Nicaragua: Informe de la CIDH: 212 muertos y 1.337 heridos por la represión de Ortega-Murillo [Judith Flores]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

22 de junio 2018

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Nicaragua

 

Informe final de la CIDH: 212 muertos en Nicaragua por la represión de
Daniel Ortega

 

El informe final de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
detalla que 1,337 personas resultaron heridas durantes las manifestaciones
en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

 

Judith Flores 

La Prensa,  22-6-2018

https://www.laprensa.com.ni/

 

La acción represiva del Estado contra las manifestaciones que se desarrollan
desde el pasado 18 de abril en Nicaragua ha provocado la muerte de al menos
212 personas hasta el 19 de junio y ha dejado a 1,337 personas heridas,
revela la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en su
informe final que presenta en una sesión extraordinaria este viernes en la
Organización de Estados Americanos.

 

La CIDH concluye que la represión   ejercida por el Gobierno de Nicaragua
contra las manifestaciones en el país, “ha tenido como consecuencia una
grave crisis de derechos humanos”, tras  el uso excesivo de la fuerza por
parte de la Policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados, lo
cual se refleja en el saldo mortal y de heridos  hasta el 20 de junio . Y
que pese al llamado de cese a la represión no ha sido escuchada por el
Gobierno en lo cual insistió.

 

La CIDH observa que este patrón se ha desarrollado a través del uso excesivo
y arbitrario de la fuerza, incluyendo el uso de la fuerza letal, el cual se
ha realizado de manera deliberada y sistemática por parte de los actores
antes mencionados.

 

“En efecto, la información recibida da cuenta de un patrón a través del cual
agentes estatales, principalmente agentes de la Policía Nacional de
Nicaragua y de sus fuerzas antimotines, grupos parapoliciales, también
llamados fuerzas de choque o turbas actuando en aquiescencia con la Policía,
han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la
participación social en las manifestaciones”, indica la CIDH.

 

La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la
vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de
expresión y acceso a la justicia. Es de especial preocupación para la
Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles
actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la
población mayoritariamente joven del país.

 

De igual forma, “la CIDH manifiesta su preocupación por  la violación al
derecho a la salud y a la atención médica, las represalias de personal
público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos;
actos de censura y de violencia contra la prensa, por los actos de
hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos,
irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los
asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto, así como otros hechos
graves constatados por la Comisión”.

 

Al igual que reprueba todos los actos de violencia, hostigamiento y amenazas
cometidos por particulares contra agentes estatales o personas por ser de
reconocida afinidad al gobierno. Reprueba además los ataques a instituciones
públicas y medios afines al gobierno. El Estado debe investigar y esclarecer
las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y
sancionar a los responsables.

 

También urgió la CIDH  que todos los actos de violencia sean investigados de
manera inmediata, con autonomía e independencia, y en estricto apego a las
normas y los estándares internacionales sobre la materia para asegurar el
derecho a la verdad, adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar una
reparación adecuada a las víctimas y sus familiares, de conformidad con los
estándares en la materia.

 

“En circunstancias de crisis política y conflictividad social como la que se
vive Nicaragua, es indispensable generar las condiciones necesarias para el
ejercicio irrestricto a los derechos a la libertad de expresión, reunión y
participación política”, propone la CIDH.

 

La  CIDH llamó a continuar con las negociaciones en el marco de la Mesa
Nacional de Diálogo con el fin de alcanzar una solución pacífica a esta
grave crisis de derechos humanos y consideró que el informe representa el
punto de partida del trabajo que deberá realizar el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientesde  (GIEI),  sirve de base para la instalación del
Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESEN),  que dará
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del mismo  y a las
medidas cautelares otorgadas en este contexto, y que permitirá mantener el
monitoreo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

 

Y destaca   las 15 recomendaciones dirigidas al Estado de Nicaragua que
fueron establecidas en sus observaciones preliminares de la visita de
trabajo entre las que resalta  cesar de inmediato la represión a los
manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las
protestas, respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a
la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación
política de la población.

 

Así como crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos
de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para
asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los
responsables.

 

Violación al derecho a la vida

 

El informe de 91 páginas  concluido el 18 de junio encontró graves
violaciones a los derechos humanos en el país en el contexto de las
protestas sociales ocurridas en Nicaragua.

