Nicaragua/ Cinco meses de rebelión. Incertidumbres y esperanzas [Equipo Envío]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de setiembre 2018

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Nicaragua

 

Tiempo de incertidumbres, tiempo de esperanzas 

 

Revista Envío 438, setiembre 2018 

http://www.envio.org.ni/

 

Es muy incierto aún cómo y cuándo se “solucionará” el estallido de abril.
Dos narrativas sobre el origen de la crisis y de la escalada represiva, la
del régimen y la de la rebelión cívica, han polarizado al país y parecen
irreconciliables. Naciones Unidas ha avalado la narrativa de la rebelión
cívica en un informe que le ha costado su expulsión del país. ¿Cuánto tiempo
falta aún hasta llegar a “la verdad y a la rendición de cuentas”, como dijo
la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al abandonar Nicaragua? 

 

Equipo Envío

 

A cinco meses de la insurrección de la conciencia ciudadana que inició en
abril Ortega proclama que el país está “normalizado” y parece determinado a
quedarse en el gobierno hasta 2021. La población insurreccionada está
determinada a impedirlo. El enfrentamiento es muy desigual. Y sin una pronta
salida política, la crisis humanitaria y los graves problemas económicos y
financieros que el conflicto ha provocado tienen a Nicaragua al borde del
abismo. “Nicaragua es hoy una bomba de tiempo”, se escuchó en el Consejo de
Seguridad de la ONU el 5 de septiembre. 

 

“Todo te dejamos pasar” 

 

En abril, y aún en mayo, se veía más cercana la solución de la crisis. El
desproporcionado uso de la fuerza que el régimen empleó contra las protestas
de los estudiantes, segando la vida de tantos, crímenes que no se detuvieron
ni un solo día desde el 20 de abril, alimentaron exponencialmente la
indignación popular y desataron una escalada represiva. 

 

“Todo te dejamos pasar, pero jamás hubieras tocado a nuestros chavalos”,
decía la pancarta dirigida a Daniel Ortega que una mujer había escrito a
mano y alzaba decidida en la primera movilización masiva de abril. Esas
primeras muertes de jóvenes explican cómo empezó esto, cuál fue la chispa,
el origen de la rebelión: crímenes que aún hoy el gobierno ni siquiera
reconoce que sucedieron. Esa primera chispa encendió un incendio, “resultado
de agravios con profundas raíces”, se lee en el informe de Naciones Unidas.

 

El gobierno respondió al incendio “disparando a matar” como denunció
Amnistía Internacional en su informe de mayo. Resultado: la mayor matanza
jamás vista en Nicaragua en tiempos de paz. Hasta el 24 de agosto, según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sido 322 las personas
muertas como saldo del conflicto y más de 2 mil los heridos. Entre ellos,
hay también muertos y heridos del lado de quienes defendían al régimen,
porque hubo reacciones de legítima defensa y hechos de violencia en
respuesta a la violencia institucional. Lo reconoce la ONU en su informe.
También lo reconoce la CIDH, que ha vuelto a reiterar al concluir agosto:
“La gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal
o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado”. 

 

La gran mayoría perdió la vida ejerciendo el derecho de reclamar derechos,
justicia y democracia, otro gobierno, otro país. Los que la perdieron
impidiendo ese derecho van a la cuenta del régimen, que los mandó a matar o
a morir. 

 

Ésta es la narrativa de quienes se oponen al régimen. La comparten el máximo
organismo regional y el máximo organismo internacional de derechos humanos. 

 

“Fue un golpe de Estado terrorista” 

 

La narrativa del régimen niega que hubiera protestas ciudadanas reprimidas
con armas de fuego, niega que se haya violentado el derecho a la protesta. Y
afirma que lo que hubo fue la respuesta a un golpe de Estado planificado,
organizado y financiado desde Estados Unidos, por la CIA o cualquier otra
agencia del Norte. 

