Uruguay/ Crisis militar y política. El poder de la impunidad al desnudo [Samuel Blixen - Mariana Achugar]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de abril 2019

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Uruguay

 

La semana en que Tabaré Vázquez descabezó la cúpula de Defensa

 

De giros inesperados 

 

No aclares, que oscurece. El dicho popular alcanzó un gran rating en la crisis política desencadenada a raíz de las confesiones del teniente coronel José Gavazzo (1) sobre el asesinato del tupamaro Roberto Gomensoro, contenidas en las actas de un Tribunal de Honor, que provocaron la destitución de seis generales, entre ellos, el comandante del Ejército que había sido nombrado días antes por Tabaré Vázquez.

 

Samuel Blixen

Brecha, 5-4-2019

https://brecha.com.uy/

 

La destitución de los militares y la renuncia inducida del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y su subsecretario, Daniel Montiel, se ha visualizado como un estallido, cuando, en realidad, es un proceso que comenzó a mediados de febrero y que transcurrió discretamente hasta que un informe periodístico reveló el contenido de las actas del Tribunal de Honor. El relevo del comandante del Ejército Guido Manini Ríos, el 15 de marzo, y el nombramiento de su sucesor, general José González, fueron consecuencia de las críticas a la actuación de la justicia que el primero de los nombrados formuló en un documento cuando solicitó entrevistarse con el presidente para que se produjera una definición sobre la homologación del fallo del tribunal. Ese fallo absolvía a Gavazzo de lesionar el honor de las Fuerzas Armadas, a pesar de haber sido condenado por 28 homicidios y desapariciones. El tribunal condenaba, en cambio, a Gavazzo a pasar a la situación de reforma por haber permitido que un coronel, Juan Carlos Gómez, permaneciera en prisión durante tres años, cuando sabía que era inocente. Las opciones de los generales que actuaron en el tribunal revelaron varas distintas para sopesar injusticias: tomaron medidas frente al encarcelamiento de un coronel, pero eludieron tomar aquellas que pudieran satisfacer a los familiares de 28 víctimas asesinadas.

 

En ese momento, 16 de marzo, nadie, ni el presidente Vázquez, ni el general Manini, ni el secretario de la Presidencia, Miguel �ngel Toma, ni el ministro de Defensa en funciones, Montiel, explicó por qué Gavazzo sabía de la inocencia de Gómez. Hubo, en ese momento, una apuesta por mantener un discreto silencio en la esperanza de que el asunto se olvidara. Entre otras cosas, se incurrió en la flagrante contradicción de ascender a la jefatura del Ejército a un general que no advirtió, en la consumación de 28 asesinatos, una lesión al honor militar.

 

Fue necesario que lo inexplicable e inexplicado tomara estado público cuando el periodista Leonardo Haberkorn publicó en El Observador detalles de las declaraciones que Gavazzo formuló ante los generales González, Alfredo Erramun y Gustavo Fajardo. En el tribunal, Gavazzo admitió que en 1973 se hizo cargo del cuerpo de Roberto Gomensoro, lo trasladó en un vehículo hasta el Río Negro, lo embarcó en una lancha y finalmente lo arrojó a las aguas. Declaró que todo lo había hecho él solo, sin ayuda, con la evidente intención de subrayar que no involucraba a subalternos.

 

La publicación de parte de las actas hizo trizas la política de silencio. Ante el nuevo panorama, el presidente tomó drásticas medidas: destituyó a los tres generales del tribunal, entre ellos, al flamante comandante que había asumido hacía una semana, y comunicó que aceptaba la renuncia del ministro de Defensa y del subsecretario. Primero un comunicado de la Presidencia y luego declaraciones que Vázquez formuló para el informativo de Vtv pretendieron atenuar las aristas más oscuras del episodio. Vázquez, que ya había encomendado al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que difundiera la noticia de que él, el presidente, no estaba en conocimiento de la confesión de Gavazzo, en sus declaraciones al periodista Gabriel Pereyra admitió que no había leído el expediente, aunque había sido informado de él. Explicó que por día firmaba unos 50 documentos. De todas formas, aclaró que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad política de los hechos.

