Nicaragua/ Abril de 2018: la insurrección de la conciencia [Equipo Envío]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de mayo 2018

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redacción y suscripciones

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Nicaragua



La insurrección de la conciencia



Nadie presintió este estallido, pero eran incontables las razones que
anunciaban que ocurriría. La juventud universitaria lo inició y a la
juventud la siguió la gente, muchísima gente, cada vez más gente. Desde
hacía años había muertos y terror en las zonas rurales y Managua parecía
dormida. Y al despertar Managua, levantó al unísono al país entero. ¿Cómo
fue posible? No por una conspiración desde fuera, sino por la mucha lava
acumulada dentro. Los volcanes no avisan.



Equipo Envío, Managua

Revista Envío N° 434, mayo de 2018

http://www.envio.org.ni/



Durante muchos años Nicaragua no ha tenido nunca primeras planas en medios
internacionales.



En este histórico abril, cuando empezó a correr la sangre en Managua y
después en todo el país y durante varios días, fuimos noticia. Parece
dirigido, planificado, organizado, pero fue espontáneo, real, inesperado.
Por sus dimensiones y consecuencias, el estallido de abril sorprendió a todo
el país y a los mismos jóvenes que lo iniciaron. El régimen Ortega-Murillo
fue el principal sorprendido.



Balance fatal: “fueron ejecutados”



Aunque nunca sabremos las cifras exactas, ya el 4 de mayo el Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) hizo público un informe con un
balance de lo que llamó “violaciones sistemáticas a los derechos humanos de
los nicaragüenses por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario
Murillo”.



En él, y respecto a la violación del derecho a la vida, afirma: “La
violencia, sin comparación en la historia reciente de Nicaragua, ejercida
por la Policía y las fuerzas de choque del gobierno, ha tenido como
consecuencia la muerte violenta de al menos 45 personas durante el ejercicio
legítimo de una protesta social. 4 son menores de 18 años, 24 son jóvenes
estudiantes y 18 pobladores con diferentes perfiles ocupacionales que
apoyaban la protesta de los estudiantes, 2 son agentes policiales y uno, un
periodista que daba cobertura a los hechos de violencia en Bluefields”.



“Todas las muertes -precisa- se dieron en el contexto de la represión y la
violencia estatal. La mayoría de las víctimas presentaba impactos de bala en
la cabeza, cuello, pecho o abdomen, por lo que podemos afirmar que fueron
ejecutados, valiéndose las autoridades y las fuerzas de choque de una clara
ventaja respecto de los medios de que disponían los manifestantes. Esto
evidencia que la orden era matar”.



Todos los asesinados eran varones menos uno de los policías, una joven de 19
años. 27 murieron en Managua. Otros en Masaya, León, Estelí, Bluefields y
Matagalpa. También se refirió el informe a 400 personas, entre lesionados y
heridos durante las protestas.



Una década de agravios acumulados



La desproporcionada respuesta de las fuerzas de choque del gobierno y de la
Policía Nacional contra jóvenes y ciudadanos que protestaban contra las
reformas al seguro social en distintos puntos céntricos de Managua, y la
brutal escalada represiva de los días siguientes prendió una chispa. Una
década de autoritarismo sin límites la convirtió en un incendio, en una
insurrección de la conciencia nacional.



Hacer la lista de los agravios acumulados que en este abril ha nutrido por
todo el país masivas protestas cívicas y pacíficas que no se veían desde
hace años, y que parecía no veríamos en poco tiempo, resulta una tarea
imposible. Los hemos ido analizando pormenorizadamente, mes tras mes, en
estas páginas.



Un acumulado de indignación ante abusos, arbitrariedades, humillaciones,
corrupción, desigualdades, también crímenes siempre impunes, encendió por
fin la mecha. La arrogancia de un poder cada vez más absoluto y asfixiante
diseminó los hervores de abril a la velocidad que facilitan hoy las redes
sociales. El estallido de abril revela también un relevo generacional y se
parece también a un cansancio, un hastío, un hartargo.



Primer hervor: control de las redes



La insurrección de abril fue precedida por tres hechos provocados por el
propio gobierno. Acostumbrados durante una década a abusar de su poder
absoluto sin mayor reacción, el régimen se convirtió en el principal
desestabilizador de su modelo.



Apenas un mes antes del estallido, el 12 de marzo, la Vicepresidenta Rosario
Murillo anunció que estaba considerando “revisar” las redes sociales porque
estaban “influenciando negativamente a familias y comunidades”. Lo de
“revisar” fue sentido, naturalmente, como “controlar”. Las redes eran un
importante espacio de poder, uno de los pocos que no controlaba ya el
gobierno.



Fue la juventud, que “vive” ya en las redes, la que se sintió atacada, pero
por este tema aún no salió a las calles a protestar. Tal vez no lo hizo
porque pasaban los días y nadie terminaba de aclarar cómo ejercerían el
control.



El propio gobierno tiene su parte en la rebeldía que lo ha debilitado: el
boom de las redes sociales inició en Nicaragua hasta en 2014, cuando el
gobierno invirtió millones en instalar wi-fi libre y gratuito en los parques
de todo el país.



Años después, los teléfonos inteligentes de los universitarios con más
capacidad económica, y los teléfonos más sencillos de muchos otros jóvenes
de los barrios se conectaron y tejieron las redes de la rebeldía en Managua
y en todo el país. Muchos creíamos que la juventud estaba absorta, enajenada
con ese “juguete” tecnológico. La vida nos demostró que era sólo cuestión de
tiempo.



Además de disparar a mansalva a los rebeldes de abril, una de las primeras
respuestas del gobierno, tomado por sorpresa, fue cancelar el wi-fi gratuito
en todos los parques del país, que hoy lucen vacíos.



Segundo hervor: el incendio en la reserva



El otro antecedente inmediato al estallido de abril fue el incendio iniciado
el martes 3 en la Reserva Biológica Indio-Maíz. Un fuego incontrolable
comenzó a extenderse por el valiosísimo bosque tropical húmedo que cubre el
sureste de Nicaragua, fronterizo con Costa Rica, un tesoro biológico de
valor intangible para Nicaragua y Centroamérica.



