América Central/ De qué huyen las caravanas que se dirigen a Estados Unidos [Andrés Alsina]

Sab Nov 3 15:20:28 UYT 2018

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Correspondencia de Prensa

3 de noviembre 2018

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América Central

De qué huyen las caravanas que se dirigen a Estados Unidos

No hay guatepeor para los que escapan de Guatemala, Honduras y El Salvador,
sumándose sin más pensarlo a la caravana que pasa por su puerta hacia un
norte que es para ellos la esperanza. Amuchados, se ve, piensan que corren
menos riesgo de que los roben, secuestren, prostituyan, violen y maten en el
ataque. Huyen dejando atrás lo poco que puedan tener, para llevarse consigo
al menos la vida.

Andrés Alsina

La Diaria, Fin de Semana, 3-11-2018

https://findesemana.ladiaria.com.uy/

Son tres caravanas: la primera partió de San Pedro Sula, Honduras, el 12 de
octubre. En México los espera un presidente saliente, Enrique Peña Nieto,
que no quisiera reprimirlos, pero a veces estos migrantes se le desmadran y
no aceptan la propuesta de residencia condicionada que ofrece; un presidente
entrante, Andrés Manuel López Obrador, que ya está prometiendo trámites de
residencia y asegura que habrá trabajo para todos ellos, y en la frontera de
Estados Unidos, un Donald Trump que casi que se despeina insultándolos y
amenazándolos con 5.200 efectivos de sus fuerzas armadas. Cuando las
caravanas lleguen a la frontera con Estados Unidos ya habrán pasado las
elecciones de medio término del 6 de noviembre, el tema perderá decibeles
noticiosos y todo volverá, se supone, a la normalidad.

La normalidad es peor. Cada vez más, y marcadamente desde la presidencia de
Barack Obama, las caravanas son rechazadas, las familias divididas y decenas
de miles de niños solos enfrentan esa realidad agresiva, en la que cualquier
cosa puede pasar. Entre 2013 y 2017 fueron registrados 179.544 niños y niñas
solos. En abril, la Guardia Nacional (que no el Ejército) impidió la entrada
de una caravana a Estados Unidos. En el año fiscal al 30 de setiembre se
superó la cifra récord de 100.000 refugiados golpeando el muro; sólo en
setiembre, se detuvo y se envió de regreso a 16.658 personas.

La realidad de la que huyen desde El Salvador, Guatemala y Honduras tiene
desgracias en común: todos los años pasa a vivir del campo a la ciudad 1,9%
de la población en El Salvador, 3,1% en Guatemala y 2,4% en Honduras.

El sector informal de la economía constituye 53,6% en El Salvador, 57% en
Guatemala y 51,4% en Honduras. La pobreza urbana en El Salvador es de 41,6%
y la pobreza rural, de 49,5%; la indigencia es a su vez de 12,5% y 17,4% la
rural. En Guatemala, la pobreza urbana es de 67,7% y la pobreza rural de
77,2%; la indigencia de 46,1% y 58,2%. Y en Honduras, el sector informal de
la economía comprende 51,4%, la pobreza urbana es de 74,3% y la rural de
81,8%; en cuanto a la indigencia, es de 50,5% en el área urbana y de 63,9%
en la rural.

Las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
castigan una tras otra como rayo que no cesa, describiendo una realidad
cotidiana más allá de lo imaginable. La cifra última, la de desigualdad, es
elocuente: el índice Gini correspondiente a 2017 de El Salvador es de 0,44,
el de Guatemala de 0,55 y el de Honduras de 0,56 (0 equivale a igualdad
absoluta y 1 a desigualdad absoluta). CEPAL no proporciona índice Gini para
Argentina; en Uruguay, el índice es 0,38.

Algo más grave tienen en común: los tres países, sumando apenas 32,5
millones de habitantes, conforman el Triángulo del Norte, una zona que los
ejércitos de todo el mundo estudian en sus cursos de Estado Mayor por ser de
las más peligrosas del mundo; más que Afganistán, se afirma.

