Uruguay/ Pobreza: la cantidad en duda, la línea una estafa [Redacción - Camila Bello]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

17 de junio 2018

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Uruguay



Las cifras oficiales sobre pobreza en duda



No se trata solamente de saber cuántos son los pobres e indigentes. Las
estimaciones respecto al “núcleo más vulnerable” varían según las fuentes,
aunque ninguna baja de las 300 mil personas. Son las caras visibles del
masivo desempleo juvenil. Fugadas de la precariedad salarial. Moradoras de
la segregación habitacional. Expulsadas de un “sistema educativo” fallido.
Crecidas en insoportables miserias familiares. Víctimas de la anclada
“pobreza estructural”. Es decir: la consecuencia inocultable, según Karl
Marx, de la pobreza producida artificialmente en virtud de las relaciones
modernas de explotación.



Claro, las estadísticas se detienen en la “línea de pobreza”. De ahí que el
número sea menos escandaloso, comparado con otros países de la región. Las
mediciones del gobierno del Frente Amplio, validan el criterio de “solvencia
monetaria” impuesto por los organismos internacionales, con el Banco Mundial
a la cabeza. Y entonces la pobreza “no ha dejado de disminuir”. La estafa es
evidente. Una persona que tiene un ingreso mensual de $ 13.019 (U$S 400 ) ya
no sería pobre; y una persona que tiene un ingreso mensual de $ 3.264 (U$S
110) ya no sería indigente.



Obviamente, las estadísticas sobre la miseria social, no incluyen la
categoría de trabajadores/as pobres. Porque entonces la población en
condición de pobreza aumentaría. Alcanza con saber que el 40% de los/as
asalariados/as “formales” (550 mil), reciben una remuneración mensual menor
a un salario mínimo y medio, $ 20.000 (U$S 700).



La nota que sigue no trata las causas de la expoliación social, aunque
muestra, en resumen, el bajo precio de la fuerza de trabajo. Tampoco habla
de garantías de las necesidades sociales elementales. Se refiere,
específicamente, a las capas más empobrecidas, socialmente desposeídas, que
anidan en la periferia desamparada de la sociedad, en la llamada “cultura de
la pobreza”, sin posibilidades de acceder siquiera a una condición de
precariedad laboral ni, mucho menos, al ansiado estatuto de “clase media”.
No obstante, tiene su utilidad. Los propios trabajadores del Instituto
Nacional de Estadística (INE), alertan sobre las dudosas cifras oficiales,
cuentan las deplorables condiciones en que se realizan las entrevistas,
cuestionan los instrumentos ejecutores de las políticas asistenciales
focalizadas. O sea, desnudan el buque insignia del progresismo. (Redacción
de Correspondencia de Prensa)



Pobres números



La sección del Instituto Nacional de Estadística que velaba por la calidad
del índice de pobreza no funciona hace un año. Sin boletos ni teléfonos
pagos, y expuestos a mordeduras, los encuestadores alertan que los
resultados podrían fallar. Las autoridades insisten: la precisión está
intacta.



Camila Bello



Que Pasa, 16-6-2018

https://www.elpais.com.uy/



Uruguay alcanzó el mínimo histórico de pobreza en 2017: el 7,9% de las
personas no tiene los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas. El dato fue celebrado por el presidente Tabaré Vázquez, quien
enseguida lo atribuyó a las medidas implementadas por los tres gobiernos del
Frente Amplio: "Ahí está el resultado de las políticas públicas llevadas
adelante para atender a la población más necesitada", dijo. Al igual que
todos los años, el informe fue elaborado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y no recibió el mínimo cuestionamiento, hasta que tres
delegados de la Asociación de Empleados de Estadística y Censos fueron en
mayo a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados y activaron las
alarmas. ¿La calidad de los números presentados podría estar en riesgo?



