Argentina/ La votación por el aborto legal y su impacto en América Latina [Lucía Cholakian Herrera y Carla Perelló]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de agosto 2018

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Argentina



La votación en Argentina por el aborto legal y su impacto en América Latina



Lucía Cholakian Herrera y Carla Perelló



Redacción de Nodal, 8-8-2018

https://www.nodal.am/



Hoy, 8 de agosto, se debatirá en el Senado argentino el proyecto de Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que recibió media sanción en la
Cámara de Diputados el pasado 14 de junio. La ley, que legalizaría el aborto
para las personas gestantes del país, puso en agenda una discusión muy
esperada: la de los derechos sexuales y reproductivos no sólo en Argentina
sino también en muchos países de América Latina.



Desde marzo, mes en el que el presidente Mauricio Macri anunció que
habilitaría su debate en el Congreso, la discusión por el aborto legal cobró
dimensiones sin precedentes en los medios, las instituciones y la esfera
pública. Atravesado por décadas de lucha por parte del movimiento feminista
pero también por fuertes pujas de intereses por parte de la Iglesia y
sectores conservadores de la política, las discusiones alcanzaron carácter
internacional: prueba de ello es que durante esta semana se realizarán cerca
de 40 pañuelazos en distintas ciudades del mundo para apoyar la votación
favorable en el Senado argentino.

La región no estuvo exenta de la “marea verde”. Ante un contexto adverso, de
avanzada de la derecha neoliberal en muchos países, el movimiento feminista
redobló la apuesta. Es que ante mayor pobreza y desigualdad, las mujeres
resisten una doble opresión.



El reclamo por el aborto legal en América Latina no está solamente ligado al
pedido de garantía por parte del Estado de prácticas de interrupción
voluntaria del embarazo seguras y salubres, sino también a la
descriminalización de las mujeres y personas gestantes por estos motivos.
Para más, la clandestinidad del aborto dificulta el acceso a cifras que den
cuenta del panorama que se vive. El tabú es tal que en algunos países ni
siquiera existen estimativos sobre mujeres ingresadas a hospitales por
complicaciones ni los Estados intentan llevar adelante una política que
visibilice esta práctica. Pues las mujeres abortan pese a las condenas de la
leyes y pese a arriesgarse a la muerte. Leyes que, en muchos casos, tampoco
son efectivas y sólo ponen un manto de oscuridad sobre las decisiones que
toman las mujeres y personas gestantes.



Se conocen, de todas maneras, historias que las organizaciones feministas y
el movimiento de mujeres se han dado la tarea de visibilizar. En República
Dominicana, Rosaura -de 16 años- murió por tener leucemia y haber sido
negada a un tratamiento por estar embarazada. Belén, de Argentina, y
Teodora, de El Salvador, cumplieron penas en la cárcel por abortos
espontáneos y complicaciones obstétricas. Mainumby, de Paraguay, fue violada
a los 10 años y obligada a parir. Tania tuvo que hacerse un aborto
clandestino en Chile para poder tratarse por el cáncer, ya que se le negaba
uno seguro. Las historias siguen. Las organizaciones de América Latina y el
Caribe luchan por la legalización del aborto desde una perspectiva de
géneros, derechos y clase. Desde NODAL recopilamos sus voces y tuvimos
conversaciones acerca de las demandas particulares de cada sociedad,
articulando un mapa que da cuenta de una cosa: la demanda por el aborto
legal es regional.



Brasil: sin bajar los brazos



En Brasil, la interrupción del embarazo se considera legal en casos de
violación y en caso de riesgo de vida para la gestante, según consta en el
Código Penal de 1940. Entrado el siglo XXI se logró que se incluyeran los
casos de fetos anencéfalos. En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia
del país lleva a cabo audiencias -se realizaron el 3 y 6 de agosto- para
debatir la despenalización hasta la semana 12, sin embargo este no es el
primer paso que se ha dado para lograr este derecho. Las mujeres brasileñas
vienen dando la lucha incansable ante tribunales y el Congreso de la Nación
para que el derecho sea ley.



