Colombia/ Sin tregua: se rompen las negociaciones entre el ELN y el gobierno [Decio Machado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de febrero 2018

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Colombia

Las negociaciones entre el ELN y el gobierno en Colombia se rompen

Sin tregua

El presidente Juan Manuel Santos suspendió el 29 de enero el diálogo de paz
entre su gobierno y la guerrilla, aduciendo que ésta había violado la tregua
pactada. El Eln acusa a su vez al gobierno de lo mismo. Algunos indican que
la ruptura de la tregua responde a luchas internas en el grupo armado, donde
tendrían –por el momento– más peso los sectores menos dialogantes. Mientras
tanto, en Colombia siguen faltando las bases para construir un país con un
mínimo de democracia y justicia social, y la población vuelve a sufrir a
diario la guerra interna.

Decio Machado, desde Quito

Brecha, 9-1-2018

https://brecha.com.uy/

Pese al Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las Farc en
noviembre de 2016, Colombia sigue siendo uno de los países más violentos y
agitados de la región; combina una crisis institucional de tal magnitud que
el descrédito y la percepción de corrupción con respecto a su casta política
es generalizado entre la sociedad.

El establishment político colombiano, tradicionalmente mentiroso y corrupto,
históricamente incapaz de solucionar los problemas estructurales que
atraviesan desde hace décadas la realidad social y la economía del país,
basa gran parte de sus narrativas políticas en la estrategia del miedo al
llamado “castrochavismo” y la supuesta imposición de un régimen “comunista”
en el país.

Este discurso es también el eje central de la estrategia política de las
elites económicas y oligárquicas colombianas. La polarización frente a
supuestos enemigos internos que operan al servicio del comunismo
internacional ha generado consensos sociales que les han permitido evitar
–durante décadas– el más mínimo cambio en un modelo económico tremendamente
desigual.

Un modelo que se sostiene a través de una institucionalidad política carente
de legitimidad social. Unos datos para ilustrarlo: el abstencionismo en el
último plebiscito popular impulsado por el gobierno fue de 62,60 por ciento;
en las últimas elecciones presidenciales fue de 52,03 por ciento en la
primera vuelta y de 59,90 por ciento en la segunda, es decir, sólo 13,2
millones de los más de 30 millones de habilitados a votar en Colombia
decidieron quién sería el presidente de la república.

Es en este contexto en que el pasado 9 de enero se truncó el acuerdo de cese
al fuego bilateral y temporal entre el gobierno colombiano y la guerrilla
del Ejército de Liberación Nacional (Eln ),establecido en la capital de
Ecuador, que había entrado en vigor a partir del 1 de octubre de 2017.

Un dramático final

Esta tregua negociada, que no significaba la entrega de armas por parte de
la guerrilla ni el final de un conflicto armado que se mantiene desde 1964,
tuvo un final dramático. Apenas dos días después de establecido el cese
transitorio de hostilidades, el gobierno colombiano anunciaba la
paralización de los diálogos de paz con la insurgencia, alegando que el Eln
había vuelto a emprender acciones armadas tras 101 días de tregua.

Así fue que se retiraron de la mesa de negociación de Quito el representante
gubernamental, Gustavo Bell –ex ministro de Defensa–, y su equipo,
argumentando que la guerrilla había cometido al menos cuatro ataques en el
este del país contra oleoductos y destacamentos militares durante las
últimas 24 horas.

Las demandas desde la sociedad civil por la reanudación de los diálogos y la
conformación de un nuevo período de tregua permitieron que representantes de
la guerrilla y gobierno volvieran a juntarse en la búsqueda de reanudar los
diálogos de paz y la negociación. Sin embargo, la reactivación de
actividades militares por parte de ambos bandos significó que al menos cinco
guerrilleros fuesen abatidos en una operación protagonizada por las fuerzas
armadas en una zona rural del municipio de Valdivia, en el departamento de
Antioquia.

La escalada armamentística desembocó en varios atentados entre los días 27 y
28 de enero, cuando distintos artefactos explotaron en zonas aledañas a
estaciones de la policía, en Barranquilla, Soledad y Santa Rosa del Sur,
dejando varios muertos y decenas de heridos.

El presidente, Juan Manuel Santos, declaró públicamente el mismo lunes 29 de
enero su voluntad de “suspender la instalación del quinto ciclo de
conversaciones que estaba previsto para los próximos días”, dando al traste
–al menos momentáneamente– con las expectativas de paz que en las
comunidades afectadas por el conflicto armado se había generado.

Repeticiones

Durante los últimos treinta años la ruptura de negociaciones de paz entre el
gobierno y el Eln ha sido algo recurrente. Los primeros intentos de llevar a
buen término un acuerdo entre la insurgencia elena y el gobierno colombiano
datan del período presidencial del liberal Alfonso López Michelsen
(1974-1978), y tuvieron su reedición durante los mandatos de César Gaviria
(1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002).

Sin embargo, las constantes confrontaciones entre combatientes y militares,
las presiones de poderes fácticos sobre el gobierno y las urgencias
requeridas para la desmovilización hicieron que dichos diálogos nunca
llegasen a buen fin. La experiencia actual, lamentablemente, no parece
distinta.

La estrategia gubernamental se basa en lo que internacionalmente se conoce
como la “estrategia Rabin”, un método derivado de la experiencia sionista
que tampoco ha conseguido grandes logros de pacificación en el territorio
palestino tras 70 años de la creación del Estado de Israel. Esta se basa en
combatir al enemigo con toda la contundencia, como si no hubiese negociación
de paz en curso, pero se negocia al mismo tiempo como si no hubiese acciones
armadas insurgentes.