 

No hay duda de que en este momento tan convulso sería extraño, por decir lo
menos, que Estados Unidos no se interesara en participar, sacando alguna
ganancia. Recursos y experiencia les sobran. Y por sobre todo, las
excelentes relaciones que Ortega mantuvo durante más de una década con
Washington, casi les obliga a interesarse en Nicaragua. Sin embargo, son
consecuencias de la crisis y no la causa de la insurrección ciudadana. 

 

Que lo ocurrido fuera un golpe de Estado fue una idea plantada por la
delegación gubernamental en una de las primeras sesiones del diálogo
nacional, cuando la Alianza Cívica, con la mediación de los obispos, propuso
como salida a la crisis anticipar las elecciones. 

 

Después, el régimen organizó las “operaciones limpieza” para recuperar el
control territorial que centenares de tranques y barricadas le habían
quitado. Fue la etapa en la que corrió más sangre en un enfrentamiento
extremadamente desigual. 

 

Así describe ese momento el informe de la ONU: “A medida que la crisis se
desarrollaba el nivel de violencia contra los manifestantes por parte de la
policía y de civiles armados aumentó aún más, y también lo hizo el nivel de
resistencia de algunos individuos participando en los tranques. Existe
amplia información sobre el uso de medios violentos por algunos
manifestantes, incluyendo piedras, morteros, armas improvisadas y armas de
fuego (fundamentalmente rifles). Sin embargo, no se encontró evidencia de
que estos actos violentos hayan sido coordinados o respondieran a un plan
preexistente”.

 

Como en los años 80

 

Concluida la “limpieza”, el régimen terminó de perfilar su versión de los
hechos y concluyó su narrativa: en abril hubo un intento de golpe de Estado.
Los tranques nunca fueron cívicos, eran de gente armada. Los golpistas
emplearon el terror para imponerse, pero fueron derrotados y están siendo
juzgados como lo que son: terroristas y vendepatrias. 

 

El 7 de agosto, después de haber estado presentando cifras dispares sobre
las muertes ocurridas en esta etapa, fijó un número definitivo y una nueva
consigna: “Fueron 198. ¡Ellos los mataron! ¡Que paguen por sus crímenes!”
Todos los muertos los causaron los terroristas, nadie cayó por disparos del
régimen. 

 

La narrativa oficial pretende cohesionar a las bases del partido de gobierno
y también convencer a la “izquierda” internacional, asemejándola a la
narrativa de los años 80, cuando el gobierno “revolucionario” fue víctima de
una agresión armada financiada desde Estados Unidos. 

 

No ha habido en cinco meses variante alguna sobre esta versión de lo
ocurrido. Lo que vemos a diario es una persistente “huida hacia delante” que
parece no tener vuelta atrás. Es lógico: durante más de una década la pareja
gobernante avanzó, sin mayores obstáculos, en un proyecto dinástico para
perpetuarse en el poder. Ahora, se resisten a aceptar que un plan tan
cuidadosamente acariciado se haya hecho trizas inesperadamente. Del terror
que les ha causado el fracaso ha nacido la política de terror con la que han
respondido. 

 

Naciones Unidas: no hubo golpe de Estado 

 

El informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), que cubre los sucesos de los primeros
cuatro meses de la crisis (18 abril-18 agosto) fue presentado en Ginebra y
en Managua el 29 de agosto. (En este número lo reproducimos íntegramente,
sólo suprimiendo, por su extensión, las notas a pie de página). 

 

El informe cuestiona la narrativa del régimen: “En lugar de reconocer
cualquier responsabilidad por actos ilícitos o indebidos durante la crisis,
el Gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a las
personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación,
por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto
negativo de la crisis política en la economía nacional. Más aún, el Gobierno
ha atribuido la responsabilidad por todos los actos de violencia a aquellos
que participaron en las protestas, incluidas las 197 muertes oficialmente
reconocidas hasta el día 25 de julio”.

