Uruguay/ Violencia de Estado: sangre y tortura en las cárceles de adolescentes [Carlos Tapia - Testimonios]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Mar Mar 13 22:15:04 UYT 2018


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Correspondencia de Prensa

13 de marzo 2018

Boletín Informativo

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germain5 en chasque.net

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Uruguay

Violencia de Estado

Escenas de sangre y tortura en los hogares del Inisa

Pegarle hasta que sangre, pisarle la cabeza, sacarlo desnudo al patio con
lluvia y obligarle a hacer lagartijas, enseñarle quién manda. Desde 2014 el
Inisa abrió 52 expedientes por maltrato de funcionarios. El sistema tiene un
ausentismo del 11% y padece la falta de formación de sus trabajadores.

Carlos Tapia 

El País, 11-3-2018 

https://www.elpais.com.uy/que-pasa/

“Vengo a denunciar haber visto a mi hijo golpeado, con el codo vendado y la
nariz inflamada. Me llamaron del Centro Ser y me dijeron que a mi hijo le
iban a hacer un tratamiento en la mano. Pensé que como él tiene un problema
en el tendón del dedo anular izquierdo, se referían a eso. Pero después me
volvieron a llamar para informarme que lo habían trasladado a otro hogar, al
Ceprili, y cuando llegué me contaron que le habían hecho una cirugía
ambulatoria en el Pasteur. Pido y exijo que mi hijo permanezca donde está,
que de ninguna manera vuelva al Ser, ya que temo por una serie de amenazas
que ha recibido. No quiero que le sigan pegando”.

Roxana estaba en un ataque de nervios. Sabía que su hijo no era un santo, de
hecho hacía varias semanas que no lo iba a visitar, quería darle una lección
pero no iba a permitir que le pegasen. Había ido a parar a otro hogar
gracias a que en el Pasteur ordenaron que fuera trasladado a un centro en el
que se pudiera recuperar y en donde le dieran la medicación que necesitaba
cada seis horas —en el Ser no había enfermería en horario de la noche. Quizá
de esa forma hayan intentado salvarlo.

La denuncia de Roxana, hecha en febrero de 2014, destapó la caja de Pandora
que develó una serie de maltratos en el Ser, conocido por ser uno de los
hogares más bravos del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
(Inisa). Es un expediente de más de 1.300 páginas y que concluye a fines de
2017 en sanciones a una decena de funcionarios, entre ellos dos jerarcas que
fueron destituidos por ineptitud.

La golpiza al hijo de Roxana fue un día en que este había pedido que le
dieran la ropa que su familia le había llevado. Como respuesta recibió tan
solo un par de championes rotos. Se empezó a quejar a los gritos y a golpear
las rejas. Uno de los funcionarios fue a ver qué pasaba. Según este, el
joven lo invitó a pelear, lo incitó dándole un cachetazo y luego, cuando iba
a recibir un golpe de puño, decidió defenderse. El prisionero, sin embargo,
contó que la situación se dio al revés: que el trabajador —que luego fue uno
de los destituidos— pegó primero. Otros funcionarios apoyaron la versión del
recluso, que quedó con una herida en el brazo, que luego se convirtió en una
infección por la que no hubo más remedio que llevarlo primero a la
emergencia del Ser, y de ahí trasladarlo hacia el Pasteur.

La investigación que se abrió tras la denuncia de Roxana desnudó el horror
que se vive tras esas rejas.

Un abuelo declaró que a sus dos nietos los habían maltratado con
"cachiporras" y "picanas eléctricas". Una madre dijo que a su hijo y a otros
jóvenes "los sacaron de las celdas en calzoncillos, les pegaron, les
hicieron picana, los insultaron y les sacaron fotos con celulares"; también
"les agarraron los televisores, los tiraron, los rompieron" al tiempo que
"la directora les decía que ella iba a ser su madre dentro del centro y que
les iba hacer lamber el piso" —esta es la otra funcionaria que terminó
destituida el año pasado. Tres familias hicieron una denuncia en conjunto
diciendo que sus hijos "estuvieron dos horas desnudos haciendo lagartijas un
día de lluvia en el patio", que "les pegaban estando esposados" y que "los
días de visita los presionaban para que no le contaran nada a nadie". Ante
tanto horror, el que denunció que a su hijo lo habían obligado a limpiar el
piso con un cepillo de dientes fue escuchado sin atisbo de asombro.