 

Las ambigüedades y las opacidades de que hicieron gala los principales protagonistas sufrieron otro sacudón, cuando el diario El País reveló que a mediados de febrero el ministro Menéndez, no bien recibió y leyó las actas del tribunal, se dirigió a la Torre Ejecutiva y se entrevistó con Vázquez, a quien interiorizó del contenido de las actas. Como explicó después el presidente, le pidió a Menéndez que trasladara al secretario de la Presidencia, Miguel Toma, los antecedentes y que se efectuara la denuncia penal correspondiente. Tal como reveló El País, Menéndez se entrevistó con Toma, por más que este colorado, hombre de confianza de Tabaré Vázquez, negó esa entrevista y pretendió deslindar la responsabilidad en una conversación telefónica que no lo deja muy bien parado. Fue necesario que el propio Menéndez, aquejado de una grave enfermedad que lo obligó a solicitar licencia a principios de marzo, dejara por escrito todos los detalles en una carta que elevó al presidente. Recién entonces, Toma admitió haberse reunido con Menéndez y haberse enterado de las confesiones de Gavazzo. Sin embargo, deslindó la responsabilidad al depositar en el Ministerio de Defensa la tarea de formular la denuncia penal que el presidente le había encomendado a él. Con ello, Toma le pasaba la pelota a Montiel, ministro en funciones, cuya actuación en todo el episodio mereció un respaldo del Mpp.

 

La carta de Menéndez despejó un aspecto que provocaba escozor en el Frente Amplio: la duda de si el presidente sabía o no los extremos de la declaración de Gavazzo. Ahora no cabe duda de que Vázquez fue alertado de la confesión del delito. Otra cosa es saber con qué minuciosidad leyó el documento, si es que lo leyó, lo que no reduce su responsabilidad.

 

Lo más grave es que la documentación no sólo refiere a confesiones de Gavazzo, sino que también incluye confesiones y denuncias del coronel (r) Jorge “Pajarito� Silveira, quien reveló que Gavazzo también asesinó a otro tupamaro, en 1974. Silveira afirmó, además, que Gavazzo era responsable de unas cien desapariciones. Todo eso estaba en el expediente que Vázquez no leyó. Un agudo observador de la realidad política comentó: “Hay que recordar que un vicepresidente de la República, nada menos, fue obligado a renunciar por la compra indebida de un colchón con una tarjeta institucional�.

 

Ambigüedad y gatopardismo

 

En el cocido de este guiso hay dos ingredientes principales: uno, la pervivencia, a través de las sucesivas generaciones de oficiales, de una concepción invariable de la doctrina de la seguridad nacional, una defensa del terrorismo de Estado y un compromiso férreo con la omertà . La actitud del ex comandante Manini Ríos de ordenar la continuación de las actuaciones del tribunal, a pesar de que fue informado del tenor de las declaraciones de Gavazzo y Jorge Silveira, es una prueba de esa actitud. También la de los tres generales, que se sometieron a la disciplina cuando, como funcionarios públicos, estaban en la obligación de formular una denuncia ante el conocimiento de un delito.

 

Al justificar su actitud, Manini expresó que la confesión de Gavazzo no era una novedad, porque ya había sido procesado en el expediente del asesinato de Gomensoro, pero se cuidó de no comentar que Silveira acusaba a Gavazzo de otros dos delitos, por lo menos: la muerte de Eduardo Pérez Silveira, víctima de la explosión de una granada arrojada a su celda del cuartel de Artillería número 1 en 1974, y la desaparición de María Claudia García de Gelman, en diciembre de 1976 o enero de 1977. Aunque enfáticamente afirmó, en el acto de proclamación de su candidatura a la presidencia de la República, que no había escondido nada, después, en una entrevista concedida a Búsqueda, admitió que, quizás, había sido un error no formular la denuncia correspondiente.

