Colombia/ La guerra del río Atrato. Comunidades negras y pueblos indígenas atacados [VerdadAbierta]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

22 de agosto 2018

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Colombia



La guerra silenciosa que se libra a lo largo del río Atrato



En los pueblos levantados a orillas del gran afluente chocoano se viene
registrando una delicada crisis humanitaria generada por los enfrentamientos
que sostienen desde hace meses grupos armados ilegales.

Las comunidades indígenas llevan la peor parte. organismos humanitarios
internacionales monitorean con preocupación el caso.



VerdadAbierta, 19-8-2018

https://verdadabierta.com/



“La situación de seguridad es bien compleja. La semana pasada no más estos
grupos armados nos hicieron desplazar unas cinco familias, entre ellas un
representante legal de un consejo comunitario. Eso fue en una comunidad
sobre el río Arquía, llegando a Vigía del Fuerte, cerca de donde estuvo la
zona de concentración de las Farc”.



La declaración es de un reconocido líder social del Medio Atrato Chocoano,
quien pidió la reserva de su identidad por motivos de seguridad. En la
escueta conversación que sostuvo con VerdadAbierta.com dejó entrever el
miedo y la zozobra que se respira en los pueblos ribereños, afectados por
una intensa confrontación armada entre la guerrilla del Eln, las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades
‘Clan del Golfo’, y, al parecer, disidencias conformadas por antiguos
combatientes de la extinta guerrilla de las Farc.



“Como el gobierno nacional no le cumplió a los desmovilizados de las Farc,
incluso cerró el Espacio Territorial de Capacitación, eso generó ahí otros
actores y la situación es bien compleja”, declara el líder consultado. Su
versión coincide con las declaraciones entregadas a este portal por la
secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, quien al ser
preguntada sobre el tema admite que “la información que tenemos es que en
toda esa región (Bajo y Medio Atrato) tenemos presencia de la guerrilla del
Eln, del ‘Clan del Golfo’ y de grupos de disidencias residuales de las
Farc”.



El pasado 7 de junio, el gobierno nacional, mediante Decreto 982, decidió
suprimir dos de los 26 sitios destinados para desarrollar la reincorporación
económica y social de los excombatientes de la antigua guerrilla de las
Farc, conocidos como Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación (ETCR). Uno de ellos fue Vidrí, ubicado en el municipio de
Vigía del Fuerte, Antioquia, donde dejaron las armas quienes integraron los
frentes 34 y 57. (Leer más en: Gobierno suprime los primeros espacios para
la reincorporación de las Farc)



Al respecto, análisis de organismos humanitarios como la Defensoría del
Pueblo y la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios (Ocha), señalan que la salida del Frente 34 de la
extinta guerrilla de las Farc, que mantuvo un control militar y territorial
en esta vasta región selvática, generó un vacío de poder que pretenden copar
la guerrilla del Eln, que viene avanzado desde el Alto Baudó, pasando por el
Medio Atrato Chocoano, y las Agc, que buscan posicionarse en las tierras
donde alguna vez incursionó el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), repitiendo la misma lógica de avanzar desde el
Urabá antioqueño a los municipios del Bajo Atrato chocoano.



Así, las intenciones de estas dos fuerzas irregulares han derivado en
fuertes confrontaciones cuyas consecuencias las están padeciendo los pueblos
indígenas y las comunidades negras que habitan la región. Según reciente
reporte de Ocha, el recrudecimiento de las confrontaciones entre
‘gaitanistas’ y ‘elenos’ mantiene en situación de confinamiento a más de
3.600 indígenas (751 familias) de 14 comunidades de zonas rurales de los
municipios chocoanos de Carmen del Darién, Bojayá y Riosucio.



“Particularmente en Riosucio, aproximadamente 250 niños, niñas y
adolescentes presentan dificultades en el acceso a educación a causa de la
ocupación de una escuela por parte del Grupo Armado Organizado (GAO).
También se han presentado desplazamientos individuales en la comunidad de
Marcial (vacío en la toma de las declaraciones y ruta de atención), y se
reporta presencia de minas antipersona (MAP) en cercanías a la comunidad de
Jagual, lo que impide el desplazamiento de las personas afectadas alrededor
y fuera de las comunidades”, consigna Ocha en su reporte.



