Nicaragua/ La lista macabra. Disparar a matar: estrategia de represión de las protestas [Vilma Núñez - entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de agosto 2018

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Nicaragua



Con la abogada Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos
Humanos.



La lista macabra



Tiene una larguísima trayectoria de militancia sandinista. Lideró la
comisión del Fsln que debía esclarecer el caso de “la piñata”, pero le
impidieron indagar. La organización que dirige hoy ha recibido cerca de mil
denuncias de violaciones de los derechos humanos desde que estallaron las
protestas populares en Nicaragua en abril: sobre asesinados, heridos,
torturas, desapariciones, persecuciones… El Cenidh lleva la cuenta de los
muertos en la rebelión popular. Ya son al menos 302.



La doctora Vilma Núñez cumple en unos meses 80 años. Hace 60 comenzaba a
estudiar derecho en la Universidad de León. El antisomocismo de la infancia
se convirtió por más de dos décadas en militancia sandinista y en un
compromiso por los derechos humanos que dura hasta hoy.



Eligió el derecho penal y sobre todo defender. Hace 20 años patrocinó a
Zoilamérica Narváez Murillo, hija de Rosario Murillo e hijastra del
comandante Daniel Ortega, en la acusación contra su padrastro de abuso
sexual cuando tenía 11 años. Ese enfrentamiento legal y ético con el
“monstruo que creamos en Nicaragua” la apartó definitivamente del Frente
Sandinista, según confiesa a Brecha.



Fundó y preside el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh),
institución que en los últimos meses se ha dedicado a documentar las muertes
que se han producido a raíz de las protestas cívicas autoconvocadas que
estallaron el 18 de abril pasado, y su represión. Una lista “macabra”, que
se completa con dolor, asegura.



Brecha conversó con ella durante su visita de esta semana a Montevideo, en
la que presentó en la antesala del Senado el informe de Amnistía
Internacional “Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en
Nicaragua”.



Alejandro Ferrari

Brecha, 3-8-2018

https://brecha.com.uy/



—¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Nicaragua?



—Estamos viviendo una realidad que no es nueva. Es una crisis de violación
sistemática de los derechos humanos. Pero a su vez es una situación inédita.
La novedad radica en la forma que han tomado estas violaciones, su
profundidad y magnitud, su prolongación en el tiempo, los métodos empleados
y las pocas posibilidades de solución inmediata.



Esta situación, sin embargo, se venía gestando desde que Daniel Ortega llegó
por segunda vez al poder y prácticamente empezó a desmontar el Estado de
derecho y a destruir la institucionalidad, asumiendo el control total y
absoluto de todas las instituciones del Estado, desde el Poder Judicial
hasta los cuerpos militares, como la Policía y el Ejército.



Al romper la institucionalidad, al no haber mecanismos de protección para
los derechos humanos, éstos se han ido deteriorando progresivamente. Hay una
política impulsada en ese sentido: como la exclusión de la participación
ciudadana y –algo que no se había dado en mucho tiempo– la persecución a los
defensores de los derechos humanos, quizás no con las características que
adquiere en otros países, pero sí con una obstaculización permanente.



Hay una persecución a toda la sociedad civil, que se manifiesta en
obstáculos y limitaciones de todo tipo, además de la represión a
determinados sectores en la rebelión que tenemos en el país desde mediados
de abril.



—Usted dice que la situación no es nueva. ¿Qué signos la anunciaban?



—En Nicaragua, incluso en la izquierda latinoamericana, se llegó a
invisibilizar la situación en la que estábamos. Cuando empezamos a denunciar
que nos estábamos acercando a una dictadura institucional me decían: “Te
estás volviendo contrarrevolucionaria”. Se tenía idealizada la situación y
se pensaba que éramos los mejores, hasta el extremo de acuñar la frase de
que Nicaragua era el país más seguro de América, en lugar de decir que tal
vez era el país con menos niveles de inseguridad visible. Porque es más
difícil luchar contra un enemigo oculto.



Llevo 60 años de militancia y lucha en derechos humanos, desde que era
estudiante. Luché contra la dictadura de Somoza, fui presa por esa misma
dictadura, y digo que era más fácil luchar contra la guardia asesina de
Somoza que mataba en las calles que luchar contra el actual régimen.



—¿Por qué?



