8 de Marzo/ Milenios después la mujer sigue siendo botín de guerra [Roberto Montoya]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de marzo 2018

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8 de marzo

Milenios después la mujer sigue siendo botín de guerra (II) *

Roberto Montoya 

El Lado Oscuro de la Noticia, 3-3-2018

https://www.elsaltodiario.com/el-lado-oculto-de-la-noticia/

Las Naciones Unidas se crearon oficialmente en 1945 tras el fin de la II
Guerra Mundial con el apoyo de 50 países que suponían entonces el 80% de la
población mundial, aprobando las propuestas previamente consensuadas por
China, la URSS, Reino Unido y EE UU.

La gran mayoría de los 111 artículos de su Carta fundacional están dedicados
al complejo mecanismo de funcionamiento de Naciones Unidas, a los derechos y
obligaciones de los estados miembros, mientras que los principios y
objetivos están fundamentalmente en su brevísimo Preámbulo.

En él se habla de “practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos
vecinos”, a unir fuerzas “para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales”, a no usar la fuerza armada “sino en servicio del interés
común” y se reafirma la fe “en los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”.

Desde aquel pistoletazo de salida hasta la fecha se han ido incorporando más
y más países a la ONU, que cuenta hoy con 193 países miembros, todos los
países independientes del mundo, mientras el Vaticano mantiene desde 1964
tiene el estatus de ’observador permanente’ o ’estado no miembro’, y
Palestina es ’estado observador’ desde 2012.

¿Cumplen los 193 estados miembros los principios y valores que establecen la
Carta de la ONU? No. A las dificultades evidentes existentes entre potencias
rivales mundiales, continentales y regionales para respetar aquel preámbulo
de 1945, se suma la convivencia en el seno de Naciones Unidas de países
democráticos o cuasi democráticos; países con fachada parlamentaria pero
claros rasgos autoritarios; monarquías absolutas y dictaduras.

El hecho de que los cinco países miembros de los 15 que componen su órgano
ejecutivo, el Consejo de Seguridad (EE UU, China, Rusia, Francia y Reino
Unido), tengan derecho de vetar cualquier resolución de ese órgano (la
Asamblea General es deliberativa), bloquea decisiones de vital importancia y
la convierte en un órgano no realmente democrático.

La enorme estructura y el burocrático funcionamiento de Naciones Unidas
contribuyen también a hacer de la principal organización internacional
dedicada a la paz y seguridad mundial en un gigante poco operativo y eficaz
para resolver grandes catástrofes humanitarias, conflictos bélicos y
violaciones sistemáticas de los derechos humanos en muchos de sus países
miembros.

Resolución 1.325, ’Mujeres, Paz y Seguridad’ 

Aún con todas esas graves limitaciones el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas ha logrado sacar adelante en estos 73 años de existencia numerosas
resoluciones —con mayor o menor cumplimiento por parte de los estados
miembros— sobre un sinfín de temas relacionados con los derechos humanos y
la igualdad de todas las personas independientemente de su género, opción
sexual, raza, religión o creencias.

Ha tomado decisiones y auspiciado tratados internacionales sobre los
Derechos del Niño, sobre la tortura, sobre el tratamiento de los prisioneros
de guerra, sobre las minas antipersonas, temas balísticos y nucleares,
medioambientales y un larguísimo etcétera.

Sin embargo, y a pesar de ser precisamente un órgano creado para garantizar
la paz y la seguridad internacional, que ha mediado y aprobado resoluciones
sobre cientos de conflictos bélicos, la ONU ha tardado 55 años en votar la
primera resolución sobre la situación de la mujer en las guerras y
posguerras.

Fue en el año 2000 cuando los 15 miembros del Consejo de Seguridad aprobaron
por unanimidad la Resolución 1.325, titulada Mujeres, Paz y Seguridad, en la
que se reconoce que los civiles, “particularmente las mujeres y los niños,
constituyen la inmensa mayoría de los que se ven perjudicados por los
conflictos armados, incluso en calidad de refugiados y personas desplazadas
internamente”.

