Nicaragua/ Ante el horror de la represión desenfrenada [Mónica Baltodano]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de julio 2018

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Nicaragua 

 

Ante el horror de la represión desenfrenada 

 

A pesar de las mesas de diálogo, el gobierno de Daniel Ortega sigue
reprimiendo los nicaragüenses. Antiguos sandinistas le dan la espalda y los
movimientos sociales toman las calles. Sin embargo, la explosión popular
frente a la represión encuentra a la población desarticulada y
desorganizada. El tejido social ha sido pulverizado por las políticas
neoliberales y por la persecución abierta o solapada del gobierno. Los
partidos políticos están reducidos y desacreditados. Y la reconstrucción del
tejido social parece absolutamente necesaria frente a los desafíos
planteados en el país.

 

Mónica Baltodano *

 

Nueva Sociedad, julio 2018

http://nuso.org/

 

La represión del gobierno de Daniel Ortega contra estudiantes y población
civil desarmada que sigue protestando ha dejado, hasta el 25 de junio, 285
asesinatos, más de 1,500 heridos y aproximadamente 156 desaparecidos…
Después del 24 de abril, fecha en que el gobierno aceptó las bases del
Diálogo Nacional, sus fuerzas represivas perpetraron 225 asesinatos más.
Este dato ilustra que para Ortega el diálogo es tan solo una estratagema
para ganar tiempo. Además de las multitudinarias marchas en Managua y otros
departamentos del país, los pobladores fueron levantando tranques y
barricadas en carreteras y calles de las ciudades. Los primeros en
atrincherarse fueron los habitantes del combativo barrio indígena de Monimbó
en Masaya. Buscaban también contener la ola de quemas y saqueos promovidos
por el régimen. Los campesinos, dirigidos por la líder campesina Francisca
Ramírez, iniciaron los tranques en Nueva Guinea que luego se extendieron en
todo el país. Los tranques son un mecanismo de defensa frente a la
represión, pero también un instrumento de presión ante la indecisión de los
empresarios de realizar un paro nacional indefinido. En los tranques y
barricadas hacen guardia mujeres, jóvenes y pobladores armados únicamente de
morteros caseros, asistidos por su vecindario. La masividad de la
participación ciudadana es tal que, en varias ciudades, llegaron a cercar
estaciones de policía, obligando a los efectivos a abandonar los poblados.

 

El 30 de mayo, día tradicional de la madre nicaragüense, se realizaron
marchas simultáneas en las ciudades. Más de 300.000 nicaragüenses desfilaron
en Managua encabezados por el movimiento Madres de Abril que agrupa a
familiares de las víctimas de las masacres. Casi al finalizar,
francotiradores y policías dispararon contra la multitud: 20 personas
perdieron la vida y cientos resultaron heridos. La población respondió con
más trincheras. Al comenzar el mes de junio se contabilizaban más de 160
tranques y cientos de barricadas. 

 

El Diálogo Nacional

 

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) escogió a los participantes de
la Mesa de Diálogo que se sentarían frente al gobierno. Se trataba de los
grandes empresarios agrupados en el Consejo Superior de la Iniciativa
Privada (COSEP) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, de una
delegación de estudiantes y de integrantes de la sociedad civil (un
representante del movimiento campesino, uno de la Costa Caribe, y otro del
movimiento sindical autónomo). El Diálogo realizó su sesión inaugural el 16
de mayo. Desde entonces hasta la fecha, los avances son relativamente
modestos porque no ha cesado la represión y el gobierno elude abordar la
Ruta de la Democracia propuesta por la Conferencia Episcopal. Ese documento
propone el adelanto de las elecciones para el 31 de marzo del 2019. Además,
promueve reformas previas a la Ley Electoral y el cambio de las autoridades
electorales. El gobierno apuesta a imponer el cronograma que venía
elaborando desde 2017 con el secretario general de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señalado de parcializarse a favor
del gobierno en elecciones pasadas. El cronograma llevaría a Ortega a
terminar su espurio mandato en 2021.

