México/ De surco en surco: el viacrucis de los jornaleros agrícolas [Tlachinollan]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de noviembre 2018

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México



De surco en surco: el viacrucis de los jornaleros agrícolas



Tlachinollan, 5-11-2018

Centro de Derechos Humanos de la Montaña

http://www.tlachinollan.org/



Esta semana inicia el peregrinar de centenares de familias Na savi, Me phaa
y Nauas hacia los campos agrícolas de 20 entidades del norte, noroeste y
centro del país. Después de convivir con sus difuntos y compartir los
alimentos de la nueva cosecha, empacan sus cobijas y trastes, cierran sus
casas y sus hijos abandonan la escuela, para ser enganchados en Tlapa por
contratistas de la región. Su desplazamiento lo realizan en condiciones
sumamente precarias, sin ningún apoyo ni acompañamiento por parte de las
autoridades del estado. Las familias jornaleras, desde que salen de sus
comunidades hasta que llegan a los campos de trabajo, sufren múltiples
vejaciones. Los tratos discriminatorios son sistemáticos; el racismo de los
mestizos se traduce en engaños, burlas, atracos y lo más cruento, es que son
víctimas de la sobre explotación laboral por parte de los empresarios.  En
este viacrucis del hambre, las autoridades de los tres niveles de gobierno
asumen el rol de comparsas y capataces que abandonan a su suerte a miles de
niños, niñas, mujeres, personas de la tercera edad, madres y padres de
familia, quienes se ven obligados a trabajar de sol a sol, como en tiempos
de los encomenderos españoles.



La Montaña y Costa Chica son las regiones de mayor expulsión de mano de obra
semiesclava,  debido a las condiciones sociales y económicas que rayan en la
pobreza extrema. La exclusión social y las políticas discriminatorias,
materializadas en los bajos índices de desarrollo humano, han orillado a que
más de 10 mil personas sufran el flagelo del desprecio y la violencia
laboral.   La precarización de la vida comunitaria, sumado a la desigualdad
de género y la inequidad por su pertenencia a un pueblo indígena, son
factores que contribuyen a que se consuman violaciones masivas a sus
derechos humanos, principalmente en el plano laboral, social y económico.



Las jornaleras y los jornaleros agrícolas no cuentan con seguridad social,
reciben salarios deplorables, por debajo del mínimo que marca la Ley Federal
del Trabajo, sin contratación laboral formal ya que las empresas,
productores agrícolas y/o rancheros hacen el contrato bajo palabra, a través
quienes llaman contratistas, enganchadores o reclutadores, que en su mayoría
son personas de las comunidades de origen, o de otros lugares cercanos.
Ellos son los que establecen la comunicación de manera unilateral y sin
supervisión al acuerdo laboral, lo que ocasiona que exista una nula relación
laboral. Las personas trabajadoras jornaleras realizan  acuerdos bajo
presión, y están lejos de firmar algún contrato de trabajo como lo señalan
los artículos 24 y 25 de la ley federal del trabajo.



Los contratistas de la región de la Montaña, para convencer a la población
jornalera ofrecen casas, alimentación, guardería, buen sueldo y días de
descanso. De manera dolosa usan esas tácticas para atraer a la población
jornalera, dentro de la misma Unidad de Servicios Integrales (USI), mejor
conocida como “La Casa del Jornalero”, donde colocan pancartas anunciando
contratación de personas jornaleras en distintos campos de cultivo del país.
A pesar de este atraco público ninguna autoridad se interesa en verificar
las condiciones labores de los campos agrícolas que promueven estos
beneficios.



Se han identificado diversas problemáticas que enfrenta la población
jornalera en todo el proceso migratorio y que es crucial para la
implementación de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos
humanos, particularmente los derechos laborales.



Es muy grave que ninguna institución se encargue de velar por los derechos
de las y los jornaleros agrícolas, por lo mismo, no existe una base de datos
confiable sobre la población jornalera. Los únicos datos disponibles son los
de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO 2009) de la Sedesol.
Actualmente no hay una fuente censal o estadística que permita tener un
conocimiento certero acerca de la magnitud de la fuerza de trabajo
asalariado ocupada en el campo.



Para el caso de la Montaña, no se realiza un registro de la población
jornalera de manera permanente. Es una gran deficiencia          que
demuestra el desinterés y el mismo trato discriminatorio de las autoridades
estatales, que no cuenten con un registro migratorio sobre la dinámica
migratoria de la población jornalera.



La casa del Jornalero en Tlapa no tiene las condiciones mínimas para
albergar a las niñas y niños que pernoctan en las instalaciones, ya que,
ante el retraso de sus salidas o la falta de autobuses, suelen dormir encima
de cartones que consiguen, o bien en el suelo cubierto con una sola cobija
que arropa a las familias.



