Nicaragua/ La peor masacre: 300 muertos y 2.500 heridos [Informe de CPDH - Maynor Salazar]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

1° de agosto 2018

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Nicaragua



En un país de apenas seis millones de habitantes Daniel Ortega desató una
carnicería



La peor masacre de Nicaragua: 300 muertos y 2,500 heridos



Informe de CPDH revela que Ortega también ha criminalizado el derecho a
protestar y hasta la fecha ha judicializado a 120 personas



Maynor Salazar



Confidencial, 1-8-2018

https://confidencial.com.ni/



El ataque violento realizado por fuerzas policiales y paramilitares en 106
días de protesta, contra manifestantes que exigen la renuncia del presidente
Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, ha dejado un total de 300
personas muertas y más de 2 500 heridos. El Gobierno del mandatario
sandinista también ha criminalizado el derecho a protestar y hasta la fecha
ha judicializado a 120 personas, según según el informe preliminar de la
Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).



El informe de la CPDH revela que del total de muertos, 139 son jóvenes (18 a
30 años), 131 adultos (30 o más), 25 adolescentes (13 a 17 años) y 5 son
niños menores de 12 años. Según el documento la mayoría de ciudadanos fueron
asesinados por disparos que impactaron en el pecho, cabeza y abdomen.
Algunos murieron por falta de atención médica oportuna, como el caso del
adolescente de 15 años, Álvaro Conrado, quien no fue recibido en el hospital
Cruz Azul.



En Managua se han registrado 134 muertos. En Masaya, cuyos habitantes
pasaron atrincherados durante dos meses, se reflejan 33. Carazo tiene 27 y
León un total de 21 víctimas fatales. El departamento con menor número de
asesinatos es Madriz, con un ciudadano muerto.



En estos meses de protestas, de acuerdo al informe de la CPDH, el ocho de
julio murieron 19 personas. El treinta de mayo se registraron 18, el veinte
de abril 17 y el veintiuno del mismo mes 14. Del total de 300 muertos, 286
son hombres y 14 son mujeres.



En entrevistas con Euronews y CNN en Español, el presidente Ortega sostuvo
que la cifra oficial de fallecidos desde el pasado 19 de abril es de 195, y
no de 295 como registra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), o de 300 como registran el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(Cenidh), y la CPDH. Según el mandatario, el secretario ejecutivo de la
CIDH, Paulo Abrao, “miente” al asegurar que el 90% de los muertos han sido a
causa de la represión del Gobierno. “Él está mintiendo, miente y miente
todos los días, llega a conclusiones simplemente por lo que escucha”,
reclamó.



Denis Darce, abogado de la CPDH, aclaró que el listado de esta organización
está soportado con nombres y apellidos, y aunque estos datos no serán
publicados por respeto a las víctimas y sus familiares, la información sí
fue entregada a los organismos internacionales. Sobre la declaración de
Ortega respecto a la cifra de muertos que contabiliza el Estado (195), el
defensor insistió en que el Gobierno está tratando de deslegitimar la labor
de las organizaciones de derechos humanos en el país, a través de este tipo
de declaraciones.



Darce aseguró que el Gobierno ha manipulado sus cifras a través de la
presión que ha ejercido la Policía Nacional o el Instituto de Medicina
Legal, a los familiares de las víctimas, a quienes se les ha insistió en que
no denunciaran los crímenes.



El abogado expresó que el informe de la CPDH incluye a todas las personas
que han muerto en las protestas, y no se ha hecho ninguna distinción por
filiación política, sino que se ha verificado e integrado a todos los
ciudadanos, sumando el dato de los oficiales de la Policía Nacional, de
quienes públicamente la institución ha dado cuenta de su deceso.



“Es importante destacar que nosotros como CPDH estamos demandando el
esclarecimiento del asesinado de estas 300 personas que han fallecido, y el
acceso a la justicia para las familias que han sobrevivido a esta
situación”, afirmó Darce.



Persecución y secuestro



El abogado de la CPDH reveló que existe una gran cantidad de personas que
están siendo perseguidas y secuestradas por participar en las protestas en
contra del régimen. Algunos han sido capturados y al menos 120 están siendo
judicializados en Managua.



En este sentido, Darce destacó que a las 120 personas que son acusadas en
los tribunales por los cargos de terrorismo, crimen organizado y asesinato,
como es el caso de Medardo Maire y Pablo Mena, líderes campesinos del
Movimiento Anticanal, se le está brindando acompañamiento legal.



