Colombia/ ¿Y ahora qué? la cuestión agraria sigue sin ser resuelta [Alfredo Molano Bravo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de octubre 2017

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Colombia

¿Y ahora qué?

Alfredo Molano Bravo *

Nodal, 23-10-2017

http://www.nodal.am/

Se suponía que la dejación de armas era el paso más difícil. Se entregaron
las armas y los guerrilleros están entrando a la institucionalidad, de
donde, la verdad sea dicha, nunca salieron porque esa manta jamás los
cobijó. Ahora se enfrentan con realidades que no conocían y creo ni
sospechaban: la morronguería de los aparatos del Estado. El más tangible
–con varios muertos a su cuenta– ha sido la sustitución de cultivos
ilícitos, que es el nombre contemporáneo del conflicto agrario.

Desde fines del siglo XIX, el tema principal del enfrentamiento ha sido el
acaparamiento de los baldíos nacionales y hoy lo sigue siendo, pues la coca
ha sido la trinchera económica de los colonos contra su bancarrota y por
tanto contra la transformación de sus mejoras en haciendas ganaderas. No es
que los cultivadores se aferren a la economía del narcotráfico y la prueba
está en que han aceptado la erradicación voluntaria a cambio programas de
sustitución.

Es aquí donde la marrana tuerce el rabo, porque el Gobierno no ha movido un
dedo para iniciarlos con fundamento. Sin lugar a duda, lo que está pasando
en Nariño se repetirá en Putumayo, Guaviare, Cauca y Catatumbo porque la
gente no va a dejarse quitar el pan de la boca. Yo francamente no entiendo
por qué razón el Gobierno le da largas a un programa que podría abrir la
puerta de la institucionalidad no sólo a los excombatientes, sino a esa
enorme cantidad de gente obligada a vivir en la ilegalidad. La cuestión
agraria sigue sin ser resuelta.

El reto es, por supuesto, enorme. ¿Con qué cultivos se piensa sustituir la
coca, si se asume, como lo aceptan los cultivadores, que no hay ninguno que
pueda igualar la rentabilidad que hoy perciben? Guayaba agria, gulupa,
pitaya, o cualquier otro, se estrellan con la dificultad de la
comercialización y por eso los exguerrilleros están planteando una red
cooperativa que pudiera saltarse al intermediario, que es el personaje donde
quedan atrapadas las ganancias. Más aún, consideran con muy buen sentido que
los productos que sustituyan la coca deben tener un valor agregado, como lo
están haciendo cooperativas cafeteras que sacan al mercado cafés orgánicos
tostados y molidos.

Uno podría pensar —y soñar— que si el Gobierno quisiera sacar adelante la
sustitución, diseñaría mecanismos para que los colonos produjeran alimentos
con destino a hospitales públicos, cárceles y hogares de bienestar familiar.
Un sueño contra el que se atraviesan las licitaciones, que son, formalmente
hablando, un recurso para evitar la corrupción. Sin embargo, como ha quedado
claro en los casos de los alimentos para niños y de comida para los presos,
las licitaciones son amañadas y arregladas por los políticos, como es el
caso de la exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (Uspec) María Cristina Palau, destituida porque habría recibido
$600 millones como coima para adjudicar un contrato millonario.

El Uspec maneja la bobadita de $480.000 millones en alimentación de
reclusos. De otro lado, según la Contraloría General de la República, en el
2016 con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se perdieron $62.488
millones que se deberían haber invertido en alimentación escolar. El
mecanismo es conocido: las licitaciones se las ganan los protegidos de los
políticos, que a su vez deben pagar a sus protectores un tributo electoral
para financiar las campañas. Tanto en cárceles como en Bienestar Familiar se
han hecho famosos los llamados zares de la contratación pública, siempre los
mismos, que se reparten entre sí los dineros públicos.

La corrupción es no sólo la forma más representativa y acabada del
Estado-patrimonio que impide el Estado de derecho y el funcionamiento de la
democracia, sino el más formidable obstáculo para hacer realidad la tan
manoseada paz estable y duradera. Los guerrilleros suponían que su enemigo
real era la fuerza pública y la conocían muy bien, pero no imaginaron que el
otro enemigo era la corrupción de un Estado de derecho que no puede ejercer
a plenitud al que para bien o para mal se han acogido. 

* Columnista de Nodal y diversos medios colombianos.

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