Cuba/ "Constitucionalizando" la ruptura [Amaury Valdivia]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

28 de julio 2018

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Cuba

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“Constitucionalizando” la ruptura



La virtual eliminación de los límites al enriquecimiento personal es la
modificación más conspicua de la planificada reforma de la carta magna
cubana, cuyo anteproyecto fue aprobado en el parlamento sin mayores cambios
ni grandes debates.



Amaury Valdivia, desde La Habana



Brecha, 27-7-2018

https://brecha.com.uy/



A finales de la semana pasada los cubanos asistieron a un acontecimiento
singular: por primera vez las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional del
Poder Popular (el parlamento) eran trasmitidas de forma íntegra y en vivo
por televisión.



Por si tal novedad no fuera suficiente, el tema presentado a discusión
también resultaba inédito. Cada uno de los 605 diputados que integran “el
órgano superior del poder del Estado” tenía ante sí un ejemplar del
anteproyecto de la nueva Constitución, con la que Raúl Castro afirma
pretender asegurar la “invulnerabilidad” del socialismo en la isla. Se trata
de 224 artículos redactados por una comisión de 33 miembros presidida por él
mismo, que desde comienzos de junio laboró para dotar al país de una carta
magna “acorde con la nueva realidad nacional y los cambios por venir”, según
el presidente, Miguel Díaz-Canel.



Desde abril de 2011 Cuba vive bajo el signo de la “actualización”, la
política económica –impulsada por el hermano menor de la familia Castro con
el aval de los dos últimos congresos del Partido Comunista (Pcc)– que derogó
numerosas prohibiciones heredadas de décadas anteriores (las que impedían
viajar libremente al exterior y la compraventa de inmuebles y autos, entre
las más publicitadas) y fomentó el “cuentapropismo” (el sector privado de la
economía) y la inversión extranjera.



Luego de entregar la presidencia en abril último, y ateniéndose a sus
responsabilidades como primer secretario del partido, Raúl Castro parecía
llamado a concentrar sus esfuerzos en el fortalecimiento de esa organización
política, esencial dentro de la estructura funcional del país. De hecho, la
carta magna vigente –y se ha confirmado que también la por venir– le otorga
al Pcc la condición de “fuerza dirigente superior de la sociedad y el
Estado”; su primer secretario es la máxima autoridad en todos los campos,
incluido el de la defensa.



Mas el ex presidente y su sucesor sorprendieron en junio pasado con el
anuncio de una comisión constitucional, conformada íntegramente por
diputados, que daría a conocer un anteproyecto de nueva Constitución, que
primero debería ser aprobado por el parlamento –así se llegó a la cita de
hace una semana– y luego pasar por un “proceso de consulta popular”.



Una discusión singular



Las sesiones televisadas revelaron a más de un observador el carácter que
pudiera tener el “proceso de consulta popular”, programado por las
autoridades para llevarse a cabo desde el 13 de agosto (aniversario del
nacimiento de Fidel Castro) hasta el 15 de noviembre próximos.



En teoría, durante esa etapa la ciudadanía tendrá la posibilidad de brindar
sus impresiones sobre el texto y hacerle enmiendas. Eso en teoría, pues
“haría falta que con las opiniones del pueblo no pase como con las de muchos
diputados, que si eran contrarias o pedían alguna modificación, les caían
‘arriba’, y adiós la propuesta”, señalaba un lector del sitio digital
oficialista Cubadebate, en un foro sobre el tema.



Su observación puso el dedo sobre el punto más sensible de los debates
parlamentarios aludidos, los cuales –en propiedad– no lo fueron realmente.
En la práctica el “guion” de las cuatro jornadas legislativas se basó en una
escena repetida en cerca de un centenar de ocasiones. En ella un diputado
cualquiera planteaba sus criterios sobre un artículo determinado y el
secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta (quien conducía la
presentación del anteproyecto), lo confrontaba con tono de inapelable
superioridad.



Las contadas modificaciones al original no pasaron nunca de una permuta de
términos o alguna adición o supresión virtualmente inocua. En asuntos de
fondo, como las amplias reformas propuestas para el gobierno de las
provincias y municipios, la creación de cargos como el de primer ministro o
de un Consejo Electoral Nacional, y la virtual eliminación de los límites al
enriquecimiento personal –la modificación más llamativa–, se registraron
contadas intervenciones.