Tras varias consideraciones se define un marco jurídico para la inclusión de
las perspectivas de género en las negociaciones de paz, planificación
humanitaria y consolidación de la paz posteriores a los conflictos bélicos.
En esa resolución el Consejo de Seguridad ’recomendaba’ una serie de medidas
al propio Secretario General de la ONU y a los estados miembros.

En su punto 10 insta por ejemplo “a todas las partes en un conflicto armado
a que adopten medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de
la violencia por razón de género, particularmente la violación y otras
formas de abusos sexuales, y todas las demás formas de violencia en
situaciones de conflicto armado”.

En el punto 11 se subraya la responsabilidad de enjuiciar, entre otros, los
crímenes relaciones con la violencia sexual, reclamando que ese tipo de
crímenes “siempre que sea viable”, sean excluidos de cualquier eventual
amnistía.

La resolución 1.325 supuso sin duda un hito en la historia de la ONU en
relación a la mujer y los conflictos bélicos y procesos de pacificación. Sin
embargo, y a pesar de los numerosos precedentes de violaciones sistemáticas
de niñas y mujeres en guerras, hubo que esperar aún otros ocho años, hasta
2008, para que el Consejo de Seguridad aprobara la resolución 1.820, en la
que por primera vez se tipificó la violencia sexual utilizada como táctica
de guerra.

En los considerandos se dice que “Las mujeres y las niñas son especialmente
objeto de actos de violencia sexual, incluso como táctica de guerra
destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la
fuerza a miembros civiles de una comunidad o grupo étnico.” Se reconoce en
ella que “la violencia sexual utilizada de esta manera puede en algunos
casos persistir después de la cesación de las hostilidades”.

En ese texto el Consejo de Seguridad hace sonar las alarmas al comprobar que
pese a sus reiteradas condenas “tales actos siguen ocurriendo y en algunas
situaciones se han vuelto sistemáticos y generalizados y han alcanzado un
grado alarmante de brutalidad”.

Es en esta resolución cuando por primera vez también la ONU decide que “la
violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de
guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al
genocidio” y ya no ’insta’ ni ’pide’ sino que ’exige’ a todos los estados
miembros que persigan judicialmente dichos crímenes, que impidan su
impunidad y que se forme tanto a los ejércitos y fuerzas de seguridad y se
capacite todo el personal, civil o militar participante de las Operaciones
de Mantenimiento de la Paz y personal humanitario desplegado por la ONU.

En el punto 7 se le pide al Secretario General a que “prosiga e intensifique
los esfuerzos para aplicar la política de tolerancia cero de la explotación
y el abuso sexuales en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas”.

Se especifica además que “en consulta con las mujeres y las organizaciones
dirigidas por mujeres se adopten mecanismos eficaces para proteger de la
violencia, en particular de la violencia sexual, a las mujeres y las niñas
en los campamentos de refugiados y desplazados internos administrados por
las Naciones Unidas”.

Un año después, en septiembre de 2009, se aprobaba una nueva resolución
sobre el tema, la 1888, en la que el Consejo de Seguridad mostraba su
preocupación porque pese a sus llamamientos y exigencias “tales actos siguen
ocurriendo y en algunas situaciones se han vuelto sistemáticos y
generalizados”.

Como si el Consejo de Seguridad hubiera querido compensar los muchos años de
no actuación sobre el tema, en 2010 volvía a aprobar otra resolución, la
1960, en la que volvía a insistir en que el problema persistía y se
reclamaba que en todos los informes de responsables militares o civiles de
la ONU implicados en procesos de mantenimiento de la paz hubiera un anexo
específico sobre la violencia sexual contra niñas y mujeres.

La última resolución sobre esta temática, la 2106 data de 2013, y en ella se
reitera que dichos crímenes se siguen cometiendo pese a las medidas
adoptadas por distintos organismos de la ONU, alertando, como ya se hacía en
resoluciones anteriores, que esa lacra puede prolongar los conflictos
bélicos y dificultar los procesos de pacificación.