 

Entre las violaciones a derechos humanos señaladas por la CIDH están el
derecho a la vida y a la integridad personal por incumplimiento de los
deberes de respeto y garantía del Estado “la cual se funda en actos u
omisiones de agentes de cualquier poder u órgano del Estado independiente de
su jerarquía, que hayan sido realizados al amparo de su carácter oficial.

 

Hasta el 6 de junio el Gobierno en representación del Estado de Nicaragua
apenas reconocía 98 muertes entre de los cuales hay también policías,
sandinistas y población en general, con lo cual indica que las cifras de la
CIDH no han sido debidamente verificadas.

 

La CIDH urgió al Estado de Nicaragua el cese inmediato de la violencia y
condenó todo tipo de humillación y hostigamiento que se realice por tratarse
de conductas indignas  para los derechos humanos que valen para todos sin
distinción.

 

Resalta la CIDH  el clima de desconfianza generalizada observada en las
víctimas, familiares y representantes a presentar denuncias ante las
instituciones encargadas de investigar los delitos cometidos en el marco de
las protestas, la falta de investigación adecuada, irregularidades en la
determinación de los hechos.

 

Hace alusión al informe remitido por el Estado que alega que los hechos que
analiza la CIDH “no se dan el marco de protestas sociales, sino en el marco
de un intento de ruptura constitucional e institucional para cambiar a las
autoridades legítimamente electas y derrocar al Gobierno (léase golpe de
estado).

 

La Comisión observó en su informe  que un gran número de las muertes
ocurridas en las protestas en Nicaragua  habrían sido perpetradas por
agentes del Estado directamente, “o por medio de grupos de terceros que
actúan con su aquiescencia” y las circunstancias en que acaecieron estos
hechos evidencian características propias de ejecuciones extrajudiciales
dirigido a los manifestantes, en particular contra  jóvenes.

 

Por tanto la Comisión concluye que el Estado de Nicaragua está incumpliendo
deberes de respeto y garantía del derecho a la vida y a la integridad
personal, al tiempo que  condena que la política de represión mediante el
despliegue del uso de la fuerza letal se haya extendido aún después de su
visita al país, con un alto saldo en pérdida de vidas humanas y de personas
heridas.

 

En su informe a CIDH destaca la existencia de decenas de personas fallecidas
y heridas por armas de fuego y objetos contundentes “en el marco de las
manifestaciones, la gravedad y continuidad de las agresiones perpetradas por
las fuerzas antimotines, la Policía Nacional y grupos de choque; así como la
falta acciones efectivas para desmantelar estos grupos de choque y para
cesar el empleo desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal,
sería contrario al derecho internacional de los derechos humanos”.

 

La CIDH advierte también que particulares y grupos de civiles han cometido
actos de violencia contra fuerzas de seguridad, personas y medios afines al
gobierno.

 

Estos hechos han incluido incendios y daños a instalaciones gubernamentales,
secuestros de miembros de las fuerzas policiales o personal trabajando para
entidades gubernamentales locales, robos o saqueos a propiedades
gubernamentales, que como resultado  han dejado cinco policías fallecidos y
65 personas  heridas.

 

La CIDH hace un llamado al cese de las hostilidades y recuerda la obligación
del Estado de investigar y sancionar todos los hechos de violencia, pues
recuerda que  “es obligación del Estado asegurar la gestión de las demandas
y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos
de los manifestantes”.

 

“Cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe
entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar el ejercicio de este
derecho”, refiere la CIDH, que resalta en su informe  “la gravedad de la
crisis política que atraviesa el país” y los altos niveles de violencia
existentes requiere de  obligaciones especiales del Estado para resolver los
conflictos y encauzar el diálogo.

 

Niños y adolescentes entre las víctimas

 

Igualmente la  CIDH expresa su profunda preocupación por la especial
afectación que ha tenido el uso excesivo de la fuerza en los derechos de los
niños y adolescentes,  en gran medida por la importante participación que ha
tenido el  movimiento estudiantil en las manifestaciones.

 

Lea además: Ser joven es visto como un delito en Nicaragua

 

“La información y los testimonios recibidos por la CIDH evidencian que los
jóvenes y niños fueron víctimas especialmente vulnerables de la violencia
represiva del Estado durante las protestas y con posterioridad a las
mismas”, refiere el informe de la CIDH.