Acostumbrados a un irresponsable modo de gobernar, en el que las decisiones
siempre están ultra-centralizadas, la Vicepresidenta Murillo minimizó el
incendio y el gobierno no comenzó a reaccionar hasta el 6 de abril.



Acostumbrados también a gestionar cualquier evento de importancia o
silenciándolo o tergiversándolo si no pueden callarlo, el gobierno se
resistió a solicitar ayuda internacional, rechazó la que le ofrecieron
bomberos costarricenses, militarizó la zona, impidió a periodistas y
ambientalistas independientes ingresar a la reserva y amenazó con retirar su
personalidad jurídica a la Fundación del Río, primera organización nacional
que encendió la alarma el mismo día 3, con informaciones que recibía de las
comunidades ramas y krioles que habitan allí.



Desde hace años las reservas naturales de Nicaragua están siendo
deforestadas. Alba Forestal, una de las empresas del consorcio Alba, en
manos del grupo en el poder, hace negocio con la madera de esos bosques.
También están siendo invadidas las reservas por campesinos empobrecidos que
luego venden las tierras que ocupan a ganaderos inescrupulosos, que tumban
árboles y queman el terreno para dedicarlo después a pasto para ganado.



Lo hacen ante la indolencia o la complicidad de las autoridades locales, en
un combinado letal de corrupción e impunidad. En 2017 la Alianza de los
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua había advertido sobre el
acelerado avance de la deforestación en la Reserva Indio-Maíz, señalando que
las invasiones de colonos en ese territorio para apropiarse de tierras que
pertenecen a estos pueblos originarios se intensificaron desde que en 2013,
cuando el gobierno anunció el proyecto del Canal Interoceánico, que
atravesaría parte de la Reserva por la zona de Punta Gorda.



Una catástrofe ecológica y el poder de la emoción



Fue la juventud, que en Nicaragua como en todo el mundo, ha ido
desarrollando una conciencia de responsabilidad ambiental, intuyendo que el
mundo que heredarán está en grave peligro, la que salió a las calles
preocupada por la reserva. Desde el 6 de abril, y día tras día, vimos en la
entrada de la Universidad Centroamericana (UCA), en el centro de la capital,
las primeras protestas de universitarios. En los primeros días fueron
pequeños plantones. El 10 de abril ya estaban más concurridos.



El miércoles 11 ya eran más de 300 los jóvenes de varias universidades
autoconvocados en las redes por #SOSIndioMaíz quienes se mantuvieron durante
algunas horas frente a la UCA. “Ortega negligente” decía una de las
pancartas. En otro punto del centro de Managua, y con el habitual pulso que
el gobierno organiza para “no perder las calles”, unos mil miembros de la
Juventud Sandinista (JS) alababan el trabajo gubernamental para apagar el
fuego. Hasta ese día no hubo represión.



El 12 de abril creció el número de jóvenes frente a la UCA. Cuando
pretendieron marchar por calles céntricas de la capital, reclamando
información veraz sobre el incendio, aparecieron por primera vez policías
antimotines para impedirlo. Golpearon a varios, mientras otros policías
protegían la contramarcha de la JS, que desfiló acuerpada por las fuerzas de
choque del gobierno: hombres en moto, cubierto el rostro con el casco y
armados con garrotes o armas de fuego.



Finalmente, el 13 de abril concluyó el incendio. El ejército y aviones
apagafuegos que brindaron México, Estados Unidos y El Salvador hacían lo que
podían, hasta que una copiosa lluvia resultó decisiva para apagar las
llamas.



En uno de los cuatro canales del régimen un “especialista” dijo que se
sentían “muy optimistas” porque se había perdido menos del 2% del bosque.
Otra fue la visión del director del Centro Humboldt, Víctor Campos, quien
afirmó que el daño era “irreversible” porque esa pequeña zona quemada estaba
precisamente en la zona núcleo de la reserva. “Es la mayor catástrofe
ecológica en la historia de nuestro país”, se lamentó el científico Jaime
Incer Barquero.



La chispa inmediata: reformas al seguro social



El gobierno dejó de hablar del incendio. Seguramente pensó que, al igual que
las llamas, la conciencia juvenil ya estaba sofocada. Tal vez no saben que
la neurociencia nos ha enseñado que las grandes decisiones que los seres
humanos tomamos comienzan siempre con una emoción, nunca con un análisis
racional. Las protestas ambientalistas habían dejado ya un enorme acumulado
de nuevas emociones en una masa crítica de la juventud universitaria de
Managua.



Tan seguro estaba de que tenían todo bajo control que apenas tres días
después de cesada la indignación juvenil por el incendio en Indio-Maíz, el
lunes 16 de abril en la tarde, Roberto López, presidente del INSS (Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social), anunció cuáles serían las reformas que
finalmente el gobierno implementaría para evitar el colapso financiero de la
institución.



Antes de esa tarde ya se sabía que las reformas se estaban negociando, como
siempre a puertas cerradas, y sólo entre el gobierno y la élite empresarial.
La sorpresa, en el anuncio que López hizo aquella tarde fue la distancia que
el gobierno tomaba de sus aliados del COSEP: no había sido posible lograr
consenso con ellos. Incluso habló del “chantaje” que los empresarios habían
hecho.



Después de ese inesperado desaire a sus aliados, y sin decir una sola
palabra de las razones estructurales de la crisis del INSS, que, además del
natural envejecimiento de la población, tienen que ver con la corrupción del
régimen en la institución. López detalló los números de una reforma que dijo
“dará un respiro” a las quebrantadas finanzas del INSS durante los próximos
diez años.



Una reforma de cortísimo plazo



Como el seguro se quedaría sin dinero para pagar pensiones antes de terminar
el año, el gobierno estaba urgido y decidió salirle al paso a la quiebra por
la vía más fácil: sacándole dinero a todo mundo.



Los trabajadores asegurados cotizarían más, los empleadores cotizarían mucho
más, a los jubilados se les descontaría cada mes un porcentaje de su
pensión, a los nuevos jubilados se les reduciría su pensión y el Estado
contribuiría, aunque mínimamente. (Ver números más concretos al margen).