En 2015, a través del diputado Jean Wyllys, ingresó al Parlamento nacional
el pedido de tratamiento para un proyecto de ley que es muy similar al
argentino. En 2016, se movilizaron contra la propuesta de Eduardo Cunha de
retrotraer los derechos de las mujeres aún hasta antes de 1940, quitando las
posibilidades de una interrupción voluntaria en todos los casos. “Hemos
venido a las calles nuevamente, las mujeres de varios movimientos sociales,
feministas, partidos que tienen como parte de su lucha la defensa de los
derechos sexuales y reproductivos”, cuenta a NODAL Luka Franca, integrante
de la Setorial Nacional de Mulheres do PSOL.

“Nuestras luchas han sido defensivas, ahora estamos camino hacia la
despenalización y luego de la batalla en el Tribunal Supremo iremos al
Congreso por la efectiva legalización del aborto. Es que el actual
presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, tiene entre los temas
principales de su agenda barrer con los derechos sexuales y reproductivos.
No sabemos cuándo finalmente serán las votaciones, pero ya no estamos más a
la defensiva, estamos en proceso de poner el debate sobre la mesa nuevamente
para ampliar derechos para las mujeres cis y para los varones trans, por la
vida de quienes sufren violaciones. El 28 de septiembre es nuestro día
latinoamericano por la legalización del aborto, esperamos que podamos hacer
una gran ola verde en América Latina entera para celebrar una posible
conquista en Argentina e impulsar el movimiento feminista y la lucha de las
mujeres”, explica Luka Franca.



Paraguay: por el fin de los silencios y de los fundamentalismos



“Paraguay es un país donde no se habla del aborto, es un tema tabú,
estigmatizante. Si bien Paraguay no ha debatido y casi es imposible hacerlo,
muchas voces feministas se han levantado para explicar de qué se trata este
derecho en los medios de comunicación. De todos modos, las voces de grupos
religiosos fundamentalistas imposibilitan todo diálogo civilizado ni
siquiera para abrir algunos tipos de despenalizaciones de abortos no
punibles. Este debate en derechos humanos tampoco se trabaja cabalmente, ni
social ni judicialmente. Aunque en el Ministerio de la Mujer y en la
sociedad muchas mujeres abortan en condiciones de tremenda insalubridad
todos los días, especialmente las más pobres y vulnerables. Las áreas de
salud, al ser el aborto prohibido en todos los casos no atienden a mujeres
que llegan a ellos con hemorragias y sepsis (aún la Cruz Roja he visto
negarse a atender a una mujer) por no “complicarse en abortos y perder sus
licencias profesionales”, por lo cual las mujeres están en una situación
grave de falta de atención en salud, ni siquiera para ayudarlas a no morir”.
Carmen Colazo, consultora de género, académica y activista feminista en
Paraguay.



En la época de la Convención Nacional Constituyente que dio vida a la
Constitución de 1992 se habló de planificación familiar y la Iglesia salió
al cruce diciendo que la planificación permitiría el aborto. Entonces, fue
la misma Iglesia la que determinó que “hay vida desde la concepción”,
cuestión que poco más tarde se pudo sortear gracias al Pacto de San José de
Costa Rica. En ese momento, “se alzaron pocas voces para mencionar el tema,
y luego se produjo un silencio que ha sido subvertido en los últimos
tiempos, cuando Argentina ha posicionado el derecho a la interrupción del
embarazo como tema de debate nacional”, dice Colazo. Desde esa época, el
aborto está permitido sólo cuando entra en conflicto la salud de la mujer o
del feto. Según ella pudo constatar a través del Ministerio de la Mujer,
“está muy lejos en Paraguay el derecho a interrumpir el embarazo por otras
causales. De todos modos la hipocresía hace que ni las mujeres (únicas
responsabilizadas por el embarazo) vayan presas, ni las parteras, en un país
pobre, sin servicios de salud en el interior, donde no sabemos cuántas
mujeres mueren realmente por abortos o feminicidos”.



