Puerto Rico/ Bases para una reconstrucción democrática, solidaria, sustentable, descolonizada [Rafael Bernabe]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de octubre 2017

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Puerto Rico

Bases para la reconstrucción

Rafael Bernabe *  

80grados, Prensasimprisa, 9-10-2017

http://www.80grados.net/

Tanto la preparación como el impacto y la respuesta al paso del huracán
María por Puerto Rico han estado marcados, profundamente marcados, por el
carácter socialmente desigual, neoliberal y privatizado (es decir, no
planificado, fragmentado y ecológicamente destructivo), al igual que
colonial, de la sociedad puertorriqueña. Como indicamos en nuestro primer
artículo durante esta emergencia (Algunas lecciones del huracán, ver
Correspondencia de Prensa, 2-10-2017), no podemos atender seriamente la
reconstrucción si en el proceso no empezamos a también atender estos
problemas más profundos.

La preparación desigual refleja las desigualdades que, a pesar de los
llamados a la unidad, definen a la sociedad puertorriqueña: los más pobres,
los que menos tienen, son los que peor pueden prepararse para el huracán,
los que son más duramente impactados por su paso y los que más tiempo
requieren para recuperarse, si es que se recuperan.

La fe ciega en el mercado, la iniciativa privada y la competencia como
resuelvelotodo y forma de gestionar procesos interdependientes, generan una
cultura que no fomenta la previsión consciente, ni la planificación. De ahí
que no se aprovechen experiencias como las de Andrew y Katrina, para no
hablar de adaptarlas a la realidad insular de Puerto Rico. Esto aplica, no
solo a las agencias del gobierno de Puerto Rico, sino también a la
burocracia federal de atención a desastres (FEMA). A más de dos semanas del
huracán, se han recibido tres de los más de cien generadores grandes que
previsiblemente eran y son necesarios para mantener y restaurar el servicio
de agua potable con celeridad, para mencionar un ejemplo ofrecido por la
prensa.

La privatización y el desmantelamiento del sistema de salud y la dependencia
absoluta en el automóvil privado (denunciada desde hace décadas), es decir
el desmantelamiento de algunos sistemas públicos y la incapacidad de crear
otros, que ya tenía efectos sociales y ecológicos terribles, entorpece
tremendamente la recuperación luego del paso del huracán.

La hipertrofia del presupuesto militar en Estados Unidos y otros países
conlleva que parte importante del apoyo logístico para la reconstrucción
adquiera una dimensión militar: esto no demuestra la bondad del aparato
militar, sino hasta qué punto el militarismo acapara recursos que debieran
estar en manos de agencias civiles dedicadas a la atención de las
necesidades no satisfechas de vivienda, salud, educación, entre muchas
otras.

La dimensión económica de la realidad colonial genera los altísimos niveles
de pobreza (más de 45% de la población, comparado con 15% en la metrópoli),
de desempleo (40% de tasa de participación laboral, comparado con 65% en la
metrópoli) y la falta de recursos del gobierno que acentúan el impacto del
huracán a la vez que la subordinación y la relegación política se reflejan
en la falta de respuesta adecuada de Washington a la urgencia de la crisis
(situación que apenas ha empezado a mejorar gracias a las denuncias, sobre
todo de la diáspora puertorriqueña y de algunas voces en Puerto Rico).

A los males “normales” del colonialismo se añade el particular fenómeno del
Presidente Trump. Este señor se las arregló para primero expresar total
indiferencia ante la crisis en Puerto Rico, luego recordarnos que a pesar de
todo era necesario pagar la deuda, y más adelante insultar a los
trabajadores puertorriqueños. En su visita hizo lo que predijimos: nada. Fue
un estorbo. Y además nos insultó, de nuevo minimizando el impacto del
huracán y de paso hacer dos o tres chistes mongos en un país que no está
para chistes (90% sigue sin electricidad, 50% sin servicio de agua, 70% sin
teléfono, no pocos sin acceso seguro a alimentos, agua o medicamentos, entre
otras cosas). De las sonrisas de la Comisionada Residente al bajarse del Air
Force One, de los alcaldes tomándose el selfie con este notorio racista,
xenófobo y machista, no digo nada porque se me revuelca el estómago. Tienen
un lugar seguro en la galería que algún día se construirá de las vergüenzas
del colonialismo en Puerto Rico.

Como indicamos, la reconstrucción no puede limitarse a restablecer la
electricidad, el agua y los teléfonos, aunque empieza por eso, sin duda.
Tenemos que redoblar el esfuerzo por atender los problemas que emanan de la
desigualdad social, de las políticas y prácticas neoliberales y del doble
problema colonial, tanto de unilateralidad económica como de subordinación
política. Sobre todo esto, el huracán reafirma la justeza de propuestas que
ya habíamos formulado –sobre la deuda, sobre PROMESA, la aportación federal
a la recuperación económica y la descolonización–. También impone actualizar
y modificar algunas de esas propuestas.

