Uruguay/ Cuando el discurso de izquierda es el de la (nueva) derecha [Leticia Pérez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de diciembre 2018

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Uruguay



Cuando el discurso de izquierda es el de la (nueva) derecha



Este artículo pone en debate un discurso emergente sobre la seguridad. Me
centraré en el análisis de algunas recientes afirmaciones realizadas a la
prensa por Gustavo Leal, actual director de Convivencia y Seguridad
Ciudadana del Ministerio del Interior. (1)



Leticia Pérez *

Brecha, 7-12-2018

https://brecha.com.uy/



Intentaré centrarme en el contenido de las afirmaciones vertidas porque me
preocupa lo que se está contribuyendo a construir desde estos discursos, de
los que Leal sólo es uno de los varios portavoces actuales. Me interesa
discutirlo además porque se afirma que es un discurso de izquierda. No deseo
personalizar ni juzgar las motivaciones, sino pensar críticamente el efecto
de verdad que se consolida como consecuencia de las afirmaciones emitidas.
Intentaré demostrar cómo estos discursos construyen una creciente
focalización territorial punitiva.



Lo primero a señalar es que se construye una asociación causal y simplista
entre delincuencia (más específicamente un tipo de delitos) y pobreza
estructural territorializada. Aunque se reconoce que existen delitos de
cuello blanco, las declaraciones se centran en ejemplos y en poner el foco
en Casavalle y otros enclaves territoriales que padecen lo que desde las
ciencias sociales se ha dado en llamar “segregación residencial” y “estigma
estructural”.



Actuar desde el gobierno de esta manera tiene varios problemas que intentaré
discutir.



El peso sobre el individuo y lo cultural



“Un modelo de seguridad sustentable en una sociedad es aquel en el que los
anillos de seguridad son fuertes y se basan en la capacidad de los
individuos de autorregularse. Por lo tanto, la batalla por una sociedad más
segura es primero cultural” (Leal, 2018).



Aparece aquí un efecto de inversión del orden causal al afirmar que la
izquierda ha descuidado el peso que tienen los agentes en sus decisiones.
Para este discurso emergente, la “libertad de elegir si delinquir o no”
estaría por delante de la estructura social, y al afirmar lo contrario, la
izquierda tradicional habría contribuido a desresponsabilizar a los
delincuentes de las opciones que hacen. También se afirma que el territorio
(eufemismo de barrios degradados) es un “caldo de cultivo” de la “cultura de
la ilegalidad” y que la batalla por una sociedad más segura es primero que
nada cultural. El territorio pasa a ser una variable que explica, al menos
en parte, la delincuencia.



Se invierte así el orden causal: de la violación sistemática de derechos
humanos básicos negados durante generaciones, y de la idea de deuda y
restitución que la sociedad mantiene con estos sectores más postergados, se
pasa a poner el énfasis en la decisión “libre” que pueden tener los
individuos pobres de no cometer actos ilegales. La relación
estructura-individuo ha sido y es objeto de grandes bibliotecas de las
ciencias sociales, pero no existe ninguna más o menos consensuada en la que
se invierta este peso estructural y el individuo posea tal libertad que
pueda efectivamente elegir racional y libremente sus actos, excepto en una:
la biblioteca neoliberal. De Durkheim a Marx, es innegable el peso
estructurante de la sociedad en la fabricación y condicionamiento de las
acciones, pensamientos y subjetividades que la sociedad imprime en cada uno
y en el colectivo. Negar esto es negar las ciencias sociales.



Los territorios degradados son un producto de la segregación residencial y
urbana, de la que el Estado, por acción y omisión, ha sido un actor
protagónico. Estos procesos no han sido revertidos durante el ciclo
progresista de gobierno ni han sido suficientemente explicados en su
relación con las dinámicas actuales de la sociedad. En un solo movimiento se
toma el atajo de tomar dichos barrios como un dato que en sí mismo explica y
predice la potencialidad delictiva de sus habitantes. Pretendiendo no
reducir la delincuencia a la desigualdad se reduce la desigualdad a lo
cultural, consolidando una etnologización de los daños transgeneracionales
de la privación. Las políticas activas de segregación desde el Estado (a
veces por omisión, muchas otras por realojos y relocalizaciones con su
activa participación) que colaboraron a confirmar la mercantilización del
suelo urbano desaparecen de escena y queda la batalla cultural contra una
“cultura del delito” que estaría genéticamente integrada en estos
pobladores.

