Colombia/ "Si el ELN sigue el ejemplo de las Farc puede ser suicida" [Carlos Alberto Ruiz Socha - entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de mayo 2018

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redacción y suscripciones

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Colombia



Entrevista al académico Carlos Alberto Ruiz Socha, asesor jurídico de la
guerrilla *



"Seguir así a las FARC es un suicidio"



Rebelión, 12-5-2018

http://www.rebelion.org/



Esta entrevista fue realizada, a finales de marzo de 2018, al académico y
jurista Carlos Alberto Ruiz Socha para el libro Final Abierto: 20 miradas
críticas sobre los acuerdos con las insurgencias (2010-2018) (ver
http://lanzasyletras.org/2018/04/19/negociaciones-con-las-farc-y-el-eln-pens
ar-lo-que-vendra;
<http://lanzasyletras.org/2018/04/19/negociaciones-con-las-farc-y-el-eln-pen
sar-lo-que-vendra>  y Lanzas y Letras, La Fogata Editorial).  Su opinión
corresponde a la un asesor jurídico de la guerrilla, el único que ha
participado en ambos procesos de paz, tanto con las Farc como en las
actuales conversaciones con el ELN, organización a la que asesoró hace
veinte años y con la que participó en la reunión del Acuerdo de Puerta del
Cielo en Alemania (julio de 1998). Es conocida su posición frente a los
acuerdos de La Habana suscritos por las Farc en 2016, que él cuestionó en
algunas materias (ver sus artículos en www.rebelion.org)
<http://www.rebelion.org/> , motivo que ocasionó su retiro de dicha
asesoría. Este reciente aporte se produjo desde Quito días antes de la
detención de Jesús Santrich, el 9 de abril de 2018
(http://lanzasyletras.org/2018/04/10/para-los-excombatientes-de-farc-se-vien
e-la-mas-pertinaz-y-vengativa-persecucion-judicial-jesus-santrich/)
<http://lanzasyletras.org/2018/04/10/para-los-excombatientes-de-farc-se-vien
e-la-mas-pertinaz-y-vengativa-persecucion-judicial-jesus-santrich/> , y de
las contradicciones internas del actual partido político de las Farc,
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en las que por un lado se aboga
por respetar sin fisuras el orden jurídico dominante que validaron
totalmente sus dirigentes, y otras voces señalan por el contrario no acoger
o someterse ante decisiones injustas en la alianza de entes estatales de
Colombia y de los EE.UU., que continúan persiguiendo penalmente a líderes de
la ex guerrilla de las Farc, en el marco de un desplome o fallida
implementación de gran parte de los acuerdos entre el Gobierno de Santos y
las Farc. Ruiz Socha asesora actualmente en La Habana al Ejército de
Liberación Nacional (ELN), en la continuación del V ciclo de conversaciones
en las que se busca llegar a un nuevo alto el fuego bilateral y al diseño de
cómo será la participación de la sociedad civil-popular en el diálogo
nacional para la paz con justicia social en Colombia. (Rebelión)



1. Usted fue asesor de las negociaciones con las FARC y más recientemente es
asesor del ELN. ¿Por qué cree que en La Habana se llegó a un acuerdo y en
Quito no, qué circunstancias se dieron en el primer caso y estuvieron
ausentes en el segundo?



Podemos afirmar como algo básico que las guerras son resultado de una
sumatoria compleja de factores. Pero las llamadas soluciones a las guerras,
ya sean salidas políticas, ejemplo El Salvador en los noventa, es decir con
predominio de una negociación como etapa final y cumbre, o también las que
se signan por una clara derrota militar, o de exterminio, como en Sri Lanka
con el genocidio al pueblo Tamil en 2009, son por lo general ecuaciones
todavía más complejas. La ecuación que llevó a la negociación de las Farc
con el régimen, se fue configurando en diferentes planos en el curso de al
menos seis años (2008-2014). Hubo exposición y efectos de trofeos militares
como fue “dar de baja” a comandantes como Alfonso Cano, a Raúl Reyes, a
Jorge Briceño, y a muchos mandos, más o menos cuarenta en alta o media
jerarquía, en esos años en los que el modelo de esa guerrilla desembocó en
un laberinto, por el peso o la presión militar enemiga acumulada en
territorios en los que no había ya para dónde ir, en los que hubo
desconexión con las bases históricas o aislamiento por la persistente
persecución, no sólo de tipo bélico sino de rompimiento de canales con
tejidos sociales afines, entre el campesinado y pueblos diversos, ya sea
producto de errores propios así como el saldo de la guerra sucia.



