Colombia/ Gobierno suprime los primeros espacios para la reincorporación de las Farc [VerdadAbierta]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de junio 2018

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Colombia



Gobierno suprime los primeros espacios para la reincorporación de las Farc



VerdadAbierta, 9-6-2018

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La medida fue sorpresiva y afecta a quienes están adelantando su proceso en
los municipios de Tierralta, Córdoba, y Vigía del Fuerte, Antioquia. El
argumento es que ya habían cumplido su misión. La incertidumbre entre los
desmovilizados es alta.



Mediante el Decreto 982 del 7 de junio de 2018, se decidió suprimir dos de
los 26 sitios destinados para desarrollar la reincorporación económica y
social de los excombatientes de la antigua guerrilla de Farc, conocidos como
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Uno de
ellos es Vidrí, poblado del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, donde
dejaron las armas quienes integraron los frentes 34 y 57. El otro es Gallo,
vereda del municipio de Tierralta, Córdoba, que albergó a exinsurgentes de
los frentes 5 y 58.



Si bien el decreto enfatiza en que el Ejecutivo tiene la potestad para
suprimir, modificar o prorrogar dichos espacios “según las necesidades del
caso, por razones de seguridad, de índole administrativo o cualquier otra
que pudiera presentarse”, en este caso la decisión se tomó porque, según el
documento, “cumplieron con su cometido inicial de facilitar la
reincorporación a la vida civil en lo económico, lo social y lo productivo
de los excombatientes de la extinta Farc-Ep”.



Entre lo dispuesto por el gobierno nacional también se destaca que los
equipamientos y toda la infraestructura construida en estos ETCR podrán ser
transferidos “a las entidades públicas del orden nacional, departamental o
municipal que lo soliciten y justifiquen requerirlos, cuando su destinación
sea para la realización de actividades sociales, de salud, educativas o
similares para el logro y mantenimiento de la paz, en especial para apoyar
la reincorporación o reintegración de miembros de grupos alzados en armas”.



Cabe recordar que los ETCR son, desde el 15 de agosto de 2017, los mismos
sitios conocidos anteriormente como Zonas Veredales Transitorias de
Normalización (ZVTN), que acogieron a los poco más de 10 mil guerrilleros
que hicieron dejación de sus armas ante la Misión de la ONU dispuesta para
tal fin.



En términos prácticos, los principales cambios que planteó el paso de Zona
Veredal a Espacio Territorial fue la eliminación de las fronteras entre los
insurgentes y la Fuerza Pública y la interacción entre excombatientes y
pobladores, asuntos que no se permitieron en las ZVTN. (Lea más: Farc en
Arauca: entre amenazas de disidencias y compromiso con la reintegración).



Polémica



A pocas horas de promulgado el decreto, la decisión ya levantó ampolla entre
los integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc),
partido político surgido tras la firma del Acuerdo de Paz.



Según Pastor Alape, representante de la Farc ante el Consejo Nacional de
Reincorporación (CNR), se trató de una decisión inconsulta que aumenta la
incertidumbre que reina entre los excombatientes, principalmente entre los
cerca de 200 que viven en Vidrí, poblado que se ha visto afectado por el
incremento de la presencia de la guerrilla del Eln y el avance de las
llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo armado ilegal que
busca incursionar desde Antioquia hacia el Bajo Atrato chocoano.



“Nosotros habíamos acordado con el gobierno nacional suspender Gallo, dado
que hace ya más de dos meses que más del 80 por ciento de la gente que había
allí se trasladó para Mutatá. Pero no así con Vidrí. Era una posibilidad que
se estaba estudiando, pero se había dicho que hasta tanto no se realizaran
unas asambleas con la población, dado que se trata de un territorio donde
hay un consejo comunitario, no se tomaría una decisión. Pero el gobierno ya
la tomó sin consultar”, destacó Alape.



De acuerdo con ese dirigente de la Farc, “el gobierno nacional nos tendrá
que decir ahora qué vamos a hacer con la gente que está en Vidrí, porque el
decreto no dice cómo van a seguir funcionando esos espacios que dejaron de
ser ETCR. La gente sigue allí, pero entonces no sabemos bajo qué
condiciones, si tendrán que moverse así no más. La incertidumbre es alta”.



