Uruguay/ Cárcel "público-privada". Negocio millonario por celdas vacías [Rafael Rey]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de noviembre 2018

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Uruguay



A diez meses de la inauguración de la cárcel público-privada



Modelo para armar



Mientras el hacinamiento es moneda corriente en las cárceles, el Estado paga
cifras millonarias por las plazas que continúan vacías en el nuevo centro de
reclusión. Faltan operadores penitenciarios, y de los que están, más de un
tercio está certificado por enfermedad. Las particularidades de un modelo de
gestión que despierta optimismo en las autoridades generan resistencias en
los presos y dejan contenta a la empresa privada, el único actor que hasta
el momento parece estar haciendo un buen negocio.



Rafael Rey

Brecha, 16-11-2012

https://brecha.com.uy/



El próximo 24 de enero la Unidad de Personas Privadas de Libertad número 1
(Uppl 1) cumplirá un año desde que comenzaron a llegar los primeros presos,
y a medida que se acerca su primer aniversario empieza a desnudar aspectos
que evidencian las inercias propias del sistema penitenciario, y los riesgos
de embarcarse en un proyecto de este tipo con capitales privados.



Las autoridades hablan de “aprendizaje”, de un proceso de adaptación en el
que se incluyen y al que suman a los operadores penitenciarios y a las
personas privadas de libertad y sus familiares. Es un sinuoso camino en el
que por ahora lo que predomina son los obstáculos, que han obligado a
ensayar, de apuro y sobre la marcha, cambios que involucran a todos los
actores, y que al día de hoy, casi diez meses después de inaugurado, no han
permitido que el establecimiento tenga ocupado más del 50 por ciento de sus
plazas. Esto le genera un costo económico al Estado que obliga a encender
luces de alerta sobre la conveniencia de estos proyectos en asociación con
intereses privados.



Según estimaciones realizadas por Brecha, desde el 24 de julio el Estado
lleva gastados unos 3 millones de dólares en concepto de compensaciones a la
empresa privada por no ocupar la totalidad de las 1.960 plazas con las que
cuenta la Uppl 1. Este número fue confirmado por representantes de Unidad
Punta de Rieles SA, el consorcio privado que construyó la cárcel y que se
encarga de la prestación de servicios en el establecimiento. “Es mayor”,
alertaron, incluso, respecto a la cifra hasta ahora desembolsada.



El contrato firmado en junio de 2015 entre el Ministerio del Interior (MI) y
el consorcio privado establece un pago de 200 unidades indexadas (UI, 801,76
pesos, a precio del jueves 15) por plaza, por día, que debe hacer el Estado
uruguayo a partir de la puesta en marcha de la cárcel.



Esos 800 pesos y monedas incluyen todos los servicios que debe brindar el
privado: la alimentación de los presos, el pago a los operadores y
funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr), y los servicios
de lavandería, aseo y control de plagas, además del funcionamiento del
economato, donde se venden productos de almacén para internos, operadores y
funcionarios.



El acuerdo determinaba una gracia de seis meses durante los cuales el
Ministerio del Interior pagaba con un descuento de 65 UI por día por cada
plaza no ocupada.



Ese plazo venció el pasado 24 de julio, y desde entonces la población de la
unidad rondó las 900 personas, lo que supuso un gasto, para el MI, de unos
25 mil dólares diarios, una cifra algo menor a la que tiene que desembolsar
por las más de mil plazas que no están ocupadas, con el agregado de que por
estas últimas no sólo paga por los “gastos fijos” sino por servicios que, al
no estar ocupadas las plazas, la empresa no realiza (lavandería y
alimentación de los reclusos, por ejemplo).



Las razones por las cuales en diez meses no se ha poblado más de la mitad
del establecimiento penitenciario son múltiples, y aunque las autoridades
están trabajando en ello, todavía no parecen estar dadas las condiciones
para que la Uppl 1 funcione a pleno.



