Brasil/ La Amazonia a subasta: la guerra sangrienta por la tierra [Agnese Marra]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

22 de setiembre 2017

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Brasil

La Amazonia a subasta

La sangrienta guerra por la tierra

La situación de inestabilidad política, con el presidente acusado de
obstrucción a la justicia y organización criminal, paradójicamente afecta
directamente al pulmón del mundo.

Agnese Marra, desde San Pablo

Brecha, 22-9-2017

http://brecha.com.uy/

Tiene el tamaño de toda la Unión Europea. Ocupa un total de 550 millones de
hectáreas, con 390.000 millones de árboles y 25 millones de personas que la
habitan. Una de cada cinco especies de fauna en el mundo proviene de ese
territorio. El “pulmón de Brasil”, lo llaman, también se puede decir que del
planeta. La Amazonia hoy es un órgano dañado. Tan sólo en 2016 se perdieron
8 mil quilómetros cuadrados de selva, un 30 por ciento más que en el año
anterior. El nivel máximo de deforestación de la última década. Como si cada
hora desaparecieran 128 campos de fútbol.

A finales de agosto volvió a sufrir otro golpe, una vez más del gobierno
brasileño. El Ejecutivo de Michel Temer, de la mano del Congreso y de la
bancada ruralista que lo controla, puso sobre la mesa un decreto
presidencial para privatizar la Reserva Natural de Cobre y Asociados
(Renca). Este territorio, del tamaño de Dinamarca (47 mil quilómetros
cuadrados), situado en la zona amazónica entre los estados de Pará y Amapá,
además de ser un terreno rico en minerales también contiene diversos parques
naturales y reservas indígenas. Lo que antes era propiedad del Estado, ahora
Temer decidió abrirlo a la explotación de empresas privadas extranjeras.

La noticia llegó hace tres semanas, pero las multinacionales canadienses lo
sabían desde hacía cinco meses, cuando el ministro de Minas y Energía
brasileño, Fernando Coelho Filho, se lo comunicó a diversos empresarios de
ese país del norte. La medida cayó como un balde de agua fría entre los
ecologistas, que ven como se han acumulado los retrocesos en materia
ambiental en el último año. Intelectuales, actores y modelos, como Gisele
Bündchen, lanzaron una campaña en las redes sociales y consiguieron 800 mil
firmas para que el presidente revocara el decreto. El 30 de agosto el juez
del distrito federal, Ronaldo Spanholo, lo suspendió al considerar que la
Constitución no permite que el gobierno tome una decisión de este tipo sin
debate previo en el Congreso. Ante las críticas y la presión judicial Temer
anunció que suspendía los efectos del decreto durante 120 días para llevar a
cabo “un amplio debate” con grupos ambientalistas. Por ahora no ha llamado a
nadie.

Tierra por los votos

El decreto sobre el Renca es la gota que colma un vaso que hace tiempo está
a punto de derramarse. Desde que Temer llegó al gobierno apostó por el
agronegocio y rechazó todo lo que oliera a preservación del ambiente,
siguiendo las órdenes de los congresistas ruralistas que lo llevaron al
poder cuando votaron a favor del impeachment contra la ex presidenta Dilma
Rousseff.

La bancada del agronegocio representa el 44 por ciento de la Cámara de
Diputados y dos tercios del Senado, y se siente legitimada para plantear
exigencias fundamentalmente por dos razones. La primera es que el sector
agropecuario supone el 23 por ciento del Pib del país y el 55 por ciento de
las exportaciones. La segunda, y quizás la más importante, es la lealtad y
el apoyo que le ha dado a Temer, convirtiéndose en el principal aliado del
presidente, en un momento en que los escándalos de corrupción también
arrasan con las alianzas políticas. Ellos son la llave de la gobernabilidad.
El último bastión del Ejecutivo.