 

Al presentar el informe, Guillermo Fernández Maldonado, quien coordinó la
misión en Nicaragua de la OACNUDH, dijo: “Desde la primera reunión que
estuvimos en Cancillería, la narrativa de un golpe de Estado fue lo que se
nos planteó. Lo que nosotros dijimos es que si ésa era la visión, que nos
dieran acceso a la información y a los lugares que la ratificaran y si
encontrábamos efectivamente los hechos que sostienen esa visión lo haríamos
público. Sin embargo, no nos han respondido ninguna de las solicitudes de
información, ni nos han permitido salir de Managua ni ir a ninguno de los
lugares que propusimos. La información a la que hemos tenido acceso no apoya
esa visión. No hay ningún indicio de golpe de Estado. Por el contrario,
desde la perspectiva de derechos humanos lo que hemos encontrado son
acciones gubernamentales para responder a una protesta cívica, que están en
contra del derecho internacional de los derechos humanos”. 

 

“Un instrumento de la política del terror” 

 

El 30 de agosto Daniel Ortega difamó el informe de Naciones Unidas
presentado el día anterior. “Cada vez más en el mundo -dijo ante sus
seguidores- ya nadie cree en los organismos internacionales porque se
convierten en instrumento de los poderosos, de los que imponen sus políticas
de muerte sobre los pueblos del planeta Tierra… Estos organismos de Naciones
Unidas, en este caso este organismo que tiene que ver con Derechos Humanos,
no es más que un instrumento de la política de la muerte, de la política del
terror, de la política de la mentira, de la política de la infamia. ¡Son
infames, infames!” 

 

Esa misma noche la Cancillería enviaba al representante de la Oficina de la
ONU un mensaje: su estancia en Nicaragua había concluido. Una expulsión de
facto. 

 

El informe de la OACNUDH llegó el 5 de septiembre al Consejo Permanente de
Naciones Unidas, un gran paso para que las masivas violaciones a los
derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo trasciendan el
ámbito regional de la OEA y comiencen a ser conocidas en el máximo organismo
mundial. Esto inauguró un tiempo de esperanzas en medio de tantas
incertidumbres. 

 

Ojos y oídos internacionales 

 

Ha sido el tema de los derechos humanos el que ha abierto los ojos del mundo
a lo que pasa en Nicaragua. Y el logro político más significativo arrancado
a Ortega por la rebelión cívica ha sido la presencia en Nicaragua de
organismos regionales e internacionales de derechos humanos. 

 

El informe sobre derechos humanos que la CIDH presentó a la OEA en junio, la
OEA decidió involucrarse en la crisis de Nicaragua. Después, el régimen tuvo
que aceptar que la CIDH instalara de forma permanente en nuestro país un
Mecanismo de Seguimiento (MESENI) y que vinieran a Nicaragua, por seis meses
prorrogables, cuatro profesionales del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), con el mandato de investigar todas las muertes
ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo. También tuvo el régimen que
aceptar en nuestro país al equipo de la OACNUDH, al que ahora expulsó. 

 

Encontraron una muralla 

 

Por presión de las movilizaciones en las calles y del diálogo nacional el
régimen se vio forzado a someterse al escrutinio de los organismos
internacionales de derechos humanos. Del lado de la rebelión cívica, las
expectativas que despertó la llegada de estos ojos y oídos internacionales
fueron enormes. Pensaron que obligarían al gobierno a cambiar, a actuar de
otra forma. No fue así. Ojos y oídos se toparon con una muralla. 

 

Las solicitudes del equipo del MESENI para visitar las cárceles o para
asistir a los juicios de las personas acusadas de “terrorismo”, para viajar
más allá de Managua a algunos puntos “calientes” del país para hablar con la
población que ha sido víctima de represión han sido totalmente ignoradas.
Todo lo que solicitan deben tramitarlo con la Cancillería y la Cancillería
no responde. Las solicitudes del GIEI para acceder a los expedientes
forenses, judiciales y policiales de los casos que deben investigar nunca
les han sido entregados. 