El punto de partida de la coincidencia es que, sobre las abundantes
debilidades institucionales previas en la construcción del Estado, los tres
territorios fueron teatro de conflictos internos cuyo rasgo dominante fue
que en ellas participaron sus fuerzas armadas –que causaron decenas de miles
de desplazados–, que la desmovilización de las fuerzas dejó tras sí
desocupación, heridas profundas y también mano de obra desocupada, en cuya
formación se inculcaron valores que fácilmente encontraron correspondencia
en el crimen organizado.

Uno

El Salvador superó, con acuerdos de paz en 1992, una guerra interna iniciada
en 1979 que “costó unas 75.000 vidas y dejó tras de sí una de las tasas de
homicidios más altas del mundo y bandas criminales que penetraron
profundamente en la sociedad”, afirma Human Rights Watch (HRW).

Como ejemplo de sus consecuencias, se señala que a una prevalencia de la
obesidad en la cuarta parte de la población y a 5% de niños de hasta cuatro
años con bajo peso (cifras de 2014), se suman 71.500 personas refugiadas y
desplazadas dentro del país (cifras de 2017).

La ceremonia de santificación, realizada el 21 de octubre, del obispo Óscar
Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras daba misa, fue un
ejemplo de la convivencia irresuelta de los problemas del país, según la
cobertura que hizo en Roma el periodista de The New Yorker Jon Lee Anderson.
El papa Bergoglio portaba el cintillo tinto con sangre de Romero del día de
su asesinato. El cardenal salvadoreño a cargo de la homilía, Gregorio Rosa
Chávez, resultó un hombre de maneras suaves que se alejó “violentamente” de
la crudeza del lenguaje de Romero y la de su asesinato para hablar de él
como un pastor “que era todo amor”, diferencia el periodista.

El sermón de Romero de aquel día estaba grabado y se vendía: “En el nombre
de Dios, en el nombre de este pueblo sufriente cuyo llanto se eleva al cielo
más fuerte cada vez, yo te imploro, yo te ruego, yo te ordeno en el nombre
de Dios: ¡detén la represión!”.

Migrantes hondureños que se dirigen en caravana a Estados Unidos marchan por
una carretera de México, el 25 de octubre.

La represión militar fue privatizada. El año pasado fueron asesinadas casi
4.000 personas en este país de seis millones de habitantes, pero menos del
10% de los asesinos fue aprehendido. Los responsables por la muerte de
Romero no fueron llevados a la Justicia pese a que la identidad de parte de
los responsables es conocida desde hace mucho y una Comisión de la Verdad
respaldada por ONU concluyó que el cerebro del asesinato había sido el mayor
de ultraderecha Roberto d’Aubuisson. Su sucesor al frente de su partido
político, Arena, Alfredo Cristiani, que en 1992 firmara la paz con el
Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), estaba sentado en el palco de
honor durante la santificación de Romero.

Dos

Guatemala emergió, en 1996, de 36 años de guerra de guerrillas, en un siglo
dominado por dictaduras militares. El conflicto interno tuvo un saldo de más
de 200.000 muertos y se estima que una cifra superior al millón de
desplazados.

Es un país predominantemente pobre con problemas de desarrollo y salud,
incluyendo mortalidad infantil, juvenil y maternal, desnutrición,
analfabetismo e ignorancia sobre métodos anticonceptivos. Casi la mitad de
sus habitantes tienen menos de 19 años, lo que la hace la población más
joven de América Latina. Su historia está marcada por la emigración legal e
ilegal a México, Estados Unidos y Canadá. Luego de la guerra civil, en 1996,
buena parte de la emigración que se afincó en el sur de México regresó al
país.

La etimología del nombre del país es maya: significa “tierra de árboles”. La
hambruna ha obligado a la población a comer la corteza de los árboles, lo
que mata a la planta. La distribución de la riqueza tiene una desigualdad
marcada: 20% de la población consume 51% del total del país; el 20%
inferior, 6,1%.

La violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas
siguen siendo extendidas en Guatemala y aparecen como problemas
estructurales que se fortalecen ante un Estado débil. La violencia de las
pandillas es un factor importante que motiva a numerosas personas, incluidos
jóvenes no acompañados, a irse del país.

Hay en Guatemala altos niveles de impunidad, en parte porque es común que
haya demoras irrazonables en los procesos penales contra actores poderosos.
Estas demoras se ven agravadas porque la Justicia a menudo no observa los
plazos legalmente establecidos, y suspende audiencias que pueden tardar
meses en reprogramarse. Persisten problemas como la intimidación de jueces y
fiscales y la corrupción en el sistema de justicia, afirma HRW.

El gobierno estableció en 2007, en colaboración con Naciones Unidas y tras
una prolongada presión internacional, una Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) para investigar la delincuencia organizada.
Al momento del informe de HRW, en 2017, se estaba investigando a más de una
decena de miembros actuales y anteriores del Congreso, así como al ex
presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos
detenidos por corrupción en 2015.

El trabajo de la CICIG provocó una fuerte reacción negativa entre los
funcionarios públicos durante 2017. En agosto, el presidente Jimmy Morales
dispuso la expulsión del país del comisionado de la CICIG Iván Velásquez,
dos días después de que la CICIG y el Ministerio Público intentaran retirar
la inmunidad al presidente para investigar su presunto rol en el
financiamiento electoral ilícito.

Luego de que Morales ordenara la expulsión de Velásquez, el secretario
general de la ONU António Guterres ratificó el compromiso del organismo de
apoyar a la CICIG y mantener a Velásquez al frente de esa comisión. También
repudiaron el intento de apartar a Velásquez el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno de Donald Trump y
miembros del Congreso de Estados Unidos y del Parlamento Europeo. La
anulación por la Corte de Constitucionalidad de la orden de Morales aseguró
que Velásquez siga al frente de la CICIG, al menos hasta la conclusión de su
mandato, en setiembre de 2019.

En setiembre de este año, el Congreso de Guatemala votó a favor de reducir a
diez años la pena máxima para delitos de financiamiento electoral y permitir
la conmutación de penas de prisión de diez años o inferiores por multas
pecuniarias. Este cambio permite que el presidente y muchos congresistas
eviten cumplir penas de prisión si son condenados.

Los juicios por violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado
tienen también un difícil trámite. En julio de 2017, un tribunal de
apelación confirmó la condena de dos ex militares por delitos de lesa
humanidad que consistieron en violencia sexual y esclavitud doméstica y
sexual. Las víctimas eran 14 mujeres mayas q’eqchi’. Uno de los militares
también fue hallado culpable del homicidio de tres mujeres, y el otro de la
desaparición forzada de los esposos de siete de las víctimas. Fueron
condenados a 120 y 240 años de prisión, respectivamente.

En marzo de 2017, un juez elevó a juicio el caso contra cinco ex militares
por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y la violación
de su hermana en 1981. Entre los presuntos responsables se incluye al ex
jefe militar Benedicto Lucas García, hermano del ex dictador militar Romeo
Lucas García; aún no se fijó fecha para el juicio.

En mayo de 2013, Efraín Ríos Montt fue hallado culpable de genocidio y
delitos de lesa humanidad por la muerte de al menos 1.771 civiles de la
comunidad maya ixil en 105 masacres ocurridas en 1982 y 1983, durante su
presidencia. Si bien fue condenado a 80 años de cárcel, diez días después la
Corte de Constitucionalidad invalidó la condena alegando cuestiones
procedimentales. El nuevo juicio empezó en marzo de 2016, pero se suspendió
dos meses más tarde. En mayo de 2017, la Corte de Constitucionalidad
determinó que Ríos Montt era incompetente para enfrentar un juicio público y
que, por ende, el procedimiento se llevaría a cabo a puertas cerradas, pero
que el proceso contra el otro acusado, el ex director de inteligencia José
Mauricio Rodríguez Sánchez, tendría carácter público. Sin que se fijara la
fecha de juicio, Ríos Montt murió en su cama en abril de 2018.