De 2014 a 2017 se abrieron 52 denuncias por malos tratos en los hogares del
Inisa, según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública.
También se abrieron cinco expedientes por situaciones en las que,
presuntamente, los trabajadores facilitaron la fuga de los reclusos. En este
período fueron solo cinco los funcionarios destituidos: tres en 2015 y dos
—los jerarcas del Ser— en 2017.

Los trabajadores del Inisa tienen un alto porcentaje de ausentismo —por
encima del 10%— y la gran mayoría —casi el 90%— no tiene el liceo terminado.

En los expedientes de los casos de maltrato hay nombres que se repiten.
También hay una lucha interna entre diferentes grupos, que se evidencia en
denuncias cruzadas (algunas ciertas). Son más de 3.000 hojas de piñas,
patadas, torturas con picanas, puñaladas, corrupción, violación y muerte.

Porro y celulares, vendo

“Cuando soltaron a uno de los menores no había ningún familiar que lo
pudiera venir a buscar a Montevideo. Él vivía en Young, y yo me encargué de
hacer el traslado. En el camino me contó que había un coordinador que les
vendía celulares por $ 1.000 y marihuana por $ 500 a los internos”.

Mariana es psicóloga y ya hacía ocho años que trabajaba en el Inisa cuando
hizo esta denuncia. Al funcionario lo apodaban "el Chino", y tenía un legajo
más limpio que el agua; pero, dentro del Inisa, esto a veces no quiere decir
mucho.

La locación de la historia era el centro Cemec, ubicado sobre General
Flores. Mariana habló primero con el director, que cajoneó el caso; luego
decidió golpear una puerta de arriba, la del área jurídica del sistema de
reclusión penal para adolescentes. Así fue que desfilaron para declarar
directores, cuidadores y menores.

"No tengo conocimientos, el Chino era más bueno que el pan, tremendo tarado,
a mí no me hacía nada porque le partía la cabeza. Al que lo vi maltratar es
a Gerardo, ese en el (centro) Ser les pegaba a los gurises, se ponía un
guante para pegar, una vez nos sacó al patio a todos desnudos… todavía
trabaja acá", dijo uno.

"Piolaso el Chino, le echaron la culpa de que había entrado un fono, yo no
sé si fue él… lo que sí sé es que en las licencias cada uno que salía se
volvía con algo", sostuvo otro.

"Hay una cuidadora, María, que nos puso puntas en la piezas, nos pasaba
porro y nos contaba cuándo se iban a hacer las requisas. Esa era corrupta,
después le dijeron que le iban a dar un cargo y se dio vuelta", señaló un
tercer testigo.

El director dijo que no había ampliado la investigación tras las denuncias
de Mariana porque el joven que le había contado lo que sucedía estaba loco.
Según la historia clínica, este tenía "graves problemas psíquicos", consumía
sustancias psicoactivas desde los nueve años y había intentado suicidarse
tres veces, a los 8, a los 10 y a los 16. También se señalaba que refería
"constantes deseos de cortarse", era "irritable", "manipulador", parecía
"psicópata". Al momento de salir del centro ya había estado en otros tres
hogares del Inisa: Piedras, Ariel y Cimarrones.

La investigación no pudo probar si era verdad o no lo de la marihuana y los
celulares. Al director se lo observó por no haber elevado un informe tras la
denuncia de Mariana. El subdirector, que debió ir a declarar, tiempo después
estuvo tres meses privado de libertad por una golpiza a jóvenes en el hogar
Ceprili, la cual se hizo pública a través de un video que fue difundido por
varios medios. Ya está libre, y aunque ya no trabaja en centros de
reclusión, sigue siendo funcionario del INAU.

Piñas en la comisaría

“Me metieron en una pieza. Era como un baño abandonado. Me sacaron el gorro,
lo tiraron al piso. Me pusieron las esposas por detrás y me dejaron ahí como
media hora. Después entró un policía y me dijo: ¿Sabés por qué estás acá?
Porque estás acusado de una rapiña, tenemos fotos y filmación… dale que tus
compañeros ya me lo contaron. No mientas. Yo le dije que eso no era verdad.
Me dijo que le estaba tomando el pelo, que más de 30 personas me habían
reconocido, que un amigo mío había entrado con el arma, que yo había
agarrado la caja y que nos habíamos dado a la fuga en un Chevrolet gris.
Entraron dos más, empezaron a insistir. Después entró otro a pegarme. Cuando
me iba a dar una piña en la cara otro policía le dijo que yo tenía este
hueso fracturado (se señala el pómulo derecho). Después me torció la cara y
me pegó dos piñas en la mandíbula del otro lado. Se fue, volvió a los 15
minutos, me agarró de las orejas, apoyó su frente sobre la mía y me
preguntó: ¿Vos me enfrentarías si me cruzaras en la calle? Le dije que no y
me pegó otras dos piñas en la boca del estómago. Antes de volver al hogar me
llevaron a una clínica, un médico me apoyó uno de esos cosos para escuchar
el corazón, y dijo que estaba bien”.