En varias de estas resoluciones se insiste en incorporar a cada vez más
mujeres en las misiones de la ONU, considerándolas fundamentales para lograr
confianza entre las niñas y mujeres víctimas de violaciones y ofrece el
asesoramiento de expertos a los países miembros que aporten contingentes
para esas operaciones para formar previamente a los soldados que
participarán en ellas.

Según datos de la ONU, solo 20 mujeres uniformadas participaron en
operaciones de mantenimiento de la paz desde 1957 hasta 1989, en 2010 eran
ya 3.744, y 5.298 como personal civil, y a fines de 2017 de un total de
92.682 policías y militares de la ONU participantes en sus 23 Operaciones de
Mantenimiento de la Paz en el mundo, solo 4.275 eran mujeres y 88.407
hombres.

Es una desproporción evidente cuando la propia ONU reconoce en su web: “Las
mujeres y los hombres experimentan los conflictos de manera diferente y, por
lo tanto, también entienden la paz de manera diferente. Reconocer e integrar
estas diferencias, conocidas como perspectivas de género, en todos los
aspectos de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, es esencial para
el éxito de los esfuerzos de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas”.

En un reciente informe para Inter Press Service, Presencia de mujeres en
misiones de paz sigue en el debate, Thalif Deen recogía estas declaraciones
de Mavic Cabrera Balleza, directora ejecutiva y coordinadora internacional
de la Red Global de Mujeres por la Paz: “Es más que impactante. Si lo vamos
a usar como indicador para evaluar los logros de la Resolución 1.325,
fracasamos estrepitosamente”.

En defensa de una mayor participación de las mujeres en las misiones de
pacificación, Balleza sostenía: “Son más sensibles a las necesidades de las
ex combatientes, las refugiadas y las sobrevivientes de violencia sexual y
de género. Sin duda el personal femenino es fundamental para el éxito de las
operaciones de paz”.

“Hay muy pocas mujeres en las misiones de paz de la ONU”, añadió, “porque
las fuentes son superficiales. La discriminación en el reclutamiento y las
políticas de contratación, así como un ambiente laboral inseguro dentro de
los países que aportan contingentes, impiden que las mujeres se unan a las
fuerzas policiales y militares”.

Cientos de ’cascos azules’ cometieron abusos sexuales y prostituyeron a
niñas y mujeres en numerosas misiones de paz

No es la única contradicción y limitación de Naciones Unidas sobre el tema,
que depende de los contingentes que envíen los países miembros. En los
informes de acceso público de la organización se oculta desde hace muchos
años habitualmente la cara oscura de las operaciones de mantenimiento de la
paz que avergüenza a miles de mujeres y hombres que trabajan para la ONU:
los abusos sexuales y la prostitución forzada en la que han participado
militares y civiles miembros de los contingentes aportados por los estados
miembros para misiones de pacificación.

No han sido simples casos aislados. A través del llamado Informe Machel,
elaborado por Gracia Machel —ex ministra de Educación y Cultura de
Mozambique y viuda del mozambiqueño Samora Machel y viuda después de Nelson
Mandela— la ONU reconoció por primera vez públicamente en 1996 la
responsabilidad de sus ’cascos azules’ en violaciones, trata de mujeres y
abuso infantil en misiones desarrolladas en Angola, Mozambique, Somalia,
Ruanda, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Somalia y Camboya.

Sí, esto sucedió en 1996, años antes de que se aprobaran las resoluciones
sobre el papel de la mujer en los conflictos bélicos citados antes, pero se
volvió a producir con la misión de la MINUSTAH en Haití entre 2004 y 2007
—114 soldados de Sri Lanka fueron expulsados de la misión— y en Sudán,
especialmente en la región de Darfour; en Costa de Marfil; en Sierra Leona;
en Kosovo, y en la República Democrática del Congo.

La propia ONU reconoció en un informe en 2005 que se habían producido 105
denuncias contra ’cascos azules’ en este último país. Los soldados de la ONU
se aprovechaban de niñas y mujeres congoleñas desesperadas por la hambruna
para practicar sexo con ellas a cambio de comida o unas monedas.