En esa realidad, se da un planteamiento esperado y plausible: dialogar, como
lo había pedido el propio comandante Cano en 2010. Santos llega a la
presidencia con esa propuesta en la manga de su brazo de fuerza, luego de
golpes a las Farc que no quebraron su moral de lucha, pero que sí
resintieron o tuvieron fuerte impacto. El gobierno sabía del alcance de esa
oportunidad y como es lógico desarrolla en secreto esos contactos para
tantear hasta dónde las Farc cedían. En 2011 Santos mata a Cano pero con la
otra mano ofrece conversar. Las Farc no se amilanan, demuestran fe en su
causa, siguen en esos encuentros confidenciales, en febrero de 2012
renuncian a retener o llevar a cabo lo que comúnmente se denomina
“secuestro” por razones económicas, y acogen la fórmula de aproximarse sin
derrotismo. Finalmente en agosto de ese año 2012 se firma la agenda de La
Habana y se echa a andar un proceso que en mi opinión comenzó por tener en
la mesa dos contendientes firmes en sus convicciones y posiciones, con el
respaldo de sus respectivas realidades militares.



En lo que me consta, llegando en 2013 como asesor, es que había una fuerza
rebelde que estando inmersa en muy duras circunstancias, ante un reto
histórico de grandes proporciones e indudablemente de enorme
responsabilidad, pues no podía rechazarse conversar, fue tomando nota de un
balance político, externo e interno, y no coyuntural sino de orden
histórico, y se vio así misma en una encrucijada de tipo realista, de
cálculo, como lo conceptualizaríamos desde la ciencia política. Cualquier
observador podrá comprobar con los discursos de las Farc en la mano, en
2013, en 2014 y parte de 2015, cómo se mantuvo en alto una beligerancia,
cómo no se perdió el tono que distingue a una fuerza insurrecta, exigiendo y
pensando más en ganancias reales para el país sometido que en garantías para
ellos mismos, para los líderes guerrilleros. Sin dejarse de hablar de la
problemática rural, de los cultivos ilícitos, de la participación, de la
pobreza y de necesarias reformas, lo que sucedió en mi opinión es que hubo
una fase en la que comenzó a primar la visión de favorabilidad a sus
fuerzas, y en particular a la dirigencia, por lo cual el gobierno vio que
era ahí donde acertaba, donde debía reforzar o centrar su propuesta y puso
en la mesa, en medio de crisis y argucias, un cebo importante, referido
sobre todo al tema de la judicialización de responsabilidades penales
derivadas del conflicto.



Esa ecuación, pues, aparte de esos vectores militares y políticos, estuvo al
final integrada por consecuencias múltiples, como los costos, incluyendo los
éticos, de un tipo de articulación y relación accidental con determinadas
economías y circuitos en el contexto de la guerra, me refiero en concreto al
narcotráfico, tan presente en Colombia en cualquier lado; naturalmente el
cansancio y el sufrimiento humanos, o diríamos inhumanos, tras años o
décadas de una feroz guerra, que fue haciendo mella, con un Estado que usa
el paramilitarismo y el terrorismo, que criminaliza el movimiento social,
que tomó cientos de prisioneros para los que no había salida. Entonces, un
Estado que había avanzado tantísimo en esas posiciones de fuerza bruta y
directa, para persuadir; y que gozaba del apoyo de gran parte de la opinión
y por supuesto de la comunidad internacional, contando con el concurso para
ese empeño de países no amigos del régimen, como Venezuela, en tiempos del
comandante Chávez, ve que hay cómo imaginar unos compromisos de reformas
constitucionales y legales.



Esa carnada es la promesa. Y cuando hay un ofrecimiento hay quien lo acoge o
quien no lo acoge del todo y mantiene sus reservas. De ahí que se cuenta,
como se diría en antropología, psicología o en filosofía, con una prueba de
la estructura identitaria, y más siendo una estructura fustigada y atraída
por la ficción de la ley, en transición de valores, de convicciones y de
razonamientos que constituían una médula moral, y en este caso política, que
dejó de ser tal al renunciarse a la rebelión, por nada materializado, salvo
el cumplimiento de que no sería aniquilada. Sin que se vieran obligadas las
Farc a consultar ampliamente y ver alternativas, en unos diálogos más o
menos cerrados, entre cúpulas, en los que no estaba presente la diversidad
del país o el conjunto social como parte, sino apenas como espectador
lejano, las Farc fueron seducidas por esa promesa del más llano reformismo
normativo, o sea sin cambios a la vista. No hubo demostraciones de voluntad
real del régimen, sino firmas de cientos de páginas; no hubo avance de lo
negociado, con mínimas transformaciones palpables, sino retroceso o recorte
a partir de las realidades y sofismas de la juridicidad dominante, que se
escudó en procedimientos de su ley o en el reparto de funciones, o sea que
lo pactado debía ser convalidado después por el poder judicial y el
legislativo, además de estar sometidos los acuerdos al plebiscito o
refrendación del 2 de octubre del 2016, que fue un fiasco.