 

El régimen Ortega-Murillo sabe que el instrumento internacional más eficaz
para colocar a Nicaragua en el radar internacional ha sido el tema de los
derechos humanos. Por eso, para sostener su narrativa no tuvo más remedio
que invitarlos y no tiene más remedio que levantar una muralla ante quienes
los evidencian y difamar a quienes señalan su responsabilidad. 

 

“LALA CIDH carece de rigor científico” 

 

El 18 de agosto, en la tribuna de una de las “contra-marchas” que el régimen
viene organizando cada vez con más frecuencia para moralizar a sus bases, el
Canciller Denis Moncada “agitó” a la concurrencia que llegó a aplaudir a
Ortega para que abucheara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) leyéndoles el texto oficial en que el régimen califica los informes
de la Comisión como “cuestionables por su sesgo político y su metodología de
trabajo, que carece de todo rigor científico, siendo una de sus fallas más
notorias la falta de verificación de la información que recibe y la
utilización irresponsable de fuentes sin ninguna credibilidad”. 

 

Los seguidores de Ortega abuchearon a la CIDH, que respondió el 24 de agosto
con un comunicado, en el que señala la “extrema rigurosidad metodológica”
con la que trabaja. “Esto incluye -dicen- contrastar varias fuentes:
testimonios de víctimas, de familiares de víctimas, información que aportan
organizaciones de la sociedad civil y medios informativos, así como también
fuentes oficiales”. 

 

La CIDH señala “inconsistencias” 

 

Sobre la narrativa de los 198 fallecidos, todos “matados” por los golpistas,
dijo la CIDH: “Las cifras de personas fallecidas aportadas por el Estado son
inconsistentes. En notas que el Estado remitió a la CIDH entre junio y julio
de 2018 informó sobre 37 personas fallecidas, en su mayoría agentes del
Estado o personas afines al gobierno. Posteriormente, en respuesta a las
reiteradas solicitudes de información actualizada, en nota del 7 de agosto
el Estado reportó una cifra consolidada de 450 personas fallecidas entre el
19 de abril y el 25 de julio. En el desglose de esa cifra, el Estado informó
que 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista” y 253
por “muertes homicidas (actividad delictiva común), accidentes de tránsito y
otras causas, que fueron manipuladas por los golpistas y organismos afines
para desprestigiar, difamar y dañar la imagen del gobierno de Nicaragua”. 

 

La CIDH señala al gobierno la inconsistencia de no presentar ni nombres ni
otros datos de las 197 personas (o 198, según apareció en mantas y afiches)
por las que pide “justicia”. Y reitera al Estado “la necesidad urgente de
garantizar el acceso a la información detallada sobre todas las personas
fallecidas, a fin de que la CIDH pueda cotejar y verificar sus cifras con
las que ofrecen las autoridades”. 

 

“No han investigado nada” 

 

También el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes está siendo
ignorado por el régimen. El 16 de agosto, los expertos del GIEI, apremiados
por el correr del tiempo, decidieron informar a la opinión pública no sobre
lo que hacían, sino sobre lo que no les dejan hacer. 

 

En rueda de prensa explicaron que desde el 2 de julio, cuando iniciaron la
recopilación de información sobre los fallecidos en el plazo de su mandato,
solicitaron “los expedientes de las investigaciones llevadas adelante por
las instituciones nacionales, los informes de medicina legal y el listado de
personas detenidas, así como el plan de reparación de las víctimas”. Pero no
habían recibido un solo papel.