Nadie niega la dimensión cultural de la vida social, pero poner sólo allí el
foco y la “primera batalla” (desde una concepción de cultura muy ligada al
lazo moral neoconservador) invisibiliza y desresponsabiliza a la sociedad y
al Estado de generar y poner a disposición los soportes efectivos para
formar individuos con ciudadanía plena.



La inversión de la deuda y la violencia simbólica



“(…) ejercicio de la autoridad sin complejos (…). Hay que equilibrar la
agenda de derechos con la agenda de las responsabilidades en la sociedad”
(Leal, 2018).



Denis Merklen ha tematizado este proceso político ideológico como parte del
neoliberalismo y lo llama “inversión de la deuda”. Nos alejamos de lo que
durante mucho tiempo la izquierda sostuvo (y, espero, aún sostiene en
parte): que la dinámica social dejaba en situación difícil, injusta y
profundamente dañada a algunos sectores sociales, y que la sociedad contraía
una deuda con ellos. Hoy, por el contrario, se tiende a pensar que son esas
personas las que le deben a la sociedad. El Estado, a través de sus
administradores gubernamentales, en lugar de hacer una autocrítica por no
haber hecho las inversiones necesarias y construir respuestas robustas y
sistemáticas sobre la desigualdad y la exclusión, pasa tras bambalinas y
deja en escena al delincuente (joven y pobre) que elegiría “racional y
libremente la transgresión”. A partir de esa inversión, cambia el espíritu
de los mecanismos de protección para los más débiles: lejos de asegurar un
zócalo universal robusto, se trata de discernir merecedores agradecidos de
la ayuda dispuestos a demostrar su disposición a pagar lo que se les otorga.
(2)



Se plantea “equiparar la agenda de derechos con la agenda de
responsabilidades”, como si individuo y Estado estuvieran en igualdad de
situaciones y fueran equiparables en responsabilidades y recursos. Se trata
de un discurso muy pegado a la creciente racionalidad política
neoconservadora que sostiene que hay que reforzar el orden, la autoridad y
el rigor (especialmente para los perdedores del sistema). Una racionalidad
neoconservadora que junto a una neoliberal (cada quien debe gobernarse a sí
mismo bajo el modelo empresarial de costos y beneficios) están construyendo
un sentido común que parece hegemónico en muchos discursos y prácticas aun
dentro del gobierno progresista. Ambas matrices de pensamiento, aunque
distintas, están convergiendo y fusionándose. La nueva derecha es justamente
la integración de estas dos tendencias distintas, pero que de algún modo
convergen: una neoconservadora social autoritaria y una neoliberal de libre
mercado.



Si son ellos quienes nos deben, los mecanismos de protección serán políticas
minimalistas, con contraprestaciones y desligadas de derechos de largo
plazo. La violencia simbólica es alta; es como decirle a la mujer ultrajada:
“Lo que tú vives es fruto de tu decisión, deberás decidir mejor por dónde
caminas la próxima vez”.



El delincuente como un ser racional



Idea neoliberal si las hay: lejos de ser una sociedad, y por tanto cuerpo
social entrelazado e interdependiente, somos individuos evitando el dolor y
procurando la ganancia (“No hay tal cosa como la sociedad. Hay hombres y
mujeres, y hay familias”, decía Margaret Thatcher). Somos seres que
evaluamos racionalmente costos y beneficios guiados por una racionalidad
instrumental desde la cual tomamos decisiones. Se trata entonces de aumentar
los castigos (costos) y los incentivos (beneficios) a los comportamientos.
Se trata de una cruzada ante todo moral contra las ataduras del Estado de
bienestar, las cuales estarían minando la energía y capacidad de emprender y
activarse de los individuos. Bajo este estandarte moral está el libre
mercado que reinstala al individuo moralmente responsable y lo coloca contra
la colectivización inherente a las técnicas públicas de gestión de los
riesgos, como los seguros. El joven pobre deja de ser sujeto biográfico y
pasa a ser un individuo, un delincuente a-biográfico, abstracto y universal,
un actor de la elección racional. Se desvía así todo análisis sobre los
fundamentos sociales y estructurales de la desigualdad y el delito.



Jerarquizar un tipo de delito y un delincuente ocultando otros delitos,
otros delincuentes y las cadenas de negocio ilegal



En el discurso predicado se mencionan el narcotráfico y el crimen organizado
como sustentos de lo que estaría pasando en enclaves como Casavalle. Es
bueno recordar que los grandes narcotraficantes no viven en Casavalle, están
más bien en Punta del Este y lavando dinero en diferentes offshores.