No fue una reforma de corto plazo, sino de cortísimo plazo, incluso movida
por la desesperación y pensada desde el poder absoluto que no escucha, que
no debate.



Una reforma sin escuchar



Para salvar al INSS había otro camino, que hubiera supuesto autocrítica y
escucha de los expertos en seguridad social del país, que han insistido en
opciones de más largo plazo y más justas. Entre ellas, trasladar al
presupuesto nacional las pensiones que el INSS otorga a víctimas de guerra y
las “pensiones reducidas” que Ortega concedió en 2013 a unos 50 mil ancianos
que nunca cotizaron al INSS o que cotizaron poco tiempo. Las pensiones a
miles de no cotizantes han desequilibrado severamente las finanzas del INSS.




Correspondía al Estado asumir la justa protección social a víctimas y
ancianos para no sangrar más al INSS. Pero no lo hicieron. Para conseguir
fondos que alimentaran el presupuesto hubieran reducido exoneraciones
injustificables a algunos sectores empresariales. Pero no lo hicieron.
Hubieran asumido también otros problemas estructurales que han asfixiado al
Seguro. En su reglamento, el INSS establece que los gastos administrativos
no deben superar el 6.5%. Y desde hace años superan el 14% por aumento de
personal, aumento de salarios, compra de vehículos, doble aguinaldo...

No hubo tampoco una palabra sobre las turbias inversiones realizadas a
partir de 2013 con los fondos del INSS (condominios de lujo, edificios en la
capital hoy vacíos…), que también han contribuido a agrandar el agujero
negro en las finanzas de la institución.



Una reforma “por sus pistolas”



El gobierno optó por lo inmediato y más fácil y presentó esas irresponsables
medidas como un conflicto con la cúpula empresarial, y como una defensa de
los trabajadores, por no doblegarse ante el FMI. (En el menú de
recomendaciones que el FMI venía presentando al gobierno desde hacía años
sugería aumentar la edad de la jubilación y las semanas a cotizar para
obtener pensión).



Los especialistas nicaragüenses en seguridad social han insistido en que el
INSS no sólo padece una crisis financiera, sino también de gestión y por eso
debía, antes que nada, recuperar confianza transformándose en una
institución autónoma y transparente, dejando de ser coto de empleados muy
bien pagados por su lealtad al partido de gobierno. No dialogaron con los
especialistas. No hubo debate con nadie.



Con quienes hablaron durante unos días fue con los empresarios, que
insistían en negociar simultáneamente la reforma al INSS y la reducción de
algunas exoneraciones que los privilegian a ellos para obtener más recursos
fiscales, cada vez más tensionados desde que en 2016 comenzó a declinar la
cooperación petrolera venezolana. Ni siquiera tuvieron en cuenta a sus
aliados.



Decidieron unilateralmente. “Por sus pistolas”, en argot nica. Actuaron con
la habitual arrogancia que da el poder absoluto.



Un cálculo equivocado



El gobierno calculó que si sus activistas políticos repetían por doquier que
no se modificaba la edad de jubilación (60 años) ni las semanas de
cotización (750) y que los jubilados recibirían su aguinaldo en Navidad, que
el gobierno “revolucionario” no había obedecido al FMI, todos los afectados
quedarían conformes.



Calcularon que la élite empresarial se quejaría, pero terminaría
arreglándose con ellos. Después de una década de un gobierno corporativo,
donde los empresarios han ocupado más de 40 cargos en instituciones
estatales y han sido co-artífices en la elaboración de decenas de leyes,
donde el corporativismo, denominado “modelo de diálogo y consenso”, hasta se
incluyó en el texto de la Constitución, pensaron que el “desentendimiento”
con la clase empresarial sería pasajero y manejable.



Lo que quedó fuera del cálculo del régimen fue el espeso caldo de rechazo
que se venía cocinando en la sociedad. El día 18 los universitarios
volvieron a salir a las calles. Por las reformas. Y por todo. Por el ya
insoportable yugo de un autoritarismo sin límites. Y estalló la conciencia.



La “izquierda” internacional que interpreta lo ocurrido en Nicaragua habla
de que “problemas con el seguro social los hay en todo el mundo y lo que
pasó en Nicaragua es que Ortega se le plantó al FMI y defendió a la “clase
obrera” y la “derecha imperial” reaccionó para “desestabilizarlo”…



Los universitarios en la primera línea



Las protestas iniciaron el miércoles 18 en la noche, cuando universitarios
de la UCA y de la UAM -propiedad del Ejército- convocados por #SOSINSS se
reunieron en los nuevos portones de la UCA, que fueron apedreados y
destruidos por miembros de la Juventud Sandinista (JS).



El 19 en la tarde se congregó un grupo de universitarios y ciudadanía adulta
en el Camino de Oriente, otra zona céntrica de Managua. Fueron garroteados y
golpeados por turbas de la JS y por paramilitares motorizados, que también
atacaron a los periodistas que cubrían la protesta y robaron cámaras y
celulares. Todo, a vista y paciencia de la Policía Nacional, en la más total
impunidad.



Hace cinco años, este método de agresión les había dado muy buen resultado.
La juventud de Managua que en 2013 defendió a los ancianos sin pensión
convocada por #OcupaINSS fue golpeada, amenazada y robada. ¿No les había
funcionado entonces? ¿Y después de que las turbas de la JS los apalearon, no
se replegó asustada la juventud?



Lo que no calculó el gobierno fue que en cinco años de wi-fi masivo en todo
el país, y ya enredado todo mundo en las redes, existía ya el embrión de una
nueva realidad social y cinco años más de agravios.



La represión de la tarde del 19 fue documentada por la radio y los canales
independientes que aún quedan en el país. Pronto, varios fueron sacados del
aire. Ese atardecer más y más jóvenes salieron a las calles y desafiaron
compactas filas de policías antimotines en distintos puntos de Managua. Las
redes divulgaban a velocidad de la luz imágenes impactantes del valor con
que lo hacían.



