Colombia/ Dudas sobre el "postconflicto": el ELN y gobierno acuerdan "cese al fuego" [Decio Machado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

18 de setiembre 2017

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Colombia

Perspectivas del posconflicto

El Ejército de Liberación Nacional colombiano acordó un cese al fuego con el
gobierno, pero existen dudas sobre la consistencia de ese acuerdo. En su
segundo gran capítulo de diálogos de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos
se encontró con una contraparte mucho más sólida ideológicamente y más firme
en sus exigencias que las FARC. Estas últimas se reconvirtieron en partido,
pero sin caras o discursos nuevos.

Decio Machado, desde Quito

Brecha, 15-9-2017

http://brecha.com.uy/

El pasado 4 de setiembre la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa,
anunciaba que los equipos negociadores del gobierno colombiano y la
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) habían alcanzado un
acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal, al que se le denominó Acuerdo
de Quito.

La tregua negociada se extenderá entre el 1 de octubre y el 9 de enero del
año próximo, lo que implica que no representa el definitivo fin del
conflicto ni se entregarán las armas por parte de la guerrilla. Durante el
período en curso hasta la fecha de inicio de este transitorio alto el fuego
se prepararán todos los protocolos –que son bastantes y complejos– que
permitirán mecanismos de información mutua en los territorios en conflicto
buscando minimizar los riesgos de ruptura del acuerdo que deberá ser
consensuado entre las partes. También intervendrán los veedores de las
Naciones Unidas, que procederán a supervisar el proceso en el lugar, y
terminará de definirse en su integridad el rol de la Iglesia Católica
respecto de estas negociaciones.

Más allá del cese transitorio de hostilidades mutuas, el Acuerdo de Quito
implica que la guerrilla no atente durante este período contra ninguna
infraestructura del país (incluidos sus oleoductos), no siembre más minas
antipersonales y deje de reclutar a menores por debajo de la edad
establecida por las normas del derecho internacional humanitario. Por su
parte, el gobierno colombiano se compromete a fortalecer y reforzar la
legislación que regula lo que se conoce como “alertas tempranas” –un sistema
previsto para proteger a los líderes civiles y sociales– y desarrollar un
programa de carácter humanitario para la población carcelaria de militantes
del Eln –aproximadamente medio millar de reclusos–, asistiendo de forma
adecuada a quienes necesiten un tratamiento sanitario especial o a quienes
tienen enfermedades terminales, así como reubicando a los presos para
acercarlos a sus familias y protegerlos dentro de los penales. Además, la
recientemente aprobada ley que se refiere a la amnistía e indulto para
presos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se amplía
para los miembros del Eln, rebajándose y despenalizándose ciertos tipos
penales asociados a la protesta social.

El acuerdo contempla un lapso de tres semanas destinado a que quienes
negociaron en nombre de la guerrilla vayan a los correspondientes frentes de
guerra a explicar el contenido de lo firmado en Quito y las condiciones de
la tregua. Esto es consecuencia de que –a diferencia de las extintas Farc,
en las que el secretariado de la guerrilla daba una orden y ésta se cumplía
sin discusión– el Eln, pese a su estructura militar, funciona como una
especie de federación de frentes en combate donde se consensúan los acuerdos
de manera más horizontal.

En paralelo, gobierno y guerrilla acordaron ampliar el período de
negociaciones, que entrará en su cuarto ciclo a partir del 25 de octubre. De
hecho está previsto que al final de este primer período de cese de
hostilidades se haga una evaluación de cómo ha avanzado la agenda de
negociaciones con el fin de prorrogar por más tiempo la tregua.

Orígenes de una guerrilla

El Eln nació en 1964, casi a la par que las Farc, inspirándose en una
ideología que mezcla cristianismo, marxismo inspirado en la revolución
cubana y nacionalismo radical.

Sus orígenes reales datan de un par de años antes, cuando cinco estudiantes
colombianos viajaron a La Habana en condición de becados. Allá fue fundada
la Brigada José Antonio Galán, a la cual se unirían un año después varios
sacerdotes vinculados a la teología de la liberación. Dos de ellos, Camilo
Torres (1929-1966) y Manuel Pérez (1943-1998), se convertirían en las
figuras más emblemáticas de la historia del Eln.