A través de una nota difundida el viernes pasado, la directora para las
Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas expresó su
preocupación por las 14 comunidades confinadas y alertó sobre un posible
desplazamiento masivo.



“Este no es el primer desplazamiento forzado masivo en Colombia este año que
ha afectado en particular a los pueblos indígenas y las comunidades
afrodescendientes del Chocó. Esto es un crimen de derecho internacional y
una de las violaciones de derechos humanos más graves en el marco del
conflicto armado que tiene lugar aún en la región”, dijo Guevara.



La representante de AI reiteró la gravedad de la situación que padecen los
indígenas e hizo un llamado a las autoridades: “El desabastecimiento de
alimentos, la falta de acceso a servicios básicos y el escalamiento de la
violencia ponen a los pueblos afectados en un estado de vulnerabilidad y
desprotección inaceptable. Las autoridades nacionales, departamentales y
municipales deben adoptar acciones integrales e inmediatas para garantizar
sus derechos humanos ante esta situación”.



Murindó, en alerta



El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT) de la
Defensoría del Pueblo, mediante Alerta Temprana de Inminencia No. 064-18 del
pasado 24 de julio, llamó la atención de las autoridades civiles, militares
y de Policía sobre el riesgo que hoy enfrentan poco más de 4.000 personas
que habitan los corregimientos Opogadó, Campo Alegre y Bella Luz, del
municipio de Murindó, erigido en la orilla antioqueña del río Atrato.



“Tanto las comunidades afrocolombianas, como los pueblos indígenas de las
cuencas de los ríos Murindó (Antioquia), Chageradó (Chocó) y las demás
comunidades asentadas a lo largo del río Atrato, coinciden en señalar que,
con posterioridad a la salida de las Farc con destino a las Zonas Veredales
y Puntos Transitorios de Reincorporación, no se ha evidenciado presencia de
la fuerza pública tomando el control de los territorios cedidos por esa
guerrilla, lo que ha configurado un escenario de riesgo para vulneraciones a
los derechos humanos e infracciones al DIH para la población, con mayor
exposición de las autoridades étnicas y los líderes comunitarios”, se lee en
la Alerta.



De acuerdo con este informe, la Compañía Néstor Tulio Durán de la guerrilla
del Eln busca copar los territorios que en el pasado reciente estuvieron
sometidos al dominio de la extinta guerrilla de las Farc y, en dicho
proceso, ha entrado en confrontación directa con las Agc.



Según reportes de la Defensoría del Pueblo, este último grupo armado viene
avanzando desde 2014 desde municipios como Carepa, Chigorodó y Mutatá hacia
poblados chocoanos, siendo ya notoria su presencia en las cabeceras
municipales de Vigía del Fuerte, Bellavista, Bojayá y Beté. “La expansión de
las Agc hacia el Atrato Medio, significaría la retoma del control
territorial, económico, social y político de los territorios anteriormente
afectados por el accionar de las Farc y de las Autodefensas Unidas de
Colombia”, consigna el SAT en su Alerta.



El SAT de la Defensoría advierte en su Alerta Temprana que la presencia de
estos grupos ya está generando graves afectaciones a los pobladores como la
imposición de normas de conducta, restricciones al trabajo de los líderes
sociales y la utilización de menores de edad en actividades armadas y tareas
propias de narcotráfico. La agencia del Ministerio Público también señala
que estas comunidades pueden ser víctimas de otras violaciones a los
derechos humanos como intimidaciones, restricciones a la movilidad,
extorsiones y secuestros.