 

Después de escuchar la diplomática queja expuesta por los cuatro
profesionales que integran el GIEI, la presidenta del Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, afirmó que el gobierno no les había
entregado nada “porque no han investigado nada”. Y como prueba, mencionó que
en abril y mayo funcionarios del CENIDH acompañaron a unos 30 familiares de
víctimas asesinadas, que accedieron a presentarse a la Fiscalía a poner la
denuncia, iniciando con esa gestión la ruta legal para una investigación.
“Pero sólo les recibieron la denuncia, sellaron el papel y nunca más
volvieron a llamar a ninguna de esas personas para preguntarles nada, no
investigaron nada”, dijo Núñez. 

 

A cinco meses de la rebelión de abril 

 

Cinco meses después de abril se ha reducido el número de asesinatos. Sin
embargo, policías, parapolicías encapuchados o civiles siguen capturando
tanto a líderes territoriales de las protestas como a cualquier otra persona
que consideren sospechosa. Las llevan a las mazmorras de la cárcel El
Chipote, en donde son vejadas, amenazadas, torturadas y, de forma
arbitraria, a veces liberadas en horas o en días, a veces retenidas por más
tiempo, a veces trasladadas a la Cárcel Modelo, donde son sometidas a
juicios viciados de ilegalidades y violaciones a los derechos humanos. Todos
son acusados de “terroristas”. 

 

Aunque arrestos y detenciones ocurrieron desde los primeros días de la
crisis, como reconoce el informe de la ONU, en la fase actual, de
“criminalización de las protestas”, las capturas y las detenciones han
arreciado. 340 fueron denunciadas por los familiares en el CENIDH.

 

En las innumerables violaciones al derecho a la libertad y a la seguridad
personal, y en las generalizadas violaciones a las garantías del debido
proceso legal es en donde el informe de la ONU ofrece un recuento más
detallado y preciso de los patrones de la represión. 

 

La ola represiva incluye también despidos arbitrarios. La Asociación Médica
Nicaragüense informa de al menos 300 profesionales de la salud despedidos
por haber atendido a heridos durante las protestas o haber expresado
críticas a la política oficial. Circulan también listas de abogados que han
brindado asesoría legal a las familias de los detenidos, que reciben
amenazas. Los recortes al presupuesto por la crisis económica han dado lugar
a una “operación limpieza” en las instituciones estatales: los funcionarios
no leales están siendo despedidos. 

 

En agosto la narrativa tiene un nuevo eje: “ya todo está normal”… o se está
“normalizando”. Para demostrarlo, el régimen pretende recuperar el control
de las calles, organizando contramarchas, infiltrando las movilizaciones
cívicas con agentes que provocan violencia, impidiendo, por la fuerza o con
la intimidación, cualquier expresión ciudadana en las calles, sean grandes
marchas o plantones, para imponer la imagen de la “normalidad” y que la
población sienta que “ya ganaron”, que “ya pasó todo” y que “el comandante
se queda”. 

 

La solución es política, no económica

 

a pregunta acuciante en todas partes es cómo, cuándo, terminará esto, cuál
será la solución, ya que es palpable que el conflicto no se ha resuelto ni
se resolverá imponiendo o reprimiendo, sea porque la economía le ha puesto
severos límites a la pretensión política de Ortega, como demuestra el
economista Néstor Avendaño en páginas siguientes, sea porque la mayoría de
la población mantiene la determinación de lograr un cambio. 

 

“¿Y cuál es esa solución?”. Y se responde: “Saquen de las cárceles a todos
los presos políticos capturados en esta crisis, saquen de las calles a todos
los paramilitares encapuchados, comiencen a aplicar la justicia a quienes
han matado a nuestra juventud y anticipen las elecciones. Si se da una
respuesta a estas demandas, ya podríamos pensar qué se puede hacer desde el
Banco Central. Sólo entonces. No necesitamos soluciones de política
económica, sino soluciones políticas para que haya tranquilidad económica.
Ninguna política económica nos dará tranquilidad en un escenario tan
dramático como en el que hoy estamos… Los altos cargos del Poder Ejecutivo
argumentan públicamente que el país ya “está normal”. Decir eso es
irrespetar a los nicaragüenses. Decirlo genera más desconfianza y aleja la
solución política del problema político en el que estamos inmersos”.