Este joven tenía 16 años cuando fue llamado a declarar por la golpiza que le
propinaron a él y a otros dos internos, que fueron llevados sin el
acompañamiento de ningún funcionario del Inisa —como lo establece el
protocolo— desde el Centro CIT a la Dirección de Investigaciones de Ciudad
de la Costa, por solicitud de la Jefatura de Policía de Canelones. "Yo
estaba en el hogar pero no me acuerdo qué estaba haciendo que no vi cuando
se fueron", declaró el subdirector cuando fue citado por la Justicia. La
directora, en tanto, dijo que estaba haciendo una tarea administrativa en el
momento en que se los llevaron.

Cuando volvieron, todos sin haber reconocido ningún tipo de delito, contaron
que habían sido golpeados. Otro de los jóvenes dijo: "Me pegaron un
cachetazo en la oreja, una piña en el cachete derecho y un rodillazo en los
testículos. Me decían que me tenía que hacer cargo de una rapiña, y yo no me
iba a hacer cargo de una rapiña que no hice". El tercero señaló: "Me
pusieron contra la pared, me dijeron que hablara, que me hiciera autor de la
rapiña si no me iban a dar cuatro o cinco años y me iban a sentar (decía y
se señalaba la entrepierna). También me dijo basura".

"Lo tomamos como una cosa más", soltó la directora cuando la llamaron a
declarar. Ella y el subdirector fueron sancionados con 15 días de
suspensión.

Ausentismo del 13,5%; tan solo el 11,5% terminó el liceo

¿Cómo son los trabajadores que tienen la responsabilidad de cuidar y luego
reinsertar a los menores infractores en la sociedad? El Inisa tiene 807
funcionarios y de 760 cuenta con datos sobre su formación. Según lo
respondido a El País en un pedido de acceso a la información, solo el 11,5%
terminó el liceo. Hay 73 trabajadores, casi el 10%, que solo terminaron la
primaria, y tres tienen la primaria incompleta. Por otro lado, en cuanto a
las certificaciones, según los datos recabados desde 2015 a 2017, el Inisa
tiene un promedio de más de 100 trabajadores certificados por día. El
ausentismo es del 13,5%. En total en 2016 fueron 10.195 días acumulados de
trabajo perdidos por los funcionarios. En 2017, hasta noviembre, iban 9.105.
Esto incluye solo a aquellos que se certificaron por estrés. El Inisa ha
tenido casos de funcionarios que se certificaron, pero se descubrió que en
realidad estaban trabajando en otro lado. El informe establece que en
septiembre de 2016 inspectores descubrieron a un funcionario desempeñando
tareas en una feria vecinal. Se le hizo un sumario con retención de la mitad
de su sueldo. El año pasado, en tanto, el programa Así nos va, de radio
Carve, dio a conocer que un subdirector del Inisa se desempeñaba como chofer
de Uber en horario de trabajo.

Yo no voy a cocinar

“Un día, estando yo en la cocina, veo a un funcionario que le daba piñazos
en las costillas y en el estómago a un chiquilín. Después le daba vuelta el
brazo para atrás. Había sangre en el suelo. Yo le gritaba: Saúl, por favor,
soltalo. Le pregunté qué había pasado, que por qué había reaccionado así. Me
contestó, Aída, viste cómo son las cosas, este violó a un niño de nueve
años”.

Aída era la cocinera del Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación
(Ciedd) del Inisa. Cuando le preguntaron qué la motivaba a hacer la denuncia
dijo que este funcionario, que tenía un cargo superior al de ella, después
que lo vio pegándole a ese joven le otorgó una mala calificación y ordenó su
traslado "sin motivos".

Pero en el Inisa a veces las cosas no son como parecen, o como se denuncian.
Todo había comenzado un viernes, cuando el joven, que según Aída denunciaba
había sido golpeado por Saúl, fue trasladado desde otro hogar. Lo hizo con
puntazos en el abdomen, los que le habían propinado otros menores presos. El
sábado, en horario de visita, el joven empezó a pelearse a las piñas con sus
compañeros de cuarto, mientras golpeaba las rejas y gritaba que quería que
lo sacaran de la celda. Lo sacaron, le pusieron grilletes y lo llevaron con
Saúl, que se sentó delante de él, le puso la mano sobre el hombro y le dijo,
según contó luego, cuando lo llevaron a declarar:

—Mijo, ¿cómo vas a hacer eso?