Perú



– ¿Cuántos años tiene, diez años, once añitos? […] ¿Pero está desflorada?
[…] Ya, pero ¿quién le ha hecho eso? […] Ya, yo voy a pedir el expediente
para verlo, ya […] ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo
declaren inocente?.



Quien habla es el presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la
Corte Suprema de Perú, César Hinostroza. En el audio difundido por
IDL-Reporteros se lo escucha al magistrado negociar la condena para un
violador sexual a una niña de diez años. La investigación develó una trama
de corrupción y tráfico de influencias dentro del Poder Judicial del país.
Entonces, las mujeres organizadas salieron a las calles a denunciar a la
Justicia machista. Se unieron, también, al grito de “Poder Judicial,
vergüenza nacional” alzado por todo el pueblo peruano en diversas marchas
nacionales que se llevaron a cabo. En Perú las políticas restrictivas sobre
los cuerpos no son nuevas: durante 1996 y el 2000 Alberto Fujimori
implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación
Familiar por el cual esterilizó a más de 350 mil mujeres y realizó más de 22
mil vasectomías a varones, quienes aún sufren repercusiones en su salud.



“La coyuntura no nos deja respirar”, dice a NODAL Jilian Ruíz, activista
feminista limeña, al otro lado de la línea del teléfono. “Estamos de
movilizaciones en movilizaciones y no estamos en un movimiento que aún vaya
a trabajar por el aborto legal, seguro y gratuito”, cuenta. Sin embargo, las
redes de mujeres que acompañan y brindan información sobre abortos con
misoprostol existen y tienen funcionamiento. También, han tomado gran
impulso luego de la media sanción de la ley en Argentina y se han convocado
en lo que llamaron Asamblea Feminista, en Lima. En las redes, también hubo
lanzamientos de campañas y la elección de un pañuelo que las aúne por esta
lucha.



Allí, el antecedente más fuerte para salir del silencio fue en 2012, con la
campaña Déjala Decidir, para solicitar a los gobernantes la despenalización
del aborto en Perú. En la actualidad, sólo el aborto terapéutico es legal
desde 1924 y, en ese sentido, existen diversas visiones sobre si continuar
en esa línea de trabajo o si pelear por el aborto legal en todas sus
causales.



Para Lisbeth Guillén, del Movimiento Manuela Ramos, “es necesario que se
apruebe una ley que despenalice el aborto en violación sexual, demanda
concretada a través del proyecto de ley 387 (link al proyecto
http://www.indirahuilca.pe/despenalizar/)”, presentado en 2016 por la
diputada Indira Huilca (Frente Amplio). En un reciente estudio de la
Fiscalía de la Nación sobre historias entre el 2013 y 2017, el 76 por ciento
de las víctimas de violación sexual son niñas menores de edad y el el 60 por
ciento tenía entre 13 y 17 años cuando fueron abusadas. Según indica
Guillén, en Perú, además se realizan 352 mil abortos al año. “Si bien
tenemos aborto terapéutico, se aplica débilmente o no se implementa
adecuadamente poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Es una
demanda de los movimiento feministas la despenalización del aborto, porque
afecta su autonomía, su libertad e incluso cuando es por violación afecta su
proyecto de vida”, denuncia. “Exigimos que el Estado garantice a las mujeres
el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”.



Honduras



Angélica Álvarez tiene 23 años y se la escucha con un tono fuerte desde el
país centroamericano. “Honduras es un país altamente conservador, que
responde a un capital cultural patriarcal machista y misógino. Además,
tenemos una fuerte influencia religiosa, por lo tanto, referirnos al tema
del aborto es tabú”. En Honduras el aborto es considerado ilegal bajo
cualquier circunstancia, se mantiene en el Código Penal como un delito grave
por lo que, cualquier mujer o niña que sea considerada de violar la ley
podría ser encarcelada hasta por seis años. “Negar a las mujeres y a las
niñas el acceso a servicios de aborto seguro en caso de riesgo para la salud
o violación, incesto o inviabilidad del feto causa un profundo sufrimiento
físico y psicológico en muchas mujeres y niñas. Esto tiene que ver con la
instrumentalización del cuerpo de la mujer y la negación a nuestra
autonomía”, sostiene. Las cuentas son claras para ella: “El mejoramiento de
las condiciones sería que el Estado respete, proteja y haga efectivo el
acceso de la mujer a la salud incluida la salud sexual y reproductiva, que
no se permite la influencia de los grupos conservadores y fundamentalistas
perpetuar el actual estancamiento legislativo, sería apostarle a nuestra
autonomía a nuestra libertad de decisión”.



