China/ "Erradicar virus ideológicos": campaña de represión contra los uigures [Human Rights Watch]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

20 de setiembre 2018

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China

 

“Erradicar virus ideológicos”: campaña de represión contra los uigures

 

Human Rights Watch, 9-9-2018 

https://www.hrw.org/

Traducción de Viento Sur 

https://www.vientosur.info/

 

Publicamos a continuación el resumen del informe de la ONG Human Rights
Watch sobre la represión a que se ven sometidos los uigures, de mayoría
musulmana, por parte del Estado chino, con medidas que incluyen el
internamiento en campos de reeducación. (Redacción de Viento Sur)

 

La formación tiene un único objetivo: aprender las leyes y reglamentos…,
erradicar de las mentes pensamientos de extremismo religioso y terrorismo
violento y curar enfermedades ideológicas. Si la educación no da fruto,
seguiremos impartiendo enseñanza gratuita hasta que los estudiantes logren
resultados satisfactorios y se gradúen sin problemas.

 

– Discurso del dirigente de la Liga de la Juventud Comunista de China,
sección de Xinjiang, marzo de 2017

 

Lo que quieren es obligarnos a asimilarnos, a identificarnos con el país, de
manera que en el futuro el nombre de uigur no sea más que un nombre, pero
sin su significado.

 

– Tohti, quien se fue de Xinjiang en 2017, marzo de 2018

 

El gobierno chino viene aplicando desde hace tiempo políticas represivas
contra los pueblos túrquicos musulmanes de la Región Autónoma Uigur de
Xinjiang (RAUX), en el noroeste de China. Esta actividad se ha intensificado
enormemente desde finales de 2016, cuando el secretario del Partido
Comunista, Chen Quanguo, fue trasladado de la Región Autónoma del Tíbet para
asumir el mando en Xinjiang.

 

El presente informe ofrece nuevas pruebas de detenciones, torturas y malos
tratos de naturaleza arbitraria y masiva practicados por el gobierno chino
con los musulmanes túrquicos en Xinjiang y detalla las prácticas
sistemáticas y cada vez más generalizadas de control de la vida cotidiana en
la región. Estos crecientes abusos violan derechos fundamentales a la
libertad de expresión y religiosa y a la intimidad, así como garantías
frente a la tortura y juicios injustos. Más en general, los controles
gubernamentales sobre la vida cotidiana en Xinjiang afectan principalmente a
los uigures y kazajos étnicos y a otras minorías, violando la prohibición de
toda discriminación estipulada en el Derecho internacional.

 

El presente informe se basa principalmente en entrevistas con 58 antiguos
residentes en Xinjiang, incluidos 5 exdetenidos y 38 familiares de
detenidos. De las 58 entrevistadas, 19 personas habían abandonado Xinjiang
desde enero de 2017. Proceden de las 14 prefecturas de Xinjiang.

 

En mayo de 2014, China lanzó su “Campaña de mano dura contra el terrorismo
violento” en Xinjiang. Desde entonces, el número de personas formalmente
detenidas se ha multiplicado por tres en comparación con el quinquenio
anterior, de acuerdo con cifras oficiales y estimaciones de la ONG
Defensores Chinos de los Derechos Humanos. El gobierno ha mantenido a
personas en prisión preventiva en centros de detención y cárceles, que son
instalaciones formales, y en campos de educación política, que carecen de
cualquier base en la legislación china. A estos detenidos se les ha negado
el derecho a un juicio justo y han sufrido torturas y otros malos tratos.

 

Así, los medios internacionales en Xinjiang han centrado su atención en los
campos de educación política. Pese a que el gobierno chino no facilita
información pública sobre el número de detenidos en dichos campos,
estimaciones creíbles sitúan la cifra en alrededor de un millón. En estas
instalaciones secretas, los internos están obligados a someterse a cursos de
adoctrinamiento político durante días, meses e incluso más de un año. No son
pocos los casos en que personas uigures, especialmente de Hotan y Kashgar,
en el sur de Xinjiang –que las autoridades consideran focos
antigubernamentales–, informan de que la mitad o más de sus familiares
directos se hallan internados en campos de educación política, en prisión
preventiva o en la cárcel. Por ejemplo, una mujer entrevistada declaró que
su marido, sus cuatro hermanos y 12 sobrinos –es decir, todos los hombres de
la familia– están detenidos en campos de educación política desde 2017.

 

Se ha informado de muertes habidas en los campos de educación política,
suscitando sospechas respecto a posibles abusos físicos y psicológicos y al
estrés provocado por las malas condiciones, la masificación y el
confinamiento indefinido. Aunque se presta atención médica básica, las
personas siguen detenidas incluso estando gravemente enfermas o siendo
mayores; también hay adolescentes, mujeres embarazadas y amamantadoras, y
personas discapacitadas. Antiguos internos informan de intentos de suicidio
y severos castigos por desobediencia en los centros.

