Colombia/ Cocaleros: un dilema del Gobierno con la Farc [Juanita Vélez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de febrero 2018

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Colombia

Ni contigo ni sin ti: un dilema del Gobierno con la Farc

Juanita Vélez

La Silla Vacía, 8-1-2018

http://lasillavacia.com/

Para cumplir la meta de las 50 mil hectáreas sustituidas manualmente en tres
meses, un compromiso con Estados Unidos que reiteró Colombia esta semana
durante la visita del secretario de Estado Rex Tillerson, para el Gobierno
Santos es clave tener el acompañamiento de la Farc por el conocimiento e
influencia que tienen sobre los cocaleros. Tenerlos como aliados en este
proceso ha sido clave, pero aun así, con el tiempo y en particular en esta
época electoral, se ha visto que esa ayuda no es gratuita.

El aliado con arandelas

En los acuerdos colectivos que ha firmado el Gobierno con las familias
cocaleras el papel de la Farc es el de acompañar y promocionar el Programa
Nacional de Sustitución de cultivos de uso ilícito, Pnis.

Eso en la práctica significa que sus voceros tienen que firmar los acuerdos
colectivos y comprometerse a cumplirlos. También que van con el Gobierno a
las reuniones que se convoquen con las organizaciones sociales y las juntas
de acción comunal a promocionar el programa, hablando de sus beneficios para
que los cocaleros se monten al bus.

Pero esa intermediación de la exguerrilla comienza a encontrar resistencia
en otras organizaciones de base que sienten que la Farc está aprovechando
ese rol para construir clientelas para su partido.

Los casos

En La Macarena, Meta, hay 2690 familias cultivadoras de coca y las Farc
llegaron a tener tanta influencia que es el municipio donde más tierras
reportaron. Allí se armó una discusión que muestra el temor de algunas
organizaciones de que si no están con las organizaciones afínes a la Farc,
no les van a desembolsar la plata.

Resulta que según nos contaron dos fuentes por separado que estuvieron en
una reunión este fin de semana en ese municipio, los voceros de la Farc
dijeron que como era más difícil firmar los contratos para los recolectores
junta por junta para que les paguen un millón de pesos a cambio de trabajo
comunitario, recomendaban que mejor se hiciera el convenio con Asoguayabero
y con la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero, Ascal-G.

Ascal-G, como lo contó La Sur en esta investigación, es una asociación que
agrupa a 70 veredas del municipio de San Juan de Losada, en todo el límite
entre Meta y Caquetá. Allí es vista como afín a la Farc, al punto de que la
guerrilla era la “tercera instancia” para resolver las peleas que ellos no
lograban dirimir.

Frente a esa recomendación “los presidentes de las juntas, los comunales
mejor dicho, dijeron que no estaban de acuerdo porque Ascal-G no los
representaba y entonces ahí se dijo que mejor fuera con Asojuntas (la
Asociación de Juntas de La Macarena) y todo el mundo empezó a aplaudir”, le
contó a La Silla una fuente que está trabajando con la sustitución.

“Lo que uno ve con preocupación es que si la plata para los recolectores
comienzan a gestionarla con sus organizaciones más cercanas, pues eso es una
máquina clientelar brava y más ahora que ellos están en campaña”, agregó esa
fuente.

"Aquí todas las organizaciones nos conocen y saben de nuestro trabajo y
compromiso con la sustitución y nosotros no hemos recomendado a nadie", dijo
a La Silla Rubén Zamora, uno de los voceros de la Farc en el Meta.

Sobre eso, el director de la Oficina de Drogas, Eduardo Díaz, explicó a La
Silla Sur que los contratos que se firmen con las juntas de acción o las
organizaciones sociales para los recolectores hacen parte de un proceso de
convocatoria pública, en el que los que quieran participar tendrán las
mismas condiciones.

“No es a dedo. Es un proceso de convocatoria pública y no vamos a aceptar
que ninguna organización le imponga las condiciones a las demás.”

Eso es cierto pues para pagarles, el Pnis contempla que primero se deben
firmar contratos de prestación de servicios con la asociación de juntas o la
organización social que luego de pasar por un proceso de convocatoria
pública termine elegida.

Ese mismo problema de representatividad también ha pasado en Guaviare.

