Colombia/ Se congela adjudicación de tierras para ex combatientes de la Farc [VerdadAbierta]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de mayo 2018

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Colombia



Se embolata adjudicación de tierras para la Farc



VerdadAbierta, 7-5-2018

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Luego de recibir duros cuestionamientos de la Sociedad de Agricultores de
Colombia, el gobierno nacional congeló la expedición del decreto que le
daría vía libre a la entrega de tierras para los excombatientes. El
documento es clave para el éxito del proceso de reincorporación.



Estancado en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, así
está el proyecto de decreto que concertaron el gobierno nacional y el
partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) con el fin de
garantizar el acceso a tierras para los excombatientes de la desaparecida
insurgencia. La decisión, tomada unilateralmente por el Ejecutivo, tiene muy
preocupados a los exguerrilleros, quienes han planteado ante el Consejo
Nacional de Reincorporación (CNR) la estrecha relación que guarda la
reincorporación socioeconómica con la titulación de tierras, dada la
profunda vocación agraria de quienes dejaron las armas.



El gobierno nacional le puso freno al proyecto pocos días después de que la
Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), a la que están afiliadas
asociaciones nacionales de productores como Fedegan, Augura, Asocaña,
Fedepalma y Fedecacao, lo cuestionara en medios de comunicación y solicitara
una reunión para discutir el tema con el Ministerio de Agricultura y la
Agencia Nacional de Tierras (ANT).



En declaraciones concedidas a la emisora La FM, el presidente de la SAC,
Jorge Enrique Bedoya, dijo que “el Acuerdo en ningún momento habla de
entregarles tierra a los exintegrantes de ese grupo terrorista y el borrador
de decreto que el gobierno nacional sometió a consulta de la ciudadanía le
está dando prevalencia a este grupo específico sobre los campesinos sin
tierra”.



Fuentes de la CNR le contaron a este portal que el pasado 19 de abril, tan
sólo seis días después de los señalamientos de Bedoya, delegados del
gobierno nacional ante esa instancia le comunicaron a la Farc que el
proyecto de decreto se había congelado. Ante la inconformidad del partido,
la ANT, que tiene asiento en el CNR, presentó a cambio una propuesta de
resolución con características muy distintas a lo inicialmente acordado. (1)



La negativa del Ejecutivo de darle vía libre al proyecto, resultado de la
presión de los gremios agroindustriales, es otro obstáculo para el éxito de
la reincorporación, del cual dependen la garantía de no repetición, la
reconstrucción del tejido social en las regiones y la cohesión interna del
partido.



Documento acordado



El proyecto de decreto que conciliaron las partes en el CNR empezó a
discutirse a finales de 2017, cuando se hizo evidente que el proceso de
reincorporación requería la titulación de tierras. Aunque el Acuerdo Final
no contempló explícitamente la adjudicación, sí dejó constancia de que con
base en los resultados arrojados por el censo socioeconómico de los
excombatientes “se identificarán los posibles programas y proyectos
productivos para vincular el mayor número posible de hombres y mujeres hoy
pertenecientes a las Farc-Ep”.



En el censo, realizado por la Universidad Nacional de Colombia, consta que
de 9.929 guerrilleros, milicianos y prisioneros políticos y de guerra
consultados, el 66 por ciento tiene un origen rural y el 15 por ciento un
origen urbano-rural. Asimismo, que del total de 10.015 personas censadas, el
60 por ciento están interesadas en realizar una reincorporación económica de
carácter colectivo, a través de actividades agropecuarias en granjas
integrales. Similares resultados arrojaron las primeras tareas de
construcción de proyectos productivos en los 26 Espacios Territoriales de
Capacitación y Reincorporación (ETCR), de los cuales el 90 por ciento son
agropecuarios, de acuerdo con la Farc.



Teniendo en cuenta esa realidad, las partes decidieron explorar vías
jurídicas para la adjudicación de tierras, por lo que crearon una Mesa
Técnica de Tierras integrada por delegados de la Farc, la ANT y la Agencia
para la Reincorporación y Normalización (ARN). Un primer intento estuvo
vinculado a la implementación del Decreto 902 de 2017, que autorizó a la ANT
a comprar tierras “para adjudicarlas a entidades de derecho público para el
desarrollo de programas de reincorporación”, lo cual abrió la puerta para
que los excombatientes puedan recibir terrenos en comodato.



