Ecuador/ Consulta popular: los intereses en juego y las fuerzas en disputa [Mario Unda]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

2 de febrero 2018

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Ecuador

Tres palabras sobre la consulta del 4 de febrero

Mario Unda *

R, revista para un debate político socialista

N° 1, segunda época, Quito, enero de 2018

1.  El juego de intereses; los intereses en juego

La consulta del 4 de febrero pone en acción el juego de intereses y
conflictos que se fue armando durante los 10 años de correísmo y los
primeros meses de la transición pos-Correa.

En breve recuento, el campo de conflictividad de la década correísta se
estructuró en torno a un conjunto de líneas definidas. La primera línea
organizó las relaciones entre el capital transnacional y el mercado interno;
entre el gobierno y la globalización neoliberal; y entre el gobierno y los
capitales transnacionales: básicamente, se trata de los desplazamientos
frente a la lucha de los grandes centros imperialistas por la hegemonía en
el capitalismo mundial y los roces y negociaciones con los capitales
transnacionales. La segunda articuló las relaciones entre el gobierno y la
burguesía (en sus tres representaciones: la económica -los gremios
empresariales-, la política -los partidos políticos de derecha-, y la
ideológica -ciertos grandes medios de comunicación-); se jugaba al mismo
tiempo el control político sobre las clases subalternas, la representación
de los fines estratégicos del capital y la autonomía relativa del Estado;
pero también el proyecto económico. La tercera línea marca las relaciones
intraestatales y las relaciones internas a Alianza País (AP); se definió en
ella la subordinación del conjunto del Estado al Ejecutivo y la
subordinación del movimiento político al aparato estatal y al caudillo.

La cuarta línea dio forma a la relación entre el gobierno y los movimientos
populares; se disputó la clausura del largo período de resistencia popular,
la reducción del pueblo a la obediencia al Estado y a los patronos y la
disputa en torno a la autonomía del movimiento popular. La quinta línea de
conflictos opuso a las clases dominantes y al movimiento popular; se
querellaba acá la disputa en torno al neoliberalismo y, nuevamente, la
autonomía política del pueblo.

Las elecciones produjeron un primer desplazamiento, poniendo en primer plano
el conflicto entre el gobierno y la derecha, pero el trámite de la contienda
y sus resultados mostraron, más bien, la debilidad de los contendientes. (1)
Pero antes de que este juego de debilidades se clarifique, se produce un
nuevo desplazamiento; necesitado de construir un nuevo escenario de
legitimidad, el gobierno de Moreno ensaya un primer movimiento político: la
diferencia de estilos y los diálogos; ambos generan los primeros conflictos
abiertos con Correa, que resiente un posible rebasamiento de su liderazgo y
comienza una política de clara oposición al gobierno. La necesidad de
enfrentar la ofensiva correísta y la presión de los escándalos de
corrupción, que comprometieron directamente al vicepresidente, llevan a
Moreno a impulsar un segundo movimiento, la consulta popular. Quedaba
determinada así la ruptura de Alianza País en la transición del correísmo al
morenismo.

De esta manera, el escenario político resulta colonizado por la disputa
entre las dos alas de la “revolución ciudadana”. Se disputa el control del
aparato estatal; el control del partido; el control de las relaciones con
los grupos dominantes; el control de las relaciones con las clases
subalternas. En el momento, esto se expresa en la disputa por la plaza de
caudillo, es decir, de árbitro bonapartista. El trasfondo es el
desplazamiento del bloque en el poder de grupos vinculados al proyecto de la
llamada “revolución ciudadana”. (2)

Pero detrás de ello, asoman las narices los otros conflictos del período
anterior. De modo que en el escenario inmediato se juegan sus apuestas
cuatro fuerzas: el gobierno de Moreno, la oposición correísta, las derechas
y el movimiento popular. ¿Qué disputa cada una de ellas con el pretexto de
la consulta?