En fin, que las Farc fueron embelesadas por la apariencia de la ley de su
oponente, y recogió con inusitado entusiasmo la bandera de la falacia
jurídica. Compró la lógica de la normativa o el funcionamiento estatal, que
es la envoltura, y por ende se alimentó de lo que estaba adentro; acogió el
contenido axiológico e ideológico que reproduce el orden de dominación. En
junio de 2016, yo ya había dejado de ser asesor, las Farc se sometió
explícitamente a la ley del Estado. Fue el punto de quiebre.



Hasta este momento, marzo de 2018, en Quito, hay una Delegación de Diálogos
del ELN, la cual tengo el honor de asesorar en cuestiones jurídicas, que
refleja una organización con dilemas, no golpeada militarmente como las Farc
lo tuvo que vivir; una guerrilla que busca un modelo de salida política
transformadora, es decir con cambios mínimos que el país viva ya y no que
sueñe por décadas; se está desarrollando una propuesta de gran Diálogo
Nacional, o sea un proceso participativo amplio y plural, de simbiosis
vinculante; y además esta guerrilla conserva y rehace su propia juridicidad
y proyección reguladora de su existencia y razón de ser, es decir no acoge
ni respeta la ley selectiva de su adversario.



2. El diseño de Justicia Especial para la Paz surgido de La Habana fue
cuestionado tanto por la derecha que se opone a los acuerdos como por
sectores de izquierda que cuestionan la impunidad que otorga a responsables
de crímenes de Estado. ¿Cuál es su valoración al respecto, cómo cree que
debería ser un esquema efectivo de Justicia Transicional?



Tiene que ver mi respuesta sobre este tema con lo dicho anteriormente. Ese
es el marco. Es decir, se fue cambiando no la realidad sino la percepción de
la misma, y a partir de ahí, como es lógico, en parte las convicciones
fueron mutando, o sea el orden de los principios, también por la percepción
que el sujeto político insurgente fue teniendo de sí mismo y de lo que hoy
día se sintetiza como fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. La
amenaza era ir a la cárcel aislado, con la derrota encima, como sería en
algo el caso de Abdullah Öcalan del PKK, o Abimael Guzmán de Sendero
Luminoso. Condenados, sin alegar de cara a un público en un proceso de paz.
La oportunidad en cambio era como lo que finalmente se ha dado, digamos con
un Gustavo Petro o un Navarro Wolf, del M-19. Hacerse senador, hacer
política dentro de las reglas del sistema, sin pasar por la cárcel. Jugar a
las elecciones, aspirar a la presidencia, intentar cuajar una formación
política de izquierda en la legalidad, etc.



En 2013 otro asesor jurídico y yo, con base en las propias ideas de las Farc
y en enunciados nuestros, formulamos la necesidad de un sistema de justicia
que debería acoger las definiciones más progresistas del derecho
internacional, obviamente del derecho penal más avanzado, estudiando los
alcances de la Corte Penal Internacional, de otros tribunales, experiencias
diversas, en conjunción con la propia entidad de la rebelión, de la política
que se afirmaba en valores de resistencia a la opresión, de soberanía, de
impugnación a cánones dominantes, incluso armonizando esa propuesta con
posibilidades que se daban en ese momento en la UNASUR o en la CELAC
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Recuerdo tuvimos un par
de reuniones con el secretario general de la UNASUR (Unión de Naciones
Suramericanas), Alí Rodríguez Araque, así como con varios embajadores en La
Habana. Diseñamos una propuesta autónoma pero abierta, de cara a
requerimientos tanto internacionales como del país, referidos a la verdad, a
la justicia, a la reparación y la no repetición. Obviamente para ese momento
las coordenadas de afirmación ética y política eran otras, tanto que se
produjeron guiños y decisiones para explicar y explicarse. Comenzamos a
desarrollar pasos para el reconocimiento de responsabilidades por diferentes
hechos que nunca debieron suceder. En un viaje a Estados Unidos en un grupo
consultor, contactamos a quienes esperaban por años explicaciones de qué
pasó y por qué con sus familiares, víctimas de acciones de las Farc. Hicimos
lo mismo en Colombia. Yo me reuní como asesor jurídico de las Farc con
obispos del litoral Pacífico y luego con víctimas de Bojayá para tratar por
primera vez este caso y otros, en la perspectiva de lo que luego ocurrió:
pedir perdón y trabajar un proceso con ciertos compromisos. Se hizo después
en La Habana. Y en la lista fueron señalándose otras demandas.