Sobre la deuda

Hasta ahora habíamos planteado la necesidad de la auditoría, la anulación de
la parte ilegal, inconstitucional e ilegítima de la deuda y la renegociación
de la parte restante con la prioridad de garantizar las pensiones, servicios
esenciales y la recuperación económica. Ante el impacto catastrófico del
huracán, esta propuesta debe transformarse en la exigencia de la anulación
de la deuda, lo cual no excluye completar la auditoría. La base legal del
planteamiento son las reconocidas doctrinas de la fuerza mayor y el cambio
de circunstancias al igual que el estado de necesidad.  La primera situación
existe cuando “a government or public body finds itself, due to external
circumstances beyond its control, unable to fulfill its international
obligations, including repayment of a debt.” El segundo caso existe cuando
el pago de la deuda impediría al Estado garantizar las necesidades de la
población. No se trata, explican los autores que citamos, de que el gobierno
esté “absolutely prevented from fulfilling international obligations but of
recognizing that to do so would necessitate sacrifices on the part of the
population that go beyond what is reasonable. The state of necessity may
justify repudiating the debt, since it implies establishing priorities among
the different obligations of the state.” (Eric Toussaint, Damien Millet,
Debt, the IMF and the World Bank, New York: Monthly Review, 2010, pgs.
246-47) Como puede verse, estas descripciones aplican claramente a nuestro
caso.

Según la prensa, la alcaldesa de San Juan propuso una moratoria de diez años
al pago de la deuda. Es un paso al frente, pero solo como tiempo para
fundamentar debidamente el alegato y emprender la acción hacia la anulación,
como hemos indicado. Hasta el mismo Trump ha hecho declaraciones en el
sentido de anular la deuda (“wipe out” fueron sus palabras), que luego
fueron desmentidas por uno de sus directores de finanzas. Otros plantean que
detrás de la propuesta de Trump se encuentra la apreciación de algunos
importantes bonistas de que, dadas las circunstancias, podrán cobrar más si
se anula la deuda y negocian lo más posible como pago de las casas
aseguradoras. No sabemos. Pero nuestra posición no depende de estas
maquinaciones de los grandes acreedores o de la impulsividad de Trump.
Nuestra exigencia es clara: anular la deuda por causa de fuerza mayor,
cambio fundamental de situación y estado de necesidad.

Sobre la aportación federal

Habíamos señalado nuestro derecho a una aportación federal significativa a
la recuperación económica. La crisis provocada por el huracán ha obligado a
que esto (que se nos decía era imposible) empiece a hacerse (apoyos que ya
están llegando, suspensión de leyes de cabotaje) y a discutirse a través de
proyectos de ley bajo consideración del Congreso. Sobre esa legislación, se
habló inicialmente de una aportación de $7 a $10 mil millones, luego se
habla de una aportación de $29 mil millones a FEMA, que esa agencia
distribuiría entre Florida, Texas, Islas Vírgenes y Puerto Rico. Tanto las
cantidades como este diseño son insuficientes e inadecuados. Puerto Rico no
es un caso entre otros: es un territorio colonial que acarrea problemas
iniciales mucho más profundos, de los cuales el Congreso es, al menos en
parte, responsable (como ha reconocido el mismo partido de gobierno: véase
el preámbulo de la Ley 51 de 2017, la ley del plebiscito). Necesitamos
asignaciones para la reconstrucción económica de Puerto Rico, no solo la
recuperación post-huracán. Harían falta, en todo caso, al menos $5 mil
millones anuales (que dicho sea de paso, en el presupuesto federal es
poquísimo: alguien en la prensa estadounidense lo comparaba con el gasto de
$80 de una persona con un ingreso de $50 mil). Este apoyo no es una ayuda,
no es caridad, es algo a lo que tenemos derecho como resultado de las
consecuencias terribles de más de un siglo de subdesarrollo colonial, del
cual las empresas externas, fundamentalmente estadounidenses, han extraído y
extraen fabulosas ganancias (más de $30 mil millones anuales, en la
actualidad): es lo que en Jamaica y otros lugares llaman reparaciones por el
impacto y el legado de la dominación colonial.

