Colombia/Ecuador/ Frente Óliver Sinisterra: desde las Farc al crimen organizado [Verdad Abierta]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de abril 2018

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Colombia/Ecuador

 

Crimen organizado

 

Frente Óliver Sinisterra: el blanco de las autoridades colombo-ecuatorianas

 

Verdad Abierta, 13-4-018 

https://verdadabierta.com/

 

 

Esa organización ilegal, responsable del asesinato de tres trabajadores del
diario El Comercio, de Quito, tiene sus orígenes en la guerrilla de las
Farc. Sus mandos se apartaron del proceso de paz con el gobierno nacional y
constituyeron su propia estructura armada. Investigadores de la Fundación
Ideas para la Paz detallan sus orígenes, sus zonas de operación y los
riesgos que representa para la población civil de esta región fronteriza.

 

Este viernes, luego de transcurridos 18 días de secuestro, se confirmó el
asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y del
conductor Efraín Segarra, retenidos en la provincia ecuatoriana de
Esmeraldas cuando realizaban un trabajo periodístico sobre los ataques con
explosivos perpetrados por el Frente Óliver Sinisterra (FOS) que comanda
Walter Artízala, alias ‘Guacho’, en esa región fronteriza.

 

De acuerdo con información constatada por este portal, los tres habrían sido
asesinados con un tiro de gracia mientras permanecían encadenados, pese al
clamor que había elevado la sociedad civil en ambos países para que se les
respetara la vida.

 

Este viernes el FOS emitió un nuevo comunicado señalando que cometieron el
crimen en reacción a la presión que venían ejerciendo autoridades militares
y policiales; aclararon que buscaban un canje por varios de sus hombres
detenidos y no se pudo lograr; y solicitaron la presencia del Comité
Internacional de la Cruz Roja, Naciones Unidas y Arquidiócesis de Tumaco,
así como del Alcalde, Personero y Defensor del Pueblo de Tumaco, para
proceder a recuperar los cuerpos, bajo algunos protocolos, entre ellos
retirar a los militares colombianos y ecuatorianos de la zona fronteriza.

 

“Se le propuso al gobierno ecuatoriano que llegáramos a un diálogo, para
respetarnos mutuamente y hacer entrega de los periodistas, la respuesta fue
más tropas, más gringos, más militares colombianos en el Ecuador, más
represión. La respuesta fue militar. El resultado de esta represión es la
muerte de los tres periodistas ecuatorianos”, confirmó el FOS.

 

El dramático desenlace se produjo en medio de duros cuestionamientos contra
la supuesta inactividad de los gobiernos de Colombia y Ecuador para proteger
a los comunicadores, al punto de que organizaciones defensoras de la
libertad de prensa como Fundamedios, Reporteros Sin Fronteras, Comité para
la Protección de Periodistas y Fundación para la Libertad de Prensa
declararon el pasado miércoles que ambos Estados se encontraban “evadiendo
responsabilidades mientras entregan información contradictoria a los medios
de comunicación”.

 

El triple crimen es tal vez el más grave cometido hasta ahora por el FOS
que, a la fecha, había dirigido sus acciones militares en la provincia de
Esmeraldas contra integrantes de las Fuerzas Armadas de Ecuador, en
retaliación por operaciones contra el tráfico de drogas.

 

De acuerdo con autoridades colombianas y ecuatorianas, ese grupo armado
ilegal sería responsable de un atentado con carro bomba ejecutado el pasado
27 de enero contra la estación de policía San Lorenzo, que dejó 28
uniformados heridos, así como de un segundo atentado con explosivos
ejecutado el 20 de marzo en un sector llamado Mataje, cuyo saldo fue de tres
infantes de marina muertos y otros siete heridos.

 

Los orígenes y las prácticas de ese frente están descritas con detalle en el
informe “Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las
Farc”, de la Fundación Ideas para la Paz, que será divulgado el próximo
domingo.

 

Un arduo trabajo de campo les permitió a los investigadores de este centro
de pensamiento precisar las zonas de operación y las herencias que recibió
el FOS, que tendría entre 450 y 500 hombres, y cuyo nombre hace referencia
al guerrillero de las Farc Óscar Armando Sinisterra, conocido como ‘Óliver’,
muerto a manos de la Armada mientras el gobierno nacional y la guerrilla de
las Farc negociaban un acuerdo de paz en La Habana, Cuba.

 

En disidencia

 

Tras militar por una década en las Farc, Walter Patricio Artízala, conocido
como ‘Guacho’, se instaló en la zona del consejo comunitario Alto Mira y
Frontera, en Tumaco, Nariño, pocos meses después de la dejación de armas
realizada por esa organización insurgente. Allí habría empezado la
constitución del FOS, haciendo uso de las antiguas redes de apoyo y
milicias, así como de relaciones con narcotraficantes colombianos y
mexicanos.