El gobierno de Lenin Moreno se juega la recomposición de un espacio de
legitimidad para gobernar (esto, claro, si obtiene una significativa
votación afirmativa para las preguntas centrales). Eso significa, por un
lado, liberarse de las presiones y de los chantajes correístas y, por otro
lado, mantener un cierto espacio de maniobra para negociar con los grupos de
poder económico y con los movimientos populares.

La oposición de Rafael Correa se juega sus posibilidades de mantenerse como
opción política con miras al 2019 y al 2021, para lo cual requiere mantener
la presencia de Correa en el escenario; para asegurar esa presencia
necesita, al mismo tiempo, minimizar las posibilidades de que Moreno pueda
postularse como aspirante al trono vacante. El correísmo apuesta al
debilitamiento de Moreno, a su deslegitimación; en el extremo, esto supone
la desestabilización del gobierno.

Para las derechas (en sus caras políticas, gremiales e ideológicas) se trata
de presentarse como los fautores de la consulta y del eventual triunfo del
sí, por un lado, ante los votantes, por otro, ante el gobierno. Apuestan a
que el debilitamiento del gobierno por los embates correístas lo vuelvan más
permeable a sus propias presiones. He aquí por dónde el correísmo se ha
convertido en aliado objetivo de las derechas.

Finalmente, para las izquierdas y, sobre todo, para los movimientos
sociales, se trata de la generación de brechas que puedan permitir mejores
condiciones para luchar por la recuperación de los derechos conculcados
durante la década correísta. En el horizonte, dos premisas básicas: la lucha
por la constitución del pueblo como sujeto autónomo y la lucha por la
democratización y el socialismo, entendidos como lucha permanente por el
autogobierno de la sociedad.

2. De dónde venimos, en dónde estamos

Venimos de un gobierno populista, el de Correa. Esto significa que proviene
de una profunda crisis de la dominación burguesa, la crisis del
neoliberalismo, la incapacidad del bloque neoliberal para continuar en el
manejo del Estado, el desgaste de la movilización popular tras 25 años
seguidos de resistencia y el “vacío político” resultante que permite el
triunfo de la “revolución ciudadana”.

Significa también que cumple un conjunto de funciones necesarias para la
recomposición de la dominación burguesa:

a. No representa a uno u otro sector del bloque dominante, sino la defensa y
promoción de los fines estratégicos de la burguesía (para lo que significó
el correísmo tras la crisis neoliberal: dinero barato; condiciones generales
de la producción; homogenización de las condiciones de la competencia
capitalista; normalización de la explotación del trabajo; ampliación del
mercado interno; regulación de la relación con la globalización capitalista;
domesticación del pueblo levantisco).

b. Surgiendo de una profunda crisis de hegemonía, obtiene su fuerza de su
capacidad para presentarse continuamente como árbitro supremo de las
conflictividades sociales y políticas.

c. Ofrece un espacio de representación política especialmente a los sectores
de las clases subalternas con menor capacidad de representarse por sí
mismos.

d. Tiende rápidamente a un “remate carismático”: el caudillismo (enlazando
con elementos presentes desde muy atrás de nuestra historia republicana en
la cultura política de la sociedad: el personalismo del poder, el
clientelismo, la corrupción).

e. En resumen: es una vía para la concreción de la autonomía relativa del
Estado, característica de todo Estado burgués moderno, y lo hace de mejor
manera que los regímenes políticos manejados por los representantes directos
de las clases dominantes.

