Uruguay/ Crímenes de Estado. Muerte y tuberculosis en las cárceles [Betania Núñez - Leticia Castro]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de abril 2019

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Uruguay

 

Un preso tuvo un paro cardíaco y la asistencia llegó cuando ya había muerto.

 

Tarde y sin reacción 

 

La muerte de un preso del Comcar fue filmada por sus compañeros, mientras
reclamaban, inútilmente, por asistencia médica. Sus patologías se veían
potenciadas por las condiciones de reclusión, habían indicado a la justicia
médicos de Asse, pero aun así fue mantenido en prisión. Más allá de las
particularidades del caso, el hecho vuelve a poner en evidencia que las más
básicas condiciones de acceso a la salud no son garantizadas a los privados
de libertad.

 

Betania Núñez

Brecha, 5-4-2019

https://brecha.com.uy/

 

Son tres tomas sucesivas. En el primer video, la cámara se detiene en
Ricardo, un preso que está tirado en el piso, que apenas se mueve, que está
teniendo un paro cardíaco. Los compañeros de la celda contigua, que lo ven a
través de un boquete en la pared, reclaman que acaba de volver de la
enfermería, que la Policía lo trajo a rastras y lo tiró en el piso, que ahí
quedó. Gritan, exigen asistencia médica.

 

En el siguiente video se muestra a un médico y a un enfermero de Asse
tratando de reanimarlo en su celda, algo muy poco habitual porque la
asistencia se brinda, según las autoridades, únicamente en el centro de
salud del Comcar. Ricardo ya está muerto. Los compañeros de celda fueron
sacados a la planchada, pero el resto del Módulo 8, incluso los de la celda
de al lado, que lo siguen filmando por medio del boquete, permanecen allí. A
Ricardo debe verlo un forense en la posición y el lugar donde murió y
quedará tendido en el piso.

 

El último video es la desesperación. “El hombre murió, lo llevaron a
enfermería y el hombre murió, acaba de morir en la celda de él, es para que
vean cómo nos tienen en la Preventiva, el hombre acaba de morir.” Entre
puteadas limpias en las que ahoga la indignación, este preso los señala a
uno por uno: fiscales, abogados, jueces, presidente, “nos dejan morir”.

 

La cámara deja de filmar a Ricardo para pasar a mostrar las condiciones de
reclusión: un water oxidado al lado de algo que a duras penas recuerda a una
pileta, un agujero en el lugar del duchero, los inventos precarios que usan
para calentar el agua –que, además, almacenan en botellas de plástico,
porque agua no hay– y los dejan en riesgo permanente de “prendernos fuego
acá adentro”, “trancados todo el día, 24 horas sin tener patio, sin tener
nada, dos, tres meses sin tan si quiera tener media hora de patio, quiero
que me digan las autoridades si esto es humano”, repite, una y otra vez, el
preso que está en la celda de al lado, mientras Ricardo sigue tirado.

 

Los partes 

 

“El interno se sintió mal sobre el mediodía, fue atendido en el servicio
médico de la cárcel y retornado rato después a su celda cuando se entendió
que estaba estabilizado. Allí volvió a sentirse mal. Otros internos
reclamaron nuevamente su urgente atención médica, pero cuando llegaron, el
paciente ya había fallecido”, da cuenta Juan Miguel Petit, comisionado
parlamentario para el sistema penitenciario, en un comunicado que publicó el
lunes y en el que comienza diciendo que lo que muestran esos videos ocurrió
el sábado 30 de marzo “en el sector de prisión preventiva para primarios, en
circunstancias que son escrutadas ahora por una investigación administrativa
del Instituto Nacional de Rehabilitación, la Fiscalía y las autoridades
sanitarias”. En el comunicado, Petit acota que en ese sector del Módulo 8 se
encuentran presos primarios “técnicamente inocentes, a la espera de juicio”.

 

La Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad de Asse había
solicitado a la justicia que “buscara una alternativa a la reclusión”, con
base en un informe en el que se establecía que Ricardo, de 57 años,
“soportaba una pesada carga mórbida” que comprometía “su pronóstico vital y
funcional a corto, mediano y largo plazo, lo que se potencia en su encierro.
El paciente es hipertenso, hiperuricémico, dislipémico, hipotiroideo y
portador de insuficiencia cardíaca y renal”, según consta en un comunicado
que Asse envió a Brecha, único pronunciamiento que las autoridades
accedieron a dar. A través de este texto se aclaró que “el médico de guardia
estaba en la enfermería asistiendo a otros pacientes heridos durante una
reyerta entre reclusos que exigían atención urgente” y que, 20 minutos
después del llamado de la guardia, “el médico y el enfermero llegan hasta la
celda de esta persona y la encuentran en paro cardiorrespiratorio. Se
realizan las tareas de reanimación sin éxito y se constata el
fallecimiento”.