Allí, la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA, que
pertenece al movimiento político Marcha Patriótica y según cuatro fuentes
del departamento con las que hablamos, es vista como afín a la Farc, creó el
capítulo departamental de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca,
Amapola y Marihuana, Coccam. La MIA surge después del paro agrario de 2013 y
tiene 2100 asociados.

Sin embargo, como muchos campesinos no se sentían representados ahí,
apareció la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, Anuc, y
se alió con las juntas de acción comunal del Guaviare y montaron una
organización que se llama ‘Guaviare es paz’.

Cada una quería adjudicarse la potestad de ser voceras de todo el
departamento, pero al final el Gobierno dijo que "todos o ninguno" y
firmaron un acuerdo colectivo en febrero del año pasado. Pero a pesar de
eso, las pujas entre ambas organizaciones siguen.

“Ellos (MIA) insisten en que todo el que quiera participar en el programa de
sustitución tiene que tener la manilla de ellos, o si no no hay pagos”, dijo
a La Silla el presidente de una junta de acción comunal del municipio de El
Retorno, que agrupa a 303 juntas.

“Acá no llega la MIA sino cuando son los pagos, de resto los que le hemos
puesto el pecho siempre a la guerra, a las vacunas, a todo, somos nosotros”,
nos dijo Olmes Alonso Rodríguez, presidente de la Asociación de Juntas de El
Capricho, un corregimiento de San José del Guaviare que agrupa a 32 veredas.

“El Gobierno se veía obligado a incluir a la MIA porque la Farc lo exigía y
al hacerlo la MIA ha ganado más representatividad, buscando crecer en número
de afiliados a expensas de la sustitución”, nos dijo otra fuente que se
conoce por dentro la región.

Sin embargo, para Andrés Pulido, miembro de la MIA “la cosa no es asóciate y
te meto en el programa. Nosotros respetamos las decisiones de las juntas y
lo de que somos amigos de la Farc pues es un argumento que ha perdido
vigencia porque si ellos pasaron por el proceso de paz, es algo que ya no
tiene relevancia”, dijo a La Silla. “Lo que hay es una fractura de
representatividad porque Asojuntas representa a los más cercanos de los
cascos urbanos, nosotros hemos recogido a la gente que está más alejada”,
agregó.

Ese problema de representatividad también ha hecho que no todas las familias
cocaleras firmen los acuerdos.

Por ejemplo, en Putumayo, el Gobierno firmó el acuerdo regional de
sustitución con la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, Meros, que
también es afín a Marcha Patriótica y a la Farc, y que también crearon el
capítulo departamental de Coccam, logrando así que 27 mil familias cocaleras
firmaran el acuerdo colectivo. El problema es que hoy siguen por fuera 10
mil familias cocaleras de San Miguel, Puerto Asís y Puerto Leguízamo, tres
municipios que resistieron a la Meros y por eso no quedaron incluidas en el
acuerdo.

Los efectos

“Lo problemático de esto es el doble papel que pretende tener la Farc,
participando de las decisiones y siendo garantes al mismo tiempo”, dijo a La
Silla Sur Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la
Paz, FIP, que está preparando un informe justo sobre este tema. Por garantes
se refiere a que “ellos en los territorios se presentan ante las comunidades
como quienes van a hacer cumplir el Pnis”.

El otro factor de malestar con la Farc es que los voceros de este grupo en
las reuniones que aterrizan el Pnis tampoco condenan las amenazas de las
disidencias del frente Primero y Séptimo. Esas disidencias han estado
amenazando a los cocaleros y a los verificadores de la ONU.

“Uno los oye y es como si fueran del Gobierno con el tema de que hay que
sustituir, pero tienen un discurso muy poco confrontacional con las
disidencias, entonces a uno le queda como la sensación de que hay algún tipo
de comunicación todavía entre ellos”, nos dijo una fuente que trabaja para
la sustitución en Meta.

Algo muy parecido nos dijo Fidel Navarro, el coordinador territorial del
Pnis en Guaviare, Sur del Meta y suroccidente de Vichada. “Nos hace falta
que no solo la Farc, sino también la Coccam, condenen más a las disidencias
porque aquí hay territorios en los que el programa no ha podido entrar como
en once veredas que quedan sobre el río Inírida porque tienen amenazados a
los líderes con que no pueden sustituir y que tienen que seguir cultivando y
deforestando”.

Por eso aunque para el Gobierno es clave que la Farc siga de su lado, es un
aliado que al que todavía le falta ponerse más la camiseta.

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