Para eso,

f. Requiere la construcción de un Estado fuerte, lo que conlleva a la
concentración de poderes y al autoritarismo.

g. Presta atención (real o simbólica) a demandas postergadas por regímenes
neoliberales u oligárquicos.

h. Emprende un ataque sin tregua a las posibilidades de auto-representación
de las clases subalternas, lo que se expresó en la política de
criminalización de la protesta -deslegitimación, ruptura de vínculos entre
los más organizados y los menos organizados, oferta de puestos a dirigentes
y sus familiares, entrega selectiva de proyectos según se apoyara o no al
gobierno, división de organizaciones, creación de organizaciones paralelas
sujetas al Estado, adopción de leyes que controlan y reprimen a la
organización y a la protesta social, desde el COIP (3) a los decretos 16 y
739, represión violenta a la movilización, utilización del espionaje y de la
infiltración, judicialización de la protesta, utilización de la justicia
para perseguir a los luchadores sociales, largas condenas y prisión.

Esta política fue construida, entre otras cosas, a través de mecanismos
legales e institucionales manipulados al efecto. Un ejemplo claro es la
denominada “función de transparencia y control social” y, específicamente el
Consejo de participación Ciudadana, mero instrumento de captura de todas las
funciones del Estado por parte del Ejecutivo y del caudillo.

i. Como todo populismo, oscila entre momentos progresivos y regresivos. Esto
depende, en parte, del sentido del período: fue progresivo al inicio de la
fase, determinada por la resistencia popular al neoliberalismo; regresivo
hacia el final, cuando el tiempo parece marcado por una recuperación de las
derechas. Y depende también de la trayectoria de cada experiencia populista.
El correísmo vivía ya una clara tendencia regresiva, que se vuelve dominante
por lo menos desde 2011 (profundización del carácter autoritario, limitación
de los derechos y garantías, control de la justicia, utilizada como
herramienta de persecución política) y que se profundiza como efecto de la
crisis (recurso a medidas de carácter neoliberal: búsqueda de tratados de
libre comercio, apertura a las privatizaciones, propuesta de flexibilización
laboral, expropiación de dineros de los trabajadores para financiar
políticas sociales -desconocimiento de la deuda al IESS, Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, etc. (4); todo esto se vuelve más complejo
con el desboque de la corrupción.

El tránsito del correísmo al morenismo se produce en este momento
particular, y eso explica la relativa facilidad con que el gobierno se
muestra dispuesto a responder a las demandas empresariales. Sin embargo,
pugna por sostener su carácter bonapartista, por lo que trata de mantener
equilibrios, negándole ciertos triunfos (por ejemplo, en las primeras
medidas económicas, la persistencia tributaria y el énfasis en la pequeña y
mediana empresa; sobre todo, la elección de la nueva vicepresidenta, puesto
cuyo control más de un sector ya daba por seguro).

Estos reparos se refuerzan -al menos coyunturalmente- por la necesidad que
tiene el gobierno de buscar respaldos sociales hacia su izquierda, hacia los
movimientos populares, mucho más en vísperas de la consulta popular.
Entonces las ofertas pueden cubrir la devolución amplia de derechos y
garantías.

3. Por qué sí

Como toda consulta popular de las últimas décadas, la del 4 de febrero
contiene preguntas centrales y preguntas señuelo (similar, en ese sentido, a
la consulta de 2011, aquella en la que Correa pidió que el pueblo le
permitiera “meter las manos en la justicia”).

En este sentido, las preguntas centrales: son la 3, acerca del Consejo de
Participación Ciudadana y la 2 (sobre la reelección indefinida). La pregunta
3 plantea el cese de los miembros actuales del Consejo de Participación
Ciudadana y su reemplazo por un consejo de transición elegido por la
Asamblea de entre ternas enviadas por el ejecutivo; a partir de 2019 (se
supone) el Consejo de Participación será elegido por votación universal. Por
sus implicaciones, es de las más importantes en la consulta popular.

En la actual Constitución, el Consejo de Participación es el encargado de
nombrar a los titulares o miembros de la Procuraduría General del Estado,
Superintendencias, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía
General del Estado, Contraloría General, Consejo Nacional Electoral,
Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura (que a su vez
nombra, evalúa, asciende, sanciona y despide a los miembros de la Corte
Suprema de Justicia, a los jueces y a todos los servidores de la función
judicial). Baste esta enumeración para dar cuenta del enorme poder que
concentra en sí el Consejo de Participación; y, por lo tanto, la enorme
importancia que tiene su control.