—A mí no me metas nada, pelado de mierda, que yo ya me di contra todo en el
otro centro, y ahora me di también acá... —contestó el joven, mientras
sacaba la mano de Saúl de su hombro.

Este, entonces, decidió reducirlo. "Le hice una sujeción en el hombro
derecho, una llave. Ahí lo logré tirar al suelo, me le puse arriba y lo
esposé. En ese momento salió Aída y me dijo: ¡Le estás pegando al
chiquilín!. Le pedí que se fuera y llamé para pedir que trasladaran al
joven, porque me había distorsionado todo el centro", contó Saúl, que además
aclaró que el menor no había violado a un niño, que él nunca había dicho
eso, y que estaba en el sistema porque "había tenido varios problemas por
las drogas, lo habían agarrado con pasta base en un módulo del CMC", otro de
los hogares del Inisa.

Lo que siguió contando el funcionario, y que luego fue constatado por otros
trabajadores del Ciedd, es que Aída había tenido varios problemas por no
querer desempeñar sus tareas. "El primer día que llegó a trabajar la puse,
por indicaciones de la directora del centro, en la cocina. Le pregunté si
sabía cocinar algo y me dijo que no, que era cuidadora de hospital. Le
pregunté si sabía hacer un tuco o un guiso, me dijo que no, que no sabía
cocinar. Le di indicaciones a los compañeros a ver si la podían guiar.
Quemaba el café con leche. Un día había venido una acelga, le pedí si la
podía lavar, me dijo que no, que se había cortado el dedo. Viene la
directora, me pregunta qué pasa, le cuento, va a la cocina y la ve a Aída
sentada sin hacer nada. Le dice que lave la acelga, ella se niega; le dice
que entonces se vaya a la sociedad a pedir un certificado médico, ella
también se niega. Cuando hubo que calificarla todos coincidimos en que la
nota debía ser baja".

La investigación concluyó sin sanciones para Saúl. Tampoco para Aída.

Grilletes y golpizas

Uno pidió para volver al baño, se abrió la reja y ahí se produjo el malón.
Gritaban ¡motín!. Los dos funcionarios que estaban hicieron fuerza con la
reja, pero no pudieron y se cayeron para atrás. Vinieron otros dos,
empujaron, lograron cerrar, pero tres menores ya estaban del lado de afuera.
Uno de ellos agarró un televisor y amenazó con tirárselo a una compañera por
la cabeza. Al rato logramos agarrarlos y reducirlos. Ahí los sacamos a los
tres al patio, uno de ellos se desacató y ahí empezó todo.

Así contó el subdirector del centro Cit-cidd, del Inisa, cómo habían
comenzado los hechos que lo tenían a él como sospechoso de pegarles a los
menores que habían intentado fugarse con un bomberito.

—¿Las marcas que tienen los jóvenes son de la manguera?

—Sí.

—¿Dónde estaba esta manguera?

—En el patio.

—¿Por qué decidió usar la manguera?

—Porque pensé en no machucarlos.

—Explique eso.

—Si vos golpeás con una manguera no se producen lesiones como con un palo.

—¿Quiere decir que pensó que no iban a quedar marcas?

—Sí, no iban a quedar marcas.

—Siendo cuatro hombres y varias mujeres, ¿era necesario usar la manguera?

—Creo que sí.

—¿Se siente desbordado por el trabajo?

—No estoy desbordado, hago lo que sea necesario por un compañero.

—Aclare cuándo les pegó.

—Cuando los traje para afuera.

—En ese momento ya estaban engrilletados y esposados.

—No, estábamos forcejeando para ponerles las esposas.

Las fotos del expediente muestran a los jóvenes con golpes por la manguera
en la cara, en el pecho, en el estómago, en la espalda y en los brazos. Los
demás funcionarios que participaron del operativo no declararon contra el
que usó la manguera para pegarles a los jóvenes. Estaban en el mismo patio,
pero decían no haber visto nada. También, según el testimonio de los
menores, puede ser que esto haya sido porque la golpiza se las habría
propinado más de uno.