 

Petit señaló a Brecha que es difícil juzgar al personal que intervino,
porque “el acto médico estuvo alterado por un ambiente totalmente anormal”.
Las condiciones laborales de los médicos que trabajan en las cárceles están
directamente relacionadas con las de reclusión, y Matías Suárez, del
Sindicato Médico del Uruguay (Smu), dijo a este semanario que ha sido
imposible lograr mejoras mediante la negociación con el Sistema de Atención
Integral a Personas Privadas de Libertad (Sai-Ppl), en parte porque los
mandos medios cambian constantemente, no existe acumulación y “hay que estar
arrancando de cero cada vez”.

 

Algunos aspectos que los médicos señalan coinciden con los descriptos por
Petit: “No es un lugar para atender a un paciente realmente grave, para
mantener con vida a alguien durante mucho tiempo”, y las coordinaciones para
los traslados “llevan horas”, señaló Suárez, que detalló que el tiempo que
pasa “entre el aviso de la guardia y el momento en que se ve al paciente es
superior al que resiste alguien con un paro cardíaco. En este ambiente, la
accesibilidad a la salud es complicada”.

 

Suárez aclaró que en algunas cárceles, como en la Unidad 9, ex Molino, donde
viven mujeres embarazadas o con niños a cargo, no se cuenta con pediatra ni
ginecólogo y la mitad de las noches de la semana no hay siquiera un médico.
Sobre el Comcar, agregó que años atrás las guardias eran de dos médicos,
pero actualmente las realiza uno solo. El dirigente del Smu también explicó
que en algunas cárceles más pequeñas no siempre que el profesional sale de
licencia hay quien haga su suplencia.

 

El todo

 

Además de la del Comcar, Asse se encarga de la atención sanitaria de Cárcel
Central, el Penal de Libertad, Cárcel de Mujeres, las dos unidades conocidas
como Punta de Rieles, ex Molino y Rivera –que abarcan alrededor de dos
tercios de la población penitenciaria, del resto se hace cargo Sanidad
Policial–, mediante 58 médicos, 12 licenciados en enfermería y 76
auxiliares, según información proporcionada por Sai-Ppl a Brecha. En el
Comcar, particularmente, donde viven más de tres mil personas, cuentan con
15 médicos, dos licenciados en enfermería y 15 auxiliares, que se rotan para
cubrir las guardias.

 

En lo que va de 2019, murieron diez personas en las cárceles (seis de ellas
en el Comcar), cuatro por homicidio, tres por enfermedad, dos por suicidio y
una por un accidente. Mientras tanto, en 2018 fueron un total de 37 muertes
(13 en el Comcar), 18 por homicidio, diez por enfermedad, ocho por suicidio
y una por violencia institucional. (1)

 

En este marco, Petit envió el miércoles pasado una carta con recomendaciones
a Eduardo Bonomi, ministro del Interior, y a Marcos Carámbula, presidente de
Asse, en la que planteó que Ricardo “tenía claras señales de ser portador de
cardiopatías que requerían un seguimiento, observación y condiciones de
residencia adecuadas muy diferentes de las que tuvo”, y que “en la recorrida
realizada con motivo del referido fallecimiento” se identificaron otros
casos “que también requerían una internación alternativa a la que tenían
para evitar el agravamiento de su cuadro sanitario”, lo que configura “una
señal más de que se requiere crear una alternativa con capacidad de atención
médica”. A su vez, agregó que “constantemente vemos internos que deben
encarar tratamientos, procesos pre o posoperatorios, enfermedades crónicas
invalidantes, cuadros de observación médica, cuya situación se agrava al
tener que volver al régimen general de reclusión”.

 

En ese sentido, recomendó crear un servicio de salud de baja y mediana
complejidad en el Módulo 12 del Comcar, espacio que actualmente se encuentra
vacío y donde hay cuatro sectores con capacidad cada uno para 12 personas,
que se use para “la atención médica de muchos internos que hoy tienen
dificultades de curación en el régimen habitual de celda”, y que, además,
permita “ordenar la canalización de situaciones hacia el sistema asistencial
externo y el reintegro de internos que vuelven de un tratamiento, examen o
intervención extramuros”.