Algunas de las prioridades de esta bancada son no sólo mantener sus tierras
sino acumular más territorio, reducir hasta la mínima expresión las reservas
indígenas, regularizar grandes superficies invadidas por terratenientes,
derogar las leyes laborales del campo –legisladores ruralistas llegaron a
sugerir que los campesinos no tuvieran salario y trabajaran a cambio de
vivienda y comida– y deforestar lo que sea necesario para consolidar la
extracción y la exportación de materia prima como base económica. Por eso no
es de extrañar que el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, sea uno de los
principales exportadores de soja del país y haya recibido hasta en dos
ocasiones el premio Motosierra de Oro de Greenpeace, por los estragos que
han causado sus plantaciones en la Amazonia.

Invasión ilegal

Algunos de sus deseos se han hecho realidad y otros parecen estar cada vez
más cerca de cumplirse. El pasado mes de julio se aprobó una ley que
legaliza las invasiones de grandes áreas de tierra y terrenos que estén
dentro de parques nacionales que se ubiquen en zonas urbanas. La
legalización de tierra ocupada, que en un principio se podría entender como
un guiño a las peticiones del Movimiento Sin Tierra (Mst), en realidad
responde a los intereses de medianos y grandes terratenientes del campo, ya
que afecta a invasiones de terreno de más de 2.500 hectáreas que pertenecen
al Estado, que el gobierno vendería y regularizaría por un precio más bajo
que el del mercado.

Uno de los principales miedos de los ecologistas es que el Ejecutivo haga
cada vez más laxa la protección ambiental. Eso fue lo que sucedió con la
Selva Nacional Jamanxim, un área de 350 mil hectáreas que según un proyecto
que se tramita en el Senado perdería una parte de su categorización para
preservarla ambientalmente y se abriría a la explotación agropecuaria y
minera. “Lo que vemos todos los días es que el Congreso está buscando la
manera de eliminar los derechos de las unidades de conservación que tiene
Brasil. Ofrece tierra para deforestar y no le importa qué tipo de terreno
sea, su codicia no tiene límites”, señaló a Brecha Michel de Souza,
coordinador de políticas públicas del Fondo Mundial para la Naturaleza (Wwf,
por sus siglas en inglés).

Campo violento

Las leyes que amparan la legalización de tierras para los grandes
terratenientes provocaron que el pasado año fuera el más violento de la
última década en el campo brasileño. Según la Comisión Pastoral de la Tierra
(Cpt), en 2016 se cometieron 61 asesinatos relacionados con la disputa
agraria, y ya hay 939 áreas rojas en conflicto por ese motivo. La Cpt acusa
directamente a la bancada ruralista de haber presionado a Temer para que
acabara con el Ministerio de Desarrollo Agrario, que se encargaba de mediar
en este tipo de conflictos. Ya no hay mediación, impera la ley del más
fuerte.

En esta guerra los indígenas, además de ser el eslabón más débil, también
son la diana sobre la que tiran sus flechas los ruralistas. La bancada del
agronegocio ha conseguido que la Fundación Nacional del Indio (Funai), el
organismo encargado de proteger y demarcar áreas indígenas, pierda esa
potestad para entregársela a los congresistas, que ya no basarán sus
decisiones en criterios antropológicos sino económicos. En el Senado está en
marcha la aprobación de una ley que cambia los mecanismos de demarcación y
que si se aprobara podría acabar con la supervivencia de 70 por ciento de
los indígenas brasileños. Además de los que ya mueren asesinados por los
garimpeiros del oro, como sucedió el pasado mes de agosto, cuando mataron a
diez indígenas de una tribu no contactada.

La situación de inestabilidad política, con el jefe del Ejecutivo acusado de
obstrucción a la justicia y organización criminal, paradójicamente afecta
directamente a la Amazonia y a otras áreas que necesitan ser preservadas.
Pero la bancada ruralista es la que tiene el poder de evitar que el Congreso
apruebe la investigación del mandatario en el Tribunal Supremo. Así que para
mantenerse vivo, Temer no duda en subastar la Amazonia y lo que queda de un
país que hace meses tiene colgado el cartel de “Se vende”.

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