Colombia/ La banca y las empresas españolas, en el ecocidio del Río Cauca [Miriam García-Torres]
Ernesto Herrera
germain5 en chasque.net
Dom Nov 4 14:10:48 UYT 2018
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Correspondencia de Prensa
4 de noviembre 2018
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Colombia
La banca y las empresas españolas, en el ecocidio del RÃo Cauca
La rentabilidad de los negocios del Ibex35 oculta con frecuencia graves daños socio-ecológicos y violaciones de derechos humanos en América Latina.
Miriam GarcÃa-Torres *
Ctxt, 31-10-2018
https://ctxt.es/es/
Hace tiempo que ya no toca el rÃo. Desde que lo represaron, cuenta, tiene un color verdoso, como de difunto. Rudy Estela Posada, campesina y cofundadora del movimiento RÃos Vivos Antioquia, suspira cuando le preguntan sobre los impactos que Hidroituango está provocando en los pueblos ubicados en el Cañón del rÃo Cauca, en Colombia. “Perdimos nuestras casas, nuestro trabajo, nuestra cultura, nuestro bosque seco tropical. La mayor pérdida que hemos tenido es nuestro arraigo al territorioâ€.
La conflictividad generada por este megaproyecto hidroeléctrico, que incluye la construcción de una presa de 225 metros de altura y un embalse de 79 kilómetros de largo con capacidad para 20 millones de metros cúbicos de agua, dura ya varios años. Pero el conflicto está en una nueva fase desde que en la madrugada del pasado 28 de abril un derrumbe obstruyó uno de los túneles de desvÃo de la presa. Los torrentes provocados por la crecida del rÃo como consecuencia de los taponamientos y vaciados de agua, se llevaron por delante puentes, casas, y los medios de vida de cientos de familias de la zona.
Saltó entonces la primera alarma que poco después se convirtió en emergencia tras varios desprendimientos de tierra, la aparición de grietas en la montaña y filtraciones de agua en la presa. La situación estaba fuera de control. Las autoridades colombianas decretaron la alerta roja y más de 13.000 personas fueron evacuadas permanentemente de forma preventiva: la obra de mayor envergadura del paÃs estaba en riesgo de colapso y se temÃa que pudiera provocar una avalancha de proporciones catastróficas.
La emergencia social y ambiental es de tal magnitud que en junio la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental (ANLA) suspendió provisionalmente la construcción del megaproyecto –a excepción de las obras de contención de la emergencia–, a la espera de que un grupo de peritos expertos determine su viabilidad.
continúa la alerta roja de evacuación en varios municipios y la incertidumbre permanente para alrededor de 200.000 personas, la ContralorÃa General de la República ha señalado en un informe lo que las comunidades organizadas en torno a RÃos Vivos vienen denunciando desde hace diez años: que los estudios eran insuficientes e inadecuados, y que fueron realizados “más para cumplir un requisito en el licenciamiento ambiental que para el adecuado desarrollo del proyectoâ€. El informe recoge 35 irregularidades que ponen en tela de juicio tanto a EPM, la empresa a cargo del proyecto, como a la propia ANLA. Solo asà se entiende que hayan pasado por alto 11 fallas geológicas, la cultura y la economÃa de más de 26.000 personas, y la memoria de entre 500 y 900 vÃctimas de desaparición forzada del conflicto armado cuyos cuerpos quedarán sin ser localizados bajo el agua.
En la zona de influencia del megaproyecto el 60% de la población es vÃctima del conflicto armado. A la violencia ocasionada por el conflicto colombiano se suma ahora la provocada por Hidroituango. Es más, para RÃos, existe una coincidencia histórica entre los hitos temporales de un proceso y otro, de manera que el megaproyecto se habrÃa beneficiado de las masacres y desplazamientos provocados durante las últimas décadas en la zona. Porque entender el conflicto armado es comprender su vÃnculo con la disputa por el control de unos territorios que resultan estratégicos para los intereses del poder polÃtico-económico nacional y transnacional. Un problema estructural, el del acaparamiento del territorio para la profundización del modelo económico, que ha quedado fuera del proceso de paz y que explica en gran medida por qué los asesinatos de lÃderes sociales se han incrementado de forma alarmante tras la firma del acuerdo en 2016. Solo en los primeros ocho meses de este año han sido asesinados en Colombia 110 lÃderes sociales. Más del 5% de ellos defendÃan su territorio frente a los impactos de Hidroituango.
La huella de la marca España
Cuando en abril de 2011 se constituyó el movimiento RÃos Vivos en Colombia, las comunidades afectadas por Hidroituango ya venÃan denunciando el señalamiento de lÃderes sociales opuestos al megaproyecto y la ausencia de información sobre los impactos que éste generarÃa. El conflicto era manifiesto. Pese a ello, tres meses después Ferrovial Agroman, la filial de construcción de Ferrovial, anunciaba la firma de un contrato por 55 millones de euros para la construcción de los túneles de desviación de la presa.
Aunque debÃan estar finalizados para el año 2013, la empresa española acumuló retrasos y sobrecostes en las obras, de manera que el contrato pasó a manos del consorcio colombo-brasileño CCC. Según evidencia ahora el informe de la ContralorÃa, la modificación del diseño de los túneles que se realizó posteriormente no contaba con la licencia requerida al momento de iniciar las obras. Este dato es importante, porque es precisamente en los túneles de desvÃo donde se originó la crisis el pasado mes de abril.