Por supuesto que estas cadenas ilegales de generación de valor (explotación
sexual y trata de niñas, drogas, tráfico de armas, autos robados enteros o
en partes y un largo etcétera) usan la degradación territorial y a las y los
jóvenes pobres en sus cadenas de negocios como mano de obra precaria y
remplazable. Uso que es además criminal. Así es el capitalismo: usa la
necesidad, la seducción del consumo para que muchos produzcan valor que es
concentrado en pocas manos. Poner el acento allí, en el final de la cadena
de valor, desde el discurso oficial de un gobierno de izquierda, nombrar a
“los Chingas” como grandes bandas de narcotraficantes, es ridículo. Pero es
un discurso que puede funcionar, y de hecho lo hace, para invisibilizar que
quienes manejan el negocio no son “Mónicas” y “Jairos”, sino unos cuantos
personajes más cercanos seguramente al financiamiento de partidos y las
vernissages de las elites gobernantes.



Pensemos en la “reducción” de los autos: por supuesto que el auto una vez
desguazado termina flotando en la cañada Matilde Pacheco o en algún pasaje
perdido cerca de Aparicio Saravia, pero la cadena de comercio de autos y
piezas robados no empieza ni termina en Casavalle. Plantearlo en esos
términos es ingenuo o cínico.



Hace unos años, trabajando en estos barrios, vimos morir a muchos niños y
adolescentes prendidos de cables de la UTE. Lo hacían para robar el cobre.
Ellos “elegían hacerlo”, se dirá, pero es bueno recordar que en esos tiempos
éramos el segundo exportador de cobre de América Latina, y que se sepa no lo
producíamos. Todos sabíamos que en gran parte era robado. Nunca se
publicaron los nombres de las empresas que tenían el negocio de exportación
del cobre. Algo similar sucede con las armas: muchas son de la Policía, el
Ejército o provienen del contrabando (es bueno recordar quién debe controlar
las fronteras) a partir de densas redes de corrupción institucional que
sostienen un negocio sin dudas lucrativo. ¿O quizá hay fábricas clandestinas
de armas en Casavalle? El narcotráfico no es creado en los enclaves de
pobreza extrema, éste usa como trabajadores descartables a los jóvenes de
los barrios de nuestras periferias.



Quizá sería bueno comenzar a poner el énfasis discursivo de un Ministerio
del Interior progresista en estas rutas de negocio ilegales y no ocultar los
problemas de corrupción, hostigamiento y degradación que la Policía ejerce
ritualizadamente en estos barrios. Es decir un buen comienzo sería la
autocrítica institucional.



La nueva derecha en el progresismo: focopolítica y territorialización
punitiva



Si cada sistema de producción tiende al descubrimiento de métodos punitivos
que se corresponden funcional aunque no lineal ni directamente con sus
relaciones productivas, políticas, culturales y sociales, cabe preguntarse:
¿cuáles son las funcionalidades de los actuales métodos punitivos en el
intento de control de la población excedentaria del mercado formal de
trabajo en un marco de bajos salarios, precarización y alto desempleo entre
los jóvenes pobres?



Leal nos alerta: cuidado con “tener la ingenuidad de creer que esto se
arregla con políticas sociales, no alcanza con eso”. Hay que ponerse del
lado de las víctimas y actuar con severidad, con rigor (y lo dice dos
veces).



Se trata de ver los actuales dispositivos tecnológicos de castigo como
auténticos mecanismos biopolíticos de control de las poblaciones
económicamente excedentarias. Ello explicaría la renuncia a cualquier
discurso rehabilitador, la prisionización masiva que hemos visto crecer
durante casi todo el ciclo de gobierno progresista, la privatización
carcelaria, pues se trata de un encierro deslocalizado y vacío de sentido:
el gran encierro y control de la multitud excedente.



Sin duda existe punitivismo desde abajo, “y son estas conversaciones
cotidianas las que van creando también condiciones de posibilidad para que
otros actores se ensañen con los jóvenes que fueron apuntados”, dice Esteban
Rodríguez Alzueta, y agrega: “No hay olfato policial sin olfato social (…).
Detrás de la brutalidad policial está el prejuicio vecinal (…). Los procesos
de estigmatización social legitiman el devenir violento de las fuerzas de
seguridad”. Sin embargo el punitivismo desde arriba y desde un gobierno
progresista tiene responsabilidades, connotaciones y efectos muy disímiles.