 

En octubre de ese año, luego de la masacre de ocho campesinos ejecutada en
Alto Mira y Frontera durante una operación de erradicación forzada de
cultivos ilícitos, Noticias RCN entrevistó a ‘Guacho’. En diálogo con el
noticiero, el ahora disidente declaró que había tenido grado de comandante
de guerrilla dentro de las Farc y que había alcanzado a llegar al Punto de
Preagrupamiento de la vereda El Playón, donde se alojaron las columnas
móviles Mariscal Sucre y Daniel Aldana antes de ingresar a las Zonas
Veredales para iniciar el proceso de dejación de armas. (Ver más en: Tumaco,
atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)

 

Sin embargo, confirmó que decidió apartarse del proceso de paz debido a
“motivos personales” y a que “no estuvimos de acuerdo con lo acordado (por)
el gobierno con el movimiento guerrillero de las Farc”. También alegó que
comandaba 250 hombres, entre los que se encontraba, según él, un hombre
apodado ‘Cachi’, quien no es otro que Jefferson Chávez Toro, capturado en
Pereira en marzo pasado.

 

‘Cachi’ es un narcotraficante con presencia prolongada en esa zona de Nariño
y con antiguos vínculos con las Farc. Participó en las primeras tareas de
reclutamiento para el FOS, que se estaban realizando para la época de
grabación de la entrevista. Las relaciones de ‘Guacho’ con narcotraficantes
son de vieja data, confirmaron investigadores de la FIP. Mientras existieron
las Farc, sus mandos en esta región fronteriza les permitieron controlar
redes y corredores de tráfico de cocaína en las zonas bajas de las
provincias ecuatorianas de Carchi y Esmeraldas.

 

En su interés por asegurar el negocio del narcotráfico tras la desaparición
de la guerrilla, ‘Guacho’ ha buscado consolidar tres áreas de la zona rural
de Nariño. La primera es la del consejo comunitario Alto Mira y Frontera,
así como los corredores de movilidad entre los ríos Mira y Mataje, que
conducen a territorio ecuatoriano y dan salida al océano Pacífico.

 

Allí, los hombres del FOS, de acuerdo con lo establecido por investigadores
de la FIP, “resguardan puntos de embarque, tienen presencia en diferentes
puntos de los ríos mediante redes de apoyo, y hacen labores de inteligencia
sobre quiénes entran y salen en sitios como La Playa, Vallenato, Restrepo,
Candeillas, Imbili y Terán, todos sobre el río Mira, donde también el FOS
habría recuperado caletas con armamento” de las antiguas Farc.

 

La segunda área corresponde a los municipios de Ricaurte y Barbacoas, “donde
hay zonas de cultivo con hoja de coca, cristalizaderos y corredores
fluviales para sacar la cocaína hacia el Pacífico, como los ríos Patía,
Rosario y Mejicano”. Con su presencia en esa zona, el FOS estaría buscando
detener las aspiraciones de copamiento territorial del Eln y de las
Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), otra organización armada ilegal
dedicada al narcotráfico y comandada por un exintegrante de las Farc: Víctor
David Segura.

 

La tercera área era de antiguo control de la columna móvil Mariscal Sucre y
está compuesta por zona rural de los municipios Ricaurte, Cumbal y Mallama.
En Cumbal, el FOS se ha enfrentado en dos ocasiones con el Eln entre
diciembre de 2017 y enero de 2018, porque esa guerrilla, según constataron
los investigadores de la FIP, no estaría de acuerdo con su “involucramiento
casi total en el narcotráfico y la forma como (sus integrantes) están
afectando a la población rural de ambos lados de la frontera”. Consolidar
esa zona sería de especial importancia para el Frente Óliver Sinisterra para
evadir la presión de la fuerza pública en Tumaco.

 

En cuanto a zonas urbanas, el Frente Óliver Sinisterra tiene presencia en la
cabecera municipal de Tumaco, donde empezó a formar una subestructura en el
segundo semestre de 2017. De acuerdo con los investigadores de la FIP, el
objetivo es disputarle a las GUP el control “de barrios, salidas a esteros y
puntos estratégicos, como la zona del Puente El Pindo y sus barrios
aledaños”, así como para obtener rentas del microtráfico y la extorsión. La
activación de esa estructura con antiguos milicianos de las Farc se habría
hecho bajo la tutela del también excombatiente de la desaparecida guerrilla
Yolfer Guzmán Sánchez, alias ‘El Tigre’, quien abandonó el proceso de paz
en agosto de ese año.

