Brasil/ Causas sin azares: violencia, pobreza y desigualdad social [Andrés Alsina]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de junio 2018

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Brasil 

 

Causas sin azares 

 

Brasil alcanza cifras récord de homicidios y resurge debate sobre políticas
contra la pobreza.

 

Andrés Alsina

 

La Diaria, 23-6-2018

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La tasa de homicidios en Brasil superó por primera vez la cifra de 30 cada
100.000 habitantes, y se situó en un promedio nacional de 30,3. En el estado
de Sergipe trepó de 29,2 el año anterior a 64,7 en 2016, que es el año que
toma el Atlas de Violencia 2018, publicado por el gobierno nacional.

 

Esto sucede en el contexto de una marcada reversión negativa de los índices
de pobreza y salarios, el cese de políticas sociales de asistencialismo y de
integración en un deterioro gradual a partir del cuestionamiento político y
finalmente el apartamiento de la presidencia de Dilma Rousseff en mayo de
2016, y también del mantenimiento y agravamiento de los fuertes índices de
desigualdad. En consecuencia, es esperable que al menos las cifras del año
pasado sean mayores.

 

Según esos índices de desigualdad, 1% de la población tiene 36,26 veces más
ingresos que 50% de la población, según informó el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE). 1% de la población lo conforman 889.000
personas con ingresos mensuales de 27.085 reales (8.315 dólares a la fecha
de la publicación), y 50% de la población tiene ingresos mensuales de 747
reales (229 dólares). La zona con mayor desigualdad económica es la del
sureste del país, y es también la que tiene altos índices de violencia
intencional. Según el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), la
tasa de homicidios entre 2006 y 2016 aumentó 46,7% en San Pablo y 256,9% en
Rio Grande do Norte.

 

La tasa de 30,26 asesinatos cada 100.000 habitantes es 30 veces la europea y
significa 62.517 muertes anuales. Los asesinatos en la última década suman
553.000, y la violencia letal contra los jóvenes se viene agravando: 56,5%
de las víctimas tiene entre 15 y 19 años; en el grupo etario entre 15 y 29
años, las víctimas son 86,2%. Mientras que las víctimas de cutis blanco
disminuyeron 6,8%, 71,5% de las personas asesinadas son afrodescendientes.

 

La violencia contra las mujeres y los niños y niñas empeora cada año, señala
el Atlas. 68% de las violaciones victimiza a menores de 18 años, y casi un
tercio de los niños y niñas de hasta 13 años son victimizados por amigos y
conocidos de la familia. 54,9% de las agresiones son reiteradas y 78,5%
ocurre en el propio domicilio.

 

Los proyectos de ley contra la violencia sexual infantil no avanzan en su
trámite parlamentario. Hace cuatro años que terminó su trabajo de dos años
una comisión investigadora parlamentaria sobre turismo sexual y explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes. De sus 13 propuestas, tres están en
condiciones de ser votadas y el resto en etapa de análisis en comisión.

 

Entre las propuestas que aguardan la apreciación de los diputados está la
que tipifica como crimen “la violación de niños y niñas independientemente
del consentimiento de la víctima o de que esta ya haya mantenido relaciones
sexuales”. También aguarda votación el proyecto que trata el combate a la
explotación sexual de niños y adolescentes en contextos de grandes obras,
como construcción de hidroeléctricas y otros emprendimientos que atraen a
muchos hombres a áreas con poblaciones vulnerables.

 

En la lista pendiente de votación se incluyen proyectos que prevén el cierre
de clubes nocturnos y casas de espectáculo que no tengan documentación
adecuada, la creación de un banco de ADN específico para crímenes contra la
dignidad sexual de niños y adolescentes, y la definición de promoción o
facilitación de tráfico de niños como crimen pasible de reclusión.

 

La cuestión de la pobreza

 

En los primeros tres años del gobierno de Lula da Silva, hacia 2006, la
disminución de la pobreza se redujo 19,8% en base a asistencialismo y la
instauración de la Bolsa Familia. Su compromiso electoral fue que todos los
brasileños tendrían tres comidas al día. En 2006 quedaban 42,6 millones de
pobres en Brasil, 42% de una población de 180 millones. Viene al caso
recordar que, en junio de 2009, Brasil ofreció al FMI 10.000 millones de
dólares para facilitar créditos a otros países para fomentar el desarrollo,
y en junio de 2011, el gobierno de Dilma Rousseff lanzó el plan Brasil sem
Miseria.

 

Siguiendo una tendencia que venía de antes de su gobierno, para 2014 la
pobreza extrema se había reducido 73,9%, cayendo a 2%. En el período
anterior de 1977-1990, la pobreza había aumentado 3,37% y la pobreza
extrema, 17,4%.

