Brasil/ Impunidad: a dos años de la tragedia en Mariana, las mineras siguen mandando en el país [Daniel Cerqueira y Letícia Aleixo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de octubre 2017

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Brasil

A dos años de la tragedia en Mariana, las mineras siguen mandando en Brasil 

Daniel Cerqueira y Letícia Aleixo 

democraciaAbierta, 16-10-2017

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Pronto se cumplirán dos años de la mayor catástrofe ambiental de Brasil en
los últimos tiempos, pero la empresa minera sigue intentando eludir sus
responsabilidades cooptando el Estado. 

El distrito de Bento Rodrigues, en la ciudad de Mariana (MG), Brasil, el 4
de noviembre de 2016, un año después de que la represa estalló, causando un
desastre que liberó millones de toneladas de barro tóxico y dejando un
rastro de 500 km de destrucción hasta el Océano Atlántico. La represa es
propiedad de Samarco, que es un cruce entre las compañías mineras Vale y BHP
Billiton. 

El 5 de noviembre de 2015, Brasil protagonizó la peor tragedia ambiental de
su historia. Dos embalses de una mina de hierro de la empresa Samarco
S.A.—empresa asociada a BHP Billiton y Vale— colapsaron, dejando un rastro
de destrucción sin precedentes. La tragedia tuvo lugar en Mariana, en el
corazón del estado de Minas Gerais, cuya historia siempre estuvo marcada por
la minería. El desecho convirtió a los poblados de Bento Rodrigues y
Paracatu, en la zona rural de Mariana, en ciudades fantasmas. Varios
manantiales fueron sepultados y el Río Doce—uno de los principales
corredores hídricos del sureste brasileño—se convirtió en un mar de lodo de
aproximadamente 850 kilómetros atravesando desde el este de Minas Gerais y
el estado de Espíritu Santo, alcanzando finalmente a la isla de Abrolhos. 

En un contexto de absoluta asimetría económica entre una empresa minera y la
región donde opera, es la población más vulnerable quien asume el costo de
una tragedia cuya dimensión era desconocida hasta que la avalancha de lodo
invadió sus casas, ríos y comunidades. Según los informes hechos por Samarco
para la obtención de las licencias de los embalses, los desechos alcanzarían
3.5 kilómetros de distancia en caso de ruptura, pero entre Mariana y
Abrolhos, donde terminó sepultado el lodo tóxico, la distancia es de 850
kilómetros. 

Samarco sigue siendo omnipresente, política y económicamente, en Mariana y
ciudades aledañas. Desde que las operaciones de sus minas fueron
suspendidas, en noviembre de 2015, RENOVA—una fundación privada creada por
las propias empresas causantes del daño, luego de un acuerdo con los
gobiernos federal y estatal (de Minas Gerais y Espírito Santo)—se convirtió
en la principal empleadora de la región. Cabe destacar que RENOVA inició
operaciones sin ninguna consulta previa con la población afectada. 

La primacía de los intereses corporativos sobre los de la población afectada
se evidencia en la estructura funcional de RENOVA. 

RENOVA opera a lo largo de la cuenca del Río Doce, para implementar
programas de reparación, diseñados en los bastidores por las empresas
responsables (Samarco, BHP Billiton y Vale), y las autoridades estatales
involucradas. La primacía de los intereses corporativos sobre los de la
población afectada se evidencia en la estructura funcional de RENOVA. La
fundación no cuenta con un solo representante de los afectados en sus foros
deliberativos y la mayoría de su cuadro de personal proviene por orden de
las empresas que patrocinaron su constitución.

Para entender la dinámica de la impunidad corporativa en Brasil, antes y
después de una tragedia como la de noviembre de 2015, basta con mirar la
forma en la que el sector minero financia procesos electorales en los
diferentes ámbitos regionales. Samarco es la principal financiadora de las
campañas a cargos de elección popular en Mariana y la región aledaña, por lo
que hay un fuerte apoyo político local para que vuelva a operar. En el
ámbito estatal, la cooptación política ejercida por Samarco, Vale y otras
empresas mineras no ha variado desde noviembre de 2015. Semanas después de
la tragedia, se propuso crear una Comisión Parlamentaria en la Asamblea
Legislativa de Minas Gerais, para investigar lo ocurrido en Mariana y
determinar responsabilidades. Luego de un intenso lobby de los gremios
mineros, la Comisión Parlamentaria se convirtió en una “Comisión
Extraordinaria de Embalses”, dedicada, supuestamente, a discutir un nuevo
marco legal para el licenciamiento y fiscalización ambiental en Minas
Gerais. 

En este contexto, el Ministerio Público estatal elaboró un proyecto de ley,
en el marco de una campaña ciudadana conocida como “Mar de Lodo Nunca Más”.
Respaldado por más de 56 mil ciudadanos, dicho proyecto (PL 3.695/16) fue
presentado a la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, con el propósito de
que se establecieran parámetros más rigurosos para la concesión de embalses
en el estado. Dichos parámetros incluyen la exigencia de consultas amplias
con las comunidades potencialmente afectadas; garantías financieras previas,
para eventuales indemnizaciones; y el empleo de tecnologías seguras de
contención de desechos.