Las acciones armadas del Eln comenzaron al inicio de 1965, siendo la
guerrilla prácticamente desarticulada en octubre de 1973 –durante la
presidencia de Misael Pastrana Borrero–, a consecuencia de una ofensiva
militar a gran escala denominada Operación Anorí. Pasaría una década para
que el Eln tuviera capacidad de comenzar a rearticularse bajo la dirección
del sacerdote español Manuel Pérez, convirtiéndose a partir de entonces en
el segundo grupo insurgente más importante del país hasta el armisticio de
las Farc.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, los más de 2 mil combatientes
actuales del Eln están distribuidos a lo largo de 51 municipios en 11
departamentos colombianos. En este sentido, el anuncio del cese al fuego
entre ejército y guerrilla significará un gran alivio para las regiones del
norte de Santander, Chocó y Arauca, donde se concentra con mayor virulencia
el conflicto entre la última guerrilla que queda en Colombia y las fuerzas
armadas.

Comienza el diálogo

El Eln ya había mantenido conversaciones con gobiernos previos al de Juan
Manuel Santos. Concretamente, fue durante la presidencia de César Gaviria,
en la década de 1990, que se iniciaron los primeros contactos (en Caracas,
en 1991). Y en 1992 se organizaron los Diálogos de paz de Tlaxcala, en
México. Los intentos de negociación con el gobierno tuvieron también lugar
durante la gestión de Pastrana –mediante el Acuerdo Puerta del Cielo, de
1998, firmado en Maguncia, Alemania, y la reunión de Ginebra realizada en
2000–, e incluso con el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe, mediante
una primera reunión a finales de 2005 y tres sesiones más en 2006,
finalizando el proceso en agosto de 2007, tras otro encuentro en territorio
caribeño donde participarían el presidente cubano Raúl Castro y el Nobel de
literatura Gabriel García Márquez.

El actual proceso de negociación se inició en marzo de 2016, tres años
después de que comenzaran las conversaciones con las Farc que culminaron con
el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, firmado en Bogotá
el 24 de noviembre de 2016.

Históricamente el Eln ha tenido un componente político mucho más marcado que
las Farc, pese a que los segundos tuvieran cuatro veces más capacidad
operativa militar que los primeros. Esto implicó que aunque el inicio de las
conversaciones exploratorias fuese anunciado por Juan Manuel Santos durante
su campaña electoral para la reelección de 2014, éstas no hayan terminado de
cuajar hasta tres años después.

Fin de la agenda

Los primeros diálogos se celebraron en Ecuador y Brasil, de forma alterna,
si bien Venezuela, Noruega, Chile y Cuba también han acompañado el proceso.
Desde hace meses la agenda de negociación quedó pactada, teniendo cierto
parecido a lo que se estableció en su momento con las Farc, aunque en este
caso el gobierno colombiano tuvo que ceder con respecto a los reclamos
insurgentes de participación ciudadana.

La agenda de diálogo contempla seis puntos en discusión: la participación de
la sociedad, la democracia para la paz, asuntos relativos a las víctimas,
las transformaciones para la paz, aspectos de seguridad para lograr la paz y
entrega de las armas, así como las garantías para el ejercicio posterior de
la acción política.

Establecer a Quito como sede principal de las negociaciones es fruto de la
negativa gubernamental a las iniciales peticiones guerrilleras, que
contemplaban que se instalasen fundamentalmente en Caracas.

Pero llegar a los Acuerdos de Quito implicó también un proceso de disputas
dentro del Eln, donde las posiciones más dialogantes en el Comando Central
(Coce) se han impuesto frente al sector más beligerante. Así, las posturas
de Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, primer comandante del Eln,
junto a las de Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, tercero en la
línea de mando y jefe de la comisión negociadora, consiguieron frenar a los
sectores más escépticos y las posiciones duras encarnadas en el Frente de
Guerra Occidental y el Frente de Guerra Oriental.

En todo caso, existe una nube de dudas sobre la consistencia del acuerdo. Al
respecto, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del
Conflicto, indica: “Es muy difícil que este tipo de acuerdo tan
desestructurado se verifique y se cumpla, ofrece mayores riesgos para la
población civil, para quienes hagan la verificación y para la misma
guerrilla”. Respecto de los riesgos asumidos por el Eln, el comandante Pablo
Beltrán también advirtió: “El paramilitarismo es una sombra que se mantiene
en gran parte del territorio dejado por las Farc, y quedarse quieto, para la
guerrilla, representa un riesgo aun mayor”. Cabe señalar, en este sentido,
que el propio gobierno ha reconocido que en las áreas dejadas atrás por las
Farc se ha incrementado notablemente la actividad de diversas bandas
delincuenciales y el paramilitarismo (así como los asesinatos de líderes
sociales; véase Brecha, 14-VII-17).