 

En 2017, la pobreza extrema se definía por ingresos mensuales de hasta 90,7
reales, y la pobreza, con ingresos de hasta 223 reales. En 2015, la pobreza
volvió a aumentar en Brasil, 19,3%, con 3,6 millones de nuevos pobres. “La
desigualdad relevante en términos de pobreza explotó”, dice un informe de la
Fundación Getúlio Vargas. La inflación pasó a estar en dos dígitos y,
mientras la renta de la clase media caía 7%, la de los pobres caía 14%.

 

La actual crisis continúa. Desde finales de 2014, el aumento de la pobreza
registrado fue de 29,3%, y en 2016 se incorporaron 5,5 millones de nuevos
pobres. Producto de la desaceleración económica que preside Michel Temer, la
renta per cápita del trabajo es negativa. Si se toma el período del tercer
trimestre de 2015, fue casi 2% negativa. En los trimestres subsiguientes fue
negativa en 4% y 4,5%, y 6,3% negativa en el segundo trimestre de 2016.
Luego disminuye la tasa negativa, algo atribuible al aumento de la
desocupación, a 4,5% negativa, para finalizar el año en 2,83% negativa.

 

70% de la tasa negativa de la renta per cápita del trabajo es atribuible a
la inflación, señala la Fundación Getúlio Vargas. Mientras la inflación de
las familias con menor poder adquisitivo registró un alza de 0,41%, la
variación de los precios de los bienes y servicios consumidos por la parcela
más rica de la población fue de 0,38%. Esta tasa de inflación mayor para las
clases más bajas, en mayo, se explica por el empeoramiento del
comportamiento de los precios de los alimentos, especialmente los
tubérculos, las legumbres, las verduras y los derivados del trigo; y la
energía eléctrica, ya que la parte relevante del presupuesto de estas
familias se destina a la compra de estos elementos.

 

“El desempleo –señala la Fundación– se transforma en la principal señal de
caída del poder adquisitivo de las familias. El desempleo es señal de
desajuste del mercado laboral y de frustración ciudadana”. Por temor al
desempleo, la mayoría de los ocupados reprime su demanda de bienes y
servicios. “La crisis económica crónica, ahora acompañada de la restricción
del gasto público, abonan la idea de que el Estado no va a poder ya socorrer
a los ciudadanos, y esto refuerza la precaución en la demanda”.

 

Aumenta la desigualdad

 

Juan Arias, periodista del diario El País de Madrid,afirma sin más que
Brasil es el país con mayor desigualdad en el mundo. La Fundación Getúlio
Vargas entiende que hay un agravamiento de la desigualdad, aunque no aporta
cifras a las ya señaladas del IBGE. Considera que “es un aumento no visto en
23 años, desde que se venció a la hiperinflación (en 1993), que era de tres
cifras y tenía a 25% de los ciudadanos con un ingreso mensual de 121
reales”, equivalente en ese momento a 40 euros. Hoy, “la concentración de la
renta del trabajo no da tregua”, y “en un contexto recesivo y de restricción
fiscal, las consideraciones sobre equidad ganan presencia, particularmente
cuando la inflación ya dobló el Cabo Buena Esperanza. En esencia, en el
punto crítico de la crisis perdimos todos los elementos de progreso social,
que deberán ser restaurados uno a uno, atendiendo a la sinergia entre
ellos”.

 

Jornal do Brasil entiende que la principal conclusión del Atlas es que “la
violencia en Brasil es extremadamente concentrada en algunas regiones y
municipios, sobre todo en aquellos que tienen los peores indicadores
sociales, mostrando que el combate al problema puede ser menos complicado de
lo que parece”. De acuerdo con el documento, la mitad de las muertes
violentas del país la concentran 2,2% de los municipios brasileños.

 

El mapeo de las muertes violentas fue comparado con diez indicadores
sociales, como acceso a la educación, ingreso per cápita, empleo y embarazo
en la adolescencia. El estudio muestra que cuanto mejores son los
indicadores, menores son las tasas de violencia. “Vivimos en una era de
pesimismo y, muchas veces, el miedo nos impulsa a pensar salidas
desesperadas, salidas que la gente sabe que no funcionan, como combatir la
violencia con más violencia”, dice el investigador del IPEA Daniel
Cerqueira, uno de los coordinadores del Atlas. “Varias ciudades del mundo
han logrado reducir la violencia y hay dos pilares centrales para ello: un
sistema de seguridad pública con mayor base en la inteligencia y la
investigación, e inversión en la prevención social”, según Jornal do Brasil.

 

La tendencia al aumento de homicidios con armas de fuego fue frenada en
Brasil con la aplicación de un Estatuto do Desarmamento a partir del primer
gobierno de Lula, y en 2016 se mantuvo el porcentaje de 2003 de asesinatos
con armas de fuego.