 

El presidente descalifica a quienes exigen su salida anticipada como
«golpistas», y se presenta como víctima de un complot internacional. A este
discurso se han unido algunos partidos de izquierda en América Latina,
incapaces de distinguir la retórica pseudorrevolucionaria de Ortega de sus
prácticas neoliberales. Más aún, asumen una posición éticamente condenable
al justificar en la práctica los asesinatos de casi 300 nicaragüenses. 

 

Derechos Humanos

 

El 22 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
presentó el informe final de su visita a Nicaragua ante el Consejo
Permanente de la OEA. El demoledor informe fue rechazado de plano por el
gobierno de Ortega que, a su vez, obtuvo el respaldo de Venezuela. La
mayoría de los demás países demandaron el cese de la represión. En el
informe puede leerse lo siguiente:

 

«Los hallazgos de la visita de trabajo muestran que la violencia estatal ha
estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y que
siguió un patrón común, caracterizado por: el uso excesivo y arbitrario de
la fuerza policial, incluyendo el uso de la fuerza letal de manera
deliberada y sistemática; el uso de grupos parapoliciales con la
aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales; obstáculos en el
acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de
represalia por su participación en las manifestaciones; un patrón de
detenciones ilegales arbitrarias a jóvenes y adolescentes que participaban
pacíficamente en protestas y personas que transitaban en vías públicas en
las zonas de los incidentes; el uso de tratos crueles, inhumanos y
degradantes contra la mayoría de las personas detenidas, llegando algunos de
estos a alcanzar el umbral de tortura; la difusión de propaganda y campañas
de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta; intimidaciones y
amenazas contra líderes de movimientos sociales; y falta de diligencia en el
inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones
ocurridos en el este contexto».

}

La CIDH hizo quince recomendaciones, pero el gobierno se ha negado a cumplir
con todas ellas. De hecho, solo ha cumplido con la instalación del Mecanismo
Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la aceptación del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua), y la
invitación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Lamentablemente, no es posible ser demasiado optimista sobre los
resultados del trabajo de estos equipos. Mientras Ortega siga al frente del
gobierno, todas las instituciones bajo su control conspirarán contra la
eficacia de las investigaciones de estos organismos. En el caso del GIEI,
trabajará al lado del Ministerio Público, una institución totalmente
controlada por Ortega. Hasta hoy no existe ninguna apertura de caso contra
los autores de los crímenes del gobierno y, por el contrario, se ha
inculpado a inocentes como «chivos expiatorios» mientras crecen los
expedientes contra los luchadores sociales.

La recomendación más importante de la CIDH –desmantelar los grupos
parapoliciales– no solo no se ha cumplido, sino que Ortega los ha expandido
desplegando un ejército irregular letal que opera en complicidad con la
policía. 

 

El papel de Estados Unidos

 

El gobierno estadounidense sostenía hasta hace muy poco tiempo una relación
cercana con el gobierno de Ortega. El mandatario nicaragüense le otorgaba
«paz y estabilidad». Sin embargo, la relación ha cambiado. Washington ha
comenzado a expresar «preocupación» por lo que está ocurriendo y, sobre
todo, por los resultados de la crisis. Por ello empujan una salida «suave»
que no debilite su situación en la región. No les preocupan ni los derechos
humanos y civiles ni la corrupción. Su apuesta está centrada en sus propios
intereses. El 9 de junio, Caleb McCarry, experto en temas de transición que
trabajó para el gobierno de George W. Bush, visitó Nicaragua como enviado
del poderoso presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de
Estados Unidos, Bob Corker. Asimismo, antes de la reunión del Consejo
Permanente de la OEA, el embajador Carlos Trujillo, representante permanente
de Estados Unidos ante ese organismo, realizó una visita de 24 horas a
Nicaragua y se entrevistó con la CEN, integrantes del Diálogo y con Daniel
Ortega. Se ha filtrado que EEUU intenta presionar a Ortega con el adelanto
de las elecciones a cambio de inmunidad (es decir impunidad) para su
familia. 

 

La represión se recrudece y se extiende

 

Desde el 11 de junio, el gobierno incrementó la represión a través de lo que
se ha llamado «operación limpieza». Se trata de una verdadera oleada
ofensiva con grupos combinados de policías, fuerzas antimotines y civiles
fuertemente armados y encapuchados. Estos grupos, además de disparar
indiscriminadamente y destruir las barricadas, realizan allanamientos de
domicilios y capturas de muchachos y muchachas basadas en listas
proporcionadas por los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), grupos
partidarios que forman parte de las estructuras oficiales desarrolladas por
el gobierno. 