La solidez ideológica del Eln ha implicado que, a diferencia de lo sucedido
durante las negociaciones con las Farc, la guerrilla no aceptase ninguna
medida unilateral, algo que pidió inicialmente el gobierno, requiriéndole un
cese unilateral de las actividades insurgentes. De hecho el compromiso
guerrillero ni siquiera pasa por la liberación de sus secuestrados –en la
actualidad cuatro personas vinculadas al sector comercial y ganadero–,
quedando este asunto agendado para la siguiente etapa.

Más allá de la larga historia de negociaciones entre el Estado colombiano y
la insurgencia “elena”, es la primera vez desde que se fundó el Eln que se
firma un documento con el gobierno. En eso tuvieron mucho que ver las
presiones del papa Bergoglio, quien visitaría el territorio colombiano
inmediatamente después para expresar su apoyo al proceso.

Reconversión de las FARC

La firma de los Acuerdos de Quito se da en paralelo a la puesta en escena
del partido político conformado por las antiguas Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, las cuales manteniendo sus siglas Farc pasaron
a denominarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El modelo no es
nuevo en este país cafetero, teniendo en cuenta el proceso del Ejército
Popular de Liberación (Epl), que pasó a denominarse Esperanza, Paz y
Libertad, o el referente al M-19, que tras la firma de paz optó por la
denominación Alianza Democrática M-19.

Difícil es pensar que las estigmatizadas Farc puedan tener un apoyo
relativamente amplio en el área urbana, centrándose estratégicamente este
nuevo partido en movilizar el voto rural de un campesinado históricamente
excluido. En este sentido, cabe recordar que en aproximadamente el 10 por
ciento de los 1.123 municipios de Colombia la política local ha estado
controlada durante décadas por los “farianos”.

Pese a que el gran reto de las refundadas Farc debería estar enmarcado en el
cambio de imagen, en la actualización de sus discursos, en conformarse
orgánicamente de la forma más horizontal posible y en presentar nuevas
vocerías ante la deslegitimación social de su antigua comandancia, las tesis
que se impusieron en su congreso fundacional fueron las de perfil más
ortodoxo y de connotaciones marxista-leninistas. Tras seis décadas de
conflicto civil armado, el pueblo colombiano reclama en estos momentos menos
consignas revolucionarias y más propuestas políticas enfocadas a solucionar
problemas como el desempleo, la baja calidad de la salud y la educación, la
pobreza, la delincuencia o laenorme lacra que supone la corrupción
institucional.

Si hubiera que ubicar un perdedor en el congreso fundacional del nuevo
partido, éste sería Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, quien propuso sin
éxito el nombre de Nueva Colombia para la extinta guerrilla y un modelo de
partido que se dirigiera al país “sin dogmas, sin sectarismo, ajeno a toda
ostentación ideológica y con propuestas claras y sencillas”. Sin embargo,
las tesis auspiciadas por el que fuera el número uno durante la última etapa
de las Farc guerrilleras fueron derrotadas, no por su dirección, sino por
sus bases.

Como parte de los acuerdos de paz, las nuevas Farc disponen de diez
diputados asegurados en el próximo Congreso que será electo en marzo del año
que viene. Nombres de la antigua comandancia tales como Victoria Sandino,
Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada e Iván Márquez –el gran
triunfador en esta convención– figuran como precandidatos para ocupar estos
escaños. En definitiva, hay una ausencia de caras y voces nuevas para
afrontar este supuesto nuevo renacer.

El desmarque de la izquierda política colombiana respecto de las nuevas Farc
se evidenció por su no asistencia al congreso fundacional. Ninguno de los
múltiples precandidatos presidenciales del progresismo asistió al acto,
tampoco ninguno de los dirigentes de los partidos políticos de centroderecha
que respaldaron en su momento los acuerdos de paz. Tan sólo asistió un
representante de la precandidata presidencial progresista Clara López para
leer un comunicado en su nombre.