Igualmente, una fuente del CNR, que pidió la reserva de su nombre, le dijo a
este portal que “ese traslado se estaba pensando porque es muy difícil el
acceso a Vidrí y eso suponía una serie de dificultades. No obstante, este
jueves en una sesión del Consejo Nacional de Reincorporación la delegación
de Farc manifestó que todavía no se había tomado la decisión de realizarlo,
porque se estaba explorando la realización de unos proyectos productivos en
Vidrí que podrían favorecer a las comunidades que están al pie del río
Arquía”.



VerdadAbierta.com también estableció comunicación con funcionarios de la
Agencia Colombiana para la Reintegración y la Normalización (ARN) para
conocer sus impresiones al respecto. La persona consultada se abstuvo de
emitir un pronunciamiento oficial por cuanto “el decreto apenas salió ayer
(jueves) y este fin de semana lo trabajaremos a fondo para ver cómo
continuamos”.



El gerente de los ETCR, Jefferson Mena, le salió al paso a las críticas y le
aseguró a VerdadAbierta.com que la decisión fue concertada en el CNR y
respaldada por los propios exguerrilleros: “El gobierno recibió una carta de
los excombatientes de allá donde anunciaban que se iban todos para La Troje
(corregimiento de Quibdó, Chocó) y que allá iban a desarrollar su proyecto
productivo, por lo que se tomó la decisión de cerrar ese Espacio”.



Asimismo, Mena aseguró que la Agencia Nacional de Tierras está adelantando
el procedimiento administrativo requerido para comprar el predio de La Troje
donde se pondría en marcha el proyecto, que el mismo funcionario aseveró ya
fue aprobado por el CNR, y que consiste en la cría y comercialización de
tilapia.



Caso contrario sucede en Gallo. Esta vereda del municipio de Tierralta,
Córdoba, albergó a 150 exintegrantes de los frentes 5 y 58. Sin embargo,
desde finales del año pasado poco más de 120 de ellos decidieron trasladarse
por su propia cuenta hacia el municipio de Mutatá, Urabá antioqueño, hecho
que fue conocido y confirmado en su momento por el propio alto comisionado
para la Paz, Rodrigo Rivera. La expansión acelerada de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (Agc) y las amenazas proferidas por este grupo
armado ilegal contra varios excombatientes fueron las principales razones
que motivaron su reubicación.



En su informe titulado Espacios territoriales para la capacitación y
reincorporación, publicado a finales de 2017, la Defensoría del Pueblo
consignó su preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en
todo el municipio de Tierralta por la reconfiguración del conflicto,
“teniendo como actor armado ilegal fuente de la amenaza a las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (Agc), quienes han asumido el monopolio de las
economías ilícitas, de la criminalidad y han expandido su control
territorial luego de la dejación de armas por parte de las Farc”.



Por esa razón, los integrantes de las Farc decidieron abandonar el ETCR de
Gallo y reubicarse en la vereda San José de León, de Mutatá. De acuerdo con
Mena, “como toda la gente se trasladó para Antioquia, en Gallo sólo teníamos
unas tres o cuatro personas. En esas circunstancias, el Ministerio de
Defensa nos solicitó que levantáramos el Espacio, dado que en términos
económicos salía muy costoso mantener a la Fuerza Pública que lo
resguardaba”.



El funcionario también informó que la Gobernación de Antioquia adelanta los
trámites pertinentes para la compra de un predio en ese municipio que les
sería entregado a los excombatientes bajo la figura de comodato, con el fin
de adelantar allí un proyecto productivo.



La discrepancia entre la Farc y el gobierno por la manera como se tomó la
decisión de clausurar ambos Espacios se suma a otras desavenencias que se
han presentado en el CNR durante las últimas semanas. Entre ellas, la
generada por la decisión unilateral del Ejecutivo de no expedir un decreto
negociado por las partes para adjudicarles tierras de manera colectiva a los
excombatientes, paso clave en el proceso de reincorporación económica.

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