Venezuela: por la igualdad de acceso



Teniendo en cuenta una perspectiva de género a la hora de analizar el
presente venezolano, una realidad se vuelve evidente: ante el crecimiento de
la desigualdad social y el empobrecimiento, son las mujeres y las niñas/os
las/os más afectados en términos económicos. Esto ensancha también la brecha
de desigualdad de acceso a derechos básicos como son la salud, el alimento y
la vivienda.

“En este momento en Venezuela el aborto es un problema de clase. Estamos
viviendo una de las crisis económicas más profundas que ha vivido nuestro
país en su historia reciente. No se encuentran medicamentos, la comida es
muy cara, y por lo tanto tener hijas o hijos es una irresponsabilidad”,
explica Daniella Hinojosa, de la Araña Feminista, desde Caracas. “No existe
ninguna política constante de distribución gratuita de anticonceptivos. Por
lo tanto las posibilidades de que una mujer quede embarazada son bastante
altas. Por lo tanto las mujeres de clases más necesitadas se hacen abortos
insalubres, que tienen precios exorbitantes, por lo que muchas mujeres
compran el tratamiento incompleto por no poder pagarlo”.



Ante esta ausencia del Estado y el crecimiento de la problemática, las
mujeres venezolanas no se rinden. Durante este año participaron todos los 28
de cada mes de la Asamblea Nacional Constituyente con la idea de presentar
cinco artículos que despenalicen y regulen el aborto en Venezuela, como
medida de máxima. Y como medida de mínima, piden que se modifique el
artículo 76 de la constitución actual para que se puedan abrir las puertas
para debatir el aborto. “Nosotras a partir de la media sanción en Argentina
tuvimos un gran impulso, sobre todo mediático, porque Argentina es de una
población muy grande y las movilizaciones de las compañeras fueron enormes y
marcaron un hito en el feminismo latinoamericano. Eso fue reseñado por todos
los medios de comunicación. Cuando tenemos nuestro derecho de palabra en la
ANC logramos tener una cobertura mediática que no habíamos logrado en los 28
anteriores ni en manifestaciones anteriores”.



Así, las mujeres venezolanas, subidas a la marea verde feminista que llega
desde el cono sur, avanzan en los reclamos por sus derechos sexuales y
reproductivos en un contexto adverso. “La verdad es que las mujeres
abortamos, pero a muchos no les gusta reconocer que eso es una realidad y
que no hemos logrado cambiar porque esté penalizado. Lo único que se ha
logrado es que hayan más muertes y mujeres presas por decidir sobre su vida
y sobre su cuerpo”.



Por el cumplimiento de las normativas



México – Costa Rica



Laura Andrade, de Ipas México, explica la situación de la normativa sobre
aborto en su país: “En México, existe una Constitución Federal, regente para
toda la nación; sin embargo, cada una de las 32 entidades federativas
cuentan con sus propios marcos normativos autónomos que rigen los temas en
cada entidad, incluyendo el de aborto. Hay entidades que cuentan con 6
causales y otras que tienen solo 2. Sólo en la Ciudad de México, la capital
del país, existe el aborto electivo y despenalizado, además de 5 causales
similares a las otras entidades”, sin embargo, la desinformación y el
estigma social entorpecen el cumplimiento efectivo de estos derechos, “El
sistema gubernamental de salud no genera campañas permanentes para informar
al respecto y lo atribuimos al estigma social alrededor del tema. Nuestro
trabajo encuentra limitaciones importantes, sobre todo frente a posturas
personales de funcionarios públicos que se dicen contra la despenalización y
que construyen barreras para que las mujeres no puedan acceder a
procedimientos legales y seguros frente al vacío o las lagunas normativas
que existen sobre todo en algunos estados más restrictivos.



