Ecuador/ Consulta popular: el fin de una hegemonía [Decio Machado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

2 de febrero 2018

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Ecuador

Consulta popular

El fin de una hegemonía

Desde que asumió su nuevo presidente, Ecuador se ha convertido en el campo
de una batalla política e ideológica que supera sus fronteras. En América
Latina, y hasta en Europa, ha surgido un debate sobre la orientación
política y las intenciones del sucesor de Rafael Correa, Lenín Moreno. Para
el ex mandatario, su otrora correligionario no es otra cosa que un
“traidor”, y la consulta popular del próximo domingo, convocada por Moreno
para que los ecuatorianos decidan si aprueban o no la reelección
presidencial indefinida –con la que Correa espera volver a la presidencia en
2021–, nada menos que un golpe de Estado. El referéndum del 4 de febrero
marcará el fin de un ciclo político en Ecuador.

Decio Machado, desde Quito

Brecha, 2-1-2018

https://brecha.com.uy/

El correísmo fue la expresión política de la transformación emprendida por
el capitalismo ecuatoriano tras la crisis financiera que vivió el país en
los años 1999 y 2000. Tras el drama ocasionado por el colapso bancario y el
posterior “salvataje bancario” a costa de la sociedad ecuatoriana, el modelo
económico nacional ha ido pasando por un momento de modernización que tuvo
su cúspide con la llegada de Rafael Correa al palacio presidencial de
Carondelet. Así, un sector del capital nacional –transversalizado por los
capitales regionales– pasó a entender que sus posibilidades de negocio
serían propiciadas por un mayor nivel de consumo interno a través de la
incorporación de sectores populares al mercado mediante procesos de
endeudamiento familiar e integración al circuito financiero.

De este modo se produjo un nuevo modelo de capital financiero, que integró
entre sus clientes objetivos y potenciales a los sectores populares, lo
cual, sumado al efecto de las remesas y al excedente petrolero, transformó
las redes de comercialización de productos importados, con el fin de atender
la emergente demanda de estos sectores.

Superar la inestabilidad política que había caracterizado hasta entonces la
historia del país significó repartir más –mediante subsidios y cierto
incremento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores– en momentos de
bonanza económica, buscando con ello garantizar las condiciones de
acumulación a largo plazo para los sectores del capital emergente. Sin
embargo, lo anterior no conllevó la más mínima transformación de carácter
estructural, respetándose el modelo de acumulación heredado del
neoliberalismo, lo que permitió que los grupos que históricamente siempre
habían ganado nunca estuvieran mejor, pese a determinadas mejoras
coyunturales para los sectores olvidados (incremento del bono a la pobreza
para los más humildes, afiliación a la seguridad social para las
trabajadoras domésticas, políticas de incentivos para la incorporación de
sectores discapacitados al mercado laboral, o la eliminación de la
tercerización en determinados sectores laborales, entre otras). A esto el
aparato de propaganda estatal creado por el correísmo –desorbitante para el
tamaño real del país y reforzado por la incautación de algunos canales de
televisión que funcionaron estratégicamente alineados a la Secretaría de
Comunicación de la Presidencia de la República– llamó en el ámbito de lo
económico “el milagro ecuatoriano”, y en el plano de lo político “la
revolución ciudadana”.

Tensar la cuerda

Pero mientras los sectores empresariales y el sistema financiero privado
ecuatoriano se vieron fuertemente beneficiados por el nuevo dinamismo
inyectado a la economía nacional mediante la acción del Estado, el estilo de
mando correísta generó altos niveles de confrontación con todos aquellos que
no estuvieran políticamente alineados. Tanto con los sectores políticos más
ideológicamente reaccionarios como con los movimientos sociales y
organizaciones populares no clientelares, el correísmo tensó los niveles de
conflicto hasta extremos de persecución política, procediendo a criminalizar
la protesta social y enjuiciar a múltiples líderes indígenas y populares por
sabotaje y terrorismo.

El dominio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –conocido
como el quinto poder establecido en la Constitución de 2008– que el
oficialismo consiguió mediante la mayoría absoluta que mantuvo por largo
tiempo en el Legislativo, le permitió al régimen ocupar con figuras afines
los cargos vinculados a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, la
Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Consejo
Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral o el Consejo de la
Judicatura, entre otros órganos que teóricamente deberían haber gozado de
autonomía con respecto al Poder Ejecutivo.

El modelo político y económico funcionó y hasta gozó de apoyo popular
mientras duró la era de precios altos del petróleo en los mercados globales,
que permitieron generar notables excedentes provenientes de la exportación
del crudo nacional. En pocas palabras, la sociedad ecuatoriana fue permisiva
con el abuso de poder mientras la situación económica permitió el acceso de
los sectores históricamente marginados al sistema de consumo.

Punto de inflexión

Las elecciones seccionales de 2014, que tuvieron lugar un año después de que
Rafael Correa barriese a sus rivales en las presidenciales, marcaron el
comienzo del deterioro correísta. Aunque su partido, Alianza Pais, se
mantuvo como primera fuerza política nacional, fue notoria la derrota
correísta ante partidos de oposición en las alcaldías de las principales
ciudades del país.