Cambia todo cuando lo que reina ya no es un proceso equilibrado de búsqueda
de las dos partes de un nuevo y coherente sistema de justicia frente a
hechos del conflicto, sino la imposición que una de ellas va haciendo, en
este caso sutilmente el Estado, orientando a partir de sus premisas. Ya
había sido aprobado el Marco Jurídico para la Paz, como reforma
constitucional en el 2012, el cual fue fragmentado y puesto de bajo perfil,
pero que sirvió como referente de arranque, con efectos simbólicos y
discursivos, para partir de una posición estatal aparentemente hacia otra,
poco a poco convergente con las Farc, que creyó en 2015 y 2016 que había
logrado mover al Estado, cuando en realidad sólo ellas se estaban deslizando
y comprometiendo con algo que les cambiaba la perspectiva. Al régimen no. Se
pactó en septiembre de 2015, en una trampa de sugestión, que tenía que ver
con la promesa mencionada de nueva institucionalidad, y en un ejercicio de
aceleración y conminación, la hoy denominada “Justicia Especial para la
Paz”, que en una sucesión de reformas constitucionales y legales, logra dos
objetivo de alto valor para el sistema.



El primero: desvertebrar la rebelión no sólo materialmente llevando al
desarme y la desmovilización, sino en la mente y los corazones de los que
dejaban de ser insurgentes, que aceptaron renunciar a lo que en términos
penales asumimos como delito político y su complejidad lógica, pues el
Estado ganó ahí que se convalidara la criminalización de actos propios del
alzamiento armado y tachar como crímenes amplias conexidades. Me explico:
que acciones naturales de la rebelión se vean como crímenes, cuando no lo
son si están en ese orden de coherencia y valores que definen ese derecho y
sus límites ontológicos y éticos. Esto lleva a que el guerrillero o la
guerrillera sea re-criminalizado/a en ese nuevo sistema especial de
justicia. No ya con consecuencias personales o individuales, que se
ocultarán o se notarán cada vez menos y cada vez menos entre más se suba en
el rango de responsabilidades, cuando lo elemental es que la dirigencia las
asuma, hipótesis ésta que veremos si se constata según el proceso político y
sus blindajes. Las consecuencias a las que me refiero más, pues esto es más
profundo, es el mensaje al mundo, a las luchas de los pueblos y para la
historia: que levantarse contra la opresión es un crimen. Que sólo cabe
hacerlo aceptando la extrema simplificación de la rebelión. Esto es algo
repudiable.



Y el segundo efecto trascendental, entre varios fines logrados por el
sistema, también bajo esa jurisdicción especial, es el refuerzo de la
impunidad de los crímenes de Estado y de su lógica, pues las altas
responsabilidades bajo esta justicia y sus reglas, nunca serán puestas al
descubierto, no con ese modelo, ya que se desechó el imperativo de la cadena
de mando, salvándose así tipos como Uribe Vélez, ministros y generales en la
cúspide de esa jerarquía no sólo nominal sino funcional por adscripción más
allá de lo normativo, o sea por conocimiento directo y omisión eficiente al
cometerse cientos y cientos de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Los
llamados terceros civiles, como jefes del paramilitarismo en el empresariado
o la política, igualmente están de plácemes. No serán tocados.



De dónde vienen las críticas de la extrema derecha. De ser precisamente
extrema derecha. Hoy dispuesta a controvertir, por fundamentalismo,
cualquier evidencia. Así como niega la eclosión medio ambiental o la usa
para sus fines discursivos en su racionalidad económica, está resuelta a
defender el negacionismo y la visión más radical del castigo penal, pero
para los ex guerrilleros, a los que no quisiera ver participando en ningún
espacio político legal, sino en la cárcel o muertos. Así mismo su posición
sobre las responsabilidades de militares o policías, pues sabe que así como
pasó en el sistema empleado en la etapa del reciclaje paramilitar, con la
ley de “justicia y paz”, puede suceder con la “justicia especial para la
paz”: algo de tanta barbarie, algo de esas estrategias, por tanto del
volumen, se tendrá que conocer, así el régimen logre controlar las verdades
cualitativas que afloren; es tanto el horror que finalmente una capa de eso
se va a conocer. Pero es normal, con o sin este aparataje, por las luchas de
las víctimas, por la abundante prueba de cargo contra algunos funcionarios o
prácticas estatales, y por los pocos funcionarios que no la descartarán; no
todos son corruptos o ineptos.



