Argentina/Debates/ "El modelo insustentable sigue tocando Fondo" [Colectivo de Economía Política]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

22 de julio 2018

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Argentina/Debates

 

Exclusivo. Segundo documento del Colectivo de Economía Política para la
Argentina sobre la crisis y el acuerdo con el FMI

 

“El modelo insustentable sigue tocando Fondo”

 

El grupo de 248 economistas y expertos en distintas disciplinas reunido en
el colectivo EPPA advierte sobre los problemas estructurales de la economía
macrista, las consecuencias de sus políticas y las perspectivas sombrías de
sostener el rumbo actual. El acuerdo con el FMI, alertan, es sólo para
sostener la agonía. Sin embargo, sostienen que no se debe caer en la
resignación y ofrecen alternativas para encarar el principal desafío, la
restricción externa.

 

Colectivo EPPA

 

Suplemento Cash, 22-7-2018

https://www.pagina12.com.ar/

 

 

La fuerte revalorización del dólar es parte de una histórica problemática
estructural que, con las políticas actuales, se ve intensamente profundizada
y más por el carácter Bi-monetario de la economía argentina, una
característica excepcional a nivel mundial. La problemática se manifiesta,
coyuntural mente, en forma de corridas cambiarías, inestabilidad financiera
y pérdida de credibilidad; no obstante, un análisis más profundo de la
situación revela las serias inconsistencias del programa económico vigente,
que implican mayores riesgos a mediano y largo plazo, porque parte del
deterioro es acumulativo y no siempre sintomático. Como si la historia no
dejara registros permanentes, la liberalización y des regulación de los
mercados está menoscabando las variables fundamentales de la economía: el
crecimiento no despega, la inflación mantiene un sendero creciente y el
nivel alcanzado de endeudamiento enciende alarmas precautorias. Las secuelas
de este modelo, sin lugar a dudas, serán pagadas por el grueso de la
sociedad, por medio de licuación del poder adquisitivo de los ingresos
populares, desocupación en ascenso o precarización laboral, generalizándose
una peor calidad de vida.

 

Si bien este último tiempo se ha puesto el foco de atención en el accionar
del BACERA, la causa central del problema es el conjunto de medidas que se
tomaron desde el inicio de la gestión. A partir de un diagnóstico equivocado
sobre la situación del país a fines de 2015, y sobre cuáles eran los
principales desafíos a afrontar, se comenzó a consolidar un modelo económico
de corte conservador que ingresó en un círculo vicioso de ajuste y
achicamiento de las capacidades del Estado. Estas políticas han llevado a
profundizar los problemas estructurales de la Argentina y hacer de este
modelo un camino inviable hacia el desarrollo socio económico, alimentando
la fuga de capitales y la especulación financiera que, a través del
endeudamiento externo, pretenden sostener en el tiempo (tal como sucede con
el reciente acuerdo con el FI). Resulta imprescindible plantear además el
estrecho vínculo entre quienes son los ejecutores y los beneficiarios de
esta política económica, habiendo un nexo cercano entre quienes ejercen el
gobierno e instituciones y bancos de las finanzas globales. Es decir, no
sólo es un enfoque distinto sobre la macroeconomía lo que nos separa, sino
la defensa de intereses contrapuestos, de un proyecto para mayorías y de
otro para las minorías del poder concentrado.

 

Todos los agregados de la macroeconomía se vieron afectados por la oleada de
medidas de corte neo liberal. Los mecanismos de vinculación y articulación
de la economía real y nominal, en materia fiscal, monetaria y productiva
fueron desmembrados en una maquinaria des coordinada y sin engranajes, que
evidentemente no puede funcionar correctamente.