Recurso no optimizado



Según Bernardo Vidal, inspector del contrato por parte del MI, el proceso de
poblamiento de la cárcel público-privada se está haciendo en los plazos
previstos según los parámetros mundiales para este tipo de emprendimientos,
que establecen un período de un año para completar la ocupación del
establecimiento. “Hace poquito tuvimos una visita de una consultoría externa
y estaban sorprendidos de que lleváramos este ritmo”, destacó Vidal al
semanario.



Sin embargo, de acuerdo con datos aportados a Brecha por la subdirección
técnica del Inr, entre febrero y octubre el promedio mensual de ingresos fue
de 53 personas. A menos que en los próximos 60 días este promedio se
multiplique por diez, ocupar la totalidad de las plazas llevará unos 20
meses.



De todas formas Vidal sostiene que se está trabajando para llegar al primer
aniversario de la Uppl 1 con su capacidad colmada. No obstante, reconoció
que las dificultades en la adaptación del personal y de los presos, y la
propia inexperiencia de las autoridades –inmersas en el proceso de
“aprendizaje”–, han llevado a apostar por la “gradualidad” del poblamiento,
“justamente para no tensar el modelo, el proyecto en sí”. “Entonces hay que
ser más cuidadosos en la selección del personal, en la selección de los
internos; todo eso se está atendiendo ahora, lo cual hace que todo vaya a un
ritmo distinto al que uno quisiera”, admite. Consultado sobre si el MI está
perdiendo dinero, Vidal prefiere decir que “no se está optimizando el
recurso”.



Según supo Brecha de fuentes de la Organización de Funcionarios Civiles
Penitenciarios (Ofucipe), desde la propia subsecretaría técnica del Inr se
sugirió una disminución de la frecuencia de entrada de los internos, pero la
subdirectora nacional técnica del instituto, Ana Juanche, desmintió tales
afirmaciones y explicó que lo que se pidió fue seguir “un flujo de
poblamiento que fuera responsable”. “Y esto es un acuerdo, no es que
nosotros lo hayamos pedido; es un acuerdo en el sentido de que no podemos
seguir poblando la cárcel si no tenemos la cantidad de personal suficiente,
que además en este caso era inexperiente”, explicó la jerarca.



La primera tanda de operadores penitenciarios fue llamada a la cancha sin
oficio y sin conocimiento de varios aspectos vinculados a la función
pública. “No es solamente el trato directo (con los presos), sino todo el
andamiaje para esa tarea; eso lleva un volumen de aprendizaje importante”,
sostuvo Juanche, magíster en derechos humanos y coordinadora para América
Latina del Servicio Paz y Justicia entre 2003 y 2014.



Esto, continuó la jerarca, fue “en aras de hacer un proceso responsable”,
que dé cuenta de la “progresividad en todo este sistema que recién empieza y
que es nuevo para todos”. “Es bastante racional pensar que esto tiene que
darse gradualmente y con al menos algunas variables controladas”, expresó.



Juanche recordó además que la entrega de la cárcel por parte del consorcio
privado tuvo “algunos retrasos”, y que al 24 de enero el MI no tenía “toda
la cárcel disponible”. “Fuimos teniendo los módulos de a uno”, aseguró,
explicando que esto obligó a “ajustar” el proceso de clasificación por
módulos previsto originalmente.



Las cifras de ingresos y egresos que maneja el Inr dan cuenta de la
irregularidad del poblamiento. Así, mientras en el mes de abril ingresó a la
Uppl 1 un total de 169 presos y egresaron 48, en julio llegaron a la nueva
cárcel 53 presos y dejaron el establecimiento 44; el mes de agosto, en
tanto, registró el único saldo negativo desde que se inauguró la prisión,
con 74 ingresos y 92 egresos.



En esta dinámica los egresos responden no solamente a presos que obtienen su
libertad, sino también a quienes por uno u otro motivo no se adaptan a la
nueva cárcel y son trasladados a otras unidades del sistema penitenciario.
“La Unidad número 1 tuvo un gran flujo de rotación. Hubo mucha gente que
llegó y salió. No todo el mundo se adecuó al régimen; no todo el mundo se
ensambló a la nueva cultura organizacional. Son dos culturas y dos
propuestas muy distintas (…) los que tuvieron más problemas para adecuarse
fueron los primarios, gente que venía del Módulo 11 del Comcar, que tiene un
régimen básicamente mucho más laxo, capaz que menos resocializador en el
sentido de las oportunidades; jóvenes que te dicen: ‘Te hago la cana
durmiendo’, ‘Te hago la cana escuchando música’, y no están tan afines a
desarrollar actividades, a levantarse a las 7 de la mañana a desayunar, a
tener un régimen bastante regulado”, explicó Juanche.