No obstante, la Farc manifestó que el procedimiento no sólo tomaba mucho
tiempo, sino que era inseguro, dado que dependía de la voluntad política del
gobierno de turno, volviendo inestable la posibilidad de ocupar los predios
y el futuro de los proyectos productivos. Aun así, mientras discutía el
decreto, la Mesa Técnica decidió identificar predios sujetos de compra para
ser entregados en comodato. A la fecha, 11 terrenos ubicados en Antioquia,
La Guajira, Arauca, Guaviare, Tolima, Meta, Caquetá, Putumayo y Cauca, que
suman 492 hectáreas, han sido viabilizados para entregar bajo esa figura,
pero ninguno ha sido comprado por demoras en la negociación y por las
restricciones impuestas por la Ley de Garantías Electorales, según le
dijeron fuentes del CNR a este portal.



Las dificultades llevaron a la Mesa a buscar otros caminos. Al final, las
partes se decidieron por el proyecto hoy congelado, que actualiza las
disposiciones contenidas en el Decreto 4488 de 2005, expedido por el
gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) para adjudicarles
tierras a los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y
de otras estructuras paramilitares desmovilizadas.



Esa disposición se quedó en el papel y su implementación ni siquiera ha sido
tenida en cuenta en los estudios de evaluación del proceso de reintegración
socioeconómica de esas personas, tales como el “Informe de balance de
política pública de desmovilización, desarme y reintegración”, presentado
por la Procuraduría General de la Nación en 2012, o los dos voluminosos
informes del Centro Nacional de Memoria Histórica titulados “Rearmados y
reintegrados” y “Desmovilización y reintegración paramilitar”, publicados en
2015. (Leer más en: Las amargas lecciones que dejó la desmovilización de las
Auc)

Decreto tierras para excombatientes de las Farc

En el ETCR de Puerto Asís, Putumayo, los excombatientes han adelantado
tareas de adecuación de tierras. Foto: Twitter – ARN.



Aun así, la Mesa de Tierras del CNR usó ese documento como base de lo que
sería el nuevo decreto, por considerarlo la solución más expedita. En las
consideraciones, las partes dejaron constancia de que en “el marco del CNR
se ha discutido la necesidad de permitir la dotación de tierras a
exintegrantes de las Farc-Ep acreditados por el Alto Comisionado para la
Paz, que tengan vocación agraria, sin tierra o con tierra insuficiente, con
el objetivo de permitir a esta población adelantar proyectos productivos
sostenibles para una reincorporación económica exitosa”.



Atendiendo a esa necesidad, el proyecto creaba un “programa especial de
dotación de tierras” que serían compradas por la ANT o extraídas del banco
de predios rurales afectados por extinción de dominio para ser adjudicadas a
asociaciones constituidas por excombatientes, quienes debían cumplir algunos
requisitos, como no tener tierra o tener tierra insuficiente; no poseer un
patrimonio neto que superara los 250 salarios mínimos; no poseer predios
rurales o urbanos, excepto los destinados a vivienda; no haber sido
beneficiario de algún programa de adjudicación de tierras; haber firmado el
acta de compromiso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y no
haber sido declarado como ocupante indebido de baldíos.



Asimismo, dejaba en claro que los predios debían usarse para poner en marcha
un “proyecto productivo socioeconómico”, cuya viabilidad debía ser
verificada por el CNR antes de la adjudicación. Congelado ese documento tras
las críticas de la SAC, la ANT puso sobre la mesa una resolución no
concertada.



Yenly Méndez, investigadora del Centro de Estudios para la Paz (CesPaz),
quien asesoró técnicamente el diseño del proyecto de decreto, explicó en
diálogo con VerdadAbierta.com que “la resolución que presentó el gobierno
crea un procedimiento engorroso en el que ni siquiera se menciona la palabra
‘reincorporación’, sino que abre la posibilidad de adjudicar tierras a
asociaciones comunitarias en general”. Y agregó que “el procedimiento está
planteado por turnos, debiéndose evacuar una cantidad de solicitudes
individuales y después las adjudicaciones para asociaciones, por lo que en
la práctica lo que se instala es la imposibilidad de que los reincorporados
accedan a la tierra”.