Pero la participación de Ferrovial en Hidroituango no es la única huella de la marca España. En diciembre de 2017 el BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, concedió una lÃnea de crédito de mil millones de dólares a EPM para la construcción de la hidroeléctrica. De ellos, 650 millones provenÃan de un préstamo otorgado por varios bancos comerciales internacionales e inversores institucionales, entre los que se encuentran BBVA y Santander.
En ese momento los impactos sociales y ecológicos de este megaproyecto –que antes de la emergencia ya habÃa provocado 10 desalojos forzosos y la pérdida de los medios de vida de más de 500 familias– eran más que evidentes. También eran conocidas las campañas de difamación, amenazas, seguimientos y asesinatos cometidos contra integrantes de RÃos Vivos, denunciadas por organizaciones internacionales de derechos humanos. Sin embargo, nada de esto parece suponer un impedimento para que BBVA siga incluyendo este megaproyecto en su sección sobre “financiación responsable de proyectosâ€, por un préstamo puente que el banco habÃa concedido ya en el año 2012.
Este caso muestra, una vez más, que tras la rentabilidad de los negocios del IBEX35 se ocultan con frecuencia graves daños socio-ecológicos y violaciones de derechos humanos. Y no es un caso aislado. El informe “El IBEX 35, en guerra contra la vida†de Ecologistas en Acción recoge otros ejemplos en los que empresas españolas como Repsol, ACS, Iberdrola, Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), Acciona y Renovalia están involucradas. La lista es extensa porque el problema es sistémico.
En riesgo de colapso
El caso de Hidroituango encuentra similitudes con otros muchos de los 2.584 conflictos socio-ecológicos que el Atlas Global de Justicia Ambiental tiene registrados en todo el mundo. Megaproyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros, agroindustriales o de infraestructura se imponen en aquellos territorios donde se encuentran los recursos naturales que resultan estratégicos para alimentar una economÃa global en permanente crecimiento.
Los patrones de despojo comparten rasgos comunes: alianzas entre el poder polÃtico y económico, entre la oligarquÃa nacional y el capital transnacional, vÃnculos con fuerzas armadas estatales y no-estatales, y una concatenación de violencias sobre las comunidades locales, consideradas daños colaterales de los intereses económicos de una élite global. Solo se pueden permitir este privilegio quienes se saben protegidos por su poder económico, sus influencias polÃticas, su capacidad mediática y por marcos jurÃdicos conniventes con sus intereses. En otras palabras, quienes se saben impunes.
La semana pasada se celebró en Ginebra la cuarta sesión para negociar un tratado internacional jurÃdicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos que contribuya a poner freno a la impunidad de las grandes corporaciones. El proceso, centrado este año sobre la discusión del borrador cero –un documento que ha dejado fuera gran parte de las propuestas de la sociedad civil– sigue sufriendo la obstaculización de la Unión Europea.
Lo que está en juego no es poco. La posibilidad de contar con un marco normativo vinculante y –hay que precisar– adecuado, es crucial para que sea posible establecer responsabilidades civiles y penales a las grandes corporaciones cuando cometen violaciones a los derechos humanos, para disponer obligaciones sobre las instituciones financieras y económicas internacionales, o para que las normas sobre derechos humanos no estén subordinadas a los tratados de comercio e inversión, entre otras cosas. Se trata –haciendo una analogÃa con Hidroituango– de la necesidad de contar con un dique de contención para una emergencia socio-ecológica global que cada año se salda con el asesinato de más de 200 personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.
Pero, aquà también, aspirar a resolver el problema pasa necesariamente por atender a sus causas estructurales. Y la cuestión clave en este sentido es que nos encontramos en un momento histórico en el que debemos hacer frente a un escenario global que –como Hidroituango–, está en alerta roja por riesgo de colapso. El IPCC acaba de alertar en su último informe sobre la necesidad de limitar el incremento global de temperatura a 1,5ºCsi queremos mantenernos dentro de un nivel de riesgo asumible en un contexto mundial marcado por el cambio climático. Al ritmo actual de emisiones nos quedan 12 años para llegar a este escenario. Apenas una década para emprender transformaciones estructurales en sectores como la agricultura, la industria, la construcción o el transporte, que lleven a una reducción de la demanda energética global. Los paÃses de la Unión Europea, que tienen una responsabilidad histórica indiscutible, deberán reducir sus emisiones al menos un 55% hasta 2030, es decir, una disminución del 7% anual.
El reto es mayúsculo y la conclusión, clara: acometer esta transformación sin precedentes es incompatible con la lógica de los grandes megaproyectos, con el modelo de acumulación de capital inherente al funcionamiento de las grandes corporaciones, y con la esencia misma de un sistema económico suicida en términos sociales y ecológicos. Ante un futuro próximo marcado por la inevitable reducción de la disponibilidad de energÃa y materiales, la sociedad civil organizada deberá tener un papel central si queremos aspirar a construir otros modelos socioeconómicos basados en criterios de justicia social y ambiental. Algo asà como poner en marcha un desmantelamiento controlado del orden existente, para construir otros sostenibles y equitativos. Un desmantelamiento controlado, como el que demandan las comunidades organizadas del Cañón del Cauca para Hidroituango.
* Miriam GarcÃa-Torres es miembro de Ecologistas en Acción. Especializada en estudios socio-ambientales, ecologÃa polÃtica feminista y derechos humanos.
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