Nicaragua/ CIDH: "la represión no ha cesado, no hay normalidad" [Wilfredo Miranda Aburto - María Claudia Pulido]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

20 de agosto 2018

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Nicaragua



Secretaria adjunta CIDH: ningún agente del Estado ha sido capturado o
procesado



CIDH: “la represión no ha cesado, no hay normalidad”



Régimen no brinda información sobre la matanza ni al GIEI, MESENI ni la
misma CIDH. “No hemos podido cotejar el número de muertos, revela María
Pulido



Wilfredo Miranda Aburto

Confidencial, 20-8-2018

https://confidencial.com.ni/



Aunque la “circulación” de vehículos y personas ha aumentado poco a poco,
para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en
Nicaragua no existe “normalidad”, como lo proclama el régimen de Daniel
Ortega y Rosario Murillo.



“La circulación en el país se retomó pero no se puede decir que haya cesado
la represión contra las personas que se han manifestado y expresado su
opinión”, explicó María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la
CIDH en entrevista con Confidencial desde Washington.



Pulido analizó la “nueva fase de la represión” a través de la persecución
judicial, y demandó al gobierno de Ortega brindar acceso a información y
registros judiciales sobre la represión. Hasta ahora, el régimen bloquea el
trabajo del MESENI y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales
(GIEI).



El GIEI denunció que el Gobierno no le está dando información sobre los
procesos judiciales. ¿Qué implicaciones tiene esta negativa?



La Comisión tuvo una gran oportunidad de trabajar de manera mancomunada con
el Estado de Nicaragua en el fortalecimiento de su sistema judicial. Ese
convenio que se firmó el 30 de mayo entre el Estado, la Secretaría General
de la OEA y la CIDH dio piso al GIEI. Pero definitivamente para que el GIEI
pueda ejercer sus funciones, coadyuvar a las autoridades, y avanzar en el
esclarecimiento de los hechos, necesita tener acceso a los expedientes; a
los fiscales que están llevando directamente las investigaciones.



Es una oportunidad que esperamos que el Estado sepa utilizar a favor del
derecho a la verdad, del derecho a la reparación de las cientos de víctimas
que perdieron su vida a partir del 18 de abril. Esa es una forma de
fortalecer el Estado de Derecho. Realmente, la CIDH reconoce que el Estado
ha abierto sus fronteras para que estos mecanismos estén presentes en
Nicaragua; es algo que no podemos desconocer. Pero para que puedan realizar
realmente la misión por la cual han sido invitadas, se tiene que dar esas
facilidades.



El Gobierno presentó un informe oficial sobre la violencia en el que
reconoce 197 personas muertas durante las protestas, y cuestiona la cifra de
víctimas de la CIDH de 317. ¿A qué se debe esta discrepancia?



La CIDH ha llevado un registro muy riguroso de las personas fallecidas a
partir del 18 de abril. Tenemos cifras que están publicadas de manera anexa
al informe que publicamos; allí se pude observar las fuentes del registro
que tenemos. Nosotros recibimos una nota oficial del Gobierno, del siete de
agosto, donde además de las 197 personas que el Estado plantea que son
víctimas del “terrorismo golpista”, también registra 253 personas que han
fallecido entre el 18 de abril hasta el 25 de julio. Si tomamos en cuenta
eso, están reportando 450 personas fallecidas. La CIDH, de manera muy
conservadora y de acuerdo a la información registrada desde organizaciones
de la Sociedad Civil, documenta 317 muertes. Ahora tenemos un registro de
322 muertes.



Pero aquí el tema es que, inmediatamente después, el presidente Daniel
Ortega invitó a la CIDH a que se cotejaran las cifras. La CIDH por nota
escrita le pidió al Estado acceso a la información, y la pidió también en
reuniones con altas autoridades del Gobierno: Ministerio Público,
Procuraduría, Policía, Medicina Legal inclusive el Ministerio de Salud para
cotejar con las víctimas que nosotros tenemos registradas. Hasta el momento,
lo único que hemos recibido del Gobierno es una nota con números globales, y
estamos esperando poder hacer ese trabajo conjunto con las autoridades. Es
necesario avanzar con ese ejercicio, con la disposición de hacer el cotejo
de muertes.



El informe de la CIDH atribuye la mayor responsabilidad de estas muertes a
la represión estatal, causada por el exceso de fuerza policial y las fuerzas
parapoliciales. Sin embargo, entre las primeras 132 personas que la Fiscalía
ha acusado no hay ningún policía y ningún parapolicial. ¿Por qué?



