Ecuador/ La corrupción, por las nubes [Decio Machado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

6 de enero 2018

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Ecuador

La corrupción, por las nubes

Decio Machado, desde Quito

Brecha, 5-1-2012

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El devenir informativo de los últimos meses ha hecho que los ecuatorianos
vayan acostumbrándose, día tras día, a despertar con la difusión de un nuevo
escándalo de corrupción a través de sus medios de comunicación.

Si bien este asunto no es nuevo, pues la corrupción lleva décadas enraizada
en la política nacional, las dimensiones actuales lo han convertido en el
segundo problema más preocupante para la sociedad ecuatoriana, después del
desempleo.

El vicepresidente, Jorge Glas, cesado en la actualidad de sus funciones,
lleva tres meses encerrado en la Cárcel 4 de Quito. El número dos del
antiguo gobierno, impuesto por el ex presidente Rafael Correa como número
dos también del actual, fue condenado el 13 de diciembre a cumplir una
sentencia de seis años de prisión como autor del delito de asociación
ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador, y está
obligado a devolver –junto a sus cómplices– 33,4 millones de dólares como
afectación dolosa al patrimonio del Estado ecuatoriano.

Glas no sólo es el primer vicepresidente del país encarcelado mientras
estaba desempeñando de su cargo, sino el funcionario de más alto rango, en
ejercicio, de América Latina detenido a consecuencia de la Operación Lava
Jato.

Lo anterior propiciará que en los próximos días el presidente, Lenín Moreno,
proponga formalmente una terna al Legislativo para sustituir al
vicepresidente encarcelado, el cual desde el 3 de enero cumple los 90 días
máximos permitidos de ausencia temporal para el cargo. Los medios de
comunicación han filtrado en los últimos días los nombres de tres ministras
del actual Ejecutivo como posibles sucesoras del ex vice.

La situación de Glas es extremadamente compleja, pues todo apunta a que las
investigaciones judiciales a las que está sometido desencadenarán nuevos
procesos en su contra. Si su condena actual es por asociación ilícita, aún
está por determinarse con qué finalidad cometió este acto delictivo.

Pero los casos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito,
tráfico de influencia, lavado de activos y testaferrismo abundan en Ecuador.
Durante este año 2018 deberán resolverse otros tantos casos más de
corrupción que implican a ex ministros del gobierno de Correa –algunos de
ellos fugados–, su ex contralor general –también escondido en Miami– y altos
funcionarios responsables de megaproyectos construidos durante esta última
década.

El propio Correa, que vuelve al país esta semana para hacer campaña en
contra de la consulta popular impulsada desde el actual Ejecutivo y que
según su resultado puede impedir su presentación como candidato presidencial
en las próximas elecciones, ya ha anunciado que teme ser vinculado a las
tramas de corrupción que paulatinamente van destapándose.

Por qué

Entender las causas por las cuales durante el mandato de Correa esta pequeña
nación andina ha pasado a ser considerada como una de las que tienen los más
altos índices de corrupción implica entender un entramado de leyes
desarrollado durante los últimos diez años que hicieron que fuera más fácil
delinquir en la gestión pública y más improbable que antes que dicha
corrupción saliera a la luz.

El primer error es constitucional, pues la actual carta magna –aprobada en
setiembre de 2008–,que pretendió ser la más garantista del mundo, creó la
Función de Transparencia y Control Social. Con ello se buscó superar el
histórico reparto de instituciones públicas y organismos de control que
había sufrido Ecuador durante los tiempos de la vieja partidocracia,
conformando a través de la nueva estructura de un “supuesto” Estado moderno
un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A
ese consejo de siete miembros se lo dotó de las siguientes competencias:
promover e incentivar el ejercicio de los derechos relacionados con la
participación ciudadana, establecer mecanismos de control social para
asuntos públicos, elegir a los titulares de la Fiscalía, Contraloría,
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y la Corte Constitucional, entre
otros.

Sin embargo, este llamado “quinto poder” se construye a partir de una
Constitución que concentra una gran parte de éste en el presidente de la
República, una imposición de Rafael Correa a la que la bancada mayoritaria
de su partido durante la Asamblea Constituyente (2007-2008) no tuvo el valor
de enfrentarse, permitiéndole influir decisivamente en la conformación de un
organismo que, a través de un concurso de méritos, pretendía ser
representante de la sociedad civil.

El resultado es evidente: todos los organismos de control del sistema
democrático quedaron en manos de personas afines al partido de gobierno
(Alianza País). De igual manera, el Ejecutivo impulsó una nueva “ley de
servicio de contratación pública” que teóricamente pretendía transparentar
esta función del Estado. Derivado de dicha ley se creó la figura del
“régimen especial”, lo cual permitió al Estado contratar a empresas sin
licitaciones públicas, bastando una selección directa del proveedor avalada
tan sólo por el visto bueno del ministro del área. Esa misma ley incorpora
la opción de que entidades estatales y empresas públicas puedan contratar
obras, bienes, servicios y consultorías –incluso con empresas extranjeras–
sin requerir garantía alguna y también mediante selección directa.

En estos últimos diez años Correa dictó 16 decretos de emergencia tan sólo
en el sector petróleo, lo que abrió las puertas a la corrupción en los
sectores estratégicos, sin contar con otras áreas de intervención del Estado
que también se vieron afectadas por dicha reglamentación.

Por último, cabe reseñar que entre 2005 y 2015 la Contraloría ha enviado a
la Fiscalía General del Estado más de 2 mil informes por mal uso de fondos
públicos. El anterior fiscal, Galo Chiriboga, tío de Rafael Correa,
reconoció la falta de respuesta por “falta de registros” de la institución
que dirigía, anunciando la pronta implementación de un sistema para hacer un
seguimiento en “tiempo real” que nunca llegó a ponerse en marcha. Hasta el
cierre de 2016 tan sólo hubo 245 sentencias, que básicamente hacían
referencia a pequeños casos vinculados a municipios que desviaron recursos.
Los procesos hoy en marcha contra altos funcionarios públicos vinculados al
gobierno nacional devienen de investigaciones internacionales, como la
Operación Lava Jato, en Brasil, y nunca son fruto de acciones iniciadas
judicialmente en el país.

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