"Me tiraron al piso y me pegaron con la manguera y con un palo de policía…
Primero me hicieron arrodillar con las manos en la nuca y me pegaron en la
espalda, y después me amarrocaron y me pegaron arrodillado", dijo uno que
denunció como autores a todos los hombres que trabajaron en el operativo y a
"una mujer de lentes".

"Primero me esposaron, después me pegaron en el piso, y después me pararon y
me pusieron mirando contra la pared… Uno me apretó en el piso, me pisó la
cabeza y también una mano… Los vi que con la misma manguerita les pegaban a
todos", dijo otro, que sin embargo sostuvo que no podía reconocer los
rostros de los funcionarios porque estaba boca abajo.

Pese a esto el único sancionado fue el que utilizó el bomberito. Se
consideró que había incurrido en una falta "grave", al tiempo que se valoró
que el "contexto violento" no había sido generado por él sino por los
menores y que no tenía antecedentes. Se lo suspendió cuatro meses, los que
ya cumplió. También sigue trabajando en el Inisa.

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Más de 3.000 páginas de maltrato a menores

Los casos presentados en esta nota se sucedieron entre 2013 y 2017. El País
pudo leer los expedientes a través de un pedido de acceso a la información.
Cada investigación dentro del Inisa lleva en promedio dos años. En el caso
de maltrato en el Ser, que se terminó de dirimir a fines del año pasado,
llevó cuatro años. El País pudo acceder solo a los expedientes de los casos
que ya fueron cerrados. El Inisa entregó solo 8 expedientes, que se
tradujeron en más de 3.000 páginas, pero contestó que, solo desde 2014, se
habían abierto 52 investigaciones por maltrato.

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Fulco y la guerra a un sistema corrompido

La violencia en las prisiones para menores es algo que se viene denunciando
desde hace años. Sin embargo, tomaron mayor notoriedad a partir de mayo de
2015 cuando Gabriela Fulco tomó las riendas del Inisa. Desde agosto de ese
año la jerarca se mueve con guardaespaldas, ya que recibió amenazas luego de
que se diera a conocer un video en el que se muestra cómo trabajadores del
centro Ceprili reducían violentamente a dos jóvenes. El sindicato acusa a
Fulco de haber difundido el video. Este caso terminó con 26 trabajadores
procesados, 17 de ellos con prisión, entre los que se incluyó al director
del centro. Joselo López, el líder del sindicato, fue uno de los procesados
sin prisión. Desde que asumió, hasta fines de 2017, Fulco hizo una gran
cantidad de investigaciones a los trabajadores por denuncias de maltrato. En
2014 se abrieron solo cuatro. Y desde 2015 hasta el año pasado hay 48 nuevos
expedientes. También hay cinco investigaciones por funcionarios que
presuntamente habrían habilitado las fugas de los menores (un caso es de
2016 y cuatro son de 2017). Fulco también advirtió de un porcentaje
demasiado alto de ausentismo (ver a continuación), al tiempo que se han
conocido casos en que funcionarios no iban a los hogares, se certificaban y
trabajaban en otra cosa. Fulco pretende que se dote al organismo de
funcionarios más capacitados.

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Ausentismo del 13,5%; tan solo el 11,5% terminó el liceo

¿Cómo son los trabajadores que tienen la responsabilidad de cuidar y luego
reinsertar a los menores infractores en la sociedad? El Inisa tiene 807
funcionarios y de 760 cuenta con datos sobre su formación. Según lo
respondido a El País en un pedido de acceso a la información, solo el 11,5%
terminó el liceo. Hay 73 trabajadores, casi el 10%, que solo terminaron la
primaria, y tres tienen la primaria incompleta. Por otro lado, en cuanto a
las certificaciones, según los datos recabados desde 2015 a 2017, el Inisa
tiene un promedio de más de 100 trabajadores certificados por día. El
ausentismo es del 13,5%. En total en 2016 fueron 10.195 días acumulados de
trabajo perdidos por los funcionarios. En 2017, hasta noviembre, iban 9.105.
Esto incluye solo a aquellos que se certificaron por estrés. El Inisa ha
tenido casos de funcionarios que se certificaron, pero se descubrió que en
realidad estaban trabajando en otro lado. El informe establece que en
septiembre de 2016 inspectores descubrieron a un funcionario desempeñando
tareas en una feria vecinal. Se le hizo un sumario con retención de la mitad
de su sueldo. El año pasado, en tanto, el programa Así nos va, de radio
Carve, dio a conocer que un subdirector del Inisa se desempeñaba como chofer
de Uber en horario de trabajo.

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