“Estamos asumiendo la defensa técnica de estas personas a través de un
equipo jurídico especializado que hemos creado. Ellos han sido detenidos de
manera ilegal, han violentado sus derechos básicos, de igual manera, a pesar
de que tienen derecho a un abogado, cuando son presentados en la audiencia
preliminar, no han podido hablar con su familia o un defensor”, insistió
Darce



La mayoría de las personas que están siendo judicializadas han sido
presentadas fuera  del tiempo establecido constitucionalmente (48 horas). El
caso de Mairena y Mena, es un ejemplo claro de la violación a los derechos
que realiza el Estado, pues estos fueron remitidos 96 horas después de lo
estipulado.



Confabulación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial



Los abogados de la CPDH han identificado que existe un trabajo de
confabulación entre la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial. Y
otros actores como los paramilitares, los militares y oficiales en retiro, y
las autoridades del sistema penitenciario La Modelo.



Julio Montenegro, defensor de la CPDH, describió la forma de trabajo de cada
institución. Explicó que en la cadena primero están los paramilitares, que
se encargan de la captura de los ciudadanos que han participado en las
protestas en contra del régimen Ortega Murillo.



Luego “la Policìa Nacional, con los actos de investigación. La Fiscalía, al
momento de ejercer acción penal, y el Poder Judicial. Aquí se nominan a los
jueces que están preparados para el efecto, es decir, el que va a resolver
como ellos quieren”, manifestó Montenegro, quien aseguró tener información
de que la Fiscalía tiene en el congelador acusaciones elaboradas, listas
para ejecutarse.



El Sistema Penitenciario Nacional funge como centro de tortura. De acuerdo
con la información que tiene en su poder la CPDH, en este sitio, se encadena
de pies y manos a los detenidos, les rapan la cabeza y los golpean. Esta
forma de tortura se le aplica a Medardo Mairena y Pedro Mena.



“Y los que fueron militares. Ellos han intervenido y participado, son
exmiembros del Ejército que han fungido como francotiradores, hasta donde
tenemos información. Hacen uso de armas que solo ellos pueden manejar.
Tenemos pruebas y fotos que se han enviado a los organismos
internacionales”, asegurò Montenegro.



En el poder judicial continúa la violación de los derechos de los señalados,
pues realizan las audiencias de forma secreta y no están informando sobre la
programación de los casos, de tal forma que impide que los defensores
realicen la representación en la primera audiencia.



“Ellos están interesados en que las personas detenidas y acusadas, sean
representadas por abogados de oficio que siguen orientaciones del Poder
Judicial y del Partido de Gobierno. En casi todas las audiencias se ha
limitado el ingreso a los familiares de las víctimas y a los periodistas
independientes. Solo a los medios oficiales se les ha permitido la entrada.
En el caso de Mairena y Mena, según el acta de la audiencia, se violentó el
derecho a la defensa, pues a pesar de que ellos no tenían un abogado,
realizaron el procedimiento. Estamos hablando de una conspiración para
juzgar, a como dé lugar, para procesar a las personas por el derecho a
protestar”, explicó Darce.



Acusados por terrorismo



Los delitos por los que se les acusa a estas 120 personas van desde crimen
organizado, terrorismo, asesinato, portación ilegal de armas, uso de armas
restringidas, obstrucción a la libre circulación, entre otros. Los
familiares de los acusados, han mostrado, en innumerable ocasiones su
sorpresa, pues los señalados no han cometido tales delitos.



“Los familiares de los detenidos están aterrorizados, porque están siendo
imputados de hechos que no han cometido. Los acusan solo porque son jóvenes
que han estado participando en las protesta cívica, porque que llevaron
agua, o fueron bomberos voluntarios. Otros no son procesados, pero son
castigados de otra manera, un ejemplo son los médicos de León y Jinotepe,
que fueron despedidos”, manifestó Montenegro.



El abogado confesó que dentro de los juzgados es complicado dar con los
casos que se están judicializando por este tipo de delitos, pues al no tener
acceso a la información sobre tales procesos, tienen que rastrear sala por
sala, para poder defender a los acusados.



Asimismo reveló que además de las causas judicializadas por la Fiscalía, la
CPDH a través de las denuncias recibidas, tienen reportados 130 casos en los
cuales los acusados deberían ser algunas autoridades del Estado como la
Policía, el Ministerio de Salud, y también los paramilitares. Los delitos
que se les debería imputar son asesinato, homicidio frustrado, robos y
lesiones gravísimas.



“Al momento que levantamos las denuncias, las víctimas señalan a
paramilitares, miembros de la Juventud Sandinista, trabajadores de las
alcaldìas, algunos alcaldes como el de Matagalpa, Sadrach Zeledón, asimismo
autoridades del Ministerio Público, por delitos de omisiòn porque
prohibieron a médicos que brindaran servicios”, reafirmó Montenegro.

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