En la Alerta se relata el caso de Julio César Palomeque Mendoza, asesinado
el 22 de abril de este año en la vereda Tadía del corregimiento Campo
Alegre. “Posteriormente habrían asesinado al presunto homicida del señor
Palomeque”, destaca el informe de la Defensoría del Pueblo en su Alerta. Sin
embargo, el caso que mejor ejemplifica el riesgo en que se encuentran los
habitantes de Murindó es el del personero local, Fredy Armando Urón
Freytter, quien tuvo que ser evacuado del municipio en un helicóptero
artillado de la Policía luego que la Fuerza Pública conociera un plan para
asesinarlo.



Sin Personero



El pasado 7 de julio, Urón Freytter atendió el llamado de un líder social de
la región quien le advirtió sobre la presencia de por lo menos 150 hombres
fuertemente armados, pertenecientes a los ‘gaitanistas’, que se encontraban
apostados en el cementerio del municipio. El Personero hizo pública la
denuncia, lo que generó la reacción de las autoridades de Policía, quienes
reportaron no hallar evidencia alguna del hecho, lo que motivó toda suerte
de reacciones, entre ellas la del gobernador de Antioquia, Luis Pérez
Gutiérrez, quien calificó la denuncia de Urón Freytter como “pintoresca” e,
incluso, pidió a la Procuraduría General de la Nación que lo investigará.



“Luego se hizo un consejo de seguridad en el municipio donde el Personero se
retractó”, señala Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de
Antioquia, quien añade: “entonces, quedo ahí como una contradicción entre lo
que decían las autoridades municipales y departamentales frente a la postura
del Personero. El Defensor Regional del Pueblo decidió verificar la
situación en terreno, lo que finalmente dio lugar a la Alerta Temprana”.

El 11 de julio, agentes de Policía debieron sacar del municipio bajo fuertes
medidas de seguridad al Personero local, tras conocerse un plan para atentar
contra su vida. “Esas denuncias fueron conocidas por las autoridades de
Policía y por la Gobernación (de Antioquia), que de inmediato procedió a la
atención humanitaria de emergencia”, declara la titular del despacho de
Gobierno. “Eso ratificó la compleja situación de seguridad de la zona. Eso,
y que la persona que advirtió al Personero en su momento fue asesinada por
eventos relacionados con la situación de orden público que ya se registra en
la zona”, complementa la funcionaria.



Lo ocurrido en Murindó es una evidencia más del nivel de control social que
quieren imponer allí los grupos armados ilegales, afectado, además, por
cultivos de hoja de coca para uso ilícito. Según reportes del Sistema de
Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), en este municipio, particularmente
en las cuencas de los ríos Murindó y Chageradó, se registran por lo menos
500 hectáreas de sembradíos, lo que, a juicio de la Defensoría del Pueblo,
sería el “botín” que se estarían disputando tanto la guerrilla del Eln como
los ‘gaitanistas’.



Pero también la posibilidad de poder controlar un importante corredor de
comunicación para el tráfico de personas, armas y precursores químicos para
la elaboración de clorhidrato de cocaína, así como el abastecimiento y
movilidad de tropas, al conectar fácilmente por medio de caminos naturales,
caños y ríos el suroeste antioqueño con el Medio Atrato y el Océano
Pacífico.



“Con las autoridades del Chocó venimos trabajando mancomunadamente,
compartiendo información. Afortunadamente tanto la Séptima División del
Ejército como la Regional 6 de Policía tienen jurisdicción tanto en tierras
chocoanas como en Antioquia. Eso es una gran ventaja en términos
operativos”, explica por su parte la Secretaria de Gobierno Departamental.



Pese a ello, los pobladores de esta vasta región selvática esperan que la
articulación de las autoridades civiles y la capacidad de reacción de las
Fuerzas Militares y de Policía comiencen realmente a rendir sus frutos. “Los
alcaldes se pronuncian, se pronuncian las diferentes instituciones, pero la
seguridad sigue estando bien compleja. Aquí tenemos el resultado de un
incumplimiento del gobierno nacional, que no copó los territorios dejados
por la guerrilla con fuerza pública y ahora tenemos esta situación de
seguridad que está bien compleja”, sentencia el líder consultado.

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