Los trabajadores denunciaron carencias que afectan su rendimiento. Por
ejemplo, afirmaron que no cuentan con un espantador de perros que les
permita evitar las mordeduras frecuentes. Pero una reivindicación llamó un
poco más la atención de los legisladores y tendió un manto de duda sobre los
datos obtenidos a partir de la Encuesta Continua de Hogares, de la que se
desprende el índice de pobreza. Los funcionarios informaron que la sección
que monitoreaba la calidad de ese estudio no funciona hace más de un año,
por lo que sus integrantes fueron reubicados en otras áreas: "Eso nos
preocupa porque está vinculado con la calidad de los índices que emite el
instituto", dijo uno de ellos.



La división había sido creada en 2008 y fue cerrada en 2016. Su principal
tarea era volver a entrevistar al 10% de la muestra de hogares seleccionada,
con la intención de chequear los datos obtenidos en primera instancia por
los encuestadores. Ante la consulta de El País, un grupo de técnicos del INE
contestó, por escrito, que la sección fue clausurada a raíz de los avances
tecnológicos, que hicieron que "algunos procedimientos (que utilizaban)
quedaran obsoletos". A su vez, entendieron que "no era apropiado visitar
nuevamente los hogares" ya que generaba "molestia y agotamiento" en los
entrevistados. Si bien aseguraron que la calidad de los datos presentados en
2017 no estuvo en peligro, informaron que un nuevo departamento de calidad
empezará a funcionar a principios del próximo año.



La Encuesta Continua de Hogares se realiza desde hace 50 años y calcula,
entre otros índices, los de pobreza e indigencia. El método se basa en
elaborar una Canasta Básica Total, que contiene ciertos bienes y servicios
(alimentos, vivienda, salud y educación) que se entienden elementales para
garantizar un mínimo de bienestar. La línea de pobreza es el umbral que
determina el ingreso necesario para adquirir esa canasta, que se actualiza
mes a mes por el Índice de Precios al Consumo (IPC). Según cifras de abril
de 2018, las personas que perciben más de $ 13.019 en Montevideo, más de $
8.524 en el interior urbano y más de $ 5.701 en el interior rural están por
encima de esa línea. El 7,9% de los uruguayos que no logran alcanzarla son
considerados pobres.



Por otra parte, el instituto elabora también una Canasta Básica Alimentaria,
que incluye los productos que cumplen los requerimientos nutricionales para
satisfacer las necesidades calóricas de una persona. Según cifras de abril
de 2018, aquellos que perciben menos de $ 3.264 en Montevideo, menos de $
3.009 en el interior urbano y menos de $ 2.720 en el interior rural están
bajo la línea de la indigencia. El 0,1% de la población se encuentra en esta
situación.



Los datos presentados en abril son certeros, según los técnicos del INE, ya
que la precisión de la Encuesta Continua de Hogares se sigue evaluando. Una
forma de suplir la división calidad fue incorporar dispositivos electrónicos
que permiten chequear y cruzar la información en tiempo real. Esta
tecnología se usa en casi todo el país, salvo en zonas de extrema
inseguridad a las que llevan los cuestionarios en papel. Los nuevos aparatos
se pusieron en práctica en 2015, tienen el tamaño de un celular y cuentan
con "reglas de crítica". Esta herramienta habilita a los técnicos a
controlar los datos mientras hacen la encuesta, ya que encuentra las
inconsistencias que puedan responder los entrevistados: por ejemplo,
notifica cuando a un niño de escuela se le atribuyen 18 años de educación.



Antes de que el Estado adquiriera los dispositivos, los encuestadores debían
prestar todavía más atención a las respuestas. Si notaban errores en los
relatos, estaban obligados a repetir la parte afectada del cuestionario,
algo que insumía no solo el tiempo, sino también la paciencia del
encuestado. A veces no lograban darse cuenta en el momento y tenían que
volver otro día para rehacer las preguntas. Los datos se escribían en papel
y recién se cargaban al sistema cuando llegaban a la oficina del instituto,
por lo que había riesgo de perderlos en el camino. El uso de la tecnología
les ahorró tiempo, dinero y errores en las encuestas.