 

Por cuestiones ideológicas, las disposiciones y mecanismos de regulación que
dispuso el gobierno saliente se eliminaron rápidamente. En el plano
monetario, la disolución del sistema de administración del mercado de
cambios dejó librada al mercado la compra y venta de divisas, permitiendo la
libre entrada y salida de capitales financieros, que fueron invitados a la
especulación, sin ninguna restricción temporal de permanencia. Al mismo
tiempo, concretó una devaluación del cuarenta por ciento, preludiada la
inflación más alta de los últimos años.

 

En el plano comercial se relajaron los controles cuantitativos, como las JAI
y las Licencias No Automáticas (LINA), lo que disparó las importaciones a
tasas muy por arriba de las exportaciones. Las industrias locales y la
balanza comercial se vieron notablemente afectadas. En paralelo, se permitió
a los exportadores la no liquidación de las divisas obtenidas por sus
ventas, con la posibilidad de dejar los capitales en el extranjero. Mientras
tanto, la quita de retenciones tuvo más efecto sobre la suba de precios
internos que sobre el incremento de las cantidades exportadas.

 

En el mercado interno, se centró la política económica en la derogación de
normativa reguladora, flexibilizaron de acuerdos y supresión de controles,
como lo sucedido con el sector petrolero y el programa Precios Cuidados,
donde se quitaron bienes esenciales de la canasta de consumo. En materia
salarial, las presiones por techos a las paritarias no se pudieron
disimular, restando poder de consumo a la población y fuerza al mercado
interno. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores
formales deriva en una fuerte restricción en la compra de bienes y servicios
de las familias. Esto atenta contra el mercado interno, lo cual perjudica a
los trabajadores de amplios sectores de la economía popular y asociativa,
haciendo inviables cada vez más actividades productivas, junto con sus
puestos de trabajo vinculados.

 

En el plano fiscal, se eliminaron o redujeron las retenciones a las
exportaciones de los grupos más concentrados de la economía, lo que ocasionó
una importante pérdida de recursos fiscales para todas las jurisdicciones
del Estado. A pesar de que el plano recaudatorio no constituía el objetivo
primario de la política de retenciones, su impacto no es menor; se estima
que en el trienio 2016-2018 dejaron de ingresar a las arcas públicas unos
7.500 millones de dólares. Tal es así que en la búsqueda de nuevas fuentes
de ingreso, el gobierno instaló recientemente la posibilidad de retomar el
esquema de retenciones.

 

En la práctica, la merma en el erario público fue compensada con el
perfeccionamiento de un blanqueo que no hizo más que favorecer la
formalización de activos de grandes evasores, sin la obligación de repatriar
sus capitales. En paralelo, se quitaron impuestos progresivos, como los
patrimoniales y a los autos de alta gama, beneficiando a sectores de altos
ingresos y se aprobó una reforma fiscal que profundiza la agresividad en
materia tributaria. El presupuesto público es un fiel reflejo de cuáles son
los sectores que se privilegian desde el gobierno: mientras se ceden
recursos a favor de los grupos más concentrados, se dan de baja un número
amplio de políticas públicas y se recortan subsidios a los sectores
populares, que tienen que pagar montos exorbitantes por servicios
esenciales. Aun así, el déficit fiscal lejos está de mostrar una reducción
significativa, ya que el pago de los intereses de la deuda pública dispara
el rojo del resultado financiero al tiempo que quita cada vez más fondos
públicos a las políticas de inclusión para el desarrollo económico.

 

Con un sesgo ideológico marcado, a favor de las visiones ortodoxas, el
oficialismo mantuvo que la monetización del déficit fiscal era el origen de
gran parte los problemas económicos, y que su financiamiento vía deuda
externa sería el mecanismo ideal para resolver las tensiones internas. El
resultado implicó un crecimiento exponencial de la deuda pública sin una
solución de fondo para las debilita das arcas del Tesoro. En esa misma
línea, se argumentaba que la quita de subsidios reduciría el déficit fiscal
y ello pondría rápidamente un coto a la inflación. El resultado es historia
conocida: un tercer año de continuidad de los aumentos, -que superaron el
incremento del 1.500 por ciento en el caso de la energía eléctrica-, y que
no hicieron más que echar nafta al fuego, arruinando la economía y el
bienestar de muchas empresas y familias.