En el caso de Puerto Rico tenemos el precedente del proyecto del
Representante Vito Marcantonio en 1936, que disponía el pago de tales
compensaciones a un Puerto Rico descolonizado. En actualidad, puede servir
de punto de partida el proyecto de ley sobre la deuda y otros temas sometido
por el Senador Bernie Sanders en 2016 que debe ser mejorado con enmiendas
(sobre la forma de asignación de fondos, la manera de atender el tema del
status, entre otros aspectos). Desde la campaña del PPT en 2012, cuando aún
estaba fresca la experiencia de la crisis financiera de 2008, indicamos que
si se podía encontrar en pocas semanas $700 mil millones para rescatar a los
bancos, debía hacerse lo mismo para rescatar a los pueblos. De allá para acá
han continuado las políticas, como el llamado Quantitative Easing, que
inyectan miles de millones a la banca. ¿Hasta cuándo seguirá el rescate de
los grandes y el abandono de los pueblos?

Evidentemente, todo esto debe conllevar la revocación de la Ley Promesa,
cuya estrechez para atender los problemas de Puerto Rico es ahora más
evidente que nunca. Lo único que debe mantenerse de aquella legislación es
la protección (stay) de acciones legales de los acreedores.

Demás está decir que esto debe acompañarse de una nueva política económica
que enfatice la reinversión en el país de las ganancias que aquí se generan
y la redistribución más equitativa del ingreso y la reorganización
participativa del trabajo en los sectores públicos y privados. Sin esas
medidas, todo el discurso de unidad, el “united we stand” del editorial del
Nuevo Día con motivo de la visita de Trump, se convierte en palabra vacía
que encubre la realidad de una sociedad profundamente dividida. No dividida
por los partidos, como a veces se dice superficialmente: los partidos pueden
desaparecer mañana y Puerto Rico seguirá igualmente dividido entre
poseedores y desposeídos, ricos y pobres, privilegiados y desamparados.

Sobre la movilización

Nada de esto (anulación de la deuda, aportaciones) puede lograrse, por
supuesto, sin la movilización: la movilización en Puerto Rico, la
movilización en Estados Unidos, tanto de la diáspora boricua como de otros
sectores afines. La experiencia del huracán ha sido una muestra magnífica de
que esa denuncia, esa movilización funciona. La presidencia de Trump está
generando resistencias de todo tipo a sus políticas: movimientos que exigen
para el pueblo de Estados Unidos lo mismo que exigimos para Puerto Rico
(impuestos a gran capital, proyectos de empleo e infraestructura, energía
renovable, reducción del gasto militar a favor del bienestar social, etc.)
Tenemos que vincularnos a esas resistencias y lograr que nuestro programa
(anulación de la deuda, aportación a la reconstrucción, descolonización,
etc.) se convierta en parte de su programa. Pero para eso tenemos que
formularlo y defenderlo en Puerto Rico: como dice el refrán, la ayuda llega
a quien se ayuda.

Para ayudarnos a atender el problema colonial, que tan crudamente se ha
planteado durante esta crisis, tenemos al alcance la convocatoria de una
asamblea constitucional de status, que hable, como representante del país,
ante el Congreso. ¡Cuánto mejor estaríamos hoy si en lugar de malgastar
millones en un plebiscito inútil tuviésemos ese organismo en funciones,
compuesto por delegados y delegadas comprometidos con el bienestar de la
mayorías, para exigir con fuerza renovada lo que el país necesita ante esta
crisis! Aunque subrayo lo ya dicho: esta asamblea tendrá tanta fuerza como
le otorgue la movilización fuera de la asamblea.

Como indiqué en mi primer artículo, la situación actual se asemeja a la de
principios de la década de 1930: el país azotado por dos huracanes (San
Felipe y San Ciprián), agobiado por una economía unilateral y colonial (la
economía cañera de aquella época), sumido en la depresión económica. De esa
crisis se salió gracias a grandes movimientos que formularon programas de
reforma agraria, ampliación del sector público, derechos laborales y
descolonización. El más influyente de todos, el PPD, luego abandonó lo que
inicialmente había defendido. Necesitamos los equivalentes del siglo XXI de
aquellos movimientos y la constancia que otros no tuvieron. Esas fuerzas
solo pueden surgir de la organización del pueblo trabajador para la defensa
de sus intereses. La clase trabajadora, en el sector privado y público, los
profesionales independientes y asalariados, los agricultores, que en este
momento están restableciendo el servicio eléctrico, de agua, de teléfono, de
salud, de combustible, de carreteras, de distribución de alimento, los que
están reconstruyendo a Puerto Rico, día por día y hora por hora, son los que
también pueden crear un Puerto Rico distinto. La reconstrucción de Puerto
Rico, de un Puerto Rico distinto, democrático, solidario, sustentable y
descolonizado pasa por la construcción de ese movimiento independiente del
pueblo trabajador. 

* Profesor de historia y literatura en la Universidad de Puerto Rico y
portavoz del Partido del Pueblo Trabajador de Puerto Rico. 

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