—Ahora los métodos son más perversos y sutiles; es más difícil luchar contra
estos enemigos ocultos, contra autoridades que disfrazan de legalidad los
actos violatorios que cometen. Por ejemplo, ahora en Nicaragua se acaban de
dictar dos leyes que pretenden reformar la legislación y tipificar
nuevamente la figura del delito de terrorismo, que ya estaba tipificado en
el Código Penal con sus características propias, y hacer aparecer como
terrorismo todas las acciones y actividades que se pueden dar en medio de
estas crisis que se han establecido en el país.



La táctica de Daniel siempre fue cometer una violación de la ley y al rato
hacer que apareciera una nueva ley donde eso ya no era una violación sino
que estaba amparado en ella.



—Los informes que ha publicado el Cenidh de manera recurrente sobre las
víctimas mortales durante la rebelión comenzada el 18 de abril han tenido
mucha divulgación en la prensa mundial. ¿Cómo trabajan para establecer el
número de muertos y documentar esa  información?



—En Nicaragua hay tres organizaciones de derechos humanos. Nosotros vamos
más conservadoramente en los números porque tratamos de verificar, es una de
las cosas en las que más hemos tenido cuidado. No es cuestión meramente de
acumular estos datos macabros con cifras y nombres.



Primero se conoce la noticia. Cuando es difundida en los medios suelen
surgir dos situaciones. Una es que los familiares o conocidos se comunican
con nosotros y entonces tratamos de ubicar directamente a la víctima. Si no,
la empezamos a buscar en los medios, por ejemplo si tiene Whatsapp,
Internet, a través de la cédula, del padrón electoral… Cuando ya
documentamos esos primeros datos, en los casos en que la familia no llegó
directamente a nosotros, empezamos a buscar cómo contactar a la familia, a
los amigos, etcétera, hasta tener la certeza.



Hay un margen de error, pero siempre hemos tenido mucho cuidado y por eso
nos asustan las cifras de otros lados, de otros colegas.



Cada día que tenemos que incorporar una muerte a la lista es un sufrimiento
y una angustia para el que está realizando esta tarea. A la compañera a la
que le toca eso a veces le cuesta sentarse en la computadora para ingresar
nombres. Es verdaderamente terrible.



—¿De qué depende el margen de error?



—El margen de error, por ejemplo, crece por diversos motivos, especialmente
por el miedo. Hay temor, la gente ha comenzado a huir. Después de que se
desmontaron los tranques (retenes) y las barricadas hubo prácticamente una
cacería humana que ha hecho más difícil la identificación. Por ejemplo, en
Monimbó, Masaya, mucha gente huyó. Salieron por las laderas de Laguna de
Masaya y no se han encontrado, no sabemos dónde están. Lo mismo ocurrió en
Chontales, muchos huyeron para las montañas, y llevaban heridos que no
quisieron quedarse en los hospitales. No hay que olvidarse de que el sistema
de salud pública también fue instrumentalizado.



—¿Se expide algún certificado de defunción por los muertos?



—No del todo. Porque también estas instancias judiciales y administrativas
han sido intervenidas, sobre todo en Managua, y coludieron con el gobierno y
recibieron instrucciones. El Instituto de Medicina Legal juega un rol muy
importante con sus dictámenes. A una familia, por ejemplo, le entregaron el
cadáver en la morgue y le dieron el dictamen médico-legal. Cuando comenzaron
a vestirlo para el velorio encontraron una serie de señales que no se
correspondían con el dictamen. Nos avisaron, buscamos a un médico patólogo
privado y él determinó que había sido muerto por balas.



Hay una estrategia que consiste en impedir que se sepa que las muertes
fueron violentas y que fueron probadas. Hay toda una tarea pendiente, que es
documentar al máximo, porque se tiene que saber la verdad.



—¿Hay gente armada entre los manifestantes?



—Los muchachos no tienen el arsenal y el tipo de armas que el gobierno está
usando, pero definitivamente llevaban piedras, palos, huleras (hondas), y
también morteros, que son armas con bombas no de contacto, de fabricación
casera, que se arrojan con un disparador mecánico, un tubo donde se pone la
punta y tiene un percutor que se jala y el mortero dispara.



Son usados con el propósito de defenderse. Porque no hay que olvidarse de
que ha sido una agresión contra un pueblo desarmado que ha tenido que
defenderse. No se puede decir que estuvieron ahí esperando que les cayeran
las balas encima.



No lo puedo afirmar categóricamente, pero no puedo imaginarme que hayan
podido mantener ese nivel de resistencia tan grande y prolongada, en esas
condiciones tan difíciles, detrás de las barricadas, sin defenderse. Aunque
no con AK, ni armas de ese tipo. Pero sí algo tiene que haber habido.