 

Volviendo al inicio, tal vez el rasgo más pre ocupante de este conjunto de
medidas es la configuración de un escenario de fragilidad externa, que la
entrada de capitales especulativos y la toma de deuda en los mercados
internacionales ayudaron a disimular transitoriamente. Sin embargo, algunos
acontecimientos sucedidos en los últimos días mostraron de cuerpo entero la
vulnerabilidad que hoy caracteriza al país. La confirmación final del
acuerdo con el FI es el síntoma más evidente pero no el único. Por todo
esto, consideramos que la Patria está en peligro, y desde nuestro lugar no
podemos más que expresar nuestra preocupación sobre la susceptibilidad de la
economía. Frente a este escenario complejo, desde el colectivo PEPA
consideramos importante ofrecer nuestra visión relativa del contexto actual.

 

La política del Bacera

 

A partir de la asunción del presidente de la autoridad monetaria en 2015 (de
reciente renuncia), el Banco Central llevó adelante una agresiva política de
captación de liquidez a través de emisión de letras (Glebas). El objetivo
era parar en seco el proceso inflacionario, diagnosticado como producto de
un excesivo nivel de circulante en la economía.

 

A los pocos meses de haber asumido, se evidenció que la política impulsada
por el presidente del Banco Central a fin de contener las cantidades de
dinero no hacía mella en los niveles inflacionario’s que se disparaban a
niveles récord en la década. Por ello, la institución orientó su política
hacia visiones ortodoxas más modernas: el control de la tasa de interés a
fin de domesticar los precios, cuya variación tendría una meta (inflación
argentina). Sin embargo, el stock de Glebas siguió creciendo ya que, por su
atractiva tasa, generó la afluencia de fondos de inversión foráneos o bien
de grupos concentrados locales que buscaban jugosos rendimientos
financieros. Así, se fue creando una “bola de nieve” donde en cada
vencimiento, la inyección de pesos era cada vez más grande, obligándose a sí
mismo a sostener una tasa alta para evitar una corrida de esos pesos sobre
el dólar. 

 

De esta forma, el stock de Glebas sobre la base monetaria (billetes en poder
del público) creció de forma exponencial, representando el 200 por ciento de
ella y triplicando los niveles heredados del gobierno anterior. Ante esta
situación, el Estado vio menguado sustancialmente su poder para controlar
variables monetarias y cambiarias claves para manejar la economía, como la
tasa de interés y la nominalista del tipo de cambio, que junto al problema
de la deuda fue so cavando la independencia económica del país.

 

No obstante, los niveles de inflación siguieron un sendero momentáneamente
descendente, por el ancla cambiaría que transitoriamente pudieron
establecer, además de que ya se había alcanzado una suba de precios de
alrededor del 40 por ciento anual por el aumento de todos los servicios
regulados y por la fuerte devaluación de 2016 que se fue trasladando a
precios. Sobre el final de 2017 ya se percibía que el proceso de des
inflación del que hablaba el EN estaba trunco y se trataba de un espejismo.
La política de tasas altas no parecía hacer efecto y los recientes saltos
cambiario de 2018, sumados a los nuevos tarifados, dieron lugar este año a
un renovado ímpetu inflacionario. La mitad del año quedó signada por una
alta conflictividad social, en un contexto de cierre de fábricas y comercios
y deterioro extensivo del poder adquisitivo de los salarios combinados con
la creación de empleo con menores derechos laborales, como es el caso de los
contributivas.