Méndez también opinó que “es vergonzoso que durante tantos meses
trabajáramos en la construcción de un texto y ahora el gobierno diga que no
le va a dar viabilidad y que en su lugar propone una resolución, que tiene
un rango menor que un decreto y que no responde a las necesidades de la
reincorporación. Ante eso, la impresión que queda es que el Estado no tiene
voluntad política para garantizar la adjudicación, que se requiere para la
reincorporación por razones de orden político y social”.



VerdadAbierta.com acudió a la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización con el fin de abordar este tema, pero en la entidad
contestaron que no se pronunciarían al respecto. Igual procedimiento surtió
este portal ante la ANT, donde aseguraron que el asunto está siendo manejado
directamente por la Presidencia de la República.



Tierra, clave para la reincorporación



Desde los diálogos de La Habana, los negociadores de la guerrilla plantearon
la necesidad de revaluar el modelo de reinserción desarrollado por el
Estado, en el que ha primado un enfoque individual y urbano, con el objetivo
de poner en marcha un modelo de reincorporación de carácter colectivo y
rural, más ajustado a las características y la trayectoria de la
organización. El asunto de la tierra está en la médula de ese modelo, con el
que se busca resolver, a largo plazo, las necesidades económicas de los
miles de excombatientes que tienen vocación agraria.



Juan Pablo Torres, integrante del equipo técnico de la Farc en el CNR,
explicó que “las Farc entienden lo colectivo no como la suma de individuos,
sino como la existencia de una comunidad con valores, aprendizajes, usos y
costumbres propios de la vida campesina”. En ese sentido, la aspiración del
partido es conservar la vocación agraria de buena parte de sus militantes,
articulando los proyectos productivos con las prácticas de las comunidades
donde la otrora guerrilla tuvo arraigo social y político.



El acceso a la tierra sería el primer paso para desarrollar los proyectos y
participar en los programas contemplados en la Reforma Rural Integral, que
constituye el punto uno del Acuerdo Final pactado en la isla del Caribe. Al
respecto, Torres aseguró que “el punto uno también cobija a los
excombatientes, porque en el Acuerdo consta que la reincorporación debe ser
complementaria a todo lo pactado. La situación de ‘reincorporados’ no existe
y la mayoría de ellos, que son campesinos sin tierra, son sujetos de ese
punto, incluyendo lo contemplado en los planes nacionales de vías,
electrificación y desarrollo”. (Lea más: El accidentado despegue de la
Reforma Rural pactada con las Farc).



El carácter comunitario del proceso también se ha expresado en la
constitución de las múltiples organizaciones que integran la entidad de
economía solidaria Economías Sociales del Común (Ecomún), pactada en el
Acuerdo Final. De acuerdo con cifras suministradas por CesPaz a este portal,
la Farc ha constituido 51 cooperativas en 28 municipios de 16 departamentos,
de las cuales el 25 por ciento se dedica a actividades agropecuarias; el 19
por ciento a infraestructura y vivienda; el 16 por ciento al sector
servicios; el 15 por ciento al turismo; el 5 por ciento al transporte; y el
20 por ciento restante a actividades industriales, artesanales y de
comunicaciones.



Justamente, con el proyecto de decreto se buscaba que esas y otras entidades
de economía solidaria, confederadas en Ecomún, accedieran a tierras
productivas. CesPaz estima que la cantidad de tierra necesaria para
garantizar la reincorporación es de 37.657 hectáreas, teniendo en cuenta el
censo de la Universidad Nacional y el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar
(UAF) de los municipios donde están ubicados los ETCR, aunque el desarrollo
de los proyectos no está limitado a esos Espacios. (Leer más en: Las
cooperativas de las Farc, apuesta de desarrollo local)