Esa pregunta es muy importante porque justamente la CIDH, durante la visita
de trabajo que realizó, pudo recibir testimonios y los sistematizó. En ellos
se marcaba claramente los patrones de represión que, hasta el 21 de mayo, se
habían registrado en Nicaragua. Allí se pudo establecer, de voz de las
víctimas y sus familiares, de dónde habían venido las balas. Pero,
naturalmente, quien tiene que dar la información, los resultados y
esclarecer los hechos son las autoridades judiciales.



Parte de la tarea importantísima que tiene que realizar el grupo de GIEI es
coadyuvar a las autoridades en la investigación de estos delitos.
Lamentablemente, ni el grupo de Expertos ni la CIDH ha tenido acceso a la
información que está trabajando el Ministerio Público para identificar
claramente cuáles son las personas que están siendo procesadas, imputadas
por estos delitos. No hemos tenido información de que agentes del Estado
hayan sido capturados o procesados como autores de estos hechos.



Tomando en cuenta eso, ¿qué resultados arroja el trabajo del MESENI en las
últimas semanas?¿Cuáles son las principales tendencias que han documentado?



El resultado central ha sido transmitir la información a la comunidad
internacional de lo que está pasando en Nicaragua. Presentar información a
los órganos políticos de la OEA. Y establecer los patrones documentados.



Se han dado tres etapas de represión. La primera con el ataque a las
manifestaciones directas. La segunda con lo que el mismo Gobierno ha
denominado “Operación Limpieza” de los tranques, y la tercera es la ola de
represalias que se ha caracterizado por: represiones arbitrarias,
criminalización de la protesta social en el sentido de procesos judiciales
que se han abierto por delitos tan graves como terrorismo.



Sí quisiéramos avanzar más con el MESENI; entrar a los centros
penitenciarios, tener la información que le hemos solicitado al Estado, y
poder acceder a aquellos lugares donde se dio la represión para recibir
testimonios de primera mano.



El Gobierno proclama que el país ha vuelto a la normalidad. Sin embargo,
después de eso muchos líderes cívicos y ciudadanos denuncian que hay una
persecución en su contra. ¿Cuál es la evaluación de la CIDH?

Definitivamente no existe una normalidad en Nicaragua. Existe sí el hecho de
un levantamiento a través de esta “Operación Limpieza” que significó
pérdidas de vidas humanas, cientos de personas heridas y detenidas. Digamos
que la circulación en el país se retomó pero no se puede decir que haya
cesado la represión contra las personas que se han manifestado y expresado
su opinión. Lo que tenemos es una fase diferenciada, donde ha habido
persecución selectiva. Es una fase que está afectando a líderes
estudiantiles, sociales, campesinos, médicos. Un indicador muy importante
son las 28 mil solitudes de refugio que Costa Rica ha recibido de acuerdo a
ACNUR. No se puede hablar de normalidad, cuando se sigue violando los
derechos humanos de cientos de personas.



En las últimas semanas se han producido despidos de médicos, maestros y
otros empleados públicos como represalias políticas, así como amenazas e
intimidación contra periodistas y el exilio forzado del que usted habla.
¿Cómo define la CIDH esta nueva situación en Nicaragua?



Lo que la CIDH ha analizado es que estamos en una etapa de represalias
frente a todo aquel que se manifestó, que protestó por diferentes vías. El
Gobierno, después de haber hecho esta operación de uso de la fuerza, está
utilizando otros elementos como el aparato del sistema judicial para hacer
estas detenciones arbitrarias, inclusive con grupos parapoliciales. Ha
llevado a personas que han sido detenidas, maltratadas y torturadas a
procesos donde no hay garantías; juicios donde es muy difícil realizar el
derecho a defensa y elegir libremente un abogado; donde las personas no
tienen acceso a sus familiares procesados.



A eso se suman estos despidos masivos, personas que de una u otra manera,
ayudaron humanitariamente a cientos de heridos que habían sido objeto de la
represión. Todo esto la CIDH lo había prevenido en una de las
recomendaciones de su informe final, pidiendo al Estado que se abstuviera de
reprimir, o ejercer represalias. Estamos constando que hay una situación de
retaliación que va por diferentes líneas y acciones. Todas han llevado a que
haya una terrible inseguridad de los manifestantes, que temen por su vida,
por su libertad y que estén saliendo de manera masiva del país.

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