 

Riesgo de corrida cambiaría

 

La política monetaria de esterilización de pesos mediante Glebas no sólo ha
fracasado en sus objetivos cantinflesco, sino que lleva consigo un
endeudamiento creciente que representa un riesgo latente. A diferencia de
los países centrales, emisores de monedas duras, la Argentina tiene como
talón de Aquiles la restricción externa. Es decir que la escasez de divisas
que se va estando limita la capacidad del país para continuar el proceso de
crecimiento. Esta restricción se acentúa violentamente en momentos de estrés
financiero, ya que los agentes privados tienden a dola rizar sus activos
previendo y cubriéndose de las cíclicas devaluaciones. Los esquemas
económicos que implican la liberalización del mercado del dólar, como el
actual, no hacen más que incrementar la fragilidad de nuestro sector
externo. Además, el riesgo se ve potenciado por la creación secundaria de
una masa de activos nominados en dólares, como los plazos fijos del sistema
bancario. De esta forma un creciente stock de activos de corto plazo
potencialmente dolaría, cuelga cual espada de Damocles en la economía
argentina. Cada vencimiento de Glebas representa un potencial pase al dólar,
con una consecuente depreciación del peso o pérdida formidable de reservas.
A fin de ejemplificar, el 15 de mayo se produjo un vencimiento por 617.000
millones de pesos equivalente a 25.000 millones de dólares, aproximadamente
la mitad de las reservas internacionales actuales. Se logró una renovación
de esas letras, pero para ello el Bacera tuvo que elevar la tasa de interés
al 40 por ciento, con todo lo que implica para la economía real. Tentar a
los inversores con mayores tasas en pesos es un arma de doble filo, ya que
la amenaza se mantiene y de forma creciente, en tanto y en cuanto no se
genera un ingreso genuino de divisas sustentable en el tiempo.

 

Así, la liberalización y des regulación del mercado cambiario permitió al
sistema bancario retornar a prácticas que parecían superadas con el gobierno
anterior. La posibilidad de comprar dólares libremente, sumado al blanqueo
de capitales con poco o nulo control estatal, implicaron nuevamente la
creciente polarización del sistema. Desde enero de 2016 los depósitos en
dólares de los argentinos crecieron de forma permanente. Actualmente los
mismos representan el 46 por ciento de las reservas internacionales del
Banco Central. De producirse una corrida de depósitos, la institución
monetaria debe salir a respaldarlos perdiendo las reservas que sean
necesarias. En este caso, el tipo de cambio deja de ser la variable de
ajuste, ya que no evita el retiro de esos depósitos. La polarización del
sistema bancario ha sido, entre otras, causante de la mayor crisis económica
argentina de todos los tiempos. Parece irresponsable la estimulación de
estos mecanismos (propios de países donde no existían Bancos Centrales) en
nuestro país.

 

La fragilidad externa se hace visible

 

Estos riesgos se han evidenciado más que nunca las últimas semanas. La suba
de tasas en ENE. sumado a la tendencia proteccionista creciente ha generado
un fortalecimiento del dólar que provocó el desarme de posiciones
financieras en pesos para situarse en activos de mayor calidad (nominado’s
en monedas duras). Este puntapié inicial se trasladó a una fuerte corrida
cambiaría. Ante esta presión de demanda sobre el dólar, la reacción del
Bacera fue tratar de evitar una fuerte devaluación del peso para no
desalinear aún más la inflación con su meta. Tanto la enorme venta de
reservas (se vendieron 9.000 millones de dólares desde marzo y 6.500 en tres
semanas), como la suba de la tasa de interés, que llegó al 40 por ciento
anual, fueron los instrumentos utilizados. A pesar de ello, el mercado le
torció el brazo y el peso se evaluó un 20 por ciento en unas semanas y más
del 43 si se toma su recorrido desde el 1 de diciembre de 2017 a la fecha. 