Operadores



Uno de los principales problemas que está enfrentando actualmente la Uppl 1
es la falta de operadores penitenciarios, situación que además de dificultar
el trabajo diario incide de forma importante en la posibilidad de acelerar
el poblamiento de la cárcel.



La inexperiencia, la falta de temple, de empatía, y de habilidades para
lidiar con las personas privadas de libertad van generando un círculo
vicioso de saturación laboral, estrés, frustración, y hasta desprecio por el
interno, que derivan en el recurso de la licencia médica. De los poco más de
200 operadores que trabajan actualmente, un promedio de entre 30 y 40 por
ciento se encuentra permanentemente con licencia médica, confirmó a Brecha
el presidente de Ofucipe, Juan Nolasco. “Las certificaciones están a la
orden del día”, aseguró. Esto no sólo impide que se desarrollen de manera
correcta las actividades, sino que también hace más pesado el trabajo de
quienes están desempeñando sus tareas. “Muchas veces pasa que querés pedir
tu licencia reglamentaria y se te complica tomarla” por la falta de
funcionarios, que están con licencia médica. “A cualquier médico le decís:
‘Trabajo en una cárcel, estoy súper estresado, por la violencia, por
aquello, lo otro…’, te certifica y no venís a laburar”, comentó un operador
consultado por este semanario.



Juanche reconoce la falta de operadores, pero asegura que “no serían tan
pocos si no hubiera tanto ausentismo”. En este sentido adelantó a Brecha que
el Inr está por comenzar una investigación para conocer los motivos de los
altos índices de ausencia en el trabajo, y que están en proceso de selección
de algo más de 200 operadores, de los cuales la mitad irán para la Uppl 1.



Nolasco considera que se debe trabajar con al menos 11 operadores por
módulo, repartidos entre las “consolas” –desde donde se controlan las
cámaras y se abren y cierran las celdas y los “rastrillos” (las puertas de
los módulos)–, y quienes tienen trato directo con los internos. Sin embargo
aseguró a Brecha que nunca se llega a esa cifra y que lo normal es que haya
tres o cuatro personas por módulo. A veces, dijo, “no hay nadie” en contacto
directo con los internos.



Uno de los operadores consultados afirmó que le parece “increíble” que el
ministerio no haya tenido en cuenta la cantidad de funcionarios que iba a
precisar para el establecimiento. “Le dio para abrir la mitad de la cárcel.
Pero no es que dijeron: ‘Vamos a abrir la mitad de la cárcel, la mitad de
los módulos, para trabajar bien, cómodos’, no; la mitad de los módulos están
abiertos y se trabaja mal. Hay poco personal incluso para esa mitad de
módulos que están funcionando”, aseguró el trabajador a Brecha.



Los operadores coinciden además en que esto influye negativamente en el
trato hacia los presos, al tiempo que expone a los funcionarios a
potenciales situaciones de violencia, ya que no son suficientes para atender
las incontables demandas de los privados de libertad. Estas demandas van
desde tener más de un teléfono por módulo, una respuesta más rápida a sus
solicitudes ante la justicia, o que las autoridades revean la decisión de
que los familiares no pueden ingresar alimentos, una de las medidas más
resistidas por funcionarios e internos, según pudo constatar este semanario
en una visita al establecimiento. (Véase recuadro “Comiendo del táper”.)



“Se suponía que se iba a trabajar de una forma determinada, y terminás
trabajando con dos operadores en un módulo, y eso genera un hastío terrible.
Una persona que entraba con un perfil, con una cabeza enfocada en lo
socioeducativo, al día de hoy ya dice: ‘Estos pichis de mierda me tienen re
podrido’”, ejemplifica una operadora.



