Colombia/ El paramilitarismo es una estrategia de Estado [Leyner Palacios - entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de octubre 2017

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Colombia

Entrevista a Leyner Palacios, líder de víctimas de Bojayá

“El fenómeno de las Autodefensas es una estrategia de Estado”

Laura Soto   

La Silla Vacía, 22-10-2017

http://lasillavacia.com/

En las últimas semanas, el Pacífico ha estado en el epicentro de las
noticias nacionales. La muerte de los seis campesinos en Tumaco, al parecer
a manos de la policía antinarcóticos, el auge de las disidencias, el
problema del ELN en el Chocó y como si todo lo anterior no fuera ya grave,
el asesinato del líder del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera la
semana pasada, José Jair Cortés. (ver Correspondencia de Prensa, 18-10-2017)
Para entender qué está sucediendo en esta región, La Silla Pacífico
entrevistó al líder de víctimas de Bojayá, Leyner Palacios, que estuvo en
Bogotá luego de recibir el premio Global Pluralism Award que reconoce sus
logros en la defensa de los derechos de las víctimas y por promover el
respeto a la diversidad.

-La Silla Pacífico: Esta semana mataron a José Jair Cortés. ¿Cómo líder del
Pacífico qué sintió cuando se enteró de su muerte?

Leyner Palacios: Recibí la noticia con gran preocupación y decepción porque
lo asesinaron por luchar por los derechos de su comunidad y la dignidad de
su pueblo.

No entendemos cómo el conflicto se ensañó con estas comunidades y cómo el
Estado no las protege después de que le han apostado a la reconciliación y
la paz.

Es un mal mensaje para el futuro del país. Hoy fue Jair y mañana quién sabe
cuántos más seremos. Pero hay que salir con más fuerza en nombre de Jair a
exigir al Estado los derechos que nos merecemos y que esto no se vuelva a
repetir.

-La Silla Pacífico: ¿Es tan peligroso ser líder en el Pacífico?

LP: Se ha vuelto más peligroso que ser delincuente. Es lamentable que por
estar al lado de las comunidades tengamos que seguir padeciendo las
inclemencias del conflicto, pero es más triste ver la falta de protección de
las instituciones del Gobierno.

En el Pacífico el cien por ciento de los líderes y defensores de los
derechos humanos estamos en un alto riesgo de perder la vida y no se están
tomando las previsiones adecuadas.

Hay un ambiente de mucha desolación y tristeza por este proceso de paz al
que le pusimos la vida y sentimos que tanto esfuerzo se puede perder.
Además, esa lentitud con la que se están tramitando las normas en el
Congreso está dejando expuestas a las comunidades y a los líderes a merced
del conflicto armado y eso es inaceptable.

-La Silla Pacífico: ¿Las disidencias se vuelven una amenaza peor de lo que
eran las Farc?

LP: Para los pueblos afros e indígenas la presencia de cualquier actor
armado, sean disidencias de las Farc, Eln, paramilitarismo e incluso la
misma Fuerza Pública ha sido una amenaza para las comunidades. Tumaco vive
una situación compleja con las disidencias pero también una falta de
voluntad e incapacidad institucional para implementar los programas que se
acordaron en la Habana.

Desde Bojayá y Chocó nos unimos al dolor de los compañeros de Tumaco.
Nuestra solidaridad está con ellos.

-La Silla Pacífico: ¿Qué está pasando con las AGC (Autodefensas Gaitanistas
de Colombia) o Clan del Golfo en Chocó?

LP: Yo creo que el fenómeno de las AGC en Colombia es una estrategia de
Estado y una estrategia de fuerzas militares.

-La Silla Pacífico: ¿Cómo así?

LP: Las AGC no funcionan en esos territorios sin que el Estado colombiano no
tenga conocimiento. Los paramilitares se ubican en puntos específicos donde
pasan cuatro o cinco meses y no hay un sólo combate entre las Fuerzas
Militares y ellos.

Cómo es posible que la Fuerza Pública no se dé cuenta que ahí están
instalados 400 hombres.

-La Silla Pacífico: Denos un caso concreto

LP: En Riosucio las comunidades vienen denunciando la presencia de
paramilitares en esos territorios hace mucho tiempo. A Marino Córdoba le
mataron a un familiar este año allá y Afrodes sacó un comunicado que le
entregaron a las Fuerzas Militares y no hubo ninguna actuación frente a eso.
Nosotros que estamos en esos territorios estamos súper convencidos que esto
es una estrategia conjunta de articulación y de control entre militares y
AGC.