—¿Ha habido muertos en la Policía y los paramilitares?



—Hay muertos de los dos lados. En esa lista macabra que confeccionamos no
hacemos diferencias, está compuesta por todos. En la lista hay 28 muertos
del Fsln; son los paramilitares y miembros del partido. Fueron los que
quemaron radio Darío; no los mató la resistencia, sino que con la misma
bomba incendiaria que lanzaron se quemaron ellos mismos.



En este sentido fue terrible para mí escuchar el mensaje de Daniel Ortega a
través de Cnn, en el que dijo que sólo son 195 muertos (según las cifras
oficiales en ese momento), aceptando que hay que restarles los 21 policías
(que figuran en el conteo de muertos en los enfrentamiento), como si no
fueran personas o que fueran de su pertenencia. Aquí no se trata de cifras,
sino de personas humanas y cómo los ha matado.



—¿Tomando en cuenta su propia trayectoria en el Fsln, podía imaginar el
escenario actual?



—Hoy el Frente Sandinista existe como sigla registrada en el Consejo Supremo
Electoral, pero la verdad es que el frente que formamos una vez con mucha
ilusión y convicción ya no existe.



Ya en épocas de la revolución la igualdad que se proclamaba no se veía;
había estándares de vida en la dirigencia sandinista que no se correspondían
con las limitaciones que vivía la generalidad de la gente en Nicaragua. La
derrota no fue tanto política, al perder las elecciones en 1990, sino la
debacle ética que representó “la piñata”, que tiene repercusiones hasta
ahora.



Muchos dirigentes decidieron irse y dedicarse a cuestiones personales, como
terminar sus estudios. Algunos estaban desconformes, pero decidieron no
decir nada. Sergio Ramírez fundó en 1995 el Movimiento Renovador Sandinista
(Mrs). En ese momento yo tenía más participación política y no estaba de
acuerdo, me parecía que tanto Sergio como Dora María Téllez tenían muchas
más posibilidades de hacer cambios dentro del Frente, y opté por luchar
dentro.



Una parte importantísima del Frente se fue al Mrs, muchas cabezas pensantes.
Algunos nos quedamos dando la batalla internamente. Los únicos comandantes
que siguieron fueron Daniel Ortega, Bayardo Arce y Tomás Borge. Pero el que
manejaba todo era Daniel.



En 1996 establecieron que iba a haber una consulta popular interna para
escoger a los candidatos. Todo eso resultó un engaño después, sin embargo un
grupo de compañeros me instaron a asumir el reto de enfrentarme a Daniel
Ortega en esa campaña. Le quité un 30 por ciento de votos en el congreso, y
lo tomó como una falta de respeto. Yo sabía que no le iba a ganar, era una
contribución para abrir espacios.



—¿Se investigó “la piñata”?



—Lo de “la piñata” es lo más terrible que ha pasado. Cuando fue el primer
congreso del Frente Sandinista luego de la derrota hubo una gran presión
para que se esclareciera, y se vieron obligados a nombrar una comisión de
ética. Yo salí electa por unanimidad coordinadora de la comisión, junto a
cuatro compañeros más. Fue la frustración más grande de mi vida, no había
ninguna posibilidad de investigar. Un día tuve que rendir un informe ante la
asamblea sandinista diciendo que no había ninguna posibilidad real de
investigación y que ninguno de los dirigentes daba información. Daniel
Ortega era uno de los primeros que se oponían a que se conociera cuál era el
patrimonio del Frente Sandinista. Me convencí de que lo que decían, que “la
piñata” era para poder tener fondos para seguir haciendo la revolución, era
pura mentira. Lo que buscaban era el enriquecimiento personal.



—¿Qué la llevó a ser abogada y consagrar su vida a la defensa de los
derechos humanos?



—Siempre tiene que haber una motivación personal cuando se defienden los
derechos humanos. Soy originaria de un pueblo del centro del país, Acoyapa,
departamento de Chontales. Mi padre era dirigente del Partido Conservador,
el partido tradicional de oposición a Somoza, y cada vez que había una
revuelta en contra de Somoza a mi padre lo encarcelaban. Aquello de ir a
buscarlo a la cárcel, de rogarles a los guardias, me fue convirtiendo en
antisomocista.



Generé mi conciencia política en la Universidad de León, a la que ingresé en
1958 y que inauguraba la autonomía universitaria. Comencé a vincularme con
el movimiento estudiantil cuando fundamos un comité estudiantil por la
libertad de los presos políticos universitarios; estaban presos dos
profesores universitarios y un estudiante, que era Tomás Borge. Los
vinculaban con el ajusticiamiento de Somoza García, allí en León, en 1956.