 

El consenso nacional 

 

Sólo dos sondeos han mostrado hasta ahora el sentir de la gente sobre cuál
debe ser la salida al conflicto. El primero lo realizó la empresa
encuestadora CID Gallup consultando a nivel nacional a 1,200 personas, entre
el 5 y el 14 de mayo, cuando no había pasado ni un mes de la insurrección de
abril. El 69% de las personas dijo en esas fechas que quería que Ortega y
Murillo “renunciaran” al gobierno. De ese porcentaje un 30% se declaró
sandinista. 

 

Dos meses después, el 17 de julio, en marcha la sangrienta “operación
limpieza”, el Grupo Cívico Ética y Transparencia realizó otro sondeo a 1,200
personas a nivel nacional por vía telefónica. El 79% respondió
afirmativamente a la aseveración: “Es conveniente realizar elecciones
generales prontamente”. Las personas encuestadas se definieron políticamente
así: Danielistas 8%, Sandinistas 23%, Opositores 20%, Independientes 33%,
mientras que un 16% no quiso opinar o dijo que era “secreto”. 

 

No hay mucha diferencia entre las cifras de uno y otro sondeo. Dos meses
después del primero, un porcentaje algo mayor quería elecciones anticipadas.
A la espera de nuevas encuestas, creemos que a cinco meses de abril, el
consenso mayoritario entre la población, tanto la que se moviliza en las
calles exigiendo justicia y democracia y enfrentando balas, intimidación y
capturas, como la que no lo hace, pero repudia al régimen y desea que esto
tenga un final, es un pronto cambio de gobierno y de forma cívica: “Que se
vayan y que sea sin guerra”. 

 

El consenso internacional 

 

El consenso internacional, encabezado por la OEA, al que hizo un eco aún
tibio la Unión Europea, es que la solución debe ser electoral y cuanto
antes, una salida que el régimen deberá negociar en el diálogo nacional. 

 

Esa salida, lo sabemos en Nicaragua y lo sabe desde hace años la OEA, no
sólo significa acordar una fecha concreta para elecciones anticipadas. El
calendario debe incluir otras fechas en las que realizar cambios
indispensables para que el colapsado sistema electoral, que ha estado
preñado de fraudes durante una década, brinde garantías a toda la población
y asegure unos comicios transparentes, competitivos y con observadores
nacionales e internacionales. Estos cambios requieren de tiempo y hacerlos
requiere de la voluntad política de Ortega. 

 

Hasta el momento, en sus discursos ante sus seguidores Daniel Ortega insiste
en que las elecciones serán hasta noviembre de 2021 y no hace siquiera
mención de los previos cambios profundos que requieren las elecciones, sean
cuando sean. La debacle económica y las presiones internacionales hacen
difícil que el plan al que se aferra Ortega, permanecer en el gobierno hasta
2021 y si pudiera aún más, se haga realidad. 

 

Tampoco respecto a retomar el diálogo como espacio para una “negociación de
buena fe”, como le exige la OEA, ha dado Ortega señales positivas. El 25 de
junio fue la última sesión del diálogo nacional. A poco más de un mes de
iniciado, sus mediadores y testigos, los obispos, lo suspendieron al
comprobar la falta de voluntad del régimen de entrar a discutir la ruta para
la democratización del país. Desde entonces, Ortega se ha empeñado, sin
éxito, en organizar “otro” diálogo con mediadores, interlocutores y garantes
que le aseguren condiciones para lograr un acuerdo que le garantice evadir
la justicia y permanecer en el gobierno. 

 

Intentó convencer de esto al secretario general de Naciones Unidas, Antonio
Gutérrez de que fuera garante del diálogo, pero sólo escuchó de él que el
diálogo debía ser “inclusivo”. Intentó nada menos que convencer al Papa
Francisco de que apartara del diálogo nacional a los obispos “no ecuánimes”.
El Canciller Denis Moncada fue enviado al Vaticano para hablar con el
pontífice, pero sólo fue escuchado, sin protocolo alguno, por el segundo en
la Secretaría de Estado. 