-La Silla Pacífico: ¿Estrategia para qué?

LP: Para controlar estos territorios que no están exentos de una lógica de
desarrollo. Las disputas que hay son precisamente por los intereses de los
megaproyectos. Además hay tráfico de armas, actividades ilícitas que son un
negocio para los actores armados.

Es jugoso que haya minería ilegal incluso para las Fuerzas Militares.

-La Silla Pacífico: ¿Por qué lo dice?

LP: ¿Cómo llegaron 800 retroexcavadoras al Chocó con sólo dos carreteras? No
las pueden meter en un avión. Tuvieron que haber pasado por las carreteras
de Pereira y Medellín y ahí hay muchos retenes del Ejército. ¿Por qué no las
controlaron? Pues porque ellos recibieron su pago y eso era público en el
Chocó.

En el río Quito se han hecho destrozos muy grandes y cómo es posible que en
tantos años el Gobierno no haya podido controlar eso. ¿Las autoridades
militares y ambientales no lo ven? No pueden decir que no porque esas
retroexcavadoras no están escondidas, están en el lecho del río. Ahora ha
disminuido un poco pero todavía hay algunas. Es claro que sí hay una omisión
de las autoridades.

-La Silla Pacífico: ¿Sigue firme su intención de lanzarse a las
circunscripciones de paz en Chocó?

LP: Es una reflexión que hemos venido haciendo en Bojayá junto con las 32
comunidades indígenas, los 18 consejos comunitarios más la cabecera
municipal en la que vemos una gran probabilidad de enviar un candidato y si
las comunidades deciden que sea yo, estaré dispuesto a aceptar el mandato.
Eso se definirá cuando el Congreso apruebe el acto legislativo. Mientras
tanto seguiremos en asambleas.

-La Silla Pacífico: ¿Le da miedo que en caso de ganar la curul cambie su
relación con las comunidades?

LP: Son riesgos que se corren. Lo importante es tener claro lo que se quiere
y sobretodo de dónde se viene. Si esto se da quisiera ser multiplicador de
las voces de la gente y el gran desafío sería mantener ese criterio de
autonomía y de transparencia con el pueblo.

-La Silla Pacífico: ¿Por qué es necesario participar en política como vocero
de las víctimas?

LP: Nosotros vemos que hay riesgos en la implementación de los acuerdos de
paz en los territorios y participar en política nos sirve para defender la
paz.

Para nosotros la paz es la posibilidad de seguir viviendo, de no retornar a
esos fenómenos de violencia que padecimos en Bojayá.

Allá apenas dormimos tranquilos hace dos años. No dormíamos más de tres
horas diarias. Para nosotros es una obligación defender el proceso de paz,
una necesidad.

Por otro lado, participar en política nos permite decirle al Gobierno
nacional que hay que mirar a estas comunidades y con los acuerdos se abre la
posibilidad de revisar las condiciones de salud, educación y vivienda en los
territorios.

Tenemos que revertir ese gran rezago de las necesidades básicas
insatisfechas del campo. Con un representante de las víctimas rurales en el
Congreso podríamos pelear para trabajar el tema.

-La Silla Pacífico: ¿Qué implicaría eliminar las cabeceras municipales o
sacar a los municipios de más de 25 mil habitantes como lo han propuesto en
el Congreso?

LP: Nos preocupan estos cambios porque no es lo que se acordó en la Habana.
Nosotros no esperábamos que se abriera el abanico para que pudieran
participar partidos políticos. El sentido del Acuerdo en cuanto a
participación política era para aumentar la democracia privilegiando a los
sectores que no han participado en política o no lo han hecho adecuadamente.

La propuesta de excluir a las cabeceras no lo vemos con mucha claridad. Cómo
se va a sacar a Bojayá y su cabecera municipal que es Bellavista si las
comunidades indígenas, por las lógicas del conflicto armado y por las
condiciones de acceso tienen que votar allí porque no existen urnas en la
zona rural.

Bojayá tiene 26 mesas y la mayoría están en la cabecera municipal. Si las
sacan nos hacen un daño, porque le estarían limitando el derecho al voto a
esas poblaciones.