El 16 de junio estas fuerzas combinadas incendiaron una vivienda con la
familia entera adentro quedando carbonizados 4 adultos y dos niños, una de
dos años y otro de tres meses. Los sobrevivientes denunciaron que el
incendio fue provocado por estos grupos ligados al gobierno, porque el dueño
del inmueble, donde además había una fábrica de colchones, no permitió que
un francotirador se apostara en el tercer piso de la vivienda. Imágenes de
policías y sicarios progubernamentales quedaron registradas en videos de una
cámara de seguridad de un negocio vecino. Asimismo, a punta de balas han
desmontando una parte de los tranques y las barricadas, provocando numerosos
muertos y heridos. En las ciudades impera de facto la suspensión de las
garantías constitucionales y el toque de queda. Los grupos de encapuchados
se ubican a cualquier hora y en cualquier lugar practicando registros,
detenciones y sembrando el terror en los ciudadanos.

 

Correlación de fuerzas y lucha popular

 

Las elecciones de noviembre de 2016 fueron claramente fraudulentas y la
abstención fue superior a 60 %. La ilegitimidad del gobierno se confirmó en
una encuesta de la consultora CID Gallup realizada entre el 5 y 15 de mayo,
que indica que 63 % de la población opina que Ortega debe dejar el poder, y
67% opina lo mismo de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La
población está decidida a expulsar a la pareja del poder y paga altos costos
en vidas y sacrificio. El impacto de la crisis sobre la economía es
demoledor. Numerosos negocios han cerrado y se han perdido más de 200.000
empleos. 

 

En medio del incremento represivo, diversas organizaciones cívicas lanzaron
la propuesta de la desobediencia civil, en particular la de los grandes
contribuyentes. Sin embargo, el empresariado duda. El 14 de junio, las
cámaras empresariales realizaron, por fin, un paro nacional de 24 horas que
resultó todo un éxito. La gente presiona por un paro indefinido combinado
con la desobediencia civil y la lucha de calles para forzar a la pareja a
dimitir. La explosión popular frente a la represión encontró al pueblo de
Nicaragua desarticulado y desorganizado. El tejido social ha sido
pulverizado por las políticas neoliberales y por la persecución abierta o
solapada del orteguismo. Los partidos políticos están debilitados y
desacreditados. Por lo tanto, reconstruir el tejido social es un desafío.

 

La delegación participante del Diálogo se ha agrupado como Alianza Cívica
por la Justicia y la Democracia pero también se ha venido construyendo la
Articulación de Movimientos Sociales que aglutina a estudiantes
autoconvocados, expresiones territoriales del Movimiento 19 de Abril,
población movilizada en tranques y barricadas, movimientos de mujeres y
feministas, movimientos campesinos, organizaciones de Derechos Humanos,
pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, ambientalistas,
movimientos defensores de la diversidad sexual y medios de comunicación,
entre otros. La Articulación ha planteado que toda ruta hacia la
democratización deber partir de la salida inmediata de la pareja
presidencial del poder y la instalación de un gobierno de transición que
diseñe los pasos para elegir cuanto antes una Asamblea Constituyente y un
nuevo gobierno. 

 

La suerte está echada. Como dice la consigna repetida hasta el hartazgo:
«Ortega perdió al pueblo y el pueblo perdió el miedo». Sin embargo, todavía
falta recorrer un camino para que el pueblo, hoy martirizado, vea resolver
esta contienda a su favor. 

 

* Mónica Baltodano, ex-comandante guerrillera del FSLN. Jugó un rol
importante durante la etapa insurreccional de 1978-79 contra la dictadura
somocista.  Fundadora del Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MRS) y
diputada en la Asamblea Nacional de Nicaragua entre 2007-2011. Tomó
distancia de la delegación parlamentaria del MRS. Junto a otros militantes
históricos del sandinismo, ella es una opositora radical al régimen
Ortega-Murillo. (Redacción de Correspondencia de Prensa)

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