
médicos estadounidenses que probaron en guatemaltecos las reacciones que
producían ciertas vacunas, y el golpe ejecutado por la Cia en 1954 para
devolver las tierras expropiadas a la United Fruit, abortando la que fue su
única experiencia democrática exitosa.

Urgentemente, Guatemala necesita la solidaridad latinoamericana. Aunque
aparentemente lejana, quizás sea propicio recordar la breve misiva que
Ernesto Guevara –quien forjó definitivamente su espíritu revolucionario en
Guatemala– le escribió a sus hijos antes de partir a la que sería su última
experiencia internacionalista: “sean siempre capaces de sentir en lo más
hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del
mundo”.

* Doctor en historia. Profesor de la Udelar (Universidad de la República).
Coeditor junto a Arturo Taracena de La Guerra Fría y el anticomunismo en
Centroamérica (Flacso, 2017).

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