En las votaciones del plebiscito, aunque ganó el Sí, sólo pusimos 2000 votos
de los 6000 habilitados porque las comunidades indígenas de la zonas rurales
no tuvieron las condiciones para participar.

El Gobierno debería pensar mejor en poner mesas de votación en áreas
rurales, para que cada uno vote en el lugar donde vive e incentivar a la
gente a votar.

-La Silla Pacífico: Otro punto que está en discusión es si los candidatos a
las circunscripciones no deben haber participado en política antes.

LP: Yo estoy de acuerdo porque de eso se trata el acuerdo, aumentar la
participación. Si ya tengo una filiación política ya he tenido una vocería y
una oportunidad de representación. Aquí se trata de ofrecerle la oportunidad
a quienes no hemos participado.

-La Silla Pacífico: ¿Se deberían implementar medidas para evitar que
políticos hagan alianzas con candidatos “legítimos” a las circunscripciones?

LP: Aquí hay que apelar a la buena fe y a la confianza. Yo pienso que en el
caso del Chocó las organizaciones étnico territoriales, los Consejos
Comunitarios y las organizaciones de víctimas son muy serias y vienen
haciendo un trabajo muy responsable. Confiemos en que van a presentar
candidatos autónomos.

El riesgo se va a correr de cualquier manera, tanto que los políticos acudan
a las organizaciones, o viceversa.

-La Silla Pacífico: ¿Si llega un político y le dice: trabajemos juntos o le
pongo otro candidato para competirle, qué haría?

LP: Si me propusieran una alianza discutiría el tema con las organizaciones.
Cuando se es candidato de colectivos, éstos deberían crear unas mínimas
reglas que direccionen su comportamiento.

Además, nuestra propuesta en Chocó es hacer alianzas con otros sectores
organizativos y líderes sociales.

-La Silla Vacía: Alguna vez se propuso que esos candidatos a las
circunscripciones deberían estar registrados como víctimas en la Unidad de
Víctimas, ¿cree que puede funcionar?

LP: A mí me parece que estar registrado como víctima puede ser una medida
interesante de control en la medida que nos da la plena certeza de que esa
persona es víctima. Pero también es una situación compleja.

Ese criterio fuera muy bueno en la medida que el sistema de la Ley de
víctimas hubiera funcionado muy bien y hubieran sido reconocidas todas las
víctimas. Pero hay muchas víctimas que no han acudido a la entidad a hacer
la declaración, incluso hay gente que es víctima, ha denunciado pero no ha
sido reconocida.

-La Silla Pacífico: Le ofrecieron ser gerente del Programa de Desarrollo con
Enfoque Territorial, Pdet, de Chocó, ¿qué pasó con eso?

LP: Lo estuvimos contemplando bastante tiempo.

Acepté en un inicio porque pensamos que los Pdet para la región son
fundamentales porque buscan revertir esas diferencias entre el campo y la
ciudad en materia de satisfacción de derechos.

Empezamos el proceso de contratación pero estaba demorando mucho y las
mismas comunidades empezaron a decir que quizá lo más importante y
estratégico podría ser estar en otros espacios de participación.

Además, Bojayá está en una situación complicada.

-La Silla Pacífico: ¿Por qué?

LP: Tiene tres procesos que son determinantes para cualquier decisión que
tomemos: las exhumaciones de las restos de las víctimas de Bojayá, el tema
de salud de las 159 personas lesionadas de la masacre y las reparaciones
colectivas por parte de la Unidad de Víctimas.

Estos procesos han tenido retrasos y si nos concentrábamos en el tema de los
Pdet, esta agenda se nos iba a perder más.

Eso mismo puede pasar con las circunscripciones de paz. Si vemos que esta
agenda se va a enredar tomaremos las decisiones pertinentes porque para
Bojayá lo más importante es que se resuelvan estas situaciones.

-La Silla Pacífico: ¿Cómo van las exhumaciones?

LP: Las empezamos el 3 de mayo y se terminaron el 30. Encontramos 77 bolsas
con restos, pero no sabemos de cuántas personas sean exactamente. Fuimos a
buscar tres cuerpos que la Fiscalía enterró en 2004 en Riosucio, pero no los
conseguimos porque la Fiscalía perdió la ubicación.

En la lista de los 79 cuerpos que hizo la Fiscalía del 2004 tampoco estaban
incluidos los bebés: tres o cuatro mujeres estaban en embarazo y creemos que
al menos dos nacieron y murieron ahí mismo.