Trabas

En paralelo, y fruto de las limitaciones que impuso la Corte Constitucional
al mecanismo de fast-track (vía rápida) para aprobar las leyes de la paz en
el Congreso, las legislaciones sobre desarrollo rural, participación
política y reforma electoral que deben establecerse tras estos acuerdos de
paz están sufriendo importantes modificaciones conceptuales en el Poder
Legislativo. Allí los curules conservadores se envalentonaron tras los
resultados negativos del plebiscito realizado el año pasado sobre dichos
acuerdos.

En todo caso, lo que se visualiza en todo sondeo de opinión realizado
durante el presente año en Colombia es que sorprendentemente la
implementación de los acuerdos de paz no está entre las prioridades
políticas de la ciudadanía.

Mientras, en las zonas de la Colombia rural que fueron antiguos escenarios
de guerra, ex guerrilleros desmovilizados que formaron parte de los frentes
farianos no dejan de ser asesinados por sicarios contratados por
terratenientes, caciques políticos locales y bandas criminales. Oficialmente
el Estado contabiliza ya una docena de asesinatos de ex combatientes y otra
cifra similar de víctimas entre sus familiares.

Respecto de las disidencias –quienes no aceptaron el acuerdo de paz– dentro
de las Farc, el gobierno colombiano registra un número aproximado de 400
combatientes que se han conformado en varias estructuras ilegales ubicadas
principalmente en ocho departamentos del país: Nariño y Cauca en la zona
suroccidental, y Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés en el sudoriente.
Según Eduardo Álvarez Vanegas, vocero de la Fundación Ideas para la Paz,
resulta significativo que estas disidencias no estén agrupadas bajo la
estructura de control de un mismo comandante, lo cual podría desembocar en
su futura conversión en nuevas bandas criminales emergentes.

Campaña electoral

A seis meses de que se realicen las elecciones legislativas y a nueve de la
presidencial todo parece indicar que el país electoralmente se polarizará de
nuevo en torno a las posiciones a favor o en contra de los acuerdos de paz.

En el ámbito de la derecha es de prever que, según vaya acercándose el
proceso, las múltiples precandidaturas actualmente existentes terminen por
converger en dos candidatos fuertes. Éstos serían Germán Vargas Lleras y
quien designe finalmente Álvaro Uribe en complicidad final con el Partido
Conservador, de Andrés Pastrana.

En el caso del primero, quien en la actualidad funge como vicepresidente de
la república, sus estrategias electorales se articulan en torno a la crítica
parcial a los acuerdos de paz impulsados por Santos, pactando con diversos
segmentos de la clientelar política local y regional que ya le han
manifestado su apoyo. También se basan en el cuestionamiento al gobierno
venezolano de Nicolás Maduro y en una irrisoria alerta social para que
Colombia no se convierta en una nueva Venezuela, y termina reclamando un
pacto con los sectores empresariales más reaccionarios, que sienten como una
amenaza la justicia transicional derivada de los acuerdos de paz.

Por su parte, la estrategia del uribismo, más allá de quién termine siendo
su candidato (hay en la actualidad cuatro precandidaturas distintas dentro
del Centro Democrático), es asentar la idea de que Santos entregó el país a
las Farc, generando alarma en un empresariado rural al que se le dice que
sus tierras terminarán siendo entregadas a los ex combatientes guerrilleros
desmovilizados, potenciando a su vez los llamados “valores morales” más
reaccionarios en una sociedad sumamente conservadora como es la colombiana.

En lo que respecta a los sectores políticos que van del centro hacia la
izquierda, fieles a su tradición divisionista, en la actualidad presentan un
fraccionamiento en al menos tres bloques: los progresistas de Gustavo Petro,
el entorno del nuevo partido de las Farc y, por último, la coalición formada
por la Alianza Verde, de Claudia López, Compromiso Ciudadano, de Sergio
Fajardo, y el Polo Democrático, del senador Jorge Robledo. Queda pendiente
ver cómo solucionarán las izquierdas este fraccionamiento para intentar
converger en torno a una sola candidatura.

En todo caso, lo que falta hasta mayo de 2018 vendrá marcado por la disputa
entre estas dos amplias facciones que determinarán posiblemente una segunda
vuelta presidencial, pasando la centralidad política de la lógica
decimonónica izquierda versus derecha a situarse en el eje derivado del
posconflicto.

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