El día 20 despertó la juventud de las universidades públicas: los primeros,
los de la Universidad Nacional Autónoma (UNAN) con sede en León. Al día
siguiente en Managua, la Universidad de Ingeniería (UNI), la Universidad
Politécnica (UPOLI) y la Universidad Agraria, consideradas bastiones de la
JS, controladas a través de la UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de
Nicaragua), un brazo del partido de gobierno que domina las universidades
estatales. Después se rebelaron los de la UNAN Managua. También hubo eco en
Rivas, en Camoapa…



Un país insurreccionado



A la ira juvenil comenzó a unirse la juventud y la población de los barrios
de Managua y de otros municipios. Ese día ya había marchas y plantones de
protesta espontáneos por todos lados, por todo el país.



No fue sólo por la seguridad social. Estallaron diez años de negación de la
autonomía universitaria, de negación de la autonomía municipal, de negación
de la democracia y de los derechos humanos, especialmente los derechos
civiles y políticos. La respuesta del gobierno a esta inesperada y
espontánea insurrección, que los agarró por sorpresa, fue tan torpe como
cruel, propia de una política de terrorismo de Estado.



El día 20 la Catedral de Managua se convirtió en refugio seguro para unos 2
mil estudiantes, muchos de ellos heridos, que huían de la represión
generalizada en el centro de la capital. Chavalos y chavalas estuvieron
amparados allí durante horas por el cardenal arzobispo de Managua, su obispo
auxiliar, Silvio Báez, y el clero de la capital, acosados por las turbas del
gobierno decididas a ingresar en el templo para atacarlos.



Desde el comienzo del estallido, Monseñor Báez jugó un papel destacado.
Muchos jóvenes, que ni sabían que él existía, lo conocieron en esos días.



El país estaba insurreccionado. El día 20 cayó al suelo, cortado
pacientemente por muchos jóvenes con una sierra de mano, el primer “árbol de
la vida”, símbolo del poder. Rosario Murillo “sembró” 140 de estas moles de
hierro de 14 toneladas por toda Managua. Caerían en los días siguientes ocho
de estas estructuras. El día 21 se levantaron barricadas en Monimbó, emblema
de la lucha antisomocista.



Abril 2018: marca un parteaguas



El viernes 20 ocurrió la primera muerte. Entre ese día y hasta el día 22,
ininterrumpidamente, empezamos a sumar muertos matados por bala, a escuchar
historias de valor y dolor, de pobladores de todas las edades y de todos los
lugares, colaborando con quienes protestaban, llevándoles alimentos,
medicinas, curándolos, protegiéndolos, escondiéndolos… En esos cuatro días
asistimos estupefactos a una brutalidad y crueldad que considerábamos
impensable en miembros de la Policía Nacional, auxiliada por fuerzas de
choque y francotiradores vestidos de civil. Aunque no ha logrado
comprobarse, varios medios (“La Prensa” y 100% Noticias) han hablado de
policías detenidos por negarse a disparar.



El Ejército se desplegó en esos días en Estelí y otros lugares del país,
pero sólo resguardó edificios y no participó en la represión. Toda la
maquinaria represiva la llevó adelante la Policía, acompañada visiblemente
por turbas organizadas desde antes, o para esta ocasión, por el partido de
gobierno.



“Las muertes y daños” que el gobierno ordenó durante esos días son
incontables. Y aunque después de publicarlas en el diario oficial, un
Ortega, sorprendido por el inesperado mensaje que le llegaba de todas las
esquinas del país, también de las bases de su partido, reaccionó el 22 de
abril revocando las reformas a la seguridad social, las protestas siguieron.
Y hoy, al poner punto final a este texto, martes 8 de mayo, el descontento
se mantiene y se incrementa. Manifestaciones por todo el país exigen
justicia por los muertos y un cambio en el país: ¡Que se vayan!



Hay una clara línea divisoria entre la Nicaragua de antes de estos
inesperados días de rebeldía y la Nicaragua de ahora. Y sin saber aún cómo
se irá conformando el nuevo país nacido del estallido, ya sabemos que nada
seguirá en el mismo lugar en donde estuvo antes.



“Son almas pequeñas”



Los epítetos empleados en los más álgidos días de la rebeldía por Rosario
Murillo contra quienes protestaban (“almas pequeñas, tóxicas, llenas de
odio, vampiros sedientos de sangre, grupos minúsculos”), atizaron el fuego
de la indignación. La interpretación que hizo Daniel Ortega de lo que
ocurría -son “pandillas matándose entre ellos mismos”- hizo trizas la imagen
que su gobierno y sus aliados empresariales han vendido durante una década:
“Nicaragua, el país más seguro de Centroamérica”.



En la noche del 21 y durante el domingo 22 se produjeron saqueos en 30
comercios de Managua, entre ellos en los supermercados Palí y La Unión,
propiedad de Walmart. En algunos videos se veían patrullas de la Policía
resguardando a los saqueadores y trasladando lo saqueado. En otros era la
televisión gubernamental la que transmitía en directo los saqueos…



Una justa sospecha



En su informe del 4 de mayo sobre los acontecimientos de abril, el CENIDH se
refiere a la “forma organizada” en que se realizaron los saqueos, que “no
fueron repelidos por la Policía, que tampoco realizó labores de prevención”.
Y añade: “El gobierno respon¬sabilizó de estos robos al movimiento de
jóvenes para justificar la represión, por lo que pobladores indignados,
considerando que eran grupos afines al gobierno, empezaron a hacer acciones
de vigilancia y protección en las afueras de los establecimientos…”



Justa fue, por todo esto, la sospecha de los pobladores de que no eran los
estudiantes los responsables. Justificada también por lo que sucedía en
otras ciudades. En León, Masaya, Chinandega… turbas organizadas por las
autoridades locales quemaron esos días edificios del partido de gobierno,
para abonar a la idea de que eran vándalos los que protestaban.



El diálogo en el horizonte



El 21 de abril Ortega había aparecido por primera vez desde que había
iniciado el estallido. Lo hizo flanqueado por el Jefe del Ejército y la Jefa
de la Policía. Forzado a hacer algo, ofreció a sus aliados del COSEP un
diálogo para revisar las reformas al INSS.