Únicamente los acápites relativos a las formas de propiedad reconocidas por
el Estado y su actitud ante la concentración de ésta en manos privadas (22),
la igualdad de los ciudadanos y sus derechos (40 al 42), y la familia (69)
propiciaron algo semejante a la confrontación de ideas. Sin embargo, ni
siquiera en esas circunstancias los criterios divergentes consiguieron pasar
a la letra impresa. Por lo regular, luego de la respuesta de Acosta y la
explicación de alguno de los asesores de la comisión constitucional, los
diputados se declaraban “de acuerdo con lo planteado en el anteproyecto”.
Sólo en una oportunidad una diputada insistió en llevar a votación su
propuesta (sobre un cambio menor en un artículo acerca de la igualdad de los
ciudadanos ante la ley). Ninguno de los presentes la respaldó.



Vale destacar que los cuatro días de sesiones parlamentarias transcurrieron
sin que el pueblo cubano conociera el texto sobre el que discutían los
asambleístas, ya que el anteproyecto todavía no ha sido divulgado.



Desigualdades



Al margen de la aprobación del matrimonio igualitario (reconocido
expresamente en el proyecto constitucional) o de la apertura a un utópico
escenario pluripartidista (negada de plano por la ratificación en el mismo
texto del monopolio político del Partido Comunista), el tema económico se
perfila como el más sensible –y asequible– para el ciudadano común.



En especial porque la mayoría de las finanzas familiares se mantiene en
números rojos desde comienzos de la década de 1990, y la desigualdad crece a
pasos agigantados. Si bien no existen estadísticas oficiales al respecto,
estudios conducidos por la Universidad de La Habana (UH) –la más importante
del país– han revelado que alrededor del 85 por ciento de los fondos
depositados en cuentas bancarias pertenece al 13 por ciento de la población,
y que en ciudades como la capital la proporción entre los salarios mínimos y
los más altos es de uno a 30 (cuando en 1989 era de uno a cuatro).



“Si bien la isla muestra rasgos muy semejantes a la transición demográfica
de naciones desarrolladas (niveles muy bajos de fecundidad y mortalidad), en
lo tocante a la penetración de la tecnología y al nivel medio de los
ingresos personales, se encuentra en el nivel africano”, alertaba en marzo
pasado el profesor Juan Carlos Albizu-Campos, investigador del Centro de
Estudios Demográficos de la UH. Sus criterios fueron emitidos en un panel
organizado por la revista de ciencias sociales Temas, bajo el conflictivo
título “¿Compañeros ricos? Los grupos de altos ingresos en el socialismo”,
el cual despertó una masiva concurrencia de público pero aparentemente no
encontró eco en el Palacio de la Revolución.



En contraposición con la inquietud de muchos, durante la presentación del
anteproyecto constitucional el secretario del Consejo de Estado se empeñó en
restar gravedad a la situación. “La concentración de la propiedad es el gran
enemigo al que debemos enfrentar. Aunque haya concentración de la riqueza,
si no hay concentración de la propiedad no hay margen para la explotación
del hombre por el hombre”, aseguró Acosta a los asambleístas que reclamaban
una mayor claridad en cuanto a las políticas de Estado ante el fenómeno.



Y es que de las discusiones en la Asamblea Nacional se desprende que en este
proceso de reforma constitucional el gobierno cubano ha buscado plasmar una
distinción entre la concentración de la riqueza y la concentración de la
propiedad, obviando la aparente contradicción de esa distinción semántica
que niega los postulados más fundamentales del marxismo.



El “proceso de consulta popular”



Tampoco quedaron definidos, durante las sesiones parlamentarias, los
mecanismos que darán curso a los planteamientos realizados por los
ciudadanos en las miles de asambleas que se organizarán en todo el país.



“En algún momento se especuló con la posibilidad de circunscribir las
discusiones (acerca de la nueva Constitución) sólo a la Asamblea Nacional”,
recordaba en abril el doctor en ciencias históricas Ariel Dacal, profesor
del conocido Centro Martin Luther King, en La Habana. Por entonces, diversas
“pautas de la reforma” comenzaban a esbozarse en ámbitos oficiales y grupos
de la sociedad. Todas revelaban el interés que despertaba el proceso
inminente. “Sería poco alentador que algunas zonas de esa riqueza quedaran
fuera de las consideraciones para la redacción definitiva del nuevo texto
constitucional”, alertaba el especialista.



La forma en que esa y otras inquietudes encuentren respuesta depende en
primera instancia del propio Consejo de Estado, que a las órdenes del
presidente, Díaz-Canel, ostenta la representación del país entre los
períodos de sesiones de la Asamblea Nacional. Como el próximo encuentro de
esa cámara está previsto para diciembre, el procesamiento de las opiniones
populares estará a cargo del aparato burocrático subordinado al Consejo de
Estado, erigido en juez y parte por la actual coyuntura.

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