Otro agrega: “Los muchachos son pesados, son molestos, son algo más que
adolescentes rebeldes, pero ta, al haber poco personal… Entrás al módulo y
están todo el tiempo gritándote, llamándote, llamándote…Pretender que dos
personas atiendan a 120 tipos es imposible. Y con demandas de todo tipo:
gente que quiere salir a trabajar, gente a la que le duele la cabeza, la
panza, los dientes, que tienen ataques psicóticos, que se están peleando con
cuchillos, de todo, cualquier cosa”.



Hay un punto de acuerdo entre los trabajadores y las autoridades del Inr: no
todas las personas que se presentan para el cargo de operador penitenciario
están preparadas para cumplir ese rol, más allá de la capacitación que
brinda el Centro de Formación Penitenciaria. Si bien también hay consenso en
que la formación es buena, muchos ingresan simplemente por una cuestión
económica, lo que hace que o bien se den cuenta rápidamente de que ese
trabajo no es para ellos, o que caigan en conductas reprobables, llegando
incluso al delito.



“Una cosa es la formación, que mueve algunos preconceptos sobre quién es el
otro, cómo es el otro, y que te da herramientas para al menos problematizar
ese vínculo; y otra es la capacidad para sostener la ética profesional.
Podés pensar lo que quieras del otro, pero en tu función tenés que seguir
los lineamientos institucionales, que no incluyen tratar al otro de pichi,
ni de mugriento, ni como si no fuera una persona”, explica Juanche. La
subdirectora técnica del Inr admite de todas formas que se está trabajando
en “corregir los perfiles de ingreso”, para poder detectar “tempranamente”
este tipo de casos. No obstante, si bien se valora la experiencia previa,
alcanza con ser mayor de 18 años y haber completado el ciclo básico de
educación secundaria –o su equivalente en educación técnica– para postularse
a un cargo que según el llamado exige como “competencias específicas” la
capacidad de negociación y la “tolerancia a la presión”.



Juanche asegura además que esta generación de operadores tuvo una formación
“mucho más extensa y mucho más intensa que cualquier otra”, y que la mayoría
de los problemas que surgen con los funcionarios son comunes a todas las
unidades. Además apunta al otro extremo del asunto y sostiene que muchos
operadores se exceden en el alcance de sus funciones, generando vínculos
ina-

propiados con los internos.



Dice Juanche: “Vos tenés que tener distancia profesional con el otro, porque
si no, no podés mirar la realidad. No hablo de no implicarse, hay que
implicarse de verdad para trabajar con el otro desde un rol social, pero eso
no puede llegar al punto tal de generar vínculos de pareja, que puede pasar,
a cualquiera le puede pasar enamorarse; pero si eso pasa mucho, si la
persona no entiende que su función no es traerle un celular de canuto a la
persona privada de libertad, o de facilitarle el porro, o entrarle dos tizas
de pasta base…si vos no entendiste que esa no es tu función…”.



Uno de los funcionarios que conversó con Brecha llevó la discusión a un
término más general, que revela el grado de su fastidio y desesperanza:
hasta dónde el Estado, la ciudadanía que reclama más seguridad, los
operadores, e incluso los propios presos, pueden encontrar aspectos
positivos en el hecho de delegar en manos privadas un montón de factores
vinculados a uno de los problemas más importantes que tiene hoy en día el
país, como es el de su sistema penitenciario. “Yo voy a trabajar ahí y me
siento estafado como ciudadano. La plata que se ha gastado en eso, para lo
poco que se hace, para ser una cárcel totalmente mediocre, con pila de
trancas, con una concepción arcaica de contención… porque es la función que
tiene, de contención, de que de ahí no se van a escapar (pero) no se van a
rehabilitar un carajo.”

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Comiendo del táper



El 25 de agosto las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación
(Inr) prohibieron que funcionarios y familiares ingresaran paquetes con
alimentos a la unidad, lo cual generó un malestar general en los
trabajadores y los presos que se extiende hasta la fecha.