 

Ante la incapacidad del Bacera de frenar la corrida, el Ministerio de
Hacienda respondió con un fuerte ajuste en la obra pública de alrededor de
3.200 millones de dólares, para dar una “señal de confianza” al mercado.
Decisión que traerá más recesión y pobreza y menos empleo e infraestructura
básica para el desarrollo. Tras esta batería de medidas, la presión
compradora sobre el dólar continuó. Por lo que el gobierno abrió la última
canilla verde que le quedaba y anunció una línea de crédito con el Fondo
Monetario Internacional. En Argentina, es historia conocida: prestan plata a
cambio de soberanía. Esto atará de manos al gobierno que se verá
condicionado a profundizar el mismo ajuste que ha causado la crisis
cambiaría.

 

Así, vemos cómo lo que en la superficie parece coyuntural, en verdad tiene
cuestiones mucho más profundas y estructurales. Mientras tanto, el bienestar
de la ciudadanía se reduce día tras día, el país navega por aguas agitadas y
crece la angustia sobre el porvenir.

 

El acuerdo con el FI

 

Conocidos los detalles del acuerdo, se confirmaron las duras exigencias
sobre la reducción del gasto público. El préstamo desde el plano económico
no es más que un paliativo transitorio. Por su esquema de desembolsos y
repago, tanto como por su carácter de “cobertura”, se trata de un artificio
puramente financiero. Una carta blanca de los factores de poder
internacional (FI y los países centrales) para alivianar las tensiones sobre
las fatigadas cuentas externas de nuestra economía, a partir de la
desconfianza de los mercados sobre el manejo de las finanzas públicas, que
se materializó en las corridas cambiarías de los últimos dos meses. La
contracarta del crédito, según lo anunciado hasta el momento, es el
compromiso de repago, tanto como la disposición de un manejo presupuestario
enteramente configurado a tales fines. Un ajuste brutal de la inversión
pública de 3,8 puntos del BI en los próximos tres años es tal vez el número
que mejor sintetizar el esfuerzo en “lágrimas, sudor y sangre”, como
contrapartida de haber recurrido al fondo.

 

Como analizamos, el eufemismo utilizado por los funcionarios maristas de
“turbulencia cambiaría” encuentra origen, entre otros, en un rojo comercial
creciente en los últimos años. Por caso, en 2017 el déficit de cuenta
corriente se posicionó en torno a los 31.000 millones de dólares. Es decir
que las divisas que nuestro país “genera” de manera genuina a través de sus
exportaciones, no alcanzan para cubrir las importaciones necesarias del
actual nivel de actividad. A esto se le suma la remisión de utilidades y
dividendos al exterior, el turismo remisivo hacia el resto del mundo, y los
intereses de la deuda externa contraída por el Estado Nacional y los Estados
provinciales.

 

¿Es el acuerdo con el FI una solución a este problema? ¿Está destinado el
préstamo a financiar un proceso de crecimiento ostensible que permita
revertir el déficit externo? Considerando el énfasis del ministro Dujo en
afirmar que el préstamo es el reaseguro para poder mantener el programa
económico definido hasta el momento, las respuestas difícilmente sean
afirmativas. En el acuerdo se hace hincapié en los “esfuerzos fiscales” que
hará el Estado para reducir el déficit. De este modo, la baja del gasto
público anunciada para los próximos años redundará en menor crecimiento,
menor nivel de actividad y menores salarios reales. En la misma presentación
del Ministerio de Hacienda se prevé una reducción del 13 por ciento en
términos reales en el rubro “salarios y bienes y servicios”.

 

Como marcan las nuevas proyecciones macro, este camino no puede llevar más
que a un enfriamiento general de la actividad económica. En primer lugar, ya
se evidencian los traslados a precios y la aceleración de la inflación,
haciendo de la pérdida de poder adquisitivo una generalidad ampliamente
difundida. En segundo lugar, la mayor tasa de interés presiona sobre la
posibilidad de financiar inversiones en pequeñas y medianas empresas o
convierte a la inversión en la economía real en una alternativa poco
rentable. Esto también presiona a la baja el nivel de actividad y genera
pérdida de puestos de trabajo, a lo que se debe sumar el freno por el
quiebren de la cadena de pagos y la tendencia a la polarización de las
listas de precios. En tercer lugar, las bajas en los salarios y en la obra
pública profundizan este esquema que complican las propias metas fiscales
del gobierno por la caída del producto y la menor recaudación. Así, esta
obsesión con la baja del gasto público no asegura una reducción del déficit
fiscal, pero sí redunda en una mayor recesión y desigualdad social.