Hoy los datos publicados sortean siete controles distintos. El primero tiene
lugar en la sección relevamiento, que elige los barrios a encuestar y
elabora las preguntas. Esa información se carga a los dispositivos móviles,
que luego llevan los trabajadores de campo a los hogares seleccionados. Los
datos recabados vuelven a relevamiento, que los revisa antes de
entregárselos a la división crítica, que chequea una vez más la coherencia
de la información y elabora un listado de encuestas en las que se declararon
ingresos por fuera de lo esperable para las condiciones observadas. Esos
hogares vuelven a ser entrevistados con el objetivo de controlar las
respuestas originales. Un equipo técnico recibe la base de datos elaborada a
partir de todos los cuestionarios y genera los índices, que deben ser
aprobados por la dirección del instituto. Finalmente, el departamento de
normalización y difusión arma el comunicado en el que se publican los
hallazgos.



Entonces, ¿por qué el INE quiere una nueva división calidad si ya hace
tantos controles? Los técnicos informaron que esa sección de la Encuesta
Continua de Hogares "se está repensando" para ajustarla a la realidad
actual, por lo que planean incorporarle más tecnología para chequear los
datos. Los nuevos controles que esperan poner en práctica serán distintos a
los que se utilizaban y no volverán a entrevistar el 10% de los hogares
seleccionados, como se hacía antes. Los funcionarios no precisaron en su
respuesta qué métodos de monitoreo utilizarán una vez que reestructuren esa
área.



La directora del Instituto, Laura Nalbarte, dijo semanas atrás en el
Parlamento que reabrir la sección de calidad "es importante". La jerarca
afirmó que la reestructura de la división está en manos de la dirección de
la Encuesta Continua de Hogares: "La idea es que en unos meses me hagan una
propuesta cerrada de trabajo y mi objetivo es que para principios del año
que viene ya esté funcionado con los nuevos estándares. Hay que tener en
cuenta que así como estamos repensando esto, las oficinas de estadística nos
tenemos que estar repensando continuamente con este uso de la tecnología",
agregó.



La otra campana



En el sindicato del INE consideran que las condiciones laborales "deberían
estar en el centro de la discusión" vinculada a la calidad de los datos.
Consultados por El País, los dirigentes reconocieron que fueron a la
Comisión de Legislación Laboral de Diputados porque los problemas que
afectan el instituto se resuelven "con más presupuesto y voluntad de
negociación". El gremio mantuvo reuniones con la dirección del instituto,
pero terminó recurriendo a principios de mes a la Dirección General del
Trabajo (Dinatra) al no conseguir los cambios que reclamaba.



Una de sus principales reivindicaciones tiene que ver con que deben sacar de
su sueldo el dinero para trasladarse por trabajo. Según cifras del
sindicato, un cuarto de su salario es utilizado para pagar los boletos. Uno
de los dirigentes, Nicolás Sánchez, explicó que los encuestadores tienen que
ir "varias veces" a los hogares para encontrar a los encuestados, por lo que
un solo cuestionario puede insumir hasta ocho boletos de ómnibus. "Para
declarar una encuesta desierta tenemos que ir cuatro veces y una de esas
veces tiene que ser en fin de semana. Imaginate eso en zonas rurales de
Montevideo como Punta Espinillo, o en el interior rural. Son miles de pesos
al mes para trabajar", agregó.



El INE tampoco paga la cuenta de celular de los trabajadores de campo, que
de forma constante deben comunicarse con los hogares o con el instituto si
tienen algún problema. En 2011 les entregaron unos dispositivos móviles que
servían para llamarse entre ellos, pero se rompieron al poco tiempo y no
fueron repuestos. Al no tener líneas telefónicas institucionales, los
funcionarios terminan dejando una carta con su número personal cuando no
encuentran a un encuestado. Sánchez comentó que hubo compañeras suyas que
fueron acosadas por teléfono por este motivo.



