Estado español/ La prisión preventiva o el "estado de seguridad" como modelo [Jaime Pastor]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

15 de febrero 2018

Boletín Informativo

https://correspondenciadeprensa.wordpress.com/

redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net

  _____

Estado español

La prisión preventiva o el "estado de seguridad” como modelo

Jaime Pastor *

público.es, 15-2-2018

http://blogs.publico.es/

“Sorprende ver la desvergüenza con la que el Estado juega sus cartas. No
sólo la judicialización de la política es un escándalo. La vulneración por
parte de la Audiencia y el Supremo de aspectos básicos procedimentales y la
(re)interpretación del Código Penal es una señal de alarma para cualquier
demócrata. Como ya se ha advertido, el problema ha superado, y de largo, el
debate sobre el derecho a la autodeterminación. Hoy lo que tenemos es un
debate sobre el estado de derecho y sobre el ejercicio de derechos
fundamentales como el de manifestación y expresión. Del Estado social,
democrático y de derecho transitamos a un Estado de seguridad que nos
modifica lo que creíamos inamovible en libertades y derechos.
Lamentablemente éste no es sólo un pronóstico sólo para España. El mundo
liberal-democrático hoy transita globalmente a un escenario nada positivo.
Por eso es para mí más valiosa vuestra solidaridad”.

El pronóstico que con estas palabras nos transmitía en una carta reciente el
dirigente de la ANC, Jordi Sánchez, a quienes desde Madrid enviamos una
postal solidaria a su lugar de residencia forzada actual, la cárcel de Soto
del Real, es por desgracia muy certero. De forma parecida se expresaba en un
artículo reciente, Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural y también en
Soto del Real, cuando se preguntaba: “¿En la Europa del siglo XXI las ideas
de una minoría o de la disidencia política se pueden encarcelar?”. También
él nos ha agradecido la solidaridad que encontró en Madrid el pasado 17 de
septiembre y nos ha recordado su mensaje: “No nos dejéis solos. Os
necesitamos y nuestra lucha es vuestra lucha”.

En efecto, lo que está en juego hoy en torno a la criminalización del
movimiento de desobediencia civil no violenta que se ha ido desarrollando en
Catalunya desde aquella primera consulta en Arenys de Munt el 13 de
septiembre de 2009 no gira solo en torno a la legitimidad o no de un
referéndum sobre la independencia, sino que afecta directamente al futuro de
nuestras libertades y derechos. La complicidad de las elites europeas con el
régimen monárquico español, del mismo modo que lo hace con la Turquía de
Erdogan para cerrar la puerta a quienes huyen de las guerras de las que son
corresponsables, confirma sobradamente que la Unión Europea ha entrado en un
proceso de desdemocratización acelerada desde hace tiempo, al menos desde el
giro austeritario ordoliberal cuyo décimo aniversario recordamos ahora.

Con todo, algunas reacciones frente a este sombrío panorama empiezan a
hacerse oír. En nuestro caso, frente a la espiral del silencio que se impone
desde la casi totalidad de los grandes medios de comunicación de ámbito
estatal en nombre de la defensa fundamentalista de la unidad de España, son
ya significativas las voces que desde fuera de Catalunya y procedentes de
diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian el
brutal recurso al derecho penal del enemigo, con carácter además preventivo.

En esa carrera hacia el vaciamiento del Estado de derecho colma ya el vaso
el recurso a las categorías de rebelión y sedición para aplicarlas a
dirigentes sociales y políticos catalanes independentistas. Unas acusaciones
que, como también han denunciado una larga lista de expertos penalistas
junto con Amnistía Internacional, no tienen ninguna base jurídica ante
personas que actuaron simplemente como representantes de unas organizaciones
y un govern que, junto con más de dos millones de personas, practicaron la
desobediencia civil no violenta para poder ejercer su derecho al voto el
pasado 1 de octubre. Una convocatoria que, salvo que se optara por la
rendición incondicional, aparecía como la única alternativa posible, una vez
constatada la imposibilidad de un acuerdo con el Estado español para
celebrar un referéndum con todas las garantías mediante una interpretación
abierta de la Constitución vigente.

Por si esto no fuera suficiente, los últimos autos del juez Llarena han
venido a ratificar el nuevo salto adelante del Tribunal Supremo en la
criminalización del independentismo como tal, reafirmándose en la prisión
preventiva basada en la mera sospecha de la reiteración delictiva. Ha
quedado así ya patente, por si quedaban dudas, que este régimen no está
dispuesto a permitir que las fuerzas políticas independentistas, aun en la
hipótesis de que llegaran a conquistar una mayoría social y electoral,
puedan llevar a cabo su ideario. ¿Cabe ya alguna duda de que los Jordis,
Junqueras y Forn sean presos políticos?

Algunas fuerzas políticas y sociales autodenominadas de izquierda sostienen
que la aplicación del artículo 155 y la beligerancia del poder judicial en
el caso catalán son una excepción necesaria por la “irresponsabilidad de los
independentistas” y que la “democracia” española sigue gozando de buena
salud. Muestran así una ceguera que nos recuerda la ya vieja cultura de
demócratas cínicos que se fue asentando desde el relato mítico de la
Transición. Ahora, además, con efectos trágicos no sólo por la cuestión
catalana sino porque les lleva a cerrar filas con el gobierno de un partido
corrupto al que no faltarían razones para ilegalizar, como ya han
argumentado expertos constitucionalistas. Pretenden ignorar, además, que
hace tiempo que la tendencia criminalizadora del gobierno y el poder
judicial se está extendiendo a otros colectivos sociales y al libre
ejercicio de otros derechos, entre ellos el de la libertad de expresión
desde que la conocida como Ley Mordaza entró en vigor y con la ayuda de uno
de los Códigos Penales más duros de Europa, abusando, con doble vara de
medir, de las categorías de “odio” o “blasfemia” y estimulando el populismo
punitivo con la cadena perpetua. Pero es que además olvidan que el
intervencionismo económico de Montoro y la amenaza del 155 son ya la norma
de un estado de excepción financiera y de una recentralización en marcha que
no afectan ya sólo a Catalunya.

Así que no cabe llevarse a engaño. Si en Europa, como bien diagnostica
Etienne Balibar, la gobernanza neoliberal y xenófoba está conduciendo a una
descomposición de la ciudadanía y a la exclusión social, política y cultural
de millones de personas, en nuestro caso ese proceso se ve reforzado con un
régimen monárquico que desde sus propios orígenes renunció a sentar las
bases de una democracia liberada del legado franquista y respetuosa de la
realidad plurinacional cada vez más manifiesta dentro de este Estado.

No va a ser fácil forzar un cambio de rumbo frente a esta deriva oligárquica
y autoritaria, pero tampoco lo será para este régimen contar con el
consentimiento de una mayoría social enfrentada a un futuro de mayores
desigualdades y recortes de libertades y derechos. Por eso, en estos tiempos
de interregno global y de monstruos que no dejan de surgir desde arriba, no
viene mal recordar a Herbert Marcuse en este cincuentenario del
Acontecimiento global del 68 cuando en su escrito titulado Tolerancia
represiva escribía pocos años antes que “hay un ‘derecho natural’ de
resistencia para las minorías oprimidas y subyugadas a emplear medios
extralegales si se ha probado que los legales resultan inadecuados”.

* Jaime Pastor, editor de Viento Sur y miembro de Madrileñ@s por el derecho
a decidir.

  _____







---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20180215/31880836/attachment.htm