 

Volviendo al frente externo, la Argentina contará temporalmente con los 50
mil millones de dólares disponibles por parte del FI para hacer frente a sus
obligaciones en moneda extranjera. Mientras tanto, la caída en los ingresos
y el nivel de actividad será tal que cuando hayamos utilizado el préstamo,
la dinámica de la economía argentina funcionará con menos importaciones,
tendrá menos ahorros para dola rizar y el Estado habrá acumulado un mayor
nivel de endeudamiento externo. Sin un cambio de rumbo, los problemas
estructurales no se solucionarán y el único efecto del préstamo será
extender la agonía. La diferencia de este préstamo con los endeudamientos
anteriores es que como contrapartida se ofrece el compromiso de profundizar
las políticas que nos llevaron a recurrir al acuerdo. Así, el gobierno se
limita a sí mismo sobre las futuras decisiones de política económica y toma
como rehén al pueblo argentino.

 

Otro camino es posible

 

Sin embargo, desde el colectivo EPPA no nos resinamos a que la situación
actual constituya un callejón sin salida. Ningún camino está exento de
dificultades, pero el agravamiento de la principal restricción al
crecimiento en Argentina es sin dudas una elección equivocada. Una política
con pretensiones de resolver la restricción externa de manera sustentable
debiera tener como principios el estímulo al desarrollo de la industria
nacional, de manera de generar más valor agregado y reducir las necesidades
de endeudamiento externo para llenar los casilleros vacíos de nuestra matriz
productiva. Por otro lado, ocuparse de la restricción externa en la
coyuntura requiere de la recuperación de los instrumentos de control y
regulación de los flujos de capitales, del mercado de cambios y de la
implementación de una institucionalidad que garantice la intervención del
Estado en el comercio exterior. La restricción externa hoy suma al problema
estructural de la producción la intensa fuga de capitales, que no debe
leerse como reacciones preventivas frente a coyunturas sino como parte de la
lógica de la globalización financiera y que necesita ser enfrentada una
fuerte intervención estatal que la contenga. Además, debemos considerar que
el problema de la restricción externa no es equivalente a suponer que la
Argentina no cuenta con recursos suficientes para sostener niveles de
consumo más altos y un mercado interno vigoroso. Justamente, en paralelo a
una economía traicionada por el mercado interno y el consumo popular se debe
orientar paulatinamente el desarrollo industrial hacia las exportaciones,
estimulando las ventas de bienes con mayor valor agregado para superar la
preponderancia del sector primario como fuente principal de divisas. La
defensa y el desarrollo de una industria nacional competitiva no traen
efectos positivos únicamente en el frente externo, sino se asocia a empleos
de mayor calidad e ingresos que ayudarían a dinamizar el mercado interno en
su conjunto, en un círculo virtuoso. Como políticas inmediatas, urge la
necesidad de recomponer salarios y jubilaciones de manera de recuperar el
poder de compra para las mayorías, y así recuperar el circuito de
crecimiento virtuoso que se perdió a fines de 2015. Este camino es incluso
más efectivo en pos del equilibrio fiscal tan apuntado por el gobierno. En
la medida que aumente la producción y el empleo se dará una reducción del
déficit primario vía una mayor recaudación. Está claro que el acuerdo con el
FI, y el ajuste implicado como condicionamiento, lejos está de enmararse en
este rumbo. Obcecando, el Gobierno de Cambiemos está enmarcado en un círculo
vicioso de ajuste, deuda y más ajuste.

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