El puntivismo es una demanda social real y peligrosa, pero quizá estemos a
tiempo de decidir no alimentar el monstruo desde un oficialismo que se
define de izquierda. Las responsabilidades del punitivimo de abajo, hecho de
miedos, prejuicios y desinformación, y las del punitivismo de arriba son muy
distintas. El de arriba es una falsa cruzada de ley y orden que intenta
sacar rédito electoral del pánico moral, generando efectos muy perversos de
estigmatización estructural.



En esta nueva etapa del control social se utiliza al territorio como
variable explicativa e independiente y se lo coloca como generador de una
cierta cultura del delito, el territorio es un factor que produce y
reproduce la exclusión, “que se traduce después en problemas de
criminalidad, clarísimamente”, afirma Leal en una entrevista. Así los
barrios nombrados una y otra vez poseen alta estigmatización mediática, que
refuerza y agrava procesos de deterioro de las condiciones de vida,
obstaculiza mejoras y produce desventajas a nivel individual y colectivo.
Esta estigmatización mediática, es bueno recordarlo, fue reforzada por los
operativos de saturación (megaoperativos) realizados durante el año 2011 que
implicaron el despliegue de patrulleros, helicópteros, cierre de fronteras
barriales y filmación en tiempo real, realizados por el propio Ministerio
del Interior en los barrios. Los efectos son la construcción de territorios
donde se cristalizarían todos los males y los miedos sociales convirtiendo
dichos enclaves en peligrosos, y a sus habitantes colectivamente en
sospechosos. Se trata de la amplificación de los procesos de
“empeligrosamiento”, al decir de Gabriel Kessler. Es decir, la construcción
de un discurso que asocia determinados barrios con temibles guetos urbanos.



Tampoco se explicitan cuáles delitos son tomados en cuenta para priorizar
ese y no otro barrio. ¿Son todos los delitos o sólo aquellos que se
denuncian? ¿Se toman sólo los homicidios y delitos violentos contra la
propiedad o también el fraude, la evasión impositiva, la corrupción, la
violencia doméstica o el tráfico de influencias? ¿Cuál es el imperativo
estratégico? ¿Criminalizar la pobreza, gestionar el miedo, o regular el
microdelito y administrar las economías ilegales? Como vimos, lo que queda
invisibilizado en este tipo de diseños y fundamentaciones es la inclusión de
las economías ilegales en las grandes cadenas productivas. ¿Por qué no se
enuncian y persiguen las cadenas económicas extrabarriales que participan y
demandan esas actividades? No parece sensato pensar que la intervención
circunscripta a estos territorios pueda hacer algo más que correr el negocio
a otro barrio, generalmente lindero.



Link y Phelan señalan que existe estigma cuando cinco componentes se
conjugan en el marco de una relación de poder: etiquetar, estereotipar,
separar, pérdida de estatus y discriminación. A lo largo del tiempo el
estigma engendra perjuicios acumulativos, es decir, discriminación
estructural. El estigma territorial se refuerza a sí mismo y se condensa:
“La territorialización es el otro factor central para la retroalimentación y
perpetuación del estigma: al abatirse sobre un lugar determinado, con
privaciones individuales y colectivas previas, a las que suele reforzar por
múltiples maneras, la desfavorable situación resultante puede ser utilizada
luego como una confirmación o ‘prueba’ de la veracidad de los juicios
negativos inicialmente vertidos”. Así esta nueva forma de control social
sobre el precariado toma la forma de una focalización territorial punitiva.
Lo que parece cuestionable es el trato punitivo como respuesta a la
exclusión desde un gobierno que se dice de izquierda.



* Leticia Pérez es doctoranda en Ciencias Sociales, docente de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UDELAR (Universidad de la República)



Notas



1.Declaraciones realizadas en diversos medios: El Observador (3-III-18);
Montevideo Portal (20-IX-18); La Diaria (10-X-18); Brecha (19-X-18). Nota de
Correspondencia de Prensa: Leal es miembro del MPP (Movimiento de
Participación Popular), principal fuerza del Frente Amplio, liderado por
José Mujica, Eduardo Bonomi, Lucía Topolansky y otros históricos del MLN
(Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros).

2.Otro capítulo sería debatir el financiamiento socializado de las políticas
sociales (en gran parte vía impuestos indirectos sumamente regresivos),
comparándolo con las robustas y también socializadas subvenciones directas e
indirectas al mercado, las empresas y los grandes inversores. Todo el
presupuesto del MIDES no llega al 1,2 por ciento del PBI.

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