En cuanto a las críticas de la “izquierda”, diría poco. En realidad gran
parte de ese espectro, por seguidismo, mediocridad o clara intención de una
apuesta gaseosa por cansancio y fe política en una promesa de nueva
institucionalidad y oportunidad de anclarse ahí, no hizo a tiempo sino
tardía, tímida y de manera oportunista algunas observaciones, que debían
haberse producido mucho antes, cuando esos acuerdos se estaban cociendo en
secreto. Mucha gente se supone lúcida, instruida y comprometida, guardó
silencio cómplice, para no entrar en desavenencias con la dinámica y la
nueva visión de las Farc, que remedó lo que la izquierda española hizo en
los años setenta y ochenta, validando con pragmatismo la transición del
franquismo y la protección de sus herederos. Sólo gente como el Equipo
Jurídico “Pueblos”, en un excelente documento de febrero de 2016, el padre
Javier Giraldo y algún intelectual como Luis Jorge Garay, llamaron acá en
Colombia a tiempo a estar alerta y señalaron que esos acuerdos de La Habana
se encaminaban al refuerzo de la impunidad del orden establecido.



Y finalmente diría: justicia transicional es la del tránsito o transición
real a una nueva y positiva situación. Hoy la nueva situación es la de una
Colombia sin la insurgencia de las Farc. Con un pie en el lodazal
institucional y el realismo de un país descompuesto. En todo lo otro sigue
igual o peor. Otro modelo de justicia superior, es la que verdaderamente
apunte a ser transformadora de esta inmundicia que nos circunda, por lo
tanto la que devele las verdades más sustanciales, por ejemplo sobre el
paramilitarismo y el direccionamiento histórico del terrorismo de Estado,
sobre sus fuentes y alcances doctrinales, acerca de la concepción de
seguridad que ha imperado, que haga justicia con el reconocimiento de esas
verdades, que repare con visión de integridad a las víctimas renunciando a
las estrategias de victimización o persecución de las luchas sociales, y
construyendo reales garantías de depuración y no repetición. Nada serio de
eso se ha dado. Ni pienso, con base en lo objetivo a mano, que pueda darse;
no con las pautas establecidas o instituidas. Tendrá que ser otro proceso
instituyente el que las defina y eche a andar.



3. El concepto "derecho a la rebelión" que usted fundamenta jurídicamente es
sostenido por el ELN, en cambio FARC optó por una vía más pragmática de
negociación. ¿Reside allí una diferencia conceptual que permitió llegar a
buen puerto al proceso de La Habana, y que explica por qué en Quito el
diálogo no ha encontrado mayores avances?



En teoría hablamos de un concepto que por los procesos históricos tiende a
ser universalizable, es decir la rebelión como hecho complejo, y su
configuración como derecho, ha estado presente no sólo en la propia
constitución e identidad cultural y política de los pueblos y en la
diversidad de las sociedades, sino que, más en el fondo, corresponde a las
dinámicas de desarrollo y luchas como especie que sobrevive contra
circunstancias y causas opresoras, o sea a forcejeos que subyacen a nuestra
condición humana actual. Como pasa hoy día y pasará frente a la destrucción
de las fuentes de vida a nivel planetario. En ese sentido, no hay un solo
ser humano que haya escapado a la fuerza de procesos liberadores. Hasta
Trump es heredero de la revolución americana de independencia que labró
Washington. Y también la posibilidad de sobrevivencia está y estará ligada a
la capacidad de resistir a la lógica depredadora global. Así que la
fundamentación de la rebelión está relacionada con la conciencia que
construimos sobre cómo son y cómo pueden cambiar las estructuras de
injusticia que afronta un pueblo o un conjunto social. Se basa en la
demostración objetiva de cómo es preciso combatir ese orden dominante
injusto que por sí mismo no cambia, un orden urgente de ser interferido, por
la muerte que genera para amplios sectores o incluso para mayorías que ven
menguada su existencia, y hacerlo tiene que ver con la capacidad de impugnar
esa situación en nombre de valores superiores a los del sistema. Hay pues
una razón en la dimensión subjetiva, en la entidad moral del rebelde. Esa
perspectiva jurídica, política y ética es la de la rebelión como derecho y
obligación.