Las bolsas las trasladamos a Medellín para que Medicina Legal haga el
proceso de identificación de los cuerpos. Que revise si hay cuerpos
mezclados y en lo posible que determine la causa de la muerte.

También nos interesa conseguir a unos tres desaparecidos que la comunidad
dice que estaban en la iglesia en el momento del ataque, pero no se han
encontrado sus restos.

-La Silla Pacífico: ¿Esto quiere decir que Bojayá aún no ha cerrado el ciclo
de violencia que vivieron?

LP: Claro, está abierto todavía y lo que queremos en este momento es hacer
el entierro con nuestros ritos, alabaos, a los niños hacerle sus gualíes
para poder despedirlos y que lleguen al cielo.

Nosotros consideramos que los muertos de Bojayá desde el 2002 andan penando.
Cuando nosotros despedimos a los muertos con nuestros rezos posibilitamos
que esas almas lleguen al cielo y los vivos empezamos a descansar. Y cuando
nuestro familiar llega al cielo se convierte en un alma que vela por el bien
de los que estamos vivos. Ese también es el ciclo que queremos cerrar con
este proceso.

Nos gustaría que en la próxima conmemoración pudiéramos hacer el entierro
definitivo de nuestros muertos.

-La Silla Pacífico: Cambiando de tema, ¿qué retos tienen los Pdet en Chocó?

LP: Una de las cosas que las comunidades ven con peligro es que los Pdet
implican un alto nivel de coordinación entre entidades, consejos
comunitarios, instituciones, alcaldías, gobernación y organizaciones de
víctimas. Poner a hablar a estos sectores para definir una ruta de
desarrollo en unos territorios que han estado marcados fuertemente por la
desconfianza y la victimización es bastante desafiante.

Las víctimas hemos creído muy poco en las instituciones y funcionarios
porque en algunos casos se han desviado de su camino. La masacre de Bojayá
se dio en un contexto de omisión institucional, entonces sentar a estos
sectores en donde ha habido un divorcio total es bastante complejo.

El otro elemento desafiante es que los Pdet se pretenden construir con un
alta participación social y las comunidades del Chocó están muy dispersas,
sobre todo las comunidades indígenas.

¿Cómo pueden participar las comunidades indígenas cuando tienen que
transportarse durante tres días a un sitio de reunión y no tienen las
condiciones para llegar? Esas distancias hacen muy complejo que las
comunidades vengan a dejar sus ideas del futuro desarrollo que se pretende
implementar en sus territorios.

-La Silla Pacífico: ¿Cómo solucionar esos problemas?

LP: Habría que acudir al sistema de organización y a las lógicas de las
comunidades para que esto funcione. En el Chocó ya existen instrumentos de
planeación desde el 2000. Las organizaciones del Chocó se dedicaron a
construir planes de desarrollo para su territorio. En el caso de los
indígenas ellos tienen planes de vida.

Esos instrumentos habría que recogerlos y actualizarlos. Para que los Pdet
funcionen habría que tener una interlocución alta con esas organizaciones.

-La Silla Pacífico: ¿Y frente a la seguridad?

LP: A pesar de que se firmó la paz, zonas como el Baudó, el San Juan y el
Bajo Atrato siguen siendo zonas muy conflictivas por la presencia del ELN y
paramilitares. Esto hace difícil que las organizaciones participen de los
eventos y reuniones.

Si yo me muevo de una zona de influencia del ELN y me paso a la de otro
grupo me consideran informante y mi vida corre riesgo. Se habla de un cese
de hostilidades del ELN pero aún hay hostigamientos entre ellos y las AGC
que afectan a la comunidad.

-La Silla Pacífico: Usted hizo parte de la comisión que viajó a Quito para
pedir el acuerdo humanitario con el ELN. ¿Cómo les fue?

LP: El balance es bastante positivo. Las organizaciones hicimos una
descripción bastante cruda de lo que están viviendo las comunidades y de las
violaciones de Derechos Humanos. Sentí que había muy buena apertura, tanto
del ELN como del Gobierno, de escuchar atentamente todo lo que las
organizaciones le manifestamos y sobre todo no se pusieron en la retórica de
defensa, sino más bien en la actitud de proponer alternativas para
solucionar lo que está pasando.

Otro elemento que nos preocupa es que sentimos que miembros del ELN en el
Chocó, tienen una ruptura con la dirigencia.