 

Portavoces oficiales chinos han negado que se hayan producido abusos; a su
vez, califican dichos campos de “centros de formación profesional y
formación para el empleo” para “criminales implicados en delitos menores”.
Sin embargo, no permiten ninguna inspección independiente de esas
instalaciones por parte de Naciones Unidas, organizaciones de derechos
humanos ni medios de comunicación.

 

En los últimos años, el gobierno chino ha destinado enormes recursos
financieros, humanos y técnicos al control social en Xinjiang. Las
autoridades han contratado a decenas de miles de vigilantes de seguridad y
han construido numerosas comisarías de conveniencia y puestos de control en
la región. Han seguido de cerca las redes familiares y sociales de la gente
como indicadores de su grado de fiabilidad política. El gobierno detiene a
personas y las somete a controles más estrictos, no solo sobre la base de su
propio comportamiento o creencia, sino también de los de miembros de su
familia, una forma de castigo colectivo contrario al Derecho internacional
en materia de derechos humanos.

 

Tal vez la medida represiva más innovadora –y preocupante– en Xinjiang sea
el uso por parte del gobierno de sistemas de vigilancia masiva de alta
tecnología. Las autoridades de Xinjiang proceden a la recogida masiva y
obligatoria de datos biométricos, como muestras de voz y ADN, y emplean
inteligencia artificial y bases de datos masivos para identificar,
caracterizar y seguir a todo el mundo en Xinjiang. Las autoridades
contemplan estos sistemas como una serie de filtros que permiten seleccionar
a personas que muestran cierto comportamiento o ciertos rasgos que según
ellas suponen una amenaza para el poder del Partido Comunista en Xinjiang.
Estos sistemas también han permitido a las autoridades implementar un
control muy selectivo, sometiendo a la gente a restricciones diferentes en
función del grado de fiabilidad percibido.

 

Las autoridades han intentado justificar la mano dura y golpear con dureza a
los supuestos terroristas y extremistas de una manera precisa y a fondo en
nombre del mantenimiento de la estabilidad y la seguridad en Xinjiang.
Portavoces oficiales de Xinjiang afirman que la raíz de estos problemas está
en las problemáticas ideas de los túrquicos musulmanes. Entre dichas ideas
se incluyen lo que las autoridades califican de dogmas religiosos extremos y
asimismo cualquier sentimiento de identidad china ajena a la etnia han, ya
sea islámica, túrquica, uigura o kazaja. Las autoridades insisten en que
tales creencias y afinidades deben corregirse o erradicarse.

 

Durante los últimos cinco años ha salido a la luz una serie de incidentes
violentos atribuidos a autores uigures en Xinjiang y otros lugares de China,
y se ha informado de que combatientes uigures se han unido a grupos
extremistas armados en el extranjero. El gobierno ha impuesto restricciones
mucho mayores a los uigures que a otras minorías étnicas. Sin embargo, desde
finales de 2016, los kazajos étnicos que viven en su mayor parte en el norte
de Xinjiang han sido objeto, cada vez más, de la Campaña de Mano Dura. Ahora
bien, el objetivo difuso de la Campaña de Mano Dura de castigar y controlar
a los túrquicos musulmanes en Xinjiang en razón de su identidad no puede
justificarse al amparo de la responsabilidad del Estado de garantizar la
seguridad pública.

 

El trato dado a todos los túrquicos musulmanes en Xinjiang –tanto los
internos en centros de detención como los que están ostensiblemente libres–
presenta similitudes preocupantes. Dentro de los campos de educación
política, los internos están obligados a aprender el chino mandarín, a
cantar alabanzas al Partido Comunista de China y a memorizar normas
aplicables ante todo a los musulmanes túrquicos. Quienes están en libertad
han de asistir una vez a la semana, o incluso una vez al día, a ceremonias
de izado de la bandera china, a sesiones de adoctrinamiento político y
ocasionalmente a clases de chino mandarín.

 

Dicen a los internos que no les permitirán salir del campo hasta que hayan
aprendido por lo menos un millar de caracteres chinos o que se considere que
se han convertido en súbditos leales chinos; los túrquicos musulmanes que
viven fuera de los campos tienen restringida su libertad de movimientos, una
medida que va desde el arresto domiciliario hasta la prohibición de
abandonar la localidad o el país. Dentro de los campos, castigan a las
personas que practican pacíficamente su culto religioso; fuera, las
restricciones religiosas del gobierno son tan severas que de hecho prohíben
el islam. En el interior, los detenidos son vigilados de cerca por los
guardias y no pueden comunicarse con sus familias y amigos. Quienes viven en
su casa son espiados por sus vecinos, agentes y sistemas tecnológicos de
control de masas, y no se les permite entrar en contacto con quienes se
hallan en el extranjero.