En muchos países afectados por guerras o catástrofes humanitarias las niñas
y jóvenes ya no son enviadas a la calle o a burdeles a prostituirse, sino a
la puerta de los cuarteles de las fuerzas de paz; el mismo personal que
supuestamente ha ido allí para ayudarlas, para protegerlas.

Las violaciones de los ’cascos azules’ ayudaron a propagar el sida en varios
países

En varios casos médicos locales han denunciado que con sus abusos sexuales
muchos soldados, policías y personal civil participante en misiones de la
ONU han ayudado a propagar el sida y otras enfermedades entre la población.

En 2014 la ONU lanzó en la República Centroafricana la MINUSCA, una misión
con casi 12.000 ’cascos azules’ para proteger a la población civil de la
brutal limpieza étnica desatada en ese país. Numerosos soldados de la
Operación Sangaris lanzada por Francia en coordinación con la MINUSCA fueron
protagonistas de casos de violencia sexual en los alrededores del campamento
M’Poko para personas desplazadas por el conflicto bélico, en la zona de
Bangui.

En un informe de diciembre de 2015 de 170 páginas encargado especialmente
por el entonces secretario general de la ONU Ban ki-Moon, para investigar
las denuncias, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by
Peacekeepers, se reconoce que a pesar de que él mismo había dejado claro ya
en 2003 que habría “tolerancia cero” para esos casos, el problema persistía
e incluso había aumentado.

Sobre los casos denunciados de República Centroafricana se dice en ese
informe que aunque personal de la misión y de la UNICEF (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia) entrevistaron a varias víctimas —en este
caso niñas y también niños— que recibían raciones de comida y pequeñas
cantidades de dinero a cambio de sexo, se limitaron a denunciar los hechos a
los propios mandos de la Operación Sangaris pero no a sus propios superiores
de la MINUSCA con la que esta coordinaba su actuación, como prevé el
protocolo.

Solo un año después de los hechos se intentó reparar la grave falta; UNICEF
volvió a localizar a las víctimas y las trasladó a un lugar protegido con
control médico y asistente social.

Mientras Ban ki-Moon forzaba la dimisión de Babacar Gaye, el jefe de la
MINUSCA, y adoptaba otras medidas en la misión, en ese mismo 2015 la ONU
contabilizaba otros 22 casos de abusos sexuales en ese país y 16 en la
vecina República Democrática del Congo.

 

Un año más tarde, en 2016, 120 soldados del contingente congoleño de la
misión de la ONU en República Centroafricana eran retirados de este país por
su “sistemática mala conducta”, por abuso y explotación de niñas y mujeres.
Y en 2017 eran 629 los miembros congoleños de la misión los que eran
expulsados por la misma razón o por robos de combustible e indisciplina.

La MINUSCA expulsó igualmente a soldados aportados por Burundi y Gabón.

Según una investigación realizada por la agencia Associated Press en 2017
con información de documentos internos de la ONU y entrevistas a víctimas,
en el conjunto de misiones de pacificación lanzadas por Naciones Unidas en
el mundo desde 2005 hasta esa fecha, se habrían producido al menos 2.000
casos de abusos sexuales —300 de ellos con víctimas menores de edad— por
parte de ’cascos azules’ de muy diferentes nacionalidades.

¿Cómo se puede compatibilizar la resolución 1.325 y todas las posteriores
resoluciones sobre el tema con la Convención de Privilegios e Inmunidades de
Naciones Unidas, vigente desde 1946, y que establece que el país receptor de
’cascos azules’ no puede juzgarlos en su territorio aunque cometan en él
delitos o crímenes?

¿Qué es lo que hace la ONU ante denuncias de ese tipo entonces? La Oficina
de Supervisión Interna de la ONU es la encargada de investigar si un ’casco
azul’ ha violado un texto interno llamado Diez normas: Código de conducta
personal de los Cascos Azules.

¿Y qué puede hacer esa Oficina de Supervisión Interna si confirma las
denuncias? La ONU no tiene ningún tribunal interno, por lo que su única
opción es entregar al ’casco azul’ a su país de origen para que este lo
juzgue.