Es por esto que en la actualidad, las organizaciones mexicanas reclaman la
total despenalización y legalización en todo el territorio mexicano, no sólo
en la capital. Esto se ve, además, agudizado por la existencia de
comunidades originarias y problemáticas en el sub-registro de las cifras de
aborto en el país.



Larissa Arroyo Navarrete, abogada especialista en derechos humanos en Costa
Rica, integrante de la organización ACCEDER, explica un panorama similar en
su país: “En Costa Rica, si bien es cierto que tenemos un marco legal que
permite el aborto impune al menos en las causales de vida y salud (desde
1918), lo cierto es que no se ha cumplido nunca porque no hay una norma
técnico protocolo y el personal de salud, primero que todo por un tema de
costumbre institucional basado en el estigma y el desconocimiento técnico
médico como jurídico pues hace que te nieguen el acceso al aborto impune o,
bien, nada más de manera directa o indirecta o bien ni siquiera informando a
las mujeres de que es una posibilidad, con lo cual no hay forma de
reclamarlo.” Allí, además de la falta de cumplimiento, también opera la
problemática de sub-registro, fundamental para la elaboración de cualquier
tipo de política pública o actualización de normativas. “No tenemos
absolutamente ningún tipo de información respecto de aborto, sobre todo de
aborto clandestino”.



La prueba de lo que Navarrete dice se encuentra en los casos que representa
de Ana y Aurora, dos mujeres a quienes en 2007 y 2012, no les permitieron
acceder a un aborto, pese a que se los permitía la ley por correr riesgo su
salud. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Costa Rica en este momento está incumpliendo un acuerdo con la CIDH por
estas dos mujeres, por eso estamos por hacer una denuncia ante la Corte por
no cumplir con la creación de una norma técnica que permita que se aplique
eficientemente lo que dice el Código Penal”, dijo ante NODAL la diputada del
Partido Acción Ciudadana, Paola Vega. Ella reclamó al presidente Carlos
Alvarado, de su mismo partido, “que los compromisos de campaña se cumplan a
cavalidad”, tras declarar que es un tema que “distrae” de lo prioritario.



En Costa Rica no hay misoprostol ni un producto similar. “Se ha
desaconsejado porque sino las mujeres lo usarían”, avisa Arroyo Navarrete a
NODAL. Tampoco hay mifepristona. La técnica que se utiliza es el legrado,
más conocido como raspaje, intervención que desde el 2002 la Organización
Mundial de la Salud desaconseja por ser un método invasivo y costoso.



Ecuador: por el derecho a decidir en libertad



En Ecuador se está dando una batalla social por la despenalización social
acompañado de una propuesta normativa que permita a las mujeres y personas
gestantes decidir sobre sus cuerpos con libertad que fue presentada ante la
Asamblea Nacional. Como explica Virginia Gómez, de la Fundación Desafío,
quienes se oponen a estos reclamos “todo el tiempo están atacando y tratando
de  introducir el artículo que protege la vida desde la concepción. Estamos
en esa lucha actualmente con la elaboración del nuevo Código de Salud en el
cual han introducido este artículo y otro de objeción de conciencia, lo que
dan ambigüedad y discrecionalidad a quien los consulta”.



Como en Perú, los movimientos feministas ecuatorianos avanzan sobre todo con
el reclamo por la despenalización en los casos de violencias sexual, como
forma de abrir el debate y romper con el tabú instaurado alrededor de la
práctica: “Nuestro objetivo es abrir el debate nuevamente sobre aborto en
caso de violación. Por ahora hay una propuesta ingresada que es la del
Defensor Público, y sobre esa se ha permitido nuestra presencia. En un
contexto de efervescencia política por los problemas de corrupción del
gobierno anterior, los y las asambleístas están divididos y negociando sus
posiciones sobre todo en nuestros temas. Eso se ve en la construcción del
Código de Salud y en el proceso de reformas al Código Penal”.

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