-La Silla Pacífico: ¿Por qué lo dice?

LP: Las comunidades manifestamos en Quito que los del ELN no respetan
nuestra autonomía y no reconocen a las autoridades étnicas. Por ejemplo, le
exigen que las organizaciones indígenas que quieran dar capacitaciones en
los territorios deben pedir permiso primero. Y asientan sus campamentos muy
cerca a los casos urbanos.

Pero cuando fuimos a la Mesa los negociadores sí reconocían a las
organizaciones, entonces nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando
bien. Se abordó el tema y los comandantes dijeron que les tocaba afinar los
niveles de comunicación y de coordinación con su gente en los territorios.

Vine esperanzado de la actividad y también sentimos que a partir de esa
reunión algunos comandantes en el territorio han empezado a mejorar su
comportamiento. Me da la impresión que el mensaje de los comandantes sí
llegó a sus bases.

-La Silla Pacífico: Entonces, ¿le ve futuro a las negociaciones entre el ELN
y el Gobierno?

LP: Uno de los puntos centrales de estas negociaciones es el que tiene que
ver con la participación de la sociedad civil en la Mesa. Pero para que esto
pase en Chocó, si la guerra y la confrontación continúa en la manera como se
está desarrollando la participación es simplemente imposible. Y ese fue otro
de los mensajes que dejamos allá.

No le podemos pedir participación a una comunidad que está asustada, que
tiene miedo. Así nadie participa en los eventos y si van no dicen nada.

Si no se mejora la confrontación y el comportamiento de los actores armados
en esos territorios no habrá participación social. Me parece que es un
riesgo muy grande que corre la mesa.

Se caería en los mismos errores de las negociaciones con las Farc. Esta
negociación fue cerrada entre los dos actores, por eso cuando le trajeron
los acuerdos a Colombia las personas no se apropiaron de ellos. Una
negociación para superar el conflicto armado debe partir de la sociedad
civil.

-La Silla Pacífico: Cocomacia, la organización a la que pertenece, quiere
modificar sus reglamentos ante el regreso de ex combatientes de las Farc.
¿Por qué?

LP: No es que las organizaciones tengan un interés de cambiar los
reglamentos para limitar la llegada de los excombatientes, sino que tenemos
que actualizarlos porque los que teníamos se construyeron en unos contextos
de guerra y hoy estamos en unos unos de paz y reconciliación.

Tenemos que actualizar esas normas para ver cómo nos vamos a relacionar con
los que van a llegar y con los que ya están llegando y definir cuáles son
las normas o criterios que van a regir su comportamiento.

-La Silla Pacífico: ¿Por ejemplo?

LP: Si un guerrillero llegaba a la comunidad en el marco del conflicto
armado estaba prohibido que pudiera hacer parte de una junta de consejos
comunitarios y que pudiera hacer uso del territorio.

Todos los actores armados no podían participar del sistema organizativo
territorial y social e incluso en las reuniones no podían opinar.

Hoy estas personas ya no son guerrilleros y por lo tanto se le deben activar
sus derechos.

Pero esto no viene sólo. También hay que dejarles claro que para acceder a
esos beneficios tienen unas mínimas reglas que cumplir. Por ejemplo, tienen
que comprometerse a no volver a revictimizar a la comunidad y someterse a
los reglamentos internos de las comunidades.

Incluso ha habido denuncias que los excombatientes han promovido nuevas
organizaciones para suplantar a las que ya existen. Entonces Cocomacia dijo:
“cómo me van a reemplazar a mí cuando he venido luchando por los derechos de
las comunidades hace 30 años”.

Esto es un desafío para la reconciliación y si no se hace algo van a
continuar las fricciones.

-La Silla Pacífico: Ya para cerrar, ¿qué significa para usted ganar el
Premio Mundial al Pluralismo?

LP: Es una gran alegría para mí y para las comunidades de Bojayá porque
nosotros venimos de mucho sufrimiento y el premio es una inyección de
energía.

Bojayá le apostó a la paz de manera decidida y que hoy la comunidad
internacional haga este reconocimiento nos revitaliza en medio de las
incertidumbres de la implementación de los acuerdos de paz.

Pero el premio también nos permite seguir hablando por las comunidades y
levantando nuestra voz; me contribuye a seguir ganando la confianza de la
gente y aumentar la legitimidad con el pueblo. Y para mí eso es lo más
importante.

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