De haber existido este tipo de salvaguardias antes de noviembre de 2015, las
autoridades estatales hubieran podido exigir, con más rigor, que Samarco
informara a la población sobre cómo proceder en casos de deslave. Los
habitantes de Bento Rodrigues y Paracatu nunca habían sido informados del
riesgo potencial de perder sus casas derivado de un deslave, pese a que
conocían actividades de la empresa desde hace décadas. De hecho, algunas de
las personas que perdieron sus casas eran ex-funcionarios de Samarco o de
empresas proveedoras, e ignoraban la destrucción que podría provocar la
ruptura de los embalses. Cabe destacar que Samarco no contaba con sistemas
de alarmas ni planes de evacuación, lo que contribuyó para que 19 personas
fallecieran, enterradas bajo el lodo que barrió a Bento Rodrigues del mapa
de Minas Gerais y Brasil.

Una de las principales causas de la tragedia de Mariana es la vigencia de un
modelo de embalse que justamente está prohibido en otros países dado a su
alto riesgo de operación. Conocido como embalse “montante”, este modelo
consiste en la ampliación de la barrera de contención a través de varios
peldaños laterales, en los que se utiliza el propio desecho mineral como
material de contención. En este caso, desgraciadamente, bastó con elegir un
modelo más barato, pero excesivamente más riesgoso, privando al gobierno
federal de activar la institucionalidad necesaria para fiscalizar los
embalses en operación. En el 2014, el entonces Departamento Nacional de
Producción Mineral, reemplazado por la Agencia Nacional de Minería en julio
de 2017, había fiscalizado solamente 141 de los 602 embalses mineros del
país. 

La política de fiscalización tras la peor tragedia ambiental del país parece
ser la del olvido.

La política de fiscalización tras la peor tragedia ambiental del país parece
ser la del olvido. Según un informe publicado recientemente por la Agencia
Nacional del Agua, de los 22.920 embalses mineros y de otra naturaleza
existentes en el país, solamente 3.174 tienen asignado a responsables
técnicos y jurídicos debidamente identificados. Es decir, hay 19.746
embalses—muchos de ellos de porte mediano o incluso grande—que, en caso de
ruptura, no se sabe con precisión quienes deberán responder legalmente
frente a los afectados. El mencionado informe indica que de las 3.691
instalaciones que cuentan con un análisis reciente de riesgo en el país,
1.091 son clasificadas como de alto riesgo de deslave. Con relación al
potencial de daños a la población ubicada en la zona de impacto de los
embalses, de los 4.149 diques examinados, 2.053 presentan un alto potencial
de daño, debido a la presencia de comunidades o ciudades enteras debajo de
las presas o de la naturaleza de los residuos que podrían ser vertidos en
zonas habitadas. 

Ante un cuadro de omisiones e impericias acumuladas durante varios años, la
ciudanía ha tratado de influenciar el debate público para que un modelo más
responsable de construcción y manejo de embalses sea incorporado en el país.
En el estado de Minas Gerais, por ejemplo, 56.000 ciudadanos y ciudadanas
demandaron la adopción de un marco normativo que evite nuevas tragedias como
la de Mariana, por medio del proyecto de ley de iniciativa popular “Ley del
Mar de Lodo Nunca Más”. Pese a ello, se encuentra en discusión otro proyecto
de ley en la Asamblea Legislativa del estado (PL 3676/2016) que, si bien
posee algunas exigencias adicionales al marco legal vigente en el estado, es
bastante más permisivo que el proyecto de iniciativa popular. Cabe aquí
recordar que desde 1986, han ocurrido al menos 6 rupturas de embalses
mineros en Minas Gerais, con un saldo de 33 víctimas mortales y cientos de
miles de afectados.

En el ámbito federal se tramita desde hace algunos años un proyecto de
Código Minero, cuyo texto ha sido bastante criticado por la sociedad civil.
Ni las críticas de la ciudadanía, ni el trauma de Mariana han sido
suficientes como para evitar la relación tóxica entre empresas mineras y el
Congreso Nacional. Diecisiete de los 34 diputados federales que conforman la
principal comisión de la Cámara de Diputados que delibera el nuevo Código
Minero, contaron con el apoyo por parte de grandes empresas del sector
minero para financiar sus campañas electorales.

300 familias de Bento Rodrigues y Paracatu siguen expuestas a condiciones
degradantes de vida.

Mientras esta relación tóxica vaticina el futuro de la minería en el país,
300 familias de Bento Rodrigues y Paracatu siguen expuestas a condiciones
degradantes de vida. Dicha cifra refleja solamente la situación de los
habitantes de los dos poblados aledaños a los embalses de Samarco. Si
tomamos todo el rastro de destrucción provocado por la irresponsabilidad de
la empresa y de las autoridades estatales, la pregunta que la población de
Mariana, Minas Gerais y Brasil debería hacerse es si los riesgos inherentes
al modelo de minería actualmente vigente son ética y ambientalmente
aceptables. 

A juzgar por lo que viene sucediendo en la Concejalía de Mariana, en la
Asamblea Legislativa de Minas Gerais y en la Cámara de Diputados de Brasil,
la respuesta a esta pregunta es muy sencilla: “olvidemos la tragediadel 5 de
noviembre de 2015 y celebremos el desarrollo promovido por Samarco, Vale y
otras empresas que financian nuestras campañas electorales”.

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