 

La Campaña de Mano Dura de Xinjiang también ha tenido repercusiones en el
extranjero. Las autoridades de esta región han declarado delito punible
mantener relaciones con extranjeros, lo que afecta sobre todo a personas con
conexiones con una lista oficial de “26 países sensibles”, entre ellos
Kazajstán, Turquía, Malasia e Indonesia. Personas que han estado en estos
países, que tienen familiares allí o que se comunican por cualquier otra
razón con habitantes de los mismos, han sido interrogadas, detenidas e
incluso procesadas y encarceladas. Las personas entrevistadas informan de
que incluso han detenido a quienes tienen contactos con países que no
figuran en dicha lista o que han sido sorprendidas utilizando WhatsApp u
otros programas de comunicación extranjeros. Y en los últimos años, el
gobierno chino ha intensificado las presiones sobre otros gobiernos para que
devuelvan a la fuerza a China a los uigures que viven en sus respectivos
países.

 

Human Rights Watch ha constatado asimismo que la Campaña de Mano Dura ha
dividido familias, quedando algunos miembros en Xinjiang y otros en el
extranjero, interceptados inesperadamente por el refuerzo de los controles
de pasaportes en los cruces de frontera. En ocasiones ha habido niños
retenidos en un país sin sus padres. Dado que las autoridades de Xinjiang
castigan a la gente que se comunica con sus familias en el extranjero,
muchos entrevistados han declarado que han perdido el contacto, incluso con
niños pequeños, durante meses o más de un año. Otros han declarado que sus
familias, cuando logran comunicarse con ellas, han recibido instrucciones de
las autoridades de presionarles para que vuelvan a Xinjiang, o de obtener
información detallada sobre su vida en el extranjero. Debido a ello, muchos
kazajos y uigures étnicos en el extranjero viven atemorizados y con
ansiedad, especialmente en países que mantienen estrechas relaciones con
Pekín, pues sienten que se hallan a merced del gobierno chino pese a vivir
al otro lado de la frontera o no tener siquiera la nacionalidad china.

 

***

 

Las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang tienen actualmente una
amplitud y un alcance que no se conocía en China desde la Revolución
Cultural de 1966-1976. La creación y proliferación de campos de educación y
otras prácticas abusivas indican que el propósito de Pekín de transformar
Xinjiang a su propia imagen y semejanza constituye una operación a largo
plazo.

 

También es evidente que China no prevé un coste político significativo de su
campaña abusiva en Xinjiang. Su influencia global le ha ahorrado en gran
medida toda crítica pública. Y su posición como miembro permanente del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas implica que puede vetar cualquier
acción internacional, ya se trate de sanciones impuestas por el Consejo, ya
de querellas criminales ante la Corte Penal Internacional, a la que China no
se ha adherido.

 

Los obstáculos políticos para reclamar responsabilidades a China por sus
violaciones no eximen a Naciones Unidas y los gobiernos de su deber de
proteger los derechos humanos. Deben recurrir a foros internacionales, como
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para llamar la atención
del mundo sobre estas cuestiones, en particular en la Revisión Periódica
Universal de China, y proponer una acción concertada, como el
establecimiento de un mandato especial de investigar la Campaña de Mano
Dura. Si Naciones Unidas no establece un mecanismo para investigar los
abusos en Xinjiang, los gobiernos interesados deberían crear el suyo propio
para reunir pruebas de detenciones arbitrarias y otros abusos.

 

Si estas iniciativas no consiguen cambiar la política china en Xinjiang, los
gobiernos deberían adoptar de todos modos medidas unilaterales para enviar
un mensaje firme a las altas esferas del gobierno chino de que ponga fin a
esas grotescas violaciones. Los políticos deberían aprovechar todas las
oportunidades para echar en cara públicamente al presidente Xi los abusos de
su gobierno en Xinjiang.

 

El secretario del partido Chen Quanguo y otros altos cargos responsables de
la Campaña de Mano Dura deberían ser objeto de sanciones selectivas,
mediante instrumentos como la Ley Global Magnitsky de EE UU y los protocolos
de concesión de visados. Habría que imponer mecanismos adecuados de control
de exportaciones para denegar a China tecnologías que faciliten los abusos.
Y los gobiernos deberían adoptar medidas para ayudar a sus propios
ciudadanos perjudicados por las políticas chinas en Xinjiang, concediendo el
asilo a quienes corren el riesgo de ser devueltos a Xinjiang para ser
perseguidos. Asimismo, deberían investigar la intimidación por parte del
gobierno chino de las comunidades túrquicas musulmanas de la diáspora e
invocar la legislación nacional. Los gobiernos interesados deberían asegurar
el seguimiento de los cambios en materia de derechos humanos en Xinjiang,
incluida la creciente represión gubernamental de la población túrquica
musulmana, a fin de asegurar una respuesta internacional rápida, incluida la
condena pública y sanciones selectivas.

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