Esta realidad se explicaba en parte por el impacto que comenzó a sentirse en
la economía nacional tras la caída de los precios del crudo, y por la
incapacidad del gobierno nacional para plantear salidas soberanas a la cada
vez mayor dependencia de los mercados de commodities (materias primas). Al
respecto, basta considerar que en 2006 las exportaciones de bienes
procesados no petroleros eran escasamente el 4,9 por ciento del Pbi
nacional, mientras que en 2014 –tras ocho años de gestión correísta– dicho
indicador había descendido al 3,9 por ciento. Es decir, el país se había
reprimarizado (el sector de productos primarios recuperó importancia) y los
intentos por cambiar la matriz productiva y diversificar las exportaciones
habían fracasado. A partir de entonces el régimen dejó de generar avances en
indicadores sociales que antes sí había logrado mejorar, tales como la
disminución de la pobreza o la generación de empleo digno (trabajadores que
al menos ganan el salario básico y/o disfrutan de una jornada laboral de
ocho horas).

El reflujo económico y el fin de la “economía fácil” llevaron al incremento
de movilizaciones populares cuestionadoras del régimen. Su clímax fue el
paro o movilización protagonizada principalmente por el movimiento indígena
en agosto de 2015. La respuesta gubernamental no pudo ser más desafortunada;
la represión alcanzó entonces su mayor nivel de toda la década de mandato de
Rafael Correa. Sin embargo, no amilanó la movilización. El gobierno perdía
legitimidad mientras aparecían conflictos y demandas por doquier.

El régimen midió muy mal la coyuntura política, procediendo con una ofensiva
política que implicó que la bancada oficialista –entonces aún compacta y que
como todo el resto del aparato del Estado respondía sin chistar al
presidente de la República– aprobara de forma claramente inconstitucional
una enmienda que permitía la reelección indefinida del presidente a partir
de 2021.

El objetivo era claro, con una economía ya semiestancada en 2015 (con un
crecimiento de apenas 0,3 por ciento del Pbi) y un país en recesión en 2016
(con una contracción del Pbi de 1,5 por ciento), el correísmo buscaba que la
salida de la crisis o las medidas de ajuste necesarias fueran protagonizadas
por un sucesor, permitiendo así que Rafael Correa volviese en 2021 ya con
una imagen renovada y sin el coste político que conllevan los recortes
económicos.

Asegurar aquella transición pasaba por posicionar a un hombre de absoluta
confianza en el puente de mando de una nao que parecía ir a la deriva. Ese
era Jorge Glas, el último vicepresidente del régimen correísta y zar de los
megaproyectos de infraestructura, pero carente del más mínimo carisma como
para ganar elección presidencial alguna. Fue así como se conformó el binomio
presidencial para 2017, mientras el gobierno se veía obligado a entrar en
una agresiva etapa de endeudamiento público que le permitiera mantener las
políticas de subsidio a la población más vulnerable, dejándole al siguiente
gobierno la patata caliente de tener que afrontar un volumen de deuda
porcentualmente muy superior al heredado por el gobierno correísta del
pasado neoliberal, un déficit fiscal insostenible y un volumen de aparato
del Estado inviable para la nueva situación económica del país.

Ocho meses de Moreno

Las elecciones presidenciales de 2017 mostraron el nivel de agotamiento del
que fuera el partido hegemónico durante la última década.

Alianza País necesitó dos vueltas para ganar las elecciones –algo que sólo
había sucedido en las primeras presidenciales disputadas por Rafael Correa,
en 2006–, y perdió más de 1,2 millones de votos respecto de los resultados
obtenidos en 2013. La segunda vuelta, fruto de una alianza entre los
sectores conservadores y gran parte de una izquierda opositora desubicada
políticamente, daría una diferencia de tan sólo 228.629 votos a favor del
candidato oficialista.

Que la victoria oficialista fuera calificada como fraudulenta, basándose en
una estrategia diseñada por asesores de campaña del candidato conservador
Guillermo Lasso vinculados al venezolano Leopoldo López, implicó que Lenín
Moreno arrancara su mandato sumamente debilitado. Estas acusaciones nunca
fueron demostradas documentalmente, y gran parte del trabajo sucio le
correspondió a algunos líderes y aparatos que dicen responder a posiciones
de izquierda.

En estas condiciones, y con la figura de Rafael Correa cada vez más
desgastada, la nueva administración procedió a marcar diferencias en dos
sentidos: rompió con las lógicas de polarización y conflicto que
estratégicamente había aplicado el correísmo contra sus opositores políticos
–algo con lo que la sociedad ecuatoriana se mostraba mayoritariamente
crítica– y cuestionó el estado en que el mandatario anterior había dejado
las finanzas públicas. Con el primer cambio el gobierno de Moreno buscaba
articular un nuevo discurso de reconciliación nacional que superara la
campaña de intoxicación vinculada al fraude electoral, mientras que la nueva
orientación en materia de política económica era fruto de la necesidad de
afrontar cambios drásticos en un modelo de gestión que había elevado el
nivel de endeudamiento real muy por encima del 40 por ciento del Pbi (tope
máximo definido por la Constitución de Ecuador), lo que llevó a recurrir a
argucias contables para maquillar el monto de la deuda.