Desde el ministerio argumentan que tanto los operadores como los internos
tienen cubiertas sus necesidades alimentarias, lo que hace innecesario el
ingreso de otros productos. “Al interno se le da desayuno, almuerzo y cena,
y lo mismo al operador. Todo lo que es alimentación está cubierto”, explica
Bernardo Vidal, inspector del contrato por parte del Ministerio del
Interior.



Pero tanto los operadores como los presos manifestaron a Brecha su
disconformidad con el servicio alimentario. Varios funcionarios denunciaron
al semanario que no fueron pocas las veces que la comida que se les sirvió
estaba podrida, o tenía gusanos. “Parece vómito”, dijeron a Brecha al menos
dos operadores. Otros, en tanto, consideran que “es algo muy subjetivo”, y
que si bien se nota que “no gastan mucho en hacer la comida, eso no
significa que sea horrible”.



“Lo que sí ves es el recorte de gastos. Vos decís: ‘¿Cuánto está pagando el
Estado por esto?’”, se preguntó un funcionario. Brecha accedió al menú de
verano, que aún está a estudio de las autoridades. Dependiendo del día, el
desayuno puede ser café con leche o leche chocolatada, en ambos casos
acompañada de pan con dulce. El almuerzo puede ser: empanadas de carne con
papas; tallarines con salsa; budín de pescado y espinaca con boniato;
albóndigas estofadas con arroz, todo con pan y una fruta de postre.



La cena, en tanto, puede ser arroz con pollo y vegetales, o una tortilla de
verduras con papas, o un salteado de cerdo y vegetales con arroz, también
con pan y con crema de chocolate, limón o dulce de leche, entre otros
postres.



Brecha conversó con algunos presos, quienes no se quejaron de la calidad de
la comida, aunque consideran que es poca. “Nos cagamos de hambre”, dijo,
elocuente, uno de los internos.



En tanto, Juanche reconoció a Brecha que hay una cuestión de “identidad
cultural” que hace que la gente, en especial los presos, no se hayan
“acostumbrado” a la comida, ya que prefieren “el guisito a dos pechugas de
pollo asadas, con zanahorias cortadas en dado y papines con cáscara”.
Entiende que los internos “no se llenan” con la comida que se les brinda, y
que entre otras cosas se les añadió “una ingesta” entre el almuerzo y la
cena, para que no pasaran tantas horas sin comer.



La Uppl 1 tiene además un economato gestionado por la empresa privada, donde
operadores e internos pueden adquirir alimentos, artículos de higiene
personal, e incluso yerba, café y hasta cigarrillos y tabaco. El catálogo de
productos, al que accedió Brecha, incluye bebidas cola, agua mineral, jugos
y leche chocolatada. También galletas dulces y saladas, budines… Hay snacks
(papas fritas, maní y palichips), alfajores, ticholos y barras de cereales.
También medialunas, empanadas, tartas, y hasta crumble de manzana; hay
sándwiches de jamón y queso y milanesas al pan. Se puede adquirir también
mayonesa, queso rallado y azúcar. Si se quiere almorzar o cenar –el catálogo
no aclara el menú– el tique cuesta 150 pesos.



Entre los artículos de tocador hay jabones, afeitadoras, cepillos de
dientes, desodorantes, talco, champú, acondicionadores, y productos de
higiene femenina, como tampones y protectores diarios. También cuadernos y
lapiceras. Los precios, asegura Vidal, se controlan comparándolos con los
comercios de la zona. “Con esto quitamos a las familias la necesidad de ir
cargando con el producto que fuere, y pasar un control, que genera roces, y
hay que abrir el bulto a ver qué tiene”, explica el funcionario.



Pero ni los operadores ni los presos ni sus familias opinan igual. “Nos
meten la mano en el bolsillo”, dijo a Brecha un interno, resumiendo un
malestar común a la mayoría de los privados de libertad. Los presos afirman
que la medida impide que sus familias puedan cocinar un bizcochuelo, una
tarta, o una pizza para compartir durante la visita, y los obliga a gastar
una cantidad de dinero que muy pocos tienen. “Yo estoy con mi hermano acá. A
la visita viene mi madre, mi mujer y mi hijo, y no podemos comer nada. Si
quiero comprar algo para comer que no sean unas galletas, tengo que gastar
como 800 pesos. ¿Y después qué hago hasta la otra semana? No tengo para
comprar tabaco, yerba, nada”, protesta otro interno.