 

En particular, de acuerdo con la información documentada por la Comisión,
hasta el 20 de junio, 16 niños y adolescentes  fallecieron  de forma
violenta en el contexto de la represión a las manifestaciones.

 

Asimismo, de acuerdo con información proporcionada por organizaciones de la
sociedad civil, hasta el 17 de mayo, cinco de ellos habrían presentado
impactos de bala en la cabeza, cuello y tórax.

 

“La CIDH recibió con consternación el testimonio de los familiares del niño
Álvaro Manuel Conrado Dávila, de 15 años, quien el 20 de abril recibió un
disparo de arma de fuego en el cuello mientras apoyaba llevando ‘agua a los
muchachos de la UPOLI’  y según fuera informado, en un primer momento, al
llegar al Hospital  Cruz Azul (del sistema previsional de salud) , se le
habría negado atención médica”.

 

Otro caso mencionado por la CIDH es el de  Richard Bermúdez Pavón, 17 años
de edad, ocurrido el 19 de abril recibió impactos de bala en el pecho frente
a la alcaldía de Tipitapa.

 

El 20 de abril, también, fueron asesinados por arma de fuego Carlos Alberto
Bonilla López y José Abraham Amador, ambos de 17 años.

 

El 22 de abril, fue reportada la muerte de José Rivas, de 16 años, por
impacto de bala en el pecho.

 

” En este contexto, la Comisión ha señalado que cuando el Estado se
encuentra en presencia de un niño, además de las obligaciones señaladas para
toda persona, existen obligaciones adicionales derivadas tanto del artículo
19 de la Convención Americana como del artículo VII de la Declaración
Americana. En tal virtud, en primer lugar, el Estado debe asumir su posición
de garante con mayor cuidado y responsabilidad por tratarse de un niño, y
debe además tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés
superior del niño”, señala la CIDH en su informe.

 

Por tanto, la CIDH subraya “que es deber del Estado nicaragüense poner en
práctica todas las medidas necesarias para evitar cualquier abuso o exceso
contra sus derechos por parte de sus agentes o terceros. En particular, la
Comisión condena rotundamente el uso de la fuerza letal contra niños,
adolescentes y jóvenes por agentes estatales y por terceros armados”.

 

Igualmente destaca que el análisis de los testimonios, diversas fuentes de
información, fotografías recibidas por la Comisión, “evidencian que desde el
inicio de las protestas ha existido participación de grupos de terceros
armados y grupos parapoliciales, quienes han realizado acciones violentas en
conjunto con la Policía Nacional o con su aquiescencia para amedrentar,
vigilar y reprimir, inclusive mediante actos violentos, a los manifestantes
que se oponen al gobierno”.

 

“De la información que dispone la Comisión se desprende que en muchos estos
casos dichos grupos actúan por instrucciones de la misma Policía Nacional, o
incluso que son organizados, armados y accionan por instrucciones de
alcaldes locales o de secretarios políticos barriales”, apuntó la CIDH, que
pone como ejemplo el ataque a la Catedral de Managua, el 20 de abril de
2018, calificado “como uno de los eventos más representativos del alto grado
de represión en el país y del nivel de coordinación entre terceros civiles
armados y agentes del Estado, que habría dejado decenas de heridos”.

 

La CIDH destaca  que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de no
permitir la existencia de grupos de terceros represivos, investigar los
hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los
responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el
Estado y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco
del Estado de Derecho.

 

Sobre el uso de la fuerza, dice, En ese sentido, la Comisión recuerda que
los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar
el orden público, la cual recae en sus agentes de seguridad.

 

El documento también detalla que 507 personas estuvieron privadas de la
libertad hasta el 6 de junio y que hay cientos de personas en situación de
riesgo tras ser víctimas de “ataques, hostigamientos, amenazas y otras
formas de intimidación”.

 

Las autoridades nicaragüenses han invocado el mantenimiento del orden
público y la paz social como justificación de su actuación. Sin embargo, la
CIDH advierte que la magnitud de la violencia estatal y el tipo de
estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones
coordinadas para controlar el espacio público y reprimir los reclamos
sociales y no de meros actos ilegales de algunos funcionarios de las fuerzas
de seguridad.

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