 

No obstante, afirman en la FIP, esta estructura disidente no ha llegado a
consolidarse en el municipio, en parte por la captura de ‘El Tigre’, en
enero de 2018, junto a uno de sus hombres de confianza, Robinson Araujo,
alias ‘El Pollo’. A la fecha, uno de los puntos que más preocupa (para el
caso de Tumaco) es la disputa abierta en las fronteras ubicadas entre los
barrios Familias en Acción y Nuevo Milenio, así como entre las que existen
entre el Olaya Herrera y Buenos Aires, donde se han presentado
enfrentamientos entre el FOS y las GUP. La disputa territorial ha generado
restricciones a la movilidad por cuenta del establecimiento de fronteras
invisibles.

 

En zona rural, los principales afectados por el FOS, según constataron en la
FIP, son los cultivadores de hoja de coca que podrían ser beneficiarios del
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), pactado por el
gobierno nacional y las Farc. De hecho, el asesinato de José Jair Cortés,
líder del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, en octubre de 2017,
habría sido cometido por esa organización como retaliación por el apoyo de
este líder comunitario a esa iniciativa. (Ver más en: El de José Jair
Cortés, otro asesinato anunciado en Tumaco)

 

La oposición del FOS al PNIS sería, además, la única fuente de legitimidad
que tendría esa organización en la región, particularmente con los colonos
que cultivan hoja de coca en tierras del consejo comunitario. Ello ocurre
porque, dado que el repoblamiento que realizaron las Farc en esa zona tuvo
profundos impactos sobre el consejo, el gobierno y la guerrilla acordaron en
La Habana que el Estado reubicaría a los campesinos para restituirles esas
tierras a los afrodescendientes, que son sus dueños. La decisión profundizó
las diferencias entre colonos y afros, en una disputa en la que el FOS ha
tomado partido por los primeros, muchos de los cuales no confían en el éxito
del proceso de sustitución y reubicación. (Ver más en: En Tumaco se debe
sanear primero la propiedad de la tierra y luego pensar en la sustitución)

 

De ahí que, de acuerdo con investigadores de la FIP, “la actitud predatoria
de esta organización armada se dirija más que todo hacia la población que
apoya el PNIS y programas de desarrollo en general, lo que deja en una clara
situación de vulnerabilidad y de falta de garantías de seguridad a las
comunidades afrocolombianas”. Las advertencias sobre las afectaciones de
este grupo también cobijan a los menores de edad, por riesgo de
reclutamiento forzado, y a las niñas y a las mujeres, ante riesgos de
secuestros y actos de violencia sexual.

Periodistas de Ecuador asesinados por disidentes de las Farc en Nariño.

Tumaco es el municipio con mayor número de hectáreas de hoja de coca
sembradas en Colombia, de acuerdo con Unodc. Foto: Policía Nacional.

 

La constitución del FOS como organización casi exclusivamente
narcotraficante es una herencia de la vocación que adquirió la desaparecida
columna móvil Daniel Aldana, que, en el pasado, fue uno de los mayores
músculos financieros de las Farc en el sur del país.

 

Herencia que dejaron las Farc

 

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores de la FIP,
la columna móvil Daniel Aldana de las Farc, de la que hacía parte ‘Guacho’,
había entrado en “un proceso acelerado de degradación” desde antes de la
firma del Acuerdo Final, sin que la comandancia de esa organización
insurgente tomara medidas eficaces para detenerlo. Ello ocurrió, en buena
parte, por la falta de cualificación política de los combatientes, cuya
dedicación era casi exclusiva a tareas militares y financieras. De hecho, la
participación decidida de esa estructura en el negocio del narcotráfico la
había llevado a “su punto máximo de poder” en 2016, lo que ocasionó que sus
integrantes fueran reacios a acatar las decisiones que se estaban tomando en
La Habana.

 

Para entonces, la Daniel Aldana estaba “en capacidad para librar una
confrontación integral”, dado que había alcanzado todos los recursos que
tenía disponibles a nivel geográfico, militar y financiero. Así, esa
estructura estaba integrada por cerca de 500 combatientes experimentados;
controlaba la frontera con Ecuador entre los ríos Mira y Mataje, donde
aseguraba el cultivo de hoja de coca, su procesamiento y su transporte hacia
puertos naturales del océano Pacífico; regulaba todas las actividades
ilícitas en su zona de influencia, desde extorsiones y secuestros hasta la
totalidad de la cadena de la economía cocalera; y había conseguido construir
una base social en la región gracias a la inserción de cocaleros
provenientes de Putumayo y Caquetá.