Altamente preocupados por una revuelta que era nacional y parecía imparable,
y por las consecuencias económicas de la torpe y sangrienta respuesta del
gobierno, los empresarios del COSEP pidieron que el diálogo se ampliara a
otros sectores del país. Y convocaron a sus agremiados y empleados a marchar
en Managua el lunes 23.



La megamarcha empresarial



La población capitalina se unió a la marcha empresarial y la desbordó
totalmente: gentes de toda clase social de Managua, autoconvocadas por las
redes, salieron a las calles. Una multitud incalculable recorrió ocho
kilómetros de la capital enarbolando banderas de Nicaragua.



En una demostración espontánea que dos generaciones de capitalinos nunca
habían visto, plenamente cívica y totalmente pacífica, se escuchó
reiteradamente: ¡No eran delincuentes, eran estudiantes! Incontenibles
también otra consigna: ¡Que se vayan!



Primeros cálculos indicaban que la economía perdía millones de dólares
diarios desde que inició la crisis. El descalabro al que llevaba el país la
represión gubernamental y los resultados de la marcha convocada por ellos,
que los trascendió, cambió la percepción de buena parte del empresariado
nacional. Después de la marcha, conscientes de su responsabilidad en la
crisis, pidieron que el diálogo tuviera una agenda amplia y que en él
estuvieran presentes los estudiantes. Ortega ya había sugerido que fuera la
jerarquía católica la mediadora del diálogo. El diálogo “nacional” que los
obispos habían pedido hacía cuatro años sin ser escuchados, el diálogo
aparecía de nuevo como una “salida” en el horizonte.



La megamarcha católica



El 24 de abril los obispos aceptaron ser “mediadores y testigos” del
diálogo. Y llamaron a participar el sábado 28 de abril en una Peregrinación
por la Paz.



De nuevo, una multitud incontable, convocada por las parroquias de la
arquidiócesis (Managua, Masaya y Carazo), llenó la capital. De nuevo, gentes
de todas las clases sociales, católicas o no, marcharon hacia la Catedral
con banderas de Nicaragua. Hubo “peregrinaciones por la paz” en Boaco, en
Estelí, en Rivas y en otros puntos del país. La de Matagalpa fue la más
numerosa: 50 mil personas.



A la marcha católica llegaron por primera vez a Managua en buses y camiones
-no pudieron impedirlo las fuerzas antimotines- y después de más de doce
horas por las carreteras, unos mil campesinos del movimiento anti-Canal, los
primeros en encender hace cinco años la llama de la rebeldía contra el
régimen.



EL liderazgo de los obispos



Con liderazgos políticos muy debilitados durante años, el liderazgo de la
jerarquía católica, dada la intensa religiosidad popular, es el que ha
emergido con más fuerza en esta crisis.



Párrocos valientes que en muchos municipios lograron detener la furia
represiva y defender a su gente y la conferencia episcopal, a nivel
nacional, han sido referentes imprescindibles de seguridad y de credibilidad
para buena parte de la sociedad.



Y a pesar de que el 40% de la población nicaragüense se congrega en iglesias
evangélicas, los pastores de esas denominaciones no presentaron un bloque
unificado. Ha sido a la iglesia católica a la que le ha tocado ponerse al
frente de la nación conduciendo un diálogo que parece imposible ante la
represión que continuó en el país desde que cesó la masacre de abril.



“Señor presidente, nadie es eterno”



En 2014 los obispos propusieron a Ortega un diálogo nacional y elecciones
libres y le presentaron un documento con algunos de los graves problemas
nacionales que requerían de soluciones. Nunca recibieron respuesta.



“Señor Presidente -decían entonces-, usted tiene la capacidad de no
defraudar la esperanza que muchos nicaragüenses depositaron en usted al
iniciar su primer período presidencial en el 2007 y heredar a la nación un
legado histórico digno de ser recordado por las futuras generaciones. Los
años pasan y nadie es eterno. Usted tiene todavía la posibilidad de
demostrar su voluntad de favorecer una auténtica apertura al pluralismo
político en la nación; colaborar activamente a replantear el funcionamiento
integral del sistema político y buscar caminos de concertación a nivel
nacional, restableciendo la normalidad política de un auténtico estado
democrático”.



Cuatro años después la historia parece repetirse. El mensaje busca lo mismo,
sigue siendo actual. La única diferencia es que ahora lo escucha el país
sintiendo otra correlación de fuerzas y con mucha sangre derramada.



Daremos “una batalla por la paz”



Después de las dos megamarchas llegaba el Primero de Mayo y, como en otros
años el gobierno lo celebró el 30 de abril, para asegurarse la asistencia
obligada de los empleados estatales, amenazados con perder su puesto de
trabajo.



Esta vez los simpatizantes del partido de gobierno, la JS y los empleados
del Estado fueron convocados para expresar “el amor y el cariño que le
tenemos a nuestro líder indiscutible… El comandante presidente tiene que
sentirse acompañado de un mar de pueblo y así darle un revés contundente a
la marcha política-religiosa de la Iglesia-derecha”.



Como en otras ocasiones, los buses del transporte colectivo se dedicaron a
recoger por barrios y comarcas de todos los municipios del país a empleados
públicos y simpatizantes. Las redes sociales testimoniaban que venían más
vacíos que nunca.



El discurso de Ortega fue breve y provocador. No asumió responsabilidad
alguna por nada de lo ocurrido y dio a entender que no iba a ceder en nada.
Se refirió al diálogo limitándolo a temas de “justicia social y económica y
de seguridad” (¿seguridad social?), excluyendo del diálogo el tema de la
justicia por los crímenes y cualquier otro tema político.



Afirmó que daría “una batalla” por la paz y ofendió a muchos al dar un
saludo especial a “la noble, noble, profundamente noble” Juventud
Sandinista, representada en la tribuna por dos muchachos y una muchacha con
sus coloridas camisetas, iguales a las que llevaban quienes habían
garroteado sin nobleza a estudiantes y periodistas días antes.



Hasta aquí una muy limitada crónica de las primeras dos semanas de una
crisis que a todo el país ha sorprendido y conmocionado.