 

¿Todo está normal? 

 

No puede negarse que la brutal política del terror ha tenido sus efectos. Ha
afectado el ímpetu inicial de las protestas cívicas. Hay cienes de hogares
enlutados por los muertos. Hay miles de hogares atendiendo aún a heridos
graves. Y otros centenares de hogares desesperados por sus familiares
capturados, apresados y enjuiciados como terroristas. Más de 20 mil personas
han tenido que huir a Costa Rica buscando salvar sus vidas. El colapso de
una economía de por sí frágil ha dejado ya a unas 200 mil personas en el
desempleo y está a las puertas una severa crisis financiera, como explica
Avendaño. 

 

Y aunque se ha reducido el número de asesinatos -no deja de haberlos y poco
se conoce con precisión de lo que ocurre en algunas zonas rurales-, los
paramilitares armados siguen controlando zonas de algunos municipios, en
total impunidad. Y aunque desde el desmantelamiento por la fuerza de
tranques y barricadas se normalizó la circulación, en el país no se ha
normalizado ni el consumo en los hogares ni el turismo, ni las universidades
ni la vida cotidiana, ni siquiera las conversaciones diarias, a pesar del
empeño oficial de imponer que “ya todo pasó”. Seguir secuestrando,
capturando, amenazando y llenando las cárceles no normaliza un país cuando
su población está indignada. 

 

Tampoco lo normalizan los discursos de Ortega ni los mensajes diarios de
Murillo en los medios oficiales. Murillo llama a quienes se manifiestan en
las calles “plaga”, “vampiros”, “minúsculos”, “almas tóxicas” “poquedad”,
“chingaste”, “puchos amargados”… Ortega los llama “perros rabiosos”,
“satánicos”, “nazis”… Estigmatizar a quienes demandan un cambio no
contribuye a la normalidad. 

 

¿Vamos ganando? 

 

Tras cinco meses de rebelión, una de las consignas que más ha pegado en la
población es la lanzada todos los días por el analista político Jaime
Arellano, que a diario entrevista en el canal de televisión 100% Noticias a
personajes de la vida nacional. “Vamos ganando”, reitera apasionadamente
Arellano y lo argumenta de forma didáctica. 

 

Cuando le preguntó a Arturo Cruz, ex-embajador de Ortega en Estados Unidos
(2007-2009) y muy complaciente con el modelo orteguista hasta ahora, si
compartía esa afirmación, Cruz le contestó: “Estratégicamente ya ganaste”.
Cruz dijo que la correlación de fuerzas se está dando en estos momentos
entre “legitimidad y coerción” -no quiso emplear la palabra represión-, y
valorando el peso en ambos platillos de la balanza concluyó que, aunque la
coerción puede ganar en el corto plazo, la legitimidad siempre termina
ganando a la larga. 

 

La derrota estratégica de Ortega se basa en su ilegitimidad, una mancha que
lo acompaña visiblemente desde su reelección en 2016, cuando se apropió del
gobierno por tercera vez consecutiva en unos comicios sin oposición, sin
observación, ni nacional ni internacional y con índices de abstención nunca
vistos en el país.

 

Rebelión cívica versus represión brutal 

 

¿Quién va ganando entonces? Aunque no es tiempo aún de hacer balances,
Ortega ha “ganado” en el corto plazo por contar con la brutalidad represiva
de la Policía y los parapolicías y con la complicidad del Ejército.

 

El movimiento insurreccional de buena parte del pueblo nicaragüense contra
el régimen de Ortega va “ganando” estratégicamente al mantener e insistir, a
costa de todo, en el carácter cívico y pacífico de la lucha. El precio que
ha pagado ha sido altísimo. 