 

Uno de los aspectos que destacan los investigadores de la FIP es que red de
milicias adscritas a la columna Daniel Aldana no hacía trabajo político y
que sus integrantes, sin recibir formación ideológica, “realmente se
dedicaron a extorsionar, sacar coca por los esteros, cometer asesinatos
selectivos y dividir a la ciudad (Tumaco) en fronteras invisibles”. De ahí
que califiquen a las milicias del puerto como “una estructura de
subcontratación delincuencial”, conformada incluso por exintegrantes de la
banda criminal Los Rastrojos o del Bloque Libertadores del Sur de las
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

 

Aprovechando la incertidumbre generada por el proceso de paz, así como el
temor producido por la inminente entrada de las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (Agc) a Tumaco, desde noviembre de 2016, los investigadores de la
FIP establecieron que “narcotraficantes e intermediarios de carteles
internacionales se estaban haciendo sentir por medio de mensajes directos a
los guerrilleros rasos, integrantes de las redes de apoyo urbanas y a sus
familiares” con el fin de que no abandonaran el negocio del narcotráfico. La
situación empeoró a comienzos de 2017, cuando las Farc se negaron a recibir
a la mayoría de los milicianos de Tumaco en las Zonas Veredales por
considerar que no hacían parte integral de la organización insurgente. (Ver
más en: “No nos dejen morir”: exmiliciano de Tumaco)

Periodistas de Ecuador asesinados por disidentes de las Farc en Nariño.

 

En ese contexto de “degradación” y “criminalización” de la tropa, como lo
califican en la FIP, alias ‘Guacho’ era al interior de la columna móvil
Daniel Aldana “uno de los responsables de las finanzas y el encargado de
dinamizar las redes de tráfico de cocaína por las rutas fluviales y
terrestres que conectan el Alto Mira y Frontera con Terán y Cabo Manglares
en el océano Pacífico, así como con las rutas que en su momento abrieron
las Farc y narcotraficantes extranjeros por las provincias de Carchi y
Esmeraldas, en Ecuador, en especial a lo largo del río Mataje, que demarca
la frontera colombo-ecuatoriana”.

 

El fortalecimiento militar y financiero que había alcanzado la columna
móvil, en oposición a su debilitamiento político, así como la marginación de
las milicias del proceso de paz, serían las causas principales de la
formación del FOS. Al respecto, los investigadores de la FIP consignaron en
su informe que “tanto el Estado como las Farc tienen sus respectivas cuotas
de responsabilidad respecto a lo que sucedió con esa estructura armada”. El
primero por no haber “diseñado estrategias enfocadas en las milicias ni
prevenir la reorganización criminal en la región”, y las segundas por “su
falta de pedagogía con sus redes de apoyo y milicias, (que) si bien durante
el conflicto les fueron útiles para su economía de guerra, la sensación
generalizada en la región es que fueron abandonadas una vez iniciaron la
transición a la vida civil”.

 

Las prácticas de la desaparecida guerrilla en Nariño hacen que sean
difíciles de creer las reivindicaciones políticas que presenta el FOS en sus
comunicados, algunos de los cuales se remiten a incumplimientos en la
implementación del Acuerdo Final, a la necesidad de realizar cambios en los
modelos político y económico del país, y en general a los “ideales
revolucionarios” de dirigentes de las Farc, como ‘Manuel Marulanda’ y
‘Alfonso Cano’.

 

De hecho, en  un primer comunicado firmado por el FOS, referido a los
periodistas secuestrados y cuya autenticidad aún no confirman las
autoridades, se lee que “el Frente Óliver Sinisterra les recuerda a los
gobiernos de Ecuador y Colombia que no somos un grupo de delincuentes ni
narcotraficantes como ellos nos llaman, somos guerrilleros de las Farc-EP
que tenemos nuestros principios y nuestros ideales recordándoles que
volvimos al campo de batalla por la irresponsabilidad del gobierno
colombiano al no cumplir los acuerdos pactados con la dirección del
secretariado de las Farc-Ep”.

 

En ese escenario, desde la FIP alertan sobre la posible continuidad del
avance del FOS en territorio ecuatoriano, la ocurrencia de nuevos impactos
contra la población civil y excombatientes comprometidos con el proceso de
paz, y el eventual agravamiento de la confrontación en Tumaco. Todo ello, en
un territorio en el que, además del FOS y las GUP, exintegrantes del frente
29 y de las columnas móviles Mariscal Sucre y Daniel Aldana de las Farc han
creado las organizaciones Resistencia Campesina y Los de Sábalo, todas las
cuales podrían tener conflictos de interés con ‘los gaitanistas’ y la
guerrilla del Eln.

 

No obstante, la crisis de la frontera a la altura de Nariño, que cobró la
vida de los tres trabajadores del diario El Comercio, no solo es la
expresión de profundas fallas en la implementación del proceso de paz, sino
también de la incapacidad de Colombia y Ecuador para desarticular las redes
transnacionales del narcotráfico y garantizar los derechos de las
comunidades que habitan la región.

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