Como vimos antes, dado su carácter populista, el régimen correísta
necesitaba fortalecer y concentrar el poder del Estado y generar una amplia
zona de falta de representación autónoma de las clases subalternas. Pero eso
no podía lograrlo sin subordinar a todos los poderes del Estado bajo la
égida del Ejecutivo y de la figura del presidente. El control del Consejo de
Participación fue una de las claves, pues eso le permitió colocar en sus
manos prácticamente todas las funciones del Estado. En esas condiciones, la
función real del Consejo no podía ser “promover la participación ciudadana,
estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación
ciudadana en valores, transparencia y lucha contra la corrupción”, como reza
el numeral 1 del artículo 208 de la Constitución de Montecristi; por el
contrario, su principal cometido fue convertirse en una de las más
importantes herramientas para la concentración de todos los poderes en el
Ejecutivo y en la persona del presidente.

Ya se sabe que la concentración de poderes en el Ejecutivo no fue utilizada
solamente para construir carreteras, y aumentar el presupuesto del área
social, sino también -y con mucho empeño- para poner en marcha una política
destinada a desestructurar las posibilidades de autonomía de los movimientos
populares.

Así, el autoritarismo del gobierno anterior tuvo como pieza clave el control
del Consejo de Participación Ciudadana. De manera que los intentos para
re-democratizar la vida política y para la recuperación de los derechos y
libertades de organización y de movilización pasan por una drástica
reestructuración del Consejo.

Por supuesto, la pregunta y el anexo que la acompaña, tal como están
formulados, son insuficientes. Pero un triunfo del “Sí” en la tercera
pregunta abre posibilidades de recuperar el verdadero sentido de la
participación y de la democratización -entendida como tendencia permanente
hacia el autogobierno de la sociedad.

Así que también desde la perspectiva del movimiento popular, ambas preguntas
en el sentido de la lucha por la democratización. Para los movimientos
sociales es indispensable desmontar los mecanismos de represión y de
control.

¿Que eso no resuelve los problemas? Por supuesto, pero puede crear un nuevo
escenario, una nueva correlación de fuerzas para las batallas que
inmediatamente -que ya mismo- están planteadas: el programa económico y la
reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana.

* Sociólogo, militante del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores
(MRT), integra el Comité Editorial de la revista R.

Notas de Correspondencia de Prensa

1) Rafael Correa triunfó en la segunda vuelta de las elecciones realizadas
en 2006, siendo reelegido en 2009 (nuevas elecciones tras la aprobación de
la Constitución de 2008) y 2013. En las elecciones de 2017, el candidato de
AP, Lenin Moreno, resultó triunfante en segunda vuelta frente al candidato
derechista Guillermo Lasso, vinculado a la banca. A poco de iniciado el
nuevo gobierno, el expresidente Correa dio inicio a una campaña cada vez más
agresiva en contra de Moreno, que llevó a la ruptura de Alianza País en
vísperas de la consulta popular.

2)  “Revolución ciudadana” es el nombre dado por Alianza País a su proyecto
político.

3) COIP: Código Orgánico Integral Penal. Aprobado por la Asamblea Nacional
en abril de 2014. Las organizaciones sociales y la izquierda cuestionaron el
carácter represivo frente a la protesta social, la primacía de una visión
punitiva

4) IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De acuerdo a la
legislación ecuatoriana, el Estado es corresponsable del financiamiento del
IESS, pero los gobiernos, por lo general, evitaban o retardaban los pagos.
En setiembre de 2016, en medio de los apuros generados por la merma de
recursos debido a la baja de los precios del petróleo, el gobierno de Correa
resolvió “desconocer” una deuda que, en ese momento, ascendía a más de 2.000
millones de dólares.

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