Es cierto: las Farc optó por una vía pragmática de negociación, sin que esa
realidad social y política haya comenzado a cambiar positivamente. Es lo
dramático, o más bien la tragedia. Finalizó su ejercicio de un derecho, como
es la rebelión, aceptando una trama jurídica institucional y sus rúbricas.
No se trataba de la “revolución por decreto”, por supuesto. Nadie
inteligente esperaba eso. Pero sí que tantas décadas de lucha y de dolor
causado en la confrontación, por ejemplo al desatar el Estado la guerra
sucia, hubiesen tenido un mínimo sentido de refutación del orden vigente, y
no su convalidación moral, como se hizo; que parte de esas fuerzas
acumuladas y encarnadas en diferentes planos y movimientos populares, sus
planes de vida, sus mandatos, hubiesen tenido expresión mínimamente
instituyente; que toda esa evidencia científica, objetiva, verificable,
respecto de la descomposición del Establecimiento, del poder mafioso, del
empobrecimiento, del saqueo, y de cómo somos un país miserable y servil,
hubiesen tenido sentido exigiendo los rebeldes de las Farc el cumplimiento
de unos mínimos creíbles y de reformas necesarias o básicas, sin conformarse
con pactos volátiles, además recortados, que sólo les garantizan a sus
dirigentes ciertas prebendas de participación política y raquíticos
proyectos productivos.



Todo esto lo digo sin desconocer que su bandera o discurso es la defensa del
cambio social, como está claro lo siguen sosteniendo. De eso no hay duda.
Pero ya sin tener medios de coerción, de resistencia, de defensa, y de
construcción de otras realidades sociales como insurgencia en una
confrontación que decidieron abandonar; para emplazar a su oponente a
cumplimientos deben acudir a la legalidad que éste les presta. El régimen,
las multinacionales, el gran capital, las elites, los grupos de poder,
valoran este proceso de pacificación de Santos y su inteligencia, por haber
sido el logro de una paz barata, que no supone transferencias o cesiones de
poder real, culturalmente la instauración de una paz que he dado en llamar
en un artículo “paz McDonald´s, negativa y señorial”. Negativa, al decir del
noruego Johan Galtung, significa que nos referimos a la terminación del
conflicto, en medio de la violencia estructural, no a la paz basada en la
redistribución de riqueza y de las oportunidades de vida digna. Erich Fromm,
Albert Camus y otros humanistas del pasado siglo dieron valor a la paz, pero
señalando la necesidad de procesos de emancipación; un humanismo social al
que la rebelión alimenta con sus valores, y una rebelión que debe orientarse
por el humanismo social que invoca y conlleva límites.



La rebelión y su fundamento jurídico tienen una base inteligible,
comprensible por cualquier ser humano sencillo que ve la injusticia y se
indigna por lo que mira. Unos actúan porque ejercen un derecho humano; se
ven obligados moralmente a ello. Otros nos quedamos contemplando el cuadro.
De ahí que predicar el fin de la rebelión, el ocaso de las guerrillas, sin
ver la realidad misma, la persecución y la opresión, ondear éxitos como el
desarme y la desmovilización de las Farc sin hablar de la guerra sucia, y
del incremento de la corrupción y el pillaje, es una posición, pero no es
humanismo social. Decir que el ELN debe parar su lucha basado en promesas,
como si fuera cerrar un libro de García Márquez, que fue lo que dijo a
finales de marzo de este 2018 el señor Tom Koenigs, enviado especial de
Alemania para la paz de Colombia, abogando para que el ELN se desmovilice
siguiendo el ejemplo de las Farc, eso es proponer un paso que puede ser
suicida. No se refiere él al terrorismo de Estado, a la cadena mafiosa que
detenta estructuras de poder; no. Se refiere a cómo una de las partes debe
renunciar, y no a la otra. Afirmó: “el Eln debe darse el espacio para hacer
el cambio a la política pacífica”. Cuando lo correcto éticamente es otra
proposición: el régimen debe dar espacio para hacer el cambio a la política
pacífica.



Entre los valores de la rebelión está la propia idea de finitud. La guerra
no puede durar siempre. No debe prolongarse sin necesidad. Pero no depende
de ponerle fecha como a una caja de medicinas. Será perecedera cuando los
objetivos básicos se vayan logrando. Y una de las vías es la negociada, el
diálogo para concertar cambios. La resistencia a los nazis tenía que ver con
la propia intensidad de la agresión que su maquinaria de ocupación y
barbarie suponía. Si una acción violenta causal cambia, la respuesta a esa
violencia debe cambiar. Si el Establecimiento colombiano tiene voluntad de
mínimos cambios democráticos, la razón de ser de la lucha armada de
resistencia o rebelde se diluye. Si el régimen no transforma parte de esa
realidad que está en sus manos, fundamenta que los de abajo ejerzan un
derecho humano y de los pueblos.