Uno de los grandes fracasos del gobierno federal en turno fue la falta de
operatividad del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA),
perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el cual tenía
como objetivo el “Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los
derechos sociales para potenciar las capacidades de las personas en
situación de pobreza, incidiendo en la alimentación, la salud y la educación
mediante la reducción de las condiciones de precariedad que enfrenta la
población jornalera agrícola y los integrantes de sus hogares” . Asimismo,
durante el año 2017  y lo que va del 2018, México tuvo la oportunidad de
retomar las propuestas presentadas por varias organizaciones de la sociedad
civil, en la cual Tlachinollan participó, en la Consulta Nacional sobre el
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, auspiciada por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, el gobierno se
perfiló más sobre la migración de origen, tránsito, destino y retorno, así
como de las personas solicitantes de la condición de refugio, que en este
momento deja mucho que decir. De cualquier manera, en las dos dimensiones de
la migración: la internacional e interna, ha quedado evidenciado el
desinterés de las autoridades sobre la población pobre que sale en busca de
una mejor vida. La lucha por sus derechos y el interés que ha despertado en
la opinión pública, se debe a las familias que están denunciando situaciones
indignantes tanto en sus países de origen como en nuestro mismo país que
sigue dando trato de delincuente a las familias migrantes que pugnan por una
vida digna.



De los 24 años que Tlachinollan llevamos trabajando, uno de los primeros
casos que atendimos fue el de una familia jornalera que horas después de
arribar en la terminal autobuses de Tlapa, el jefe de familia fue privado de
la vida por elementos de la policía judicial, al dispararle cuando iba a la
tienda a comprar. Estos hechos ocurrieron de madrugada, cuando los
jornaleros habían regresado de trabajar de los campos agrícolas de Sinaloa y
se encontraban descargando sus cosas en la terminal. Esperaban que
amaneciera para contratar una camioneta que los llevara hasta su comunidad
San Pedro Acatlán, municipio de Tlapa. La madre del jornalero agrícola con
mucho dolor nos relató los sucesos en me´phaa. Lo que más le dio miedo fue
constatar que los agresores eran policías que no solo le impidieron
acercarse a su hijo que estaba herido de bala para llevarlo al hospital,
sino que la amenazaron y le quitaron dinero y una televisión. El regreso de
las familias jornaleras, se da en situaciones trágicas como esta. Sufren la
violencia de las autoridades, el atraco de los transportistas y el robo de
sus pertenencias por parte de las fuerzas del orden.



Es una infinidad de agravios los que padecen las familias jornaleras. Lo
hemos documentado en tres informes y en todo momento hemos pedido la
intervención de las autoridades. Cada año tenemos que emplazar a las
autoridades del estado para que atiendan las demandas básicas de la
población jornalera. A pesar de que se ha creado una comisión
intersecretarial que se encargue de darle seguimiento a la agenda planteada
por el consejo de jornaleros agrícolas, la secretaría de asuntos indígenas
es incapaz de convocar a las demás secretarías y de mínimamente cumplir con
los compromisos contraídos de apoyar el comedor comunitario para garantizar
alimentación a la población que llega a la casa del jornalero para
embarcarse en los autobuses destartalados, que envían los empresarios.



Una de las graves situaciones que atendemos en cada temporada son las
muertes de personas jornaleras migrantes, principalmente de mujeres, niños y
niñas. Las causas son diversas como enfermedades derivadas del trabajo que
realizan como jornaleros(as), intoxicación por el contacto con agroquímicos,
accidentes vehiculares, muertes maternas y homicidio. En muchos de estos
casos los agricultores y las empresas, se deslindan totalmente de sus
responsabilidades, así también las autoridades tanto federales como
estatales, que se deslindan con el acuerdo que no cuentan con presupuestos
para atender casos emergentes. Por lo que, son las familias las que tienen
que desembolsar de sus propios recursos y mucha de las veces se endeudan por
cantidades que van desde 30 a 45 mil pesos, para poder pagar a una funeraria
y trasladar el cadáver de sus seres queridos hasta su lugar de origen.



Del primero de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018, el veintinueve por
ciento son de traslado de cuerpos de fallecimientos de jornaleros y
jornaleras en los campos agrícolas de los estados receptores, seguido el
catorce porciento de violencia familiar que padecen principalmente a las
madres de familias y los niños, niñas y adolescentes, finalmente se tiene la
cifra de las muertes maternas. La vida de surco en surco de las familias
jornaleras experimentan la discriminación institucionalizada del gobierno y
el racismo de los empresarios. Mientras tanto el gobierno sigue haciendo
mutis con el grave problema de la migración interna, que es el verdadero
pilar del sostenimiento de las familias indígenas en la Montaña.

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