 

El otro ingrediente tiene que ver con la ambigüedad y el gatopardismo del poder político en la cuestión de los derechos humanos. No era necesaria la confesión de Gavazzo para conocer el horror de los crímenes de la dictadura, tal como expresó Julio María Sanguinetti. De hecho, el ex presidente en sus dos mandatos hizo lo posible por impedir la investigación del terrorismo de Estado: archivó los expedientes de las denuncias y bloqueó los intentos de desarticular la impunidad que él mismo impulsó.

 

Vázquez, al comentar las confesiones de Gavazzo, concluyó que se desmoronaba la política del silencio sobre las atrocidades del pasado. Parece un exceso de optimismo, porque nada induce a pensar que espontáneamente, ahora, todos los guardianes de los secretos harán cola para confesarse. De hecho, la confesión de Gavazzo está directamente relacionada con la forma en que el ejército encara los tribunales de honor (véase nota aparte).

 

Entre los aplausos por la destitución de los seis generales (tres del Tribunal de Honor y tres del Tribunal de Alzada), el pedido al Parlamento para el pase a reforma de otros tres y las críticas por la forma opaca en que el gobierno administró la crisis, la oposición tiene la oportunidad de apoyar la creación de instrumentos que permitan y faciliten la investigación de los crímenes y definan las responsabilidades. Ante el “horror� ahora “descubierto�, todos coinciden en la necesidad de reparar las omisiones, pero el único camino sugerido es dejar que la justicia penal tome cartas en el asunto (véase nota aparte).

 

Para encauzar efectivamente la investigación de los crímenes, es necesario que el poder político (gobierno y Parlamento) otorguen las herramientas para ubicar los archivos militares que contienen los informes sobre las actuaciones de la represión. El llamado “Archivo Berrutti�, una colección voluminosa de imágenes microfilmadas, aporta indicios sobre dónde buscar la información concreta: hay por lo menos 12 archivos de otros tantos organismos militares, que deberían ser ubicados y sacados a luz. El ex ministro Menéndez ensayó algunas iniciativas al autorizar el ingreso a determinadas unidades para la digitalización de sus archivos; y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, autorizó la digitalización del archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Sin embargo, no existe hasta ahora un equipo oficial, con los recursos necesarios para estudiar todo ese material. Una tarea de tal magnitud, a realizar de forma independiente y a resguardo de presiones, sólo puede llevarla a cabo algún organismo con respaldo parlamentario, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre cuyas atribuciones está, precisamente, la potestad de ingresar a cualquier lugar sin aviso previo.

 

La ubicación de los archivos sobre los operativos militares es una tarea que aún está por encararse. Quizás el nuevo ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, disponga alguna iniciativa concreta en ese sentido.

 

los relatos en el tribunal. Tal vez la novedad más interesante que aportó la confesión de José Gavazzo en el Tribunal de Honor que lo juzgó por una eventual lesión del honor militar (además de provocar la crisis que dejó en evidencia la hipocresía militar y el gatopardismo político) es la confirmación de un principio castrense que obliga a revisar la óptica con que se mide la responsabilidad penal en los casos de delitos de lesa humanidad.

 

Según las reproducciones de parte de las actas (que saludablemente deberían ser puestas al acceso de todos), José Gavazzo relató ante los generales del tribunal que en el cuartel de La Paloma encontró sin vida a un prisionero que estaba siendo interrogado. Gavazzo no dice que él lo mató, que es responsable de la muerte, pero dice que inmediatamente le comunicó la novedad al jefe de la unidad, el coronel Alfredo Rubio. Él, Gavazzo, por entonces mayor, era el segundo jefe de esa unidad de Artillería. La confesión describe que, después de dar detalles a Rubio, ambos se trasladaron a la Región Militar número 1 y le comunicaron lo sucedido al general Esteban Cristi. En el despacho del jefe de la Región, Cristi decidió que se desprendieran del cuerpo de Gomensoro, es decir que el asesinado pasaría a ser un desaparecido. Entonces, Gavazzo relata que, obviamente con la autorización de Rubio, trasladó el cuerpo hasta el Río Negro y lo lanzó al agua.