“Todos nos estamos jugando todo”



El 30 de abril, al bajar de la tarima en la que acompañó a Ortega, Rosario
Murillo dijo a los medios oficialistas: “Sabemos que Dios estará sentado en
la mesa del diálogo. Lo que queremos es que se retome el buen rumbo que
llevaba nuestro país hasta hace unos días”.



Es imposible. La correlación de fuerzas dio un abrupto vuelco en el país.
Después de la matanza de tanta gente, alzados en rebelión unos, inocentes
muchos otros, después de tanta gente herida en el cuerpo y en el alma, la
hora de la crisis en la alianza entre los empresarios y el gobierno, que
unos consideraban tan beneficiosa como indestructible y otros han criticado
como espuria, llegó de improviso.



La élite empresarial ya sabe que el gobierno Ortega-Murillo no les garantiza
ni la estabilidad económica y social para sus inversiones ni la
institucionalidad política, a la que no dieron suficiente importancia cuando
el país era “estable” privilegiadamente para ellos y sus empresas.



Algunos han reaccionado dando declaraciones muy claras. El ex-presidente del
Banco Central en el gobierno que precedió a Ortega, Mario Arana, gerente de
APEN (exportadores) dijo en una entrevista en la televisión ya en la tensa
calma de los últimos días de abril: “En este país todos nos estamos jugando
todo… El sector privado llegó a la conclusión de que el modelo hizo agua… En
este momento necesitamos ser independientes, con todo el costo que esto
tiene en este país”.



Lo que pedirán en el diálogo



Al diálogo nacional ya en marcha la empresa privada anunció que concurrirán
cinco de sus representantes con cuatro puntos de agenda. Reflejan ya su
distanciamiento de Ortega: investigación de los asesinatos “con organismos
de derechos humanos de reconocida trayectoria”, (no dicen “organismos
internacionales”), reformas “a lo inmediato” al sistema electoral para
garantizar elecciones libres y transparentes (no hablan de “anticiparlas”),
reformas institucionales que garanticen el Estado de Derecho y la
eliminación de la corrupción, y resolución de la crisis del INSS, para lo
que plantean cambio de sus autoridades y una auditoría de la institución.



“Esto nos sorprendió a todos”



En los días más sangrientos de la revuelta ningún funcionario público de
nivel parecía tener permiso para dar declaraciones. Es el estilo consolidado
durante una década por el gobierno Ortega-Murillo. Sólo hablan ellos dos,
ella a diario.



El primero en decir algo fue Bayardo Arce, comandante y ex-miembro de la
dirección del Frente Sandinista en los años 80. En entrevista con el canal
internacional Telemundo, Arce reconoció que la reforma que el gobierno había
hecho al seguro social había sido “un error”. Arce es asesor económico de
Ortega, lo que demostraría que no lo tuvieron en cuenta.



A la pregunta sobre si la reacción de los estudiantes había sorprendido al
gobierno, respondió: “Claro que lo sorprendió. Nos sorprendió a todos, yo
creo que sorprendió a los empresarios, sorprendió a los sindicatos, a todo
el mundo. Porque la reacción vino de un sector que no está directamente
vinculado a la problemática de la seguridad social. Protestaba el estudiante
universitario, que todavía no es empleado, que todavía no es cotizante, que
todavía no es pensionado”.



También habló esos días el diputado Jacinto Suárez, secretario de relaciones
internacionales del partido de gobierno y compañero de cárcel de Ortega,
entrevistado por ACAN-EFE. Suárez dijo: “Nos toca hacer un balance crítico a
los sandinistas y encontrar en qué hemos pecado”.



Ambas consideraciones, salidas del seno del poder, demostraban lo espontáneo
de la crisis, la sorpresa de todos, la torpeza de la respuesta represiva del
gobierno… O como dijo el propio Arce: “Suele suceder en estos fenómenos
sociales que llega un momento en que perdés el control. La misma Policía
perdió el control y las noticias además te hacen perder el control”. 



“Fue una conspiración al estilo de Venezuela”



La sorpresa admitida por Arce y Suárez demuestra que nadie organizó ni
planificó esto, ni dentro de Nicaragua ni fuera.



A pesar de eso, una “izquierda” tradicional, congelada en el tiempo y
aferrada a interpretar con esquemas simples y ya obsoletos casi todo lo que
ocurre en el mundo, una “izquierda solidaria” que tal vez menosprecia las
capacidades del pueblo de este insignificante y pequeño país, no termina de
creer que la “desestabilización de la revolución” sucedida este abril no
haya sido resultado de una conspiración del “imperio”. Pero los hechos los
desmienten, aunque no los convenzan.



Muy pronto, en el seno del poder había que cambiar el discurso y transmutar
“la sorpresa” en injerencia externa y agresión...



El propio Jacinto Suárez, que hablaba de autocrítica y de pecados, dijo a la
BBC días después, respondiendo a la pregunta de cómo explicaba lo ocurrido:
“Estamos ante una conspiración patrocinada y pagada por el gobierno de
Estados Unidos. No estamos viendo fantasmas, ni inventando nada. Es el mismo
estilo de Venezuela: tumultos de vándalos, manifestaciones, un montón de
muertos. Obviamente nos causó algún efecto porque no estábamos preparados.
Para ser sinceros, nos sorprendieron. Pero ahora ya estamos en la jugada.
Estamos más alerta para entender este fenómeno y ver como lo trabajamos y lo
asumimos”.



La “jugada” del gobierno



¿Cuál es la “jugada” del régimen? Ganar tiempo, ceder en lo mínimo o en
temas menores, dividir a la juventud organizada, desgastar a la población y
mantener una represión selectiva y no tan visible, en forma de amenazas,
intimidación y acciones más dirigidas a los líderes de la revuelta. Lograr
así que todo no haya sido más que una “llamarada de tusa”.



La jugada incluye instituciones. Crearon a toda prisa en la Asamblea
Legislativa una Comisión de la Verdad integrada por cinco “notables”. Aunque
el Poder Legislativo carece de credibilidad por tener Ortega mayoría
absoluta, obsecuente en cualquier decisión al Poder Ejecutivo, y aunque los
cinco nombrados son conocidos por todo mundo como afines o cómplices de las
políticas del gobierno, ponerla a “funcionar” durante tres meses, le da a
Ortega una perfecta excusa para evitar el escrutinio internacional.