En paralelo, y como consecuencia del cúmulo de denuncias de corrupción que
de forma cotidiana aparecían y siguen apareciendo en los medios de
comunicación nacionales, el gobierno optó por permitir la actuación
independiente de la justicia ecuatoriana en ese ámbito. Esto significó un
cambio radical respecto de la situación vivida durante la era correísta,
cuando el Poder Judicial respondía directamente al secretario jurídico de la
Presidencia y los organismos de control estaban bajo el control de cuadros
del partido de gobierno, imposibilitando acciones fiscalizadoras sobre las
actuaciones gubernamentales. El nuevo funcionamiento independiente de la
administración de justicia implicó que en pocos meses el hombre duro de
Rafael Correa en el gobierno morenista, Jorge Glas, terminara con sus huesos
en la Cárcel número 4 de Quito (véase “Corrupción por las nubes”, Brecha,
5-I-18) por su participación en la rama ecuatoriana de la trama de
corrupción continental que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.
Glas fue destituido de sus funciones como vicepresidente de la República,
sin embargo no es el único investigado: hay varios altos funcionarios
vinculados al gobierno anterior que hoy gozan de boleta de captura mientras
se mantienen fugados.

La situación anterior conllevó una ruptura interna en Alianza Pais. Rafael
Correa, quien había dicho públicamente que pasaría los próximos años
residiendo en Bruselas, se vio obligado –ante el cada vez mayor cerco
político y jurídico– a volver a Ecuador para liderar la nueva oposición al
gobierno de Lenín Moreno, lo cual determinó la desafiliación de sus
seguidores de Alianza Pais, partido que Correa fundó en 2006 y que 11 años
después mayoritariamente dejó de responder a los intereses del ex
mandatario.

Futura Inestabilidad

El próximo domingo la sociedad ecuatoriana determinará qué sucederá en el
futuro con el liderazgo político de Rafael Correa. Tres de un total de siete
preguntas de una consulta popular afectarán directamente al ex mandatario y
su entorno. La pregunta 1 plantea suprimir derechos políticos a culpables de
corrupción, y afectaría a un cada vez mayor número de altos funcionarios que
formaron parte del núcleo de poder del antiguo régimen; la pregunta 2
propone dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida, y
podría dejar al ex mandatario sin posibilidades de volver a postularse a
unas presidenciales; y la pregunta 3 plantea elegir nuevos miembros del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, evaluando a los
jerarcas de las instituciones de control elegidos por este organismo y
destituyéndolos llegado el caso, lo cual llevaría al desmantelamiento del
aparato correísta aún existente en el Estado.

Más allá del resultado de esta consulta, es evidente que asistimos al final
de un ciclo político en la historia de Ecuador. Rafael Correa está obligado
a conformar una nueva organización política que tendrá que afrontar los
complejos trámites impuestos durante su administración para obtener
legalización jurídica y poder presentarse a futuros procesos electorales.
Pero además, en caso de ganar el Sí en la pregunta 2, es muy posible que el
ex mandatario quede inhabilitado para volver a candidatearse como presidente
de la República.

Sin embargo, también para el actual gobierno nacional –que goza en estos
momentos de una situación idílica respecto de sus relaciones con el resto de
la oposición política y los medios de comunicación privados– cambiará la
situación política. Las medidas de subsidios y políticas de gasto fiscal
articuladas durante la época de bonanza económica dejaron de servirles a los
sectores vinculados a las estructuras históricas de poder en Ecuador, motivo
por el cual se anuncian para los próximos meses una serie de medidas de
presión política sobre el gobierno de Moreno, al que consideran débil,
buscando imponer una nueva agenda política y económica más conservadora.

Ecuador entrará a partir del próximo domingo en una nueva etapa en que la
inestabilidad política irá in crescendo. El año 2018 será difícil para Lenín
Moreno, quien, con un partido mermado por la salida de los correístas,
deberá demostrar hasta dónde es capaz de aguantar la presión política y
mediática que desde los sectores conservadores se articulará en su contra.
Las elecciones seccionales de febrero de 2019, cuando se elegirán prefectos
y alcaldías, será la vara para medir políticamente lo que sucederá en el
transcurso del presente año.

Por último, tanto los movimientos sociales como las organizaciones populares
–hoy sin voz ni protagonismo alguno en la política nacional– tienen como
reto rearticularse para defender las conquistas sociales logradas durante
los últimos años, las cuales están en peligro ante nuevas reformas
flexibilizadoras en el ámbito de la contratación laboral, nuevos tratados de
libre comercio que tendrán fuerte impacto en el área rural, y el desarrollo
de políticas económicas encaminadas a beneficiar al agronegocio y al sector
financiero privado.

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