Nicaragua/ Examen de la situación al 8 de agosto [A l´encontre - desde Managua]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de agosto 2018

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Nicaragua

 

Examen de la situación el 8 de agosto de 2018

 

Por nuestro corresponsal en Managua, 7-8 de agosto 2018

A l’encontre, 9-8-2018

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Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa

1. El aumento de las amenazas por parte del aparato de Estado y de la
criminalización de sectores de la oposición -incluidos miembro de las
organizaciones de defensa de los Derechos Humanos- pautan la fase actual.
Esta situación ha llevado al cierre obligado –temporal- de la sede de la
Asociación Nicaragüense Por los Derechos  Humanos (ANPDH) y al traslado a
Costa Rica de su secretario ejecutivo, Álvaro Leiva, ya que los miembros de
esta asociación viven bajo amenaza permanente. [1]

 

2. El exilio forzado del equipo de la ANPDH se debe a las amenazas de muerte
y a la inseguridad permanente en su trabajo de defensores de los Derechos
Humanos. Esta persecución constituye una violación flagrante de las
obligaciones, por parte del Estado nicaragüense, de las normas
interamericanas. 

 

3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó la muerte
violenta de 317 personas durante la represión de las manifestaciones. La
ANPDH registró, por su parte, 448 personas. Ortega reconoció el asesinato de
195 personas. En otros términos y más allá de las cifras vertidas por el
gobierno, Ortega reconoce que las fuerzas represivas del Estado han matado a
personas sin defensa.

 

4.  El gobierno sigue poniendo obstáculos para llevar adelante su tarea a
los equipos de trabajo de la CIDH y del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Las actividades de la CIDH, a
través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que
debía efectuar una visita de las cárceles nicaragüenses, no han sido
autorizadas por el gobierno.

 

5. Desde fines de julio, el gobierno aplica una nueva forma de represión que
apunta a la familia y a la comunidad. El control represivo es ejercido a
través de fuerzas irregulares, un ejército paralelo integrado por
paramilitares. La represión se ejerce también a través del sistema judicial,
oficializando la criminalización de las protestas, sin que exista ninguna
garantía en los procesos.

 

6. En Managua, Masaya, Jinotepe, Diriamba, Jinotega o León, los habitantes
viven bajo el terror impuesto por los paramilitares armados y encapuchados.
El temor que un pariente o un conocido pueda ser detenido por las fuerzas
"parapoliciales" es permanente. La presencia paramilitar tiene por objetivo
el de prohibir nuevas expresiones sociales de la protesta cívica así como el
de intensificar la persecución de la población en este nuevo contexto de
intento de condena y de criminalización oficial de la movilización social.

 

7. La preocupación sobre la situación de los presos políticos se acentúa,
dadas las revelaciones sobre las violaciones de los Derechos Humanos.
Efectivamente, las informaciones provenientes de las familias de presos o de
otros detenidos, indican que el uso de la tortura es moneda corriente.

 

8. Miles de familias viven con la angustia y el dolor del asesinato de
alguno de los suyos o por aquellos que han sido detenidos, torturados,
perseguidos y llevados ante el juez por haber participado en manifestaciones
callejeras democráticas y pacíficas, en cortes de ruta (tranques), o por
haber resistido detrás de una barricada. La violencia gubernamental ha
llegado a límites que nunca hubiéramos imaginado en la Nicaragua de "tiempos
de paz".

 

9. Más de 85.000 personas han perdido su trabajo formal entre el 18 de abril
y el 30 de junio de 2018, según las estadísticas del Banco Central de
Nicaragua (BCN). Pero, por su parte, los cálculos de la Fundación
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), hablan de la
destrucción de 225.000 puestos de trabajo en los sectores formal e informal.
Estos últimos son mayoritarios, dado el peso de la "informalidad" en la
economía, una informalidad que es funcional al sector formal. (Ver los datos
enumerados en el punto 17)

 

10. El desempleo resultante de la crisis no se debe solo a la semi-parálisis
de diferentes actividades económicas (micro empresas, talleres de
fabricación de muebles, turismo, comercio), sino también a la represión
estatal. Más de un centenar de personas han sido expulsadas del sector
público, ya sea porque han participado a las manifestaciones o porque han
prestado asistencia a los heridos, como médicos y otros funcionarios de la
salud.