Ya le sirvió para negarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
la posibilidad de visitar Nicaragua para investigar la masacre de los días
de abril. Cuando la CIDH lo solicitó “de manera urgente”, la respuesta del
gobierno fue: “Debemos esperar los avances nacionales”.



La “jugada” de las investigaciones



La jugada institucional incluye a la Fiscalía, otra institución carente de
credibilidad, que recibirá denuncias de los familiares de los asesinados.
Nunca la Fiscalía ha terminado de investigar casos que implicaran a altos
cargos del gobierno. Sin embargo, algunos familiares, advirtiendo que no
creen en los resultados, han llegado a interponer las denuncias.



En el caso del periodista asesinado en abril, Ángel Gahona, que cayó con un
tiro en la cabeza en Bluefields, el inicio de las “investigaciones” de la
Fiscalía evidenció que uno de los objetivos de los investigadores, además de
prolongar indefinidamente su tarea, será responsabilizar de los crímenes a
otras personas, “chivos expiatorios”, para mantener en la impunidad a los
culpables.



La OEA en la jugada



La “jugada” gubernamental incluye a la OEA. A solicitud de Ortega, llegó a
Nicaragua el 26 de abril Wilfredo Penco, quien dirigió la misión de
observación electoral de la OEA en las elecciones municipales de 2017,
marcadas por una masiva abstención.



“Nuestro objetivo -dijo Penco- es iniciar el camino de las reformas
electorales”. Por ese camino, el de Penco y la OEA, llegaríamos hasta las
elecciones presidenciales de 2021, una fecha que a las familias de los
muertos les suena a escarnio después de todo lo que ha pasado.



En sus cálculos, Ortega ha pensado en llevar el diálogo con la OEA en
paralelo al diálogo nacional que median los obispos. O, calculando que
fracasará el diálogo mediado por los obispos, piensa en quedarse únicamente
con el diálogo bilateral con la OEA.



Ortega vive aún en marzo… antes del estallido de abril. Su objetivo es que
en el diálogo mediado por los obispos se hable solamente de lo social, del
INSS, de aspectos económicos que interesen a los empresarios, sus aliados de
años, y que el diálogo de la reforma política, el de la transformación del
sistema electoral que le garantizó cuatro fraudes consecutivos, lo lleve su
gente directamente con la OEA.



“¿Qué va a hacer la OEA?”



Si Ortega vive en marzo, es imposible que el secretario general de la OEA,
Luis Almagro, no haya tomado nota de lo ocurrido en abril en Nicaragua.



Por si no lo hubiera hecho, dada la complacencia con la que Almagro ha
tratado a Ortega desde que le envió un cuestionador informe previo a las
elecciones de 2016 que nunca hizo público, para recordarle que las cosas han
dado un vuelco en Nicaragua, Cristiana Chamorro, directora de la Fundación
Violeta Barrios de Chamorro -lleva el nombre de su madre y ex-Presidenta de
Nicaragua (1990-1997)-, lo visitó en Washington el 4 de mayo.



Cristiana le pidió a Almagro que se sume a la demanda de justicia por la
masacre de abril y le expresó preocupación por el silencio de la OEA ante la
crisis nicaragüense: “No queremos más muertos, ¿qué va a hacer la OEA?”. Le
señaló a Almagro la falta de credibilidad que tiene hoy la OEA entre los
nicaragüenses y lo “desfasado” que ha quedado el memorándum de entendimiento
que Almagro firmó con el régimen de Ortega en febrero de 2017. Y le dijo
abiertamente que era necesario cambiar a Penco como representante de la OEA
en nuestro país.



Cristiana le presentó a Almagro los dos escenarios que existen hoy en
Nicaragua. O elecciones justas y transparentes anticipadas que permitan una
transición pacífica, como Ortega decidió en 1989. O una salida sangrienta y
de destrucción del país como la eligió Somoza en 1979. “Lamentablemente,
parece que Ortega ha escogido esta segunda”, le dijo Cristiana al secretario
general de la OEA.



FSLN: fisuras irreparables



El aspecto para el que los “teóricos de la conspiración” no tienen respuesta
es el de la crisis por la que atraviesa hoy el sandinismo histórico, la
diferenciación cada vez más clara entre cada vez más gente entre
“sandinismo” y “orteguismo.



También en bastiones históricos del FSLN como León, Estelí o Masaya las
fisuras en el partido rojinegro se han hecho evidentes con una fuerza
sorprendente. Ninguna conspiración ni interna ni externa pudiera haberlas
logrado con tanta velocidad.



Es en este aspecto del estallido en donde Ortega aparece más débil en “la
jugada” con la que pretende salir airoso del atolladero en el que él mismo
se metió ordenando la matanza de abril. Carente de tácticas y de estrategia,
viendo el desgrane de sus bases, ya ha tenido y tendrá que recurrir a más
represión para defender su poder.



Enormes grietas se han abierto en las bases del FSLN al ver la respuesta
represiva del gobierno. Son innumerables los testimonios de sandinistas de
buena fe dolidos y avergonzados, incrédulos ante la magnitud de la masacre
llevada a cabo por el gobierno de su partido. “Ya no, ya no, hasta aquí
llegamos”: eso es lo que se escucha.



Una clara primera “baja” es la sucesión dinástica. No existe ninguna
posibilidad de que alguien de su familia pueda suceder a Daniel Ortega. Se
abre así la crisis de la sucesión en el partido rojinegro.



“Este gobierno no puede regresar a como estaba antes de esta crisis, a la
forma de gobierno tan monopólica y autoritaria que venía ejerciendo. La
pareja presidencial no tiene perspectivas”, dijo en entrevista con Andrés
Oppenheimer el general en retiro Humberto Ortega.



“Yo era danielista y chayista a morir”



Centenares de otras bajas se van descubriendo hoy en el sandinismo de los
combatientes y colaboradores “históricos”, relegados por Murillo durante
estos años y en el sandinismo de base, el de las familias sandinistas de
toda la vida, en el de los simpatizantes fieles a Daniel, en el de
“danielistas y chayistas a morir”, como se confesó la profesora Socorro
Corrales, madre del joven Orlando Pérez, asesinado en Estelí por
francotiradores empleados por la Policía.