 

El mapa

 

Si el mapa social es el mapa de la violencia en Brasil, entonces es
coherente que entre 2006 y 2016 en el estado de San Pablo los asesinatos
hayan aumentado 46,7% mientras que en Rio Grande do Norte aumentaran 256,9%,
a 53,4 cada 100.000 habitantes. Recuérdese que el promedio nacional, que
rompe récords, es de 30,26 cada 100.000 habitantes. Los otros estados con
guarismos más altos de asesinatos son Sergipe con 64,7, Alagoas con 54,2,
Pará con 50,8, Amapá con 48,7, Pernambuco con 47,3 y Bahía con 46,9. El de
Tocantins tuvo un importante aumento desde 2006, de 17,2 a 37,6 en 2016. En
Río de Janeiro, la tendencia desde 2003 a disminuir se revirtió en 2012 y el
aumento acrecentó su tasa en 2016.

 

Que San Pablo mantenga una trayectoria de reducción de la tasa de aumento
del crimen desde 2003 es atribuido por el Atlas a seis razones: control
responsable de armas de fuego, mejoras en el sistema de información
criminal, mejoras en la organización policial, el dominio monopólico del
terreno por parte de una única organización criminal, Primeiro Comando da
Capital (lo que disminuyó el crimen violento pero no el crimen contra la
propiedad), mejoras en el mercado laboral de ese estado y disminución
acentuada de jóvenes en la población. Así, en 2016 hubo 7.171 asesinatos en
Bahía (47 cada 100.000 habitantes), 6.053 en Río de Janeiro (36,4 cada
100.000 habitantes) y sólo 4.870 en San Pablo (diez cada cien mil
habitantes).

 

Debilidad política

 

El 2 de febrero de este año, el presidente Michel Temer dispuso por decreto
que el Ejército se hiciese cargo de la Policía, Bomberos y servicios de
inteligencia interior en Río, y luego extendió la medida a todo el país. Lo
justificó afirmando: “El crimen organizado casi tomó ya control de Río. La
metástasis se desparrama por todo el país y amenaza la tranquilidad de la
población”. Los militares ya habían sido llamados a tomar el control, pero
de situaciones específicas. Esta decisión era por un tiempo prolongado a la
duración de su mandato presidencial, en diciembre; por mucho el más
prolongado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985).

 

Por esa fecha, el comandante del Ejército de Brasil, general Eduardo Dias
Villas Boas, afirmó que la intervención militar que piden algunos sectores
de la sociedad para frenar los índices de corrupción y violencia que
actualmente tiene el país “sería un enorme retroceso”. Lo hizo en un
seminario titulado “Brasil: Imperativo Renascer!”, organizado por la Escuela
de Magistratura del estado de Río de Janeiro, y en referencia a una encuesta
de opinión del Instituto de Investigaciones de Paraná en la que se
identificó que 43% de la población apoyaba la idea de una intervención
militar. Para el comandante del Ejército, esos indicadores, si bien reflejan
la grave situación de Brasil, también muestran la confianza que se tiene en
las Fuerzas Armadas.

 

El decreto de Temer surgió en el marco de rumores de que él evaluaba la
posibilidad de presentarse como candidato ante la ausencia de figuras de
centroderecha que despunten con fuerza. Pero poner al Ejército a reprimir
generó una reacción muy fuerte de prácticamente todos los sectores, que se
mantuvo en el tiempo. La intervención no estuvo exenta de cálculos políticos
en momentos en que Temer, que batía y sigue batiendo récords de
impopularidad, tiene dificultades en hacer avanzar su principal proyecto –la
reforma de las jubilaciones– y se encuentra en la mira de posibles nuevas
investigaciones por corrupción.

 

“Temer está haciendo muchas cosas para desviar la atención”, dijo David
Fleischer, profesor emérito de Ciencia Política de la universidad de
Brasilia. El presidente quiso posar de autoritario, se jactó de haber puesto
fin a la recesión en el país (la Fundación Getúlio Vargas afirma que la
recesión continúa) y dijo proponerse “restablecer el orden” en Brasil.

 

El 24 de mayo hubo en Brasilia una concentración y marcha de 35.000 personas
(una cifra muy alta para la ciudad) organizada por las mayores
confederaciones de trabajadores del país: Fuerza Sindical, a cuya cabeza
está el diputado Paulinho Pereira, que había apoyado el impeachment a Dilma
Rousseff, y CUT, afín al PT. Los manifestantes se comportaron pacíficamente
hasta que fueron atacados con balas de goma, porras y gases que provocaron
heridos. Fue la gota que derramó el vaso de debilidad del gobierno Temer. Al
día siguiente, el 25 de mayo, anuló su decreto.

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