También hay reclamos salariales. Si bien la mayoría de los empleados del INE
están presupuestados, los encuestadores cobran a destajo: su ingreso depende
de cuántos cuestionarios hagan por mes. Esta forma de pago determina que los
trabajadores de campo del interior, que se desempeñan en zonas rurales y por
ende realizan pocas encuestas, cobren poco. El instituto paga $ 408 por cada
formulario elaborado en áreas urbanas, mientras que en el ámbito rural
cobran $ 612. El salario supeditado a la productividad, según el sindicato,
genera inequidades entre los funcionarios, ya que no todos acceden a los
mismos beneficios. Las garantías de alquiler a través de la Contaduría
General de la Nación (CGN), por ejemplo, no están disponibles para todos, ya
que muchos de los encuestadores no logran un ingreso suficiente a partir de
los cuestionarios que les encomienda el INE.



La dirección del instituto explicó que el pago a destajo tiene que ver "con
la naturaleza del trabajo" de los encuestadores. Las autoridades aseguraron
que "la asociación de destajo y precariedad no es correcta", sobre todo
porque hace 10 años los trabajadores de campo tenían contratos eventuales de
pocos meses de duración. Los expertos consideraron que todos los
funcionarios del INE "gozan de los mismos derechos" que los demás empleados
públicos.



El gremio reivindica que hay trabajadores sobrecargados, ya que algunas
vacantes que se generaron a partir de jubilaciones o renuncias no fueron
cubiertas. Al respecto, los técnicos del INE argumentaron que estas
situaciones se dan "debido a procesos administrativos propios del Estado",
por lo que "no es posible" reemplazarlas de inmediato. "El instituto está
tratando de cubrirlas en la medida de lo posible, siempre en el marco de la
reglamentación vigente, con las limitaciones que esto implica",
respondieron.



Los robos, los perros y los accidentes de tránsito también preocupan al
sindicato. A su vez, no cuentan con la indumentaria necesaria para las
jornadas frías de invierno o de lluvia. Recién en 2011 se incorporó un
seguro que les paga US$ 7 por día a los trabajadores cuando están
certificados ya que al no realizar cuestionarios, no tienen ingresos. Esa
póliza incluye una cláusula que les da US$ 10 mil a la familia si el
funcionario muere durante un accidente de trabajo. La directora del INE dijo
en el Parlamento que harán un "esfuerzo presupuestal" y empezarán a otorgar
un seguro contra todo riesgo en los próximos meses.



El gremio está convencido de que la "precariedad laboral" genera impacto en
los datos que se publican. No obstante, el dirigente Sánchez sostuvo que la
calidad de la información no debería ser puesta en duda porque los
trabajadores "asumen la carga" y se sobre exigen para que no se note. Pero
ese estrés al que están expuestos, sumado a "los sueldos sumergidos",
terminará pasando factura en algún momento, vaticinó.



"Esto es así: uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. No es lo mismo
tener un chalequito y un morral, como tenemos ahora, a tener los implementos
que necesitamos: una campera abrigada, un espantador de perros, los boletos
pagos...", concluyó. "Hacemos lo que podemos".



Ser pobre en Montevideo no es igual al interior



El ingreso necesario para estar por encima de la línea de la pobreza es muy
distinto dependiendo del lugar donde viva la persona. En Montevideo, alguien
que percibe más de $ 13.019 ya no es considerado pobre, mientras que en el
interior rural la cifra desciende a $ 5.701. ¿Por qué tanta diferencia? En
el INE explicaron que la Canasta Básica Total se ajusta de acuerdo con los
precios vigentes en cada región. Los bienes y servicios son más caros en la
capital, lo que genera aumentos en el ingreso a percibir para tener las
necesidades básicas satisfechas. Lo mismo ocurre con la línea de indigencia.
A su vez, en el interior rural no se tiene en cuenta el costo de la vivienda
para hacer el cálculo, ya que hay trabajos que la tienen incluida.

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