Veo hasta ahora en Quito que el ELN persiste en su fundamento de la
rebelión, siendo el ejercicio de un derecho colectivo y personal. Pero no lo
ha ejercido nunca ni lo piensa continuar desarrollando de cualquier manera.
Hay una pulsión humanista, una política y una eticidad con la que por lo
general actúan sus unidades, que le define al ELN esa necesidad de cumplir
unos límites, de una autocontención y disciplina, que corresponden a los
requerimientos del derecho internacional humanitario, de acuerdo a su propia
juridicidad y compromisos con las clases populares. Y creo no es negarse a
lo que sigue insistiendo: que las conversaciones deben construir un pacto de
paz transformadora; no renuncia a buscar la salida política negociada al
conflicto.



Antes de cerrar esta respuesta, a modo personal debo subrayar cómo por
inercia, por el peso de diferentes factores, en Colombia falta fundamentar
con coherencia que la rebelión es un derecho, y explicarlo, en las
condiciones de guerra irregular popular, de guerrillas, de resistencia. Y
cómo tendrá que ver con las posibilidades de vida y de bienes comunes, de
comunidades y territorios, en los próximos lustros, si no llegamos a un
acuerdo nacional de transformaciones básicas. Antes teníamos los ejemplos de
grandes juristas de altura, como Eduardo Umaña Luna, Eduardo Umaña Mendoza,
compañero y maestro a quien hace 20 años asesinó el Estado colombiano. Hoy
está la voz y obra del padre Javier Giraldo, quien fundamenta y estudia la
realidad de la rebelión. Y unos pocos o pocas juristas insobornables, que no
han caído en las lógicas del silencio, de la compra venta de conciencias que
ronda en Ongs y otros espacios. Es preciso en Colombia recobrar la lucidez
de la necesidad de que la rebelión sea reconstruida y no vapuleada con las
exigencias de la conciencia de lo público y del bienestar general, y que se
reconozca la posición del beligerante, del insurgente, del rebelde, como
interlocutor válido, sujeto político en la redefinición de un humanismo
social para la defensa de la vida en tiempos en los que nosotras y nosotros
tenemos la responsabilidad de preservar sistemas de vida colectiva ante la
destrucción planetaria que sobre todo golpea a los más empobrecidos.



4. ¿Qué valoración general tiene usted como jurista, en función de su
experiencia internacional, de los procesos de negociación con ambas
insurgencias llevados a cabo durante los últimos 8 años?



Creo sinceramente que debemos respetar con ahínco el derecho de las Farc de
pasar a ser una guerrilla a ser una formación política legal e intentar
hacer política abierta en medio de esta putrefacción del sistema. Ya veremos
en unos años su respuesta a los desafíos conocidos. Si en la balanza
histórica, en aplicación de la justicia especial que pactaron, defendieron
el derecho a la rebelión como derecho humano, si lo ayudaron a destruir, si
lograron develar las verdades esenciales del terrorismo de Estado y a sus
máximos responsables, o si por el contrario se les devolvió como arma
política, teniendo que responder penalmente en estrados judiciales que los
dirigentes de las Farc ayudaron a diseñar y a los que reconocieron
autoridad, concediendo validez a un sistema de justicia, anidado en la
podrida institucionalidad dominante.



Es cierto que el DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), es un
éxito. Esto se celebra. Me imagino los discutirán las elites en sus clubes
sociales. Seguro brindarán por el éxito de desarmar, desmovilizar y
reinsertar a la guerrilla de las Farc, en su momento la más poderosa del
continente, sin haber hecho ellos, esas castas, como Establishment, ninguna
reforma seria y con proyección al servicio de los sectores populares,
imbuidos muchos millones de personas en la supervivencia, en la escogencia
de los canales de la televisión que les distrae, cómo estirar los créditos o
conseguir un trabajo para alcanzar lo básico. Ha sido, insisto, una paz
barata para el régimen. Y en términos sociológicos, para el pueblo, un
resultado alienante.



Mientras los de arriba hacen negocios en zonas ya liberadas de la amenaza de
las Farc, el proceso de paz no le ha impactado cultural o significativamente
la vida a la gente empobrecida que está sometida a unas estructuras de
violencia por las que votan cada cuatro años en las urnas, sabiendo que se
presentan como candidatos muchos ejemplares de verdaderas asociaciones de
malhechores. Sí ha dado tranquilidad esa pacificación relativa a algunas
franjas por la disminución clara de los niveles de violencia, ante todo en
el campo, donde en todo caso sigue el statu quo en sus ramificaciones
matando líderes sociales, a decenas, así como a ex guerrilleros de las Farc
y a familiares de ex insurgentes, pues el régimen continúa amenazando
comunidades y amedrantando a todo aquel que sea sospechoso u ose oponerse a
circuitos más extensos o locales atravesados por la lógica de la acumulación
de capital, ya sea legal o ilegal, como el narcotráfico.