Soy sobreviviente de la masacre estudiantil de 1959. Luego fundamos lo que
se llamó la Generación del 23 de Julio, cuna de la que surgió el Frente
Sandinista en 1961. Me vinculé al Frente en 1974, cuando era abogada
penalista, defendiendo gratuitamente a todos los reos políticos.



—¿Usted se apartó del Frente Sandinista?



—Yo pensé que con la revolución definitivamente nos habíamos desligado de la
atadura con Somoza. Me imaginaba la revolución como un muchacho armado con
un fusil en una mano y el estatuto fundamental en la otra, porque ahí se
describía la nueva Nicaragua, la nueva Constitución, prácticamente, que
abolió la pena de muerte, pregonaba el respeto absoluto a los derechos
humanos, etcétera. Era una idealización muy grande y creo que por eso mismo
se convirtió en un error.



La razón por la que me separé del Frente fue la denuncia de Zoilamérica
Murillo contra Daniel Ortega. Contra la falta de democracia se podía luchar
internamente, “la piñata” era una barbaridad, pero pensar y llegar a
convencerme de que era un violador de una niña de 11 años no lo podía
aceptar.



Y a pesar de que la misma Rosario Murillo intentaba convencerme de que no le
creyera, fui la abogada de Zoilamérica y llevé el caso a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Eso me sacó completamente del partido.



Con todo lo que está pasando creo que tenemos que hacer un examen, una
autocrítica, preguntarnos en qué fallamos y de qué somos responsables.



Muchas veces he pensado que hay una deuda pendiente con los 50 mil muertos
de la guerra: cuando se terminó la guerra y se perdieron las elecciones no
se creó una comisión de la verdad. Eso ha hecho que lleguen a mi mente una
serie de cosas que ahora me parecen terribles. Ayer me estaba acordando del
caso de un muchacho de aquí, de Uruguay, que murió allá, muerto por la
contra. Hijo de una compañera llamada Susana Iglesias. Ese muchacho murió en
la guerra, defendiendo la revolución, y la forma como se manejaban las
situaciones de los que morían en el Ejército era terrible, los
invisibilizaban, los enterraban en fosas comunes para que la gente no se
diera cuenta.



Y me acuerdo de que Susana llegó a Nicaragua a buscar a su hijo, hasta que
encontró su cadáver en una fosa común y se lo trajo para Uruguay.



¿Por qué no les dimos importancia a esas cosas? Todos decían “viene la
invasión”, “nos van a invadir”. Una serie de manejos. Ahora estamos frente a
un monstruo que creamos. Todos los sandinistas, sea quien sea, tenemos
alguna dosis de responsabilidad.

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La última lista



El último informe general del Cenidh consigna que entre el 18 de abril y el
25 de julio de 2018 hubo 302 fallecidos, entre los que se incluyen tres
cadáveres sin identificar que están en el Instituto de Medicina Legal.



De ellos, 12 son mujeres y 290 hombres; 18 son menores de edad, entre los
que se encuentran dos infantes de cinco y 14 meses y una niña de 2 años y
medio. Hay 35 estudiantes de primaria, secundaria y universidad; 21 policías
y 28 personas del Fsln vinculadas al conflicto. Entre los muertos también
hay tres extranjeros (un cineasta guatemalteco, un ciudadano estadounidense
y una médica brasileña) y un periodista nicaragüense.



Los días en los que hubo más fallecidos fueron el 19 y el 20 de abril, y el
30 de mayo.

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Vilma Núñez hojea un ejemplar de Brecha que lleva en la tapa una foto de
José Mujica con Daniel Ortega (20-VII-18) y encuentra el testimonio de
uruguayos que combatieron en la revolución sandinista. “No puedo terminar
sin dejar un mensaje al pueblo uruguayo. Un sector del pueblo uruguayo
contribuyó muchísimo a lo que fue la revolución nicaragüense. Seguramente
esta gente se siente tan traicionada como me siento yo. Nosotros esperamos
que incidan ante su gobierno, que también tiene la posibilidad y la
autoridad moral para hablar y exigir el respeto a los derechos humanos.



Mujica es la única persona en Latinoamérica que se ha animado a hablar.
Estas últimas declaraciones dichas así, con dificultad, las dijo. Y las
agradezco profundamente”, finalizó.

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