 

Esta versión de Gavazzo fue corregida por el coronel (r) Jorge Silveira, quien, al declarar en el tribunal, dijo que Rubio, profundamente enojado por la muerte de Gomensoro, se había trasladado solo al comando de la región para informar a Cristi. Gavazzo había quedado en el cuartel.

 

A los efectos del significado del relato, son irrelevantes las diferencias entre las versiones. Lo que importa es que el mayor Gavazzo informó a su superior, Rubio, y este informó a su superior, el general Cristi. Y que, producto de ello, hubo una orden de actuar para remediar la situación. El ejemplo confirma una convicción extendida entre militantes de derechos humanos y políticos sensibilizados con el tema: todos los actos militares requieren la correspondiente orden superior; el mando debe siempre estar informado de los sucesos y ordenar en consecuencia. Puede haber excepciones, casos en los que un subordinado actúa sin el visto bueno de su superior, pero, en ese caso, la venganza será terrible, porque la iniciativa socava el pilar de la verticalidad del mando; la obediencia debida es la contracara del control absoluto del mando. La iniciativa debe contar siempre con el respaldo superior para concretarse, y la iniciativa que no cuenta con la autorización es severamente castigada.

 

Los legajos de los oficiales de las Fuerzas Armadas están repletos de sanciones por esa causa. De lo que se desprende que ningún oficial tomará la iniciativa de asesinar a un prisionero si no cuenta con la autorización superior. Puede que ocurra un accidente y que la muerte no sea premeditada, pero siempre habrá una intervención del superior.

 

Si ese es el criterio que rige para la vida militar, entonces hay que concluir que las atrocidades del terrorismo de Estado fueron ordenadas o avaladas por el superior. Si un comando de militares uruguayos asesinó en Buenos Aires a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, fue porque contó con la debida autorización. Y el enterramiento de Julio Castro, por poner otro ejemplo, en el predio del Batallón 14 de Infantería, en Toledo, debe de haber contado con el conocimiento y la autorización del jefe de la unidad de aquel entonces, agosto de 1977. ¿Qué autoridad podía llegar a ejercer ese comandante con sus subordinados, si cualquiera podía entrar en los predios del cuartel a enterrar cuerpos? Por el contrario, es dable suponer que ese superior sabía quién ordenó el enterramiento, quién le dio la orden y quiénes ejecutaron la acción, oficiales y soldados. Sin embargo, hasta ahora nadie pregunta, en cada caso investigado, quién daba las órdenes, quién autorizaba.

 

Otro punto de reflexión es por qué en los tribunales de honor se cuenta, se dice, se admite lo que se niega en otros ámbitos, en especial en la justicia. Gavazzo, por ejemplo, negó siempre ante los magistrados tener algo que ver con el asesinato de Gomensoro, pero lo confiesa en el tribunal. Una explicación aceptable es que la norma, en las Fuerzas Armadas, dicta que en los tribunales de honor se debe decir la verdad, quizás porque los miembros del tribunal, oficiales superiores, no pueden permitir que un subordinado les mienta en la cara y los engañe. Es otra forma inadmisible de atentar contra la verticalidad del mando.

 

Este tribunal, que tanta repercusión ha tenido, no es una excepción. Hay otras actas, en las que los oficiales han admitido lo que en otras instancias han negado. Por ejemplo, en el tribunal que juzgó la conducta de Manuel Cordero, “acusado� de ser homosexual, algunos de los acusadores admitieron que secuestraron, interrogaron y presionaron a civiles que concurrían a los mismos bares frecuentados por Cordero para obtener pruebas. Admitieron que habían amenazado a dichas personas con represalias si llegaban a difundir lo que habían vivido. Cordero, por su parte, se defendió con un argumento irrebatible: en las fechas de las acusaciones, en 1976, él permaneció en comisión en Buenos Aires todo un año, lo que significó la confirmación de que estuvo actuando en Automotores Orletti, torturando a uruguayos secuestrados, como fue acusado por decenas de víctimas.