Hasta ahora sólo se conocen muy contados casos donde esto se concretó, uno
de ellos el de ’cascos azules’ italianos que habían actuado en Somalia, a
pesar de que ya son cientos y cientos los soldados de distintas
nacionalidades identificados y denunciados. En la mayoría de los casos sólo
se adelanta la vuelta a casa del ’casco azul’ agresor, sin que esto lo
inhabilite totalmente para participar en otras misiones de paz en el futuro.

De esta manera a la violencia sexual que sufre la mujer habitualmente en los
conflictos bélicos por parte de los ejércitos, fuerzas insurgentes y
numerosos funcionarios y otros civiles con poder en el terreno, se le suman
los peligros que persisten en los campamentos de refugiados, empezando por
personal de las propias instituciones que participan en los procesos de
pacificación.

Personal —incluso directivos— de varias ONG internacionales, se han visto
igualmente involucrados directamente en escándalos similares a los ’cascos
azules’ abusando del poder que tienen sobre mujeres y niñas indefensas en
casos de conflictos bélicos y catástrofes humanitarias.

En febrero pasado The Times reveló que en 2010 personal de Oxfam-Intermon
usó dinero de esa ONG para pagar a prostitutas durante la misión que se
desplegó tras el terremoto que dejó miles de muertos y millones de afectados
en ese país.

Según la denuncia del diario británico, posteriormente reconocida por la
propia organización, varios de los trabajadores de esa ONG, entre ellos
varios responsables, convirtieron una de las casas que habían alquilado para
desarrollar su tarea, en prostíbulos donde “había niñas con camisetas de
Oxfam corriendo semidesnudas”, “era como una orgía digna de Calígula”.

A pesar de que la organización abrió una investigación en 2011 se ocultó
dicha información a la opinión pública.

Una vez que se abrió la Caja de Pandora, como sucedió en Hollywood y está
sucediendo en distintos ámbitos de la sociedad, otro periódico británico,
The Observer, denunciaba que el mismo responsable de esa actuación en Haití,
el belga Roland Van Hauwermeiren, había protagonizado una situación en una
operación en Chad en 2006.

A pesar de que Oxfam decidió despedirlo en 2011, el hecho de no hacer
públicos sus antecedentes hizo que un año más tarde fuera contratado por la
ONG Acción contra el Hambre, dirigiendo así un proyecto para ellos en
Bangladesh hasta 2014.

Según The Sunday Times, fueron 87 los trabajadores de Oxfam implicados en
casos de acoso o abuso sexual durante su labor, y otros 31 pertenecerían a
Save the Children.

A partir de esta ola de escándalos destapados se conoció también que dos
trabajadores de Christian Aid también habían cometido delitos similares, al
igual que trabajadores de Cruz Roja del Reino Unido.

En febrero pasado Médicos Sin Fronteras reconocían que durante 2017 varios
de sus trabajadores cometieron 24 casos de abusos sexuales, abusos de poder,
discriminación “y otras formas de comportamiento inadecuados”. Entre los 19
expulsados de MSF había cuatro españoles.

La propia ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados) reconoció
que durante el año pasado recibió hasta 39 denuncias por acoso, abuso y
explotación sexual cometidas por miembros de su personal.

El horror de las guerras, las catástrofes humanitarias, las migraciones y
los procesos de pacificación son vividos y sufridos por las mujeres de una
manera muy distinta a la de los hombres.

A pesar de los avances logrados sobre el tema la perspectiva de género está
lejos de ser incorporada como elemento básico, fundamental, obligatorio y
universal.

Si todas las instituciones y personal implicados en la resolución de
conflictos bélicos, mantenimiento de la paz y actuación frente a catástrofes
humanitarias, no cortan ese hilo conductor que es el machismo y la sociedad
patriarcal que se arrastra desde la Antigüedad y que afecta a la mitad de la
población mundial, solo se seguirá viendo cada nueva de esas agresiones como
’casos aislados’, como meras ’ranas’ o ’manzanas podridas’. 

* Leer Milenios después la mujer sigue siendo botín de guerra (I):
http://vientosur.info/spip.php?article13523

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