 

11. El gobierno Ortega-Murillo ha ordenado el saqueo de empresas o
invasiones de tierras, que eran la base de la inversión extranjera y local y
la clave de la creación de puestos de trabajo en los años precedentes. En
otros términos, no hay "paz" y la vida no es "normal", para utilizar las
fórmulas que utiliza Ortega en sus entrevistas y declaraciones. La
ciudadanía se siente impotente, vulnerable, amenazada y aterrorizada. 

 

12. El gobierno Ortega-Murillo ha intensificado la persecución contra los
participantes en las manifestaciones. Ha despedido también, de manera
arbitraria, personal de hospitales y del sistema de salud pública. Al menos
135 funcionarios fueron despedidos en hospitales de León, Jinotepe, Masaya y
Managua, comprendiendo a médicos, enfermeras, camilleros y personal
administrativo.

 

13. La tendencia económica para los años a venir es la siguiente: el
endeudamiento público y el desempleo seguirán en aumento; habrá seguramente
un estancamiento del crecimiento o un retroceso del PIB, que podría situarse
en un terreno negativo…

 

14. Un grupo de mujeres nicaragüenses cuyo peso es innegable, entre las
cuales Gioconda Belli, Cristiana Chamorro, Lea Guido, Rita Delia Caso y
otras 12 personalidades, ha firmado un documento dirigido al jefe del
Ejército pidiéndole que desarme a los paramilitares que cometen actos
criminales contra la población.

 

15. El gobierno Ortega-Murillo ha declarado que no va a autorizar la
Comisión de la OEA a entrar en Nicaragua. Eso podría provocar la congelación
del desembolso de préstamos del BID y del Banco Mundial, que juntos
representan 68% del financiamiento total de Nicaragua. Con su decisión,
Ortega corre también el riesgo  de que sea solicitada su renuncia en la
próxima reunión del Consejo Permanente de la OEA, tal como fue el caso con
Somoza en 1979. 

 

16. El gobierno Ortega-Murillo carece de toda credibilidad ante el consenso
que se ha establecido en el seno de la dirigencia política americana. El
pedido de elecciones anticipadas en Nicaragua aparece como un medio para
resolver la crisis. La clase económica y política de América Central juzga a
Ortega como un factor de inestabilidad de la región. Y los Estados Unidos
expresan que "constituye una amenaza para la seguridad nacional". Ortega
está más solo que nunca. El movimiento de oposición es, de facto,
interclasista, un hecho que no es nuevo en enfrentamientos contra este tipo
de regímenes autoritarios y represivos, dentro de una formación social (y de
su historia).

 

17. Las estimaciones más realistas prevén una caída de 3% del PIB. Unas 270
empresas han interrumpido sus actividades. El sector del turismo registra
pérdidas que alcanzan los 230 millones de dólares y la pérdida de puestos de
trabajo en este sector alcanza los 70.000. Unos 800 restaurantes registrados
han cerrado sus puertas, así como 80% de los pequeños hoteles. Cuatro
compañías aéreas han reducido la cantidad de vuelos entre Nicaragua y los
Estados Unidos. La falta de mano de obra de temporada impacta fuertemente la
producción de café, con una pérdida de ingresos estimada de 400 millones de
dólares. Las "ocupaciones" de tierras, estimuladas por el gobierno con el
objetivo de ampliar su base social, impactan también otros sectores de la
producción agrícola.

 

Nota  

 

1) Es, entre otros, el caso de Mejía Godoy, autor de más de 200 canciones,
la mayoría de ellas comprometidas con la insurrección que derribó a la
dinastía somocista el 19 de julio de 1979. Mejía Godoy, compuso también
canciones de apoyo a la rebelión cívica que comenzó el 18 de abril de 2018.
El cantante nicaragüense exigió que hubiera justicia para las víctimas de la
represión y los asesinados. A principios de agosto de 2018, Mejía Godoy
anunció que debía exiliarse luego de haber recibido amenazas de muerte
claras y explícitas. (Redacción de A l'encontre)

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