El ELN propone desde hace más de veinticinco años un proceso de creación de
consensos nacionales desde la participación abierta, plural, diversa,
vinculante, incluyente, resolutiva respecto de las reformas necesarias, las
básicas de la ciudadanía real, o sea las que atañen a la democratización que
pueda defenderse desde el sentido común. Recuerdo cómo en Alemania hace 20
años, donde estuve participando, el ELN propuso en Maguncia que el país se
abriera a una Convención Nacional. De ahí su apuesta hoy de Gran Diálogo
Nacional que reconozca y vehicule todos los sectores, a los de abajo, las
voces sociales, los territorios, en un anclaje que no es institucional y de
sumisión pragmática como lo han sido otros procesos, sino de implementación
o compromisos vivos, activos, verificables, duraderos, con mecanismos de
exigibilidad o cumplimiento, ya mismo, no remitidos a un futuro sin
garantías. Es decir, demostrando el régimen que sí abandona la exclusión y
la violencia, o sea que no va a perseguir a quienes se levantan para
impulsar mandatos sociales.



Al tiempo el ELN, sin desdeñar en absoluto, sino dando total valor y
actualidad a la perspectiva de los diálogos para esos consensos, propone la
humanización del conflicto, la regulación de las fuerzas contendientes, que
se respeten los derechos de la población no combatiente, y está dispuesto a
llegar a acuerdos tanto con el adversario como con las comunidades o pueblos
en territorios que viven afectaciones por el enfrentamiento armado. También
a pactar planes de vida que brinden mejores condiciones y no descompongan
más los tejidos sociales.



Este camino constituye un derrotero bien distinto al que siguió las Farc,
que no tomó muchas veces en cuenta exigencias del derecho humanitario o que
accidentalmente se implicó por acción de algunos en actividades que tienen
luego un coste en la credibilidad política y ética. Que terminan creando una
cultura no distinta a la del orden dominante. Esto determina con qué
fortalezas o con qué debilidades se llega a un proceso de diálogos y de
negociación, y por lo tanto con qué expedientes puede ser chantajeado un
grupo político.



Las Farc, hoy como partido, y el ELN, sin dejar de ser insurgencia, tienen
futuro en sus respectivos procesos de re-fundación histórica si logran
articularse al torrente de demandas sociales y promoverse con sus
identidades y aperturas por la defensa de la vida concreta de grandes
mayorías que para la supervivencia deben movilizarse. Ahí la negociación con
una, las Farc, que se desmovilizó, enseñará qué estuvo mal, y de qué debe
aprenderse, y servirá para entender el intento de salida con la otra, con el
ELN, que pide en su propuesta razonable que el Estado cumpla lo que firma,
haga honor a la palabra empeñada, que sea el que se reinserte por definición
en las necesidades de democratización y paz transformadora. No tiene que ser
siempre que la oposición rebelde ceda ahora y que el régimen prometa que lo
hará después. No. La clave está en que sea procesual esa dinámica de
obligaciones, y no formal e ilusoria la obligación estatal. Que lo que se
pacte se cumpla en forma sincrónica, con garantías reales. Así, si el Estado
falla, si el régimen se burla, la otra parte tiene derecho a tomar otra vía
y a tener medios legítimos para exhortar a las elites y a sus cuerpos
armados a que cumplan. O a desarrollar alternativas.



Ojalá la confrontación no sea la senda de Colombia en el próximo medio
siglo. Ya no hay tiempo para equivocarse. Entre otras razones por exigencias
que devienen de la propia destrucción medio ambiental y de nuestra situación
existencial y de capacidad como género humano para construir un buen vivir
como lo formulan los pueblos en lucha, que es no una idea caprichosa sino de
resistencia y conservación colectiva. Por eso no sólo debe exigirse la
finitud en la dimensión utópica de la rebelión. No. Lo que hay que hacer es
instar enérgicamente a los de arriba a que cedan en sus estructuras de poder
y codicia. Lo decía Camilo Torres Restrepo sobre la necesidad de que esos
grupos acostumbrados a su inmunidad e impunidad, definan cómo van a
realizarse los cambios. No puede valer que ellos, los ahítos que decía
Camus, a sus anchas no tengan límites ni restricción de medios. Y millones
de seres sean despojados de condiciones de una vida digna.



* Carlos Alberto Ruiz Socha es Doctor en Derecho, autor de “La rebelión de
los límites” y numerosos ensayos, actual asesor jurídico del ELN en el
proceso de conversaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

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