Uruguay/ El "conflicto del campo" en la mirada de los trabajadores rurales [Salvador Neves]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de marzo 2018

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Uruguay

El conflicto del campo en la mirada de los trabajadores

La séptima mochila 

De cada diez trabajadores del campo seis o siete son asalariados. Sin
embargo, desde que los autoconvocados ocuparon la escena para denunciar el
olvido en que lo urbano tendría a lo rural, los olvidados son ellos. (Ver
“La lucha de clases en el conflicto agrario”, Correspondencia de Prensa,
19-2-2018)  Si sus dirigentes gremiales tienen razón, esa era la idea, o al
menos una de las claves de una estrategia de clase que ahora exhibe sus
colmillos reclamando la congelación de los salarios rurales hasta enero de
2019.

Salvador Neves

Brecha, 9-3-2018

https://brecha.com.uy/

“¿Quieren hablar de los problemas del campo? Yo te puedo hablar de la
problemática de los trabajadores, que es que todavía no se respeta en un
cien por ciento la ley de las ocho horas, que todavía vivimos con salarios
de 16 mil pesos, que las casas que nos dan para vivir en los tambos tienen
las ventanas tapadas con cartonplast, que los empresarios nos aportan por 13
jornales como si ordeñáramos las vacas 13 días al mes, que no se respetan
las normas contenidas en el decreto 321 y ni los tractores con los que
trabajamos están en condiciones ni se nos entrega ropa de trabajo, que no se
cumple el protocolo de limpieza que el decreto marca para que el empleado
que fumiga no termine llevando los tóxicos a su hogar, que todavía hay
patrones que creen que una relación laboral se interrumpe tirando las
pertenencias de los trabajadores despedidos a la ruta aunque llueva y
truene”, soltó Germán González, dirigente de la Unión de Trabajadores
Rurales del Sur del País (Utrasurpa) consultado por este semanario acerca de
la agenda que ha puesto sobre la mesa el movimiento de los autoconvocados.

Era inevitable recordar que, seis meses antes, de lo que se hablaba era de
los rebencazos descargados sobre el lomo de Hugo Leites en la estancia
salteña Flor de Ceibo, por reclamar que se le pagaran las horas extras que
hacía mucho venía cumpliendo. Y de la secuencia de violencias que a partir
de aquel hecho comenzó a hacerse visible. “Fue una lluvia de denuncias que
empezó a llegar por los más diversos medios: irregularidades en la vivienda,
salarios por debajo del mínimo, gente mal categorizada y, sobre todo, mucha
precarización. Hubo un despegue de las denuncias que demuestra que esas son
cosas que estaban ocurriendo, pero estaban invisibilizadas, y que estos
hechos, cuando cunden en la opinión pública, hacen que la gente se decida a
denunciar y busque cómo”, expresó César Rodríguez, secretario general de la
Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra).

Y para calibrar lo dicho, tal vez sea bueno recordar también que hace apenas
una década el 90 por ciento de los asalariados rurales declaraban a los
encuestadores del Instituto Nacional de Estadística que desconocían la
existencia de sindicatos en el sector.(1)

“Nunca supimos y quizá nunca vamos a saber qué conexión tuvieron aquellas
violencias y este movimiento”, admitió Rodríguez, “pero es difícil no
presumir porosidades; casualmente, cuando empezaron a cesar las denuncias
por agresiones estalla la ‘autoconvocación’”, puntualizó.

Por cierto ya durante el otoño pasado los sindicalistas habían señalado que
en el este del país había quienes estaban apostando a la polarización entre
trabajo y capital. “De hecho en el verano anterior habían ocurrido algunas
movilizaciones. Hubo varios ‘cabildos abiertos’ en la zona del este.
Precisamente recuerdo dos, pero creo que fueron más. Uno en la ciudad de
Melo convocado por la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, organizado por
quien es hoy su presidente Martín Uría, después otro en Treinta y Tres. Esos
cabildos abiertos tuvieron gran difusión. Por las mañanas, en el programa de
Serrano Abella, pasaban parte de lo que ahí mencionaban los distintos
actores. Recuerdo que estuvo en discusión el tema de la flexibilización
laboral, el tema de la inclusión financiera (porque los centros comerciales
estaban en contra), el tema de la libre importación de combustibles y no
sólo por el simple hecho de obtener un precio mejor sino porque, según creo
firmemente, tenían la voluntad política de seguir cuestionando al ente
Ancap. También estaba el achique del Estado. A veces participaban
trabajadores que estaban en problemas. Me acuerdo que lo hicieron los de
Coleme en el que se hizo en Melo, que creo que fue el que tuvo más difusión
por la repercusión que tiene el programa de Abella en el este y el norte del
país”, explicó a Brecha Marcelo Amaya, presidente de la Unatra.

Puros visajes 

Para Germán González “en estas últimas dos semanas quedó claro que, algo que
arrancó en un impulso del que participaron los pequeños productores, se ha
transformado en otra cosa, es decir, en una actitud netamente política”.