 

Para redondear ejemplos: el coronel (r) Ernesto Ramas admitió ante un tribunal que había realizado el secuestro extorsivo de un narcotraficante a quien acusó de ser “terrorista� para mantenerlo incomunicado en el centro clandestino de La Tablada, mientras se tramitaba una transferencia bancaria. Y el coronel Eduardo Ferro, enfrentado en un tribunal con su colega de la inteligencia Carlos Silva, admitió que el Sid mantenía relaciones estrechas con la Cia.  

 

Nota  

 

1) Uno de los principales represores de la dictadura, se le tipificaron 28 homicidios. Actualmente con “prisión domiciliaria� por “razones de salud�, continúa cobrando la jubilación de militar en “situación de reforma�. (Redacción Correspondencia de Prensa) 

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La impunidad y la defensa de los Derechos Humanos 

 

Mariana Achugar *

La Diaria, 4-4-2019

https://ladiaria.com.uy/

 

En una sociedad que acepta la violencia y la impunidad del Estado como algo inevitable se deslegitima e invisibiliza a quienes luchan por defender los derechos humanos. El Estado tiene un papel sustantivo en la reproducción de la cultura de la impunidad. Hoy, como a lo largo de estos casi 34 años transcurridos desde que finalizó la dictadura, el Estado y sus instituciones han optado por políticas de memoria o indiferencia que tienen peso en la organización de las relaciones de poder en nuestra sociedad y en las garantías que tenemos de que se protejan nuestros derechos. Pasado y presente están interrelacionados, y la cultura de la impunidad continúa.

 

La disputa por darle credibilidad social y construir un acuerdo sobre qué significó el pasado dictatorial tiene que ver con las luchas políticas del presente. Existen y continuarán existiendo múltiples relatos sobre el pasado, pero prevalecen aquellos que tienen que ver con las relaciones de poder en un momento particular, como lo demuestra el caso de Argentina, donde hoy se discute cuántos fueron los desaparecidos.

 

En Uruguay, a pesar de 15 años de gobiernos progresistas, la lucha por verdad y justicia, así como la defensa de los derechos humanos básicos, son retos vigentes en nuestra democracia.

 

Las revelaciones sobre el Tribunal de Honor en el que se legitimaron crímenes de desaparición, asesinato y tortura, junto con el mensaje emitido la semana anterior por el Ministerio del Interior justificando el seguimiento y posterior detención de dos jóvenes que participaban en una marcha pacífica, demuestran la normalización de la impunidad a nivel institucional. Estos casos ponen en evidencia la complicidad del Estado en la reproducción de una cultura de impunidad.

 

Lamentablemente, vivimos en un contexto en el que la impunidad se ha naturalizado y la violación de los derechos humanos ha pasado a segundo plano. En estos días el tema logró tener más visibilidad debido a su resonancia mediática, pero hasta ahora el foco de las campañas políticas y los medios había estado en la seguridad centrada en la protección de la propiedad privada. La violencia de la que se habla en el ámbito público es la relacionada con el robo, no con la violencia ejercida por grupos poderosos o por el Estado. Las soluciones que se discuten son la militarización de la sociedad y el incremento de la vigilancia a la ciudadanía.