En este marco, la violencia contra civiles se ha vuelto parte de la relación
social, y la profesión de periodista es blanco habitual de ataques. En junio
de 2017, el periodista de televisión Carlos Rodríguez sobrevivió un disparo
en la cabeza. En junio de 2016, murió asesinado el periodista de radio
Álvaro Aceituno, y en marzo de 2015 los periodistas Danilo López y Federico
Salazar fueron asesinados. En enero de 2017, investigaciones impulsadas por
la CICIG y el Ministerio Público implicaron en este delito al congresista
Julio Juárez, del partido oficialista FCN-Nación. Casi un año después, en
noviembre de 2017, se retiró la inmunidad política a Juárez.

En marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes murieron en un incendio en el
refugio Hogar Seguro, gestionado por el gobierno. Se había encerrado durante
la noche a 56 niñas en un espacio donde cabían solamente 11, sin acceso a
agua ni baños, tras una protesta por las precarias condiciones de vida y el
trato recibido en el refugio, incluidas imputaciones de violencia sexual que
databan de varios años. Debido a que los guardias no abrieron las puertas
cuando se desató el incendio, 41 niñas murieron quemadas y 15 resultaron
heridas.

Los temas de orientación sexual e identidad de género son enfocados de
manera claramente regresiva desde el Estado. El derecho guatemalteco
penaliza el aborto, salvo en casos en que pueda estar en riesgo la vida de
la mujer. Las mujeres y niñas que interrumpen embarazos en cualquier otra
circunstancia se enfrentan a penas de prisión de hasta tres años.

En abril de 2017, un grupo de legisladores presentó una propuesta
legislativa, refrendada por 30.000 firmas, para prohibir en forma expresa el
matrimonio entre personas del mismo sexo. El proyecto legislativo también
pretendía impedir que las escuelas públicas enseñen sobre diversidad y lo
que llaman “ideología de género” a los alumnos.

La amenaza de Trump de cortar el apoyo económico a proyectos en Guatemala
afectará directamente el trabajo de la CICIG que trabaja con el respaldo de
la ONU, y que desempeña un papel decisivo en la asistencia al sistema
judicial de Guatemala para el juzgamiento de delitos violentos. Lo hace en
colaboración con la Policía y otros organismos gubernamentales para
investigar, perseguir penalmente y desarticular a organizaciones delictivas
que operan en el país. Puede participar en los procedimientos penales como
co-querellante, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas.

El Congreso de Estados Unidos aprobó fondos de asistencia por 655 millones
de dólares para 2017 en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad
del Triángulo Norte, una iniciativa de cinco años de duración, anunciada en
2014, que procura reducir los incentivos para las migraciones desde
Guatemala, El Salvador y Honduras. El objetivo de la asistencia es reducir
la violencia, fortalecer la gobernabilidad, y crear más oportunidades
económicas. 50% de los fondos está supeditado a que, cada año, el
Departamento de Estado de Estados Unidos certifique los avances logrados por
los países beneficiarios en el fortalecimiento institucional, la lucha
contra la corrupción y la impunidad, y la protección de los derechos
humanos. En 2017, Guatemala obtuvo la certificación que lo habilita a
recibir los fondos totales y en forma continuada conforme al plan,
incluyendo siete millones de dólares para la CICIG.

Tres

Los delitos violentos son un problema generalizado en Honduras. El país
sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar
de la reducción de estos delitos en los últimos años. Los grupos más
vulnerables a la violencia son los periodistas, activistas ambientales y
lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Hubo
escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones
responsables de brindar seguridad pública. La actuación del Poder Judicial y
la Policía, dos instituciones en las cuales la corrupción y los abusos son
generalizados, siguen siendo en gran medida ineficaces. En general, los
delitos y las violaciones de derechos humanos quedan impunes.