De hecho, varios de ellos no son aptos para actividades agropecuarias. En
octubre de 2017, algunos excombatientes abandonaron el ETCR de Policarpa,
Nariño, por considerar que “las posibilidades de éxito de cualquier proyecto
económico en este lugar son muy pocas”. (Leer más en: “Demoras en proceso de
reintegración de las Farc las aprovecharon grupos armados ilegales”)



Asimismo, varios grupos de exguerrilleros que dejaron las armas en las
antiguas zonas veredales ajenas a sus áreas de operación han regresado a sus
regiones de origen, creando nuevos asentamientos en Antioquia, Chocó, Meta,
Cauca y Valle del Cauca, entre otros departamentos. Allí también aspiran a
la adjudicación de tierras vía cooperativas. A la fecha, la Farc ha
identificado varios predios que podrían ser entregados en propiedad, con una
extensión total de 3.800 hectáreas.



El enfoque comunitario que defiende el partido, sin embargo, ha sido
cuestionado públicamente por el gobierno nacional. El pasado 30 de abril,
luego de concluir una reunión del denominado “gabinete del posconflicto”, el
presidente, Juan Manuel Santos, declaró que “dentro de las Farc hay un
conflicto: los jefes quieren que todo sea colectivo, mientras las bases,
muchas de ellas, quieren que sea individual. Producto de ese conflicto, las
Farc no han aprobado la ruta de reincorporación individual y hay recursos
para cinco mil excombatientes, para proyectos productivos, que están
bloqueados por esa disputa”.



Con el objetivo de hacer frente a esas declaraciones, Pastor Alape, delegado
de la Farc en el CNR, aseguró que “la reincorporación está frenada por la
carencia de una política pública (…) y, fundamentalmente, porque no hay
tierras para la ejecución de los proyectos productivos que se vienen
formulando en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación”.
De hecho, el Consejo Político Nacional del partido declaró el pasado 2 de
mayo que “se sigue vacilando sobre la conveniencia de dar tierra a los
combatientes en proceso de reincorporación”.



La situación ha ocasionado la salida de buena parte de los excombatientes de
los ETCR, al punto de que en noviembre de 2017 el jefe de la Misión de
Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault, declaró que el 55 por
ciento de los exguerrilleros habían abandonado esos espacios ante la
incertidumbre del proceso de reincorporación. Al respecto, Torres afirmó que
“pareciera ser que la estrategia del gobierno es no tener estrategia, porque
ante la ausencia de una política pública insiste en implementar la
reincorporación con enfoque individual, urbano y contrainsurgente, todo lo
cual podría apuntar a fragmentar la cohesión interna y reducir la
ascendencia colectiva de la organización”.



De momento, la discusión se encuentra estancada en el CNR, luego de que la
Farc rechazara la propuesta de resolución presentada por la ANT y pidiera la
aprobación del documento construido de manera conjunta, así como su
implementación expedita.



El tema es de la mayor relevancia para el proceso de reintegración, que no
sólo se encuentra amenazado por las demoras en la implementación, sino
también por la existencia de disidencias en varias regiones del país. En
noviembre de 2017, tras visitar el ETCR de Mesetas, Meta, el propio alto
comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, aseguró que “sin tierra no puede
haber reincorporación efectiva”.



Nota de la redacción de Verdad Abierta



1) Tras la publicación de este artículo, la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz (OACP) se comunicó con VerdadAbierta.com para informar que el
gobierno nacional decidió resolver la necesidad de adjudicar tierras a los
excombatientes con la expedición del Decreto 756 del 4 de mayo de 2018. El
documento consta de un artículo, que abre la puerta para que la ANT
adjudique tierras de manera directa a “asociaciones o a organizaciones
cooperativas”. El texto no corresponde al proyecto de decreto que se adjunta
más arriba en esta historia ni se ajusta a los términos que negociaron el
gobierno y la Farc en el CNR para garantizar la reincorporación económica.
Al respecto, la fuente de la OACP que se comunicó con este portal respondió
que el Ejecutivo tomó esa decisión unilateral ante los cuestionamientos
recibidos, que, en su concepto, apuntaban a que el proyecto de decreto era
“discriminatorio”.

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