 

El Estado hace caso omiso a los reclamos y demandas de la sociedad civil organizada que pide verdad y justicia, y estos reclamos casi no son registrados por los medios masivos. Como establece el informe de las investigaciones sobre políticas de verdad y justicia en la región publicado por la Universidad de Oxford (Lessa, 2019), las víctimas, los familiares y las organizaciones de derechos humanos han tenido un papel clave al presentar denuncias e iniciar causas, ya que en Uruguay en ningún caso la Fiscalía General de la Nación actuó de oficio. Hay dos ejemplos claros de esta situación. En primer lugar, el caso de las ex presas políticas que en 2011 hicieron una demanda judicial por crímenes sexuales durante el período 1972-1983. Los denunciados fueron casi 100 militares y civiles, de los cuales sólo cinco han sido procesados. Ocho años después, la causa sigue abierta. En segundo lugar, está la denuncia de académicos, abogados y activistas sociales que fueron amenazados de muerte por el llamado Comando Barneix. Estas personas amenazadas, que cuentan con el apoyo de cientos que expresaron su solidaridad, solicitaron al gobierno que se investigara la situación, pero todavía no han recibido respuesta a su pedido. La inacción y falta liderazgo político para aclarar estos casos y conseguir justicia promueven la cultura de la impunidad y naturalizan una cultura institucional en la que quienes ejercen la violencia desde instituciones del Estado lo hacen sin rendir cuentas.

 

Las recientes informaciones sobre espionaje en democracia, la videovigilancia durante las marchas, y el uso de tiras en marchas de movimientos sociales son una indicación de que algunas prácticas típicas de la dictadura no han desaparecido. Todos somos sospechosos, no sujetos de derecho. Este tipo de contexto favorece una cultura en la que no existe responsabilidad penal o administrativa de quienes violan derechos humanos.

 

¿Por qué tiene que haber una noticia en la prensa sobre crímenes durante la dictadura para que se cumplan las leyes y se revise a quién se pone a cargo de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué se usan cámaras de videovigilancia y operativos con más de diez vehículos policiales para detener a un joven que participó en una marcha en defensa de nuestro derecho a tener agua limpia o por estar en desacuerdo con un proyecto como UPM2? ¿Por qué no se usan esas cámaras u operativos para encontrar a los que amenazaron de muerte a defensores de los derechos humanos o para indagar a quienes han sido acusados de crímenes sexuales durante la dictadura? La celeridad y eficiencia operativa que se demuestra en el caso de quienes se manifiestan en contra de ciertas políticas y de cierto modelo de desarrollo desaparecen cuando se busca a los responsables de crímenes durante la dictadura o a quienes destruyen radios populares o destruyen sitios de memoria.

 

Los derechos y las garantías legales deben ser defendidos para todas y todos, y en todo caso. No puede haber situaciones de excepción. Este tipo de argumentación fue la que justificó el terrorismo de Estado, como demuestra el análisis del discurso militar durante la dictadura (Achugar, 2008). No estamos en una dictadura, pero las limitaciones de los derechos ciudadanos coartan nuestra democracia.

 

Hoy, en un contexto en el que los derechos humanos y las democracias están siendo atacados en la región y en gran parte del mundo, no podemos aceptar esta situación de impunidad ante la vulneración de derechos básicos como la libre expresión, el acceso a la justicia y la protesta. Para afianzar la democracia tenemos que garantizar nuestro derecho a exigir que las formas y procedimientos establecidos para proteger a la ciudadanía se cumplan. Deben marcarse las responsabilidades de las autoridades que no se hacen cargo o que son omisas ante estas violaciones de derechos.

 

Transformar la cultura de la impunidad a nivel del Estado requiere, como mínimo, asegurarnos de que no formen parte de nuestras instituciones quienes no defienden los derechos humanos y el funcionamiento democrático. También se necesita revisar la Ley Orgánica Militar, rediseñar los planes de estudio militares y reducir la cantidad de efectivos, como sugiere la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Además, necesitamos preparar a quienes trabajan en la Policía y en el Ministerio del Interior en el respeto a las leyes y los procedimientos diseñados para resguardar nuestros derechos. La deconstrucción de la impunidad requiere una serie de políticas aplicadas sistemáticamente para transformar esta cultura instalada en las instituciones del Estado. 

 

* Mariana Achugar es docente e investigadora de la Universidad de la República.

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