En paralelo, los voceros del Eln denuncian que “desde antes de terminar el
cese del fuego el Ejército ha estado ampliando el pie de fuerza y tomando
ventajas militares en varias de las regiones con mayor presencia del Eln”.
Si bien lo anterior parece ser verdad, las voces de la dirigencia campesina
e indígena que vuelven a sufrir cotidianamente el estado de guerra en
Colombia tampoco justifican la vuelta de las operaciones militares defendida
por el sector políticamente menos dialogante del Eln. Los sectores más duros
de la organización guerrillera indican que la ruptura del proceso de paz se
debió al pasado ataque a los cocaleros de Tumaco por parte de la fuerza
pública, en el que murieron entre cinco y nueve campesinos que protestaban
contra la erradicación de cultivos ilícitos en la zona, sin ninguna solución
económica alternativa para la población local; la continuación de la
política petrolera del Estado, y la represión a la protesta social, sumada a
los continuos asesinatos de líderes comunitarios y campesinos.

Las organizaciones sociales y campesinas de las regiones afectadas, que
vivieron un período de tranquilidad durante los 101 días que duró la tregua,
manifiestan su voluntad de que pese a los últimos acontecimientos bélicos el
gobierno retome la línea de conversación con la guerrilla, tal y como lo
están haciendo públicamente incluso miembros del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

Luchas internas

Carlos Velandia, ex miembro del Comando Central del Eln, así como otros
expertos conocedores de la realidad interna elena, consideran que la ruptura
de la tregua responde a luchas internas del grupo guerrillero, en las que
coyunturalmente estarían imponiéndose las tesis de los sectores menos
dialogantes, encabezados por Uriel, comandante del Chocó y el bloque
occidental. Por otro lado, el abogado colombiano Rodrigo Uprimy, miembro del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
considera que “no renovar el cese al fuego no sólo afectaría la confianza en
el proceso de paz sino que tendría consecuencias humanitarias desastrosas”.
De igual manera se manifiesta el analista Víctor de Currea Lugo, columnista
del diario El Espectador, quien considera que “es altamente preocupante que
las múltiples voces de la sociedad y de las regiones no hayan sido
escuchadas”.

En ese sentido, tanto la Conferencia Episcopal como la Misión de
Verificación de la Onu están haciendo llamados a las partes a mantener los
logros alcanzados durante el cese al fuego bilateral, lo que permitió, según
ambas instituciones, la “reducción de la violencia” en el período en que se
mantuvo vigente.

Pese a que organizaciones tales como La Paz Querida, Indepaz, las Naciones
Unidas, el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, y el
manifiesto firmado por más de un centenar de académicos, escritores,
empresarios, víctimas y congresistas están llamando a los negociadores del
gobierno colombiano y del Eln a que vuelvan a retomar los diálogos de paz,
la situación permanece bloqueada.

La culpa no es mía

Ni el gobierno colombiano –con un presidente que fue premio Nobel de la paz
en 2016– ni la guerrilla quieren en la actualidad asumir sus
responsabilidades como causantes de la ruptura de las negociaciones en
Quito, pese a que el proceso de paz está agonizando.

La debilidad del gobierno de Juan Manuel Santos en este tramo final de su
mandato es un factor que juega en contra de los deseos de una gran parte de
la sociedad colombiana que busca una paz justa, la apertura democrática y el
impulso a la participación ciudadana en el país. Entre los años 2002 y 2016
en Colombia fueron asesinados 558 líderes sociales, pero las expectativas de
que tras los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las Farc estos
indicadores bajaran han ido quedando frustrados con el paso del tiempo. Tan
sólo durante el pasado enero han sido registradas más de 23 muertes
violentas de líderes populares en todo el territorio colombiano, según un
reciente informe documentado, presentado por el Instituto de Estudios para
el Desarrollo de la Paz en Colombia.

En paralelo, es un hecho que existe una dificultad histórica a la hora de
negociar con el Eln, una organización guerrillera que se estima cuenta con
1.800 combatientes pero que mantiene una estructura federada que concede
autonomía militar a sus frentes, los cuales responden política y
militarmente al posicionamiento de cada uno de sus comandantes respecto de
este proceso.

En todo caso, el contexto de estas negociaciones de paz se enrarece en
función de que se aproxima el mes de marzo, cuando se desarrollarán
elecciones para renovar el Congreso, así como las presidenciales de mayo.
Hay un amplio sector de la izquierda política institucional colombiana que,
consciente de que la ruptura de las negociaciones de paz beneficia a los
sectores más beligerantes de la ultraderecha, encabezados por el ex
presidente Álvaro Uribe, demanda que el Eln articule mecanismos de tregua
unilateral que permitan que insurgencia y gobierno vuelvan a sentarse a la
mesa de negociación. Incluso, durante el año pasado varios voceros de las
Farc viajaron a Quito para convencer a los negociadores elenos de las
bondades del proceso de paz.

Más allá de los intereses coyunturales de la clase política colombiana, así
como de los actores en conflicto, es un hecho que siguen sin generarse las
bases para la construcción de un país con unos mínimos de democracia y
justicia social que permitan a los movimientos populares ejercer su voz y su
acción sin temor a sufrir represalias violentas.

Generar las condiciones para que se reanude el diálogo pasa por que el
conjunto de los sectores democráticos y populares se apropie de un proceso
que no debería limitarse a una transa entre el Eln y el gobierno. El diálogo
debe ser amplio e incorporar a múltiples sectores de la sociedad que hoy,
una vez más, vuelven a ser ignorados.

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