Siendo el vecino de la frontera norte de Nicaragua, su territorio fue a
partir de 1981, con la presidencia de Ronald Reagan, la base de la fuerza
parcialmente mercenaria que atacó al gobierno sandinista, la Contra. Las
fuerzas estadounidenses disponían tan libremente del gran territorio de
Honduras que al país se lo nombraba como “el portaaviones”. La insistencia
en lograr el derrocamiento por vía militar del sandinismo llevó al escándalo
Iran-Contras, por el cual el teniente coronel retirado Oliver North vendió a
Irán armas cuyo tráfico estaba vedado por el embargo, para financiar la
operación en Honduras.

Condenado a un año, North no fue a la cárcel y hoy es columnista de la
cadena Fox de Estados Unidos y también auspicia los videojuegos Call of Duty
(El llamado del deber). La desmovilización militar y de civiles, los
desplazados, los crímenes irresueltos y la debilidad del Estado tienen en
Honduras (y parcialmente también en Nicaragua) los mismos efectos que en sus
otros dos socios del Triángulo Norte.

El triángulo

La estructura de la criminalidad organizada es, como se dijo, materia de
estudios militares. Se la liga al terrorismo pero esto sólo puede ser
explicado por razones ideológicas, pues no hay terrorismo en el triángulo ni
en sus cercanías. Lo que sí demanda, según un estudio específico publicado
por Juan Ricardo Gòmez Hecht para uso en cursos militares, es una jerarquía
organizada, el uso o la amenaza del uso de fuerza, que rinda utilidades, y
que la corrupción garantice la impunidad.

El Triángulo Norte es considerada de las regiones más violentas del mundo,
con elevada presencia de pandillas. Es la mayor ruta de tránsito de drogas y
en ellas las fuerzas armadas están involucradas en la seguridad pública. Sus
principales actividades son el tráfico de drogas, armas, personas, pandillas
y lavado de dinero.

Procura actores racionales que maximicen ganancias por medio de actividades
ilegales como servicios sexuales, juegos ilegales, tráfico humano y trata de
personas, y sicariato; la procuración de productos ilícitos, como tráfico de
drogas, de armas, falsificación, piratería, bienes robados, y actividades
predatorias como secuestro y extorsión. A sus actividades de lavado de
dinero, fraude y contrabando, ahora se incorpora el cibercrimen.

Estas organizaciones se potencian por las fuerzas del mercado y la
oportunidad, con las que buscan consolidar mercados, diversificar y proteger
la cadena de suministros. Es un grave error en el combate a ellas, afirma el
estudio, concentrarse en individuos y organizaciones, ya que funcionan por
el sistema de la hidra, suplantando con dos cabezas una decapitación; por el
contrario, debe entenderse su organización como redes. Así, cultiva,
recolecta o adquiere materiales base para la producción de droga mediante
agricultores y productores propios o contratados y agentes locales de
supervisión; los transporta por su propia red de distribución internacional
a través de fronteras internacionales, para lo que cuenta con actores de
protección local que trabajan tanto en el control de los transportistas como
en el punto de arribo del producto hasta su entrega al mayorista, de este a
minoristas y de allí a vendedores al por menor.

La violencia es otro error, sostiene; mucho más eficaz es la corrupción y el
principio de visibilidad del iceberg, que sólo expone su tercio superior. El
movimiento anual de dinero del Triángulo Norte es ejemplificado con que
Guatemala movilizó 1.831 millones de dólares entre enero y setiembre de
2017, Honduras 450 millones en noviembre de 2012, y El Salvador 14,6
millones a setiembre de 2010.

Toda la operación necesita de la debilidad del sistema político, del
judicial y de las instituciones. La fragilidad y la debilidad sobre la que
se opera se asienta en las escasas oportunidades que da el sistema social,
su inequidad y los recursos limitados, tanto cuanti como cualitativamente,
con que cuenta para los intentos de mejorar las potencialidades saludables
del sistema.

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