 

Es ese precio pagado en sangre y en dolor el que ha abierto finalmente los
ojos de la comunidad internacional a lo que está pasando en Nicaragua. Eso
ha aislado a Ortega, lo ha desenmascarado y lo mantiene acorralado. Y por la
ilegitimidad con la que hoy lo mira el mundo, la rebelión cívica va ganando.


 

Los crasos errores que Ortega y Murillo vienen cometiendo, sin freno ni
pudor, han ocupado la atención de la comunidad internacional y han
incrementado la preocupación en aportar para resolver la crisis de
Nicaragua. El último mes ha sido pródigo en errores. Destacan entre todos
ellos, el cerrarle las puertas de Nicaragua al Grupo de Trabajo de doce
países creado en agosto en la OEA y la expulsión de facto del país de la
misión de Naciones Unidas. 

 

Ortega, quien firmó hace más de un año con la secretaría general de la OEA,
que preside Luis Almagro, un “acuerdo de entendimiento” para reformar el
sistema electoral, ya no responde a Almagro cuando le plantea el anticipo de
las elecciones. Más bien, desafía a la OEA cuestionando a la CIDH y
afirmando que “se queda” hasta 2021. Y a pesar de que busca al secretario
general de la ONU para que Naciones Unidas actúe como garante del diálogo
nacional expulsa a la misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. 

 

De este modo, la errática política internacional seguida por Ortega para
encubrir y negar la brutal represión que desató en abril y que fue el
comienzo de esta tragedia, no ha dejado de escalar, haciendo de su
inverosímil narrativa una fuente de ganancias para la insurrección
ciudadana. 

 

Una juventud valiente y una nación más unida 

 

Otras dos ganancias, estratégicas por ser promesas de un futuro mejor para
Nicaragua, tiene en su haber la rebelión cívica. 

 

Una es el despertar de la juventud, que con su valor y decisión abrió el
camino para el despertar de muchos. Otra es la incipiente y embrionaria
unidad nacional a la que la gravedad de la crisis ha llevado a diversos
sectores sociales, a variados intereses y a distintas generaciones para
enfrentar juntos a la dictadura. 

 

Después de abril la rebeldía se convirtió en virtud para buena parte de la
juventud, que se rebeló contra “el pensamiento único” que trató de imponer
el régimen. Mucha de la juventud rebelde tiene raíces sandinistas. La
rebelión tiene en su haber el que han quedado más definidas que nunca las
fronteras entre Sandinismo y Orteguismo, ganancia más significativa teniendo
en cuenta que en el proyecto dinástico era central transmutar el partido
FSLN apartando a los históricos, con trayectoria y memoria histórica, para
rehacerlo con jóvenes, sin otro requisito que ser ciegamente incondicionales
del culto a la personalidad de Ortega. 

 

Nuevos horizontes para una Nicaragua mejor 

 

La crisis ha demostrado que existen en nuestro país sólidos liderazgos
nacionales y locales, jóvenes y no tan jóvenes, empresariales y sociales,
mujeres y hombres. Contamos con un capital humano a la altura de lo que está
exigiendo el presente y coherente con los desafíos que traerá un futuro que
desde este tiempo de tantas incertidumbres, y de tantas esperanzas, ya
avizoramos tan complejo. 

 

Aún le falta a la rebeldía cívica mayor organicidad, superar el exceso de
horizontalidad de los grupos autoconvocados hasta encontrar un liderazgo
colectivo con una dirección estratégica que defina claramente un
“horizonte”. 

 

La brújula ya está ahí y el magnetismo está asegurado. Lo garantiza la
persistencia de la indignación social y la determinación de continuar
reclamando una nación mejor, diferente a la que tenemos hoy, diferente a la
que quiso construir Ortega, diferente a la que hemos tenido a lo largo de la
historia. Aunque la solución aún no se vea clara en el horizonte, la ruta ya
está trazada.

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