A Amaya de esto no le caben dudas. “En definitiva creo que se apuntó
claramente a consolidar una amenaza de clase de sectores poderosos y creo
que eso está consolidado”, sostuvo el dirigente. “Se lo ve en la posición de
las gremiales, en la posición de las cámaras empresariales, incluso en la
posición de Andebu”, argumentó. “Me parece que esto es preocupante y estamos
dando la discusión en el Pit-Cnt para que se lo entienda. Pero no sé si
hemos logrado trasmitir esa inquietud que palpamos en el territorio, de que
esto es algo programado, que tiene un blanco claro y que fue una apuesta a
reclutar sectores que pueden aportar recursos para una movida que en
realidad va a seguir sucediendo. Yo le decía a los compañeros de la Mesa
Representativa que ahora van a contraponer públicos contra privados. Eso
también estaba en aquellos cabildos abiertos. Así como trabajaron ‘campo y
ciudad’, ahora van a contraponer ‘público y privado’”, advirtió.

Amaya está seguro de saber quién convoca la autoconvocación: “Son los mismos
que hacen discursos contra la extranjerización de la tierra, pero se vuelven
extranjerizadores en otro lugar, son los mismos que compran tierra en
Paraguay, los mismos que le están diciendo a los trabajadores y al poder
político que no apuestan un mango a este modelo de país y se llevan a
paladas el excedente hacia los paraísos fiscales, son los mismos que juegan
con la idea de enviar un montón de trabajadores al seguro de paro”, definió.

Richard Olivera, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Arroceros y
Afines (Sutaa) coincidió en lo sustancial: “Lo que veo es una jugada
política que siempre va a terminar perjudicando al obrero. Es una jugada
para sacar al gobierno del poder y colocar a los blancos, sacar la ley de
las ocho horas, hacernos trabajar más tiempo. Eso es lo que estoy viendo,
porque el resto fueron puros visajes. Engaños a la población que creyó que
le iban a bajar las luces a ella y que era a ella que le iban a bajar el
combustible”, argumentó dialogando con este semanario.

La base 

El punto, cree Olivera, es que “sí hay un problema real en los productores
chicos. No en los grandes productores, nada que ver. Para el productor
familiar sí sé que hay un pequeño problema. Pero éstos se están arrimando
para el lado de los grandes, que son los mismos que los están matando”,
alertó.

Y es que, según Amaya, “no se ha dado el marco para poner en discusión las
cosas que verdaderamente importan”. La producción familiar “no es reflejada
ni por el oficialismo ni por el movimiento de los autoconvocados”.

“Yo creo que si un chico reclama por el precio de la renta de la tierra, lo
más probable es que tenga que salir con sus animales a la ruta. Supongo que
si alguien cuestiona la intermediación, lo más probable es que después no
pueda vender sus animales ni en la feria”, ejemplificó. “Esas son las
preocupaciones de una franja de productores que no puede acceder a escalas y
a la que el propio modelo productivo va dejando afuera. No en vano en 12
años han desaparecido 12 mil y tantos productores familiares. Entonces,
frente al anuncio sistemático de que el apocalipsis llega, es normal que la
gente se preocupe y que no vea una salida, porque en realidad esa gente no
logró generar espalda y seguramente la va a quedar en la próxima crisis”,
explicó.

Y el problema estrictamente económico se articula con el del recambio
generacional. “El que vive como ermitaño no arriesga su capital, pero eso
tiene un costo: su descendencia no quiere vivir de esa forma. Eso lo hemos
visto. Hemos visto aquel que con poca escala arriesga y trata de llegar,
pero la queda por el camino porque después en la cadena no logra recuperar
la inversión que hizo; y después está el otro, el que logra llegar con su
pedacito de campo al final de la vida, pero no logra que su descendencia lo
continúe porque lo que logró fue seguir viviendo a la vieja usanza, todo con
sacrificios, todo a fuerza de brazos, todo con mucha economía y eso también
cobra la factura al final. Ese es el mayor problema que tiene la agricultura
familiar y que justifica sus reivindicaciones aunque seamos conscientes de
que este movimiento no los representa”, argumentó Amaya.

A propuesta

El presidente de Unatra no coincide con la percepción de que el movimiento
de autoconvocados esté en retirada. “Yo no podría decir que se desinfló. La
semana pasada me enteré de que en algunas ciudades la Federación Rural está
convocando para presentar el movimiento. Me parece que fue un cambio de
estrategia. Creo que lograron su primer objetivo, consolidar la alianza, y
ahora empiezan a trabajar la base donde están los productores que son el
objetivo”, valoró.