Como si los costos fueran pocos, las tarjetas con que los presos adquieren
los productos del economato deben “cargarse” con dinero en locales de la red
de cobranza Abitab. La carga que deben hacer los internos o sus familias
tiene un costo de 50 pesos.



Consultada respecto de un pedido del sindicato de rever la medida, Juanche,
quien reconoció que se trata de una queja generalizada, aseguró que “hoy en
día la medida no está en discusión”.



“Hay un servicio de alimentación que está nutricionalmente controlado, que
está tercerizado, el Estado paga y fiscaliza la calidad de la comida (…) no
hay necesidad de llevar alimentos, como en el resto de las cárceles, donde
la comida es de menor calidad, para que las personas sustituyan o
complementen”, afirmó.

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Ofensores sexuales



Aunque originalmente no estaba previsto que los ofensores sexuales tuvieran
cabida en la nueva cárcel, las idas y vueltas con el poblamiento del centro
penitenciario llevaron a que las autoridades revisaran esta política y
admitieran personas que habían cometido delitos sexuales.



La subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana
Juanche, explicó a Brecha que, al igual que los policías que están presos,
quienes cometieron delitos sexuales son rechazados en las cárceles y que por
ello en un principio no se los tuvo en cuenta para la nueva unidad. Sin
embargo, las “tensiones de adaptación” con internos con problemas de
consumo, o con primarios reacios al nuevo modelo, llevaron a las autoridades
a revisar esa política y a admitir el ingreso de ofensores sexuales en la
Uppl 1.



De acuerdo a Bernardo Vidal, inspector del contrato por parte del Ministerio
del Interior, se necesitaba “bajar un poco la tensión” y se optó por este
grupo de privados de libertad, que “en la convivencia es muy tranquilo”.
Según el jerarca, actualmente hay 146 ofensores sexuales, todos en un mismo
edificio. “Entonces hay un módulo que tiene una vida que no podés creer”, si
se lo compara con aquellos donde se alojan los presos “que tienen una
actitud más desafiante, más provocativa”, explica Vidal.



Según Juanche, una vez iniciados los primeros traslados las autoridades
constataron que “a algunos (presos) no les ‘colgó’ tanto el proceso de
intervención”, lo que obligó a “problematizar la planificación de
poblamiento” y admitir a “minorías” que, “por lo menos en el área de la
convivencia, no generan grandes problemas” y podrían funcionar como
“amortiguadores” de estas tensiones.



Sin embargo, explicó que esto no se pensó sólo desde un punto de vista
instrumental, sino que se tuvo en cuenta el programa de control de la
agresión sexual que se aplicó en el Módulo 14 del Comcar, “que funcionó”.



“Acá, que tenemos unas condiciones mucho más cuidadas, podemos trabajar”,
aseguró.

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En el COMCAR



Mientras el 50 por ciento de las plazas disponibles en la nueva cárcel
continúa vacío, el hacinamiento en el sistema penitenciario nacional vuelve
a ser noticia. Un censo de celdas del Comcar fue realizado entre el 10 y el
12 de octubre por el comisionado parlamentario para el sistema de cárceles
Juan Miguel Petit, según informó ayer el semanario Búsqueda. Del trabajo se
desprende que en ese centro de reclusión habitan 3.200 personas. En el
módulo 8, pensado para 310 reclusos viven 502, y hay sólo 215 camas según el
informe. Colchones hay un poco más: 448, aunque algunos son en realidad
colchonetas y otros son pedazos de colchón. En algunos sectores la población
triplica la cantidad de camas.



A la falta de espacio se suma “el régimen de encierro permanente en celda
que predomina en el módulo”, cita Búsqueda. Hay sectores que tienen 90
minutos semanales de patio, otros 15 y algunos hace meses que no salen. “La
capacidad operacional está colapsada”, “sencillamente no puede funcionar con
ningún fin”, le dijo uno de los funcionarios del lugar al comisionado
parlamentario.

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