No son pocos los simpatizantes del partido de gobierno que fueron asesinados
sólo por estar en el “lugar equivocado” cuando los antimotines tiraban a
matar. Tras cada uno de los que fueron apresados, torturados, heridos y
asesinados estos días hay centenares de parientes, vecinos y amigos. Y entre
esos centenares muchos eran simpatizantes de Ortega, votaban por él. Es
incomprensible para el pueblo nicaragüense, también para el pueblo
sandinista, que un gobierno que lleva ese nombre haya asesinado a
“universitarios”, porque el sueño de todas las familias de Nicaragua,
especialmente de las más pobres, es precisamente ése: que sus hijas y sus
hijos lleguen a ser eso, universitarios.



¿El orteguismo ya es minoría en el sandinismo?



¿En cuántos barrios de Managua y de otras ciudades, incluso baluartes del
Frente, se rebelaron simpatizantes de Ortega contra las fuerzas del orden,
participando también de esta espontánea insurrección de la conciencia? Sin
esa rebelión no se explican ni muchos de los muertos ni la saña de la
policía.



¿El orteguismo es ya una minoría dentro del sandinismo? Al menos, pareciera
que ese proceso inició en abril de 2018. Y suena a irreversible. No se basa
en intereses económicos ni en ideología, se basa en principios humanistas y
en mucho dolor. Las familias que hoy lloran a hijos asesinados injustamente,
por una causa noble, son un símbolo de poder inmedible en Nicaragua. Y abril
nos ha mostrado a decenas de ellas.



Habla Estados Unidos



El 24 de abril la Casa Blanca se refirió en un comunicado a “la repugnante
violencia política de la Policía y de los matones pro gubernamentales contra
el pueblo de Nicaragua, en particular los estudiantes universitarios, que ha
conmocionado a la comunidad internacional democrática”.



El 2 de mayo, en la Casa Blanca, el Vicepresidente Mike Pence, en la
ceremonia de juramentación de Carlos Trujillo como nuevo embajador de
Estados Unidos ante la OEA, se refirió a la crisis de Nicaragua con estas
palabras: “En las últimas semanas, el gobierno de Nicaragua ha reprimido
brutalmente a su propio pueblo por alzar sus voces en protestas pacíficas”.
Mencionó después “el legado de tiranía de los Castro en Cuba” y lo que
sucede en Venezuela. Pence dijo que en esos tres países Estados Unidos tiene
aún “trabajo por hacer para garantizar un continente en libertad”. Y
concluyó: Estaremos del lado de todos los que aspiran a la libertad y
confrontaremos a sus opresores”.



Es la primera vez que Nicaragua aparecía en la voz del gobierno
estadounidense junto a Venezuela y Cuba. Unos días después, en la reunión
del Consejo Permanente de la OEA para abordar el caso Venezuela, Pence nos
colocó de nuevo en ese trío.



Resulta oportunista la posición del gobierno de Estados Unidos. Durante once
años, antes con Obama y ahora con Trump, han tolerado todas las
arbitrariedades de Ortega, a cambio de que Nicaragua se abriera a las
inversiones de empresas estadounidenses, retuviera a los inmigrantes en sus
fronteras y colaborara deteniendo, sólo en alguna medida, el trasiego del
narcotráfico.



Necesitamos ayuda, no ese “trabajo”



Es evidente, en una situación de tal desproporción de fuerzas como la que ha
dejado instalada la insurrección de abril, que Nicaragua necesita de ayuda
internacional para investigar lo que pasó en esas jornadas y para lograr que
los autores intelectuales y materiales de la masacre sean sancionados.
También necesita de ayuda internacional para garantizar una etapa de
transición que sea pacífica y que conduzca a nuestro país a un nuevo modelo
de gobierno, con democracia y respeto a los derechos humanos, y con nuevos
gobernantes.



Ésa es la ayuda que necesitamos, y no el “trabajo” que venga del Norte, como
insinuó Pence.



Piensan unos, exigen otros



Sin que pudiéramos imaginarlo tan sólo hace un mes, dos Nicaraguas están
confrontadas hoy como nunca antes en esta última década. La que, a pesar de
todo, sigue apoyando al gobierno Ortega-Murillo, por intereses económicos
comunes y por una ideología impenetrable.



Piensan que el gobierno, por tener todas las palancas del poder, podría
recobrar su hegemonía por la fuerza y recomponer su alianza con los
empresarios, recuperando así la estabilidad hecha añicos en abril.



Piensan que aceptando algunas reformas electorales que compongan algo la
cara del colapsado sistema electoral podrían llegar a los próximos comicios
presidenciales en 2021. Incluso, piensan que entonces el FSLN volvería a
ganar en las urnas.



Hay otra Nicaragua, la de la insurrección de la conciencia, que no acepta un
“borrón” de tanta sangre y una “cuenta nueva” de un régimen que colmó el
vaso de la paciencia nacional. Esa otra Nicaragua exige, además de justicia,
un gobierno de transición. Unos quieren esa transición suave y ordenada,
paso a paso, aun cuando el proceso llegara hasta 2021. Otros la quieren
rápida, en este año 2018. Los respalda esa insurrección, que no cesa de
crecer.



Gracias a nuestros millenials



Ha ido emergiendo entre cada vez más y más nicaragüenses, gracias al coraje
y la decisión de las juventudes millenials de nuestro país, un consenso:
debe hacerse justicia por tantos muertos matados sancionando a los
responsables y ha llegado el momento de democratizar el país y no se puede
perder esta oportunidad de hacerlo cuanto antes.



Si en apenas una semana, el gobierno Ortega-Murillo vio trastocada su
alianza con la élite empresarial, perdió el monopolio de las calles, provocó
una vergüenza sin retorno entre mucha gente buena que aún creía en ellos,
pasó a ser minoría social y evidenció ante la nación y ante el mundo su
rostro criminal, ya es una mayoría la que afirma que Daniel Ortega y Rosario
Murillo perdieron toda autoridad moral para continuar ejerciendo el poder.

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