Sin embargo no son la única fuerza actuante. El 6 de febrero una mesa
integrada por el Sindicato de Peones de Estancia, el de Trabajadores del
Arroz, Redes de Amigos de la Tierra, el Movimiento por la Tierra y contra la
Pobreza y la Unidad Cooperaria Nº 1 Cololó, elevó una nota a la Mesa
Representativa del Pit-Cnt proponiendo discutir un programa de medidas sobre
el sector agropecuario que en realidad encierra toda una estrategia
nacional.2  La divulgación del documento ha provocado que el teléfono de
Amaya se esté llenando de mensajes de productores familiares que no
encontraron audiencia en el mitin del 23 de enero en Durazno. Los que
compartió con Brecha hablan de la renta que los productores pagan por la
tierra, de los costos de la intermediación, de los precios que –más allá de
las oscilaciones a nivel global– impone el oligopolio frigorífico, por
ejemplo, en el novillo gordo: “Uruguay, dólares por quilogramo, 1,68;
Brasil, 1,55; Paraguay, 1,98; Argentina, 1,77”.

Para Amaya y sus compañeros la única salida de esta coyuntura es la
propuesta. “El tema es que acá tiene que establecerse una transformación que
realmente le cambie la vida a esa escala de la producción”, sostuvo y
propuso una localización para comenzar a ensayar la estrategia propuesta en
el documento del 6 de febrero: “yo no sé si no hay que pensar en la cuenca
del Santa Lucía para un modelo alternativo. Podría ser un buen lugar para
empezar, por la gran cantidad de productores familiares que trabajan allí,
por la cantidad de gente afectada por el problema del agua y porque tienen
que convivir dos modelos de país hasta que tomemos la decisión de cuál es el
que más nos conviene. Hoy hay uno que impera y que a nosotros como
trabajadores no nos favorece. Para nada. ¿Por qué? Porque ya hemos visto
cómo Julio de los Santos y otros trabajadores sufren las consecuencias de
ese modelo productivo. Y cada vez está afectando a más gente. Ahora ya no
son sólo los paisanos del campo los que están sufriendo sus consecuencias,
sino que los consumidores de las grandes ciudades también las están
sintiendo”, reflexionó.

Entre tanto, los contenidos reales de la fórmula autoconvocante van quedando
a la vista. “¿A quién le salió el discurso reaccionario de decir ‘los
salarios son muy caros’? No fue al pequeño productor. Si él trabaja con sus
hijos y su mujer”, reflexionó Germán González. Y la cosa no quedó en
discurso. Las gremiales empresariales han reclamado al Ministerio de Trabajo
que los salarios del sector se congelen hasta el 1 de enero de 2019 para
enmendar sus problemas de rentabilidad, embolsándose la inflación esperada.
“Está muy claro. Ellos hacen su juego. Nosotros defendemos nuestros
derechos, la ley de ocho horas, la negociación colectiva y que no nos
confundan con un jardinero porque nosotros generamos plusvalía”, concluyó el
dirigente de Utrasurpa.

Ayer llegó a Montevideo Julio de los Santos, el trabajador mencionado por
Amaya, quien acaba de ser jubilado por las enfermedades laborales contraídas
en Arrozal 33. Trajo una buena noticia y una mala. La buena es que la
gestión iniciada por la Institución de Derechos Humanos a raíz de la
denuncia de su situación está dando resultados, y seguramente el mes que
viene tendrá una solución de vivienda que le permitirá abandonar el pueblo
arrocero donde sus males no hacen más que agravarse.3 La mala es que el
administrador de la empresa, que por cierto se hizo presente en la vigilia
convocada por el movimiento Un solo Uruguay, se niega a abonarle licencias y
vacacionales que le adeuda desde 2015, obligándolo a entablar un juicio que
llevará tiempo.

Notas 

1) Matías Carámbula, Joaquín Cardeillac, Bolívar Moreira, Alejandra Gallo,
Agustín Juncal y Diego E Piñeiro, “Los límites de la ciudadanía: el caso de
los trabajadores asalariados rurales”, en El Uruguay desde la sociología,
Udelar-Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo, 2012. 

2) Disponible en la página web de Brecha. 

3) “Pulmones proletarios”, Brecha, 8-XII-17.

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Contra la ley de riego o contra el modelo productivo

Es importante dar la discusión sobre la ley de riego, pero a la cuenca de
Santa Lucía no la contaminó el riego, “fueron las derivas del modelo
productivo”, advirtió el presidente de Unatra. Para Marcelo Amaya “el riego
va a ser cada vez más importante dado que hoy la producción de secano no
alcanza su mejor rentabilidad por las características de nuestro clima en el
que podés tener veranos buenos y veranos como éste. El mejor análisis que yo
he visto es el de la Institución de Derechos Humanos en el sentido de
garantizar el acceso a la justicia para dirimir algunas cuestiones en torno
al acceso al suministro de agua. Pero hay factores tan o más importantes que
el riego en sí, como lo es el modelo productivo. Nosotros venimos de un
lugar donde sistemáticamente se ha usado el agua para el riego, hemos
caminado muchos años con veinte centímetros de agua arriba de las canillas y
en la década del 80 podíamos tomar el agua cuando abríamos los cortes de las
taipas, y hoy nos da miedo caminar en esas aguas. Los compañeros desarrollan
llagas cuando entran en contacto con ellas y sabemos que el agua contaminada
vuelve a la laguna. Por eso nos parece que debería haber otros factores en
la discusión”.

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