 

El sistema

 

Para el comisionado, “la violencia y el delito son, también, un problema de
salud pública, en su génesis y en sus consecuencias”, por lo que en su carta
a las dos autoridades volvió a citar las Reglas Nelson Mandela, ratificadas
por Uruguay, que establecen que “la prestación de servicios médicos a los
reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los
mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la
comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud
necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica”.

 

En este sentido, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Onu, que visitó las
cárceles uruguayas hace un año, identificó “serios problemas causados y
agravados por la división de los dos sistemas de salud”, el de Asse y el de
Sanidad Policial, y “observó falta de coordinación y de intercambio de
información, condiciones laborales muy malas, y carencia de infraestructura
y medios adecuados”. (2) En el informe se señala que “el ejemplo más crítico
fue el de la policlínica de la Unidad 7 de Canelones (en manos de Sanidad
Policial), la cual padece de falta de agua y de espacios limpios”, y se
agrega que “en la policlínica había un cuarto clausurado debido a la
presencia de hongos, infiltraciones, desagües de materia fecal y ratas. El
baño y un cuarto pequeño donde guardan los medicamentos también presentaban
estos problemas”.

 

Sin embargo, hecha la consulta al Ministerio de Salud Pública, las
autoridades trasmitieron a Brecha que este tema es competencia exclusiva de
Asse, pese a que esta administración no es la única que asiste a la
población penitenciaria y pese a que la cartera es la policía sanitaria de
todo el sistema. 

 

Notas 

 

1) Este último es el caso de Carlos Núñez, que murió luego de que un miembro
de la guardia policial le disparara un proyectil de gas lacrimógeno por la
espalda. Casi seis meses después de su muerte, la justicia no ha determinado
aún al responsable. Véase “Por la espalda”, Brecha, 7-XII-18.  

2) Las autoridades recién hicieron público el informe en febrero, a partir
de un pedido de acceso a la información pública del suplemento Qué Pasa del
diario El País, pese a que la visita se realizó en marzo de 2018.

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La tasa de tuberculosis es 25 veces mayor en privados de libertad que en la
población en general 

 

Las personas con VIH+ y aquellos que mantienen contacto con enfermos también
son grupos de riesgos con una tasa mucho mayor. 

 

La Diaria, 4-4-2019 

https://salud.ladiaria.com.uy/

 

La tuberculosis (TB) sigue siendo la enfermedad infecciosa más letal del
mundo; así lo anunció la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 24 de
marzo, cuando se conmemoró el día internacional de concientización sobre
esta enfermedad. En Uruguay las cifras de TB preocupan, aunque se establecen
en un nivel medio en comparación con la región. Según el informe “Situación
de la tuberculosis en Uruguay 2018”, del doctor Fernando Arrieta, de la
Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes
(CHLA-EP), la tasa de tuberculosis cada 100.000 habitantes es de 28,6 en la
población general, pero asciende a 742,2 en los privados de libertad y a
1.192,3 en las personas con virus de inmunodeficiencia humana positivo
(VIH+). 

 

La TB es una infección bacteriana que ataca los pulmones, pero puede también
dañar otras partes del cuerpo; se contagia fácilmente a través del aire,
cuando una persona enferma de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla.
Los síntomas suelen ser tos severa por más de tres semanas, baja de peso,
escupir sangre o mucosidad, debilidad y fatiga, fiebre y escalofríos. La TB
puede ser mortal si no se trata a tiempo, pero en la mayoría de los casos
puede curarse con un tratamiento de medicamentos que dura aproximadamente
seis meses.

 

Uruguay tiene buenas cifras de tratamientos: la evaluación en la cohorte de
2017 arroja que 74,9% de los tratamientos fueron exitosos y no hubo
fracasos, se constató 7,9% de fallecidos y 12,1% de casos a los que se les
perdió el seguimiento. “Estamos en el promedio de la región de América.
Creemos que la tasa de éxito de los tratamientos tiene que ser mayor y
sabemos que no lo es porque hay pacientes que dejan de tratarse. Son seis
meses de tratamiento, para la persona no tiene costo ninguno, la CHLA-EP
paga el tratamiento y los boletos para poder ir a recibir la medicación,
mientras que a los privados de libertad se les lleva”, detalló Arrieta en
diálogo con la diaria.

 

Poblaciones de riesgo

 

La situación de las personas privadas de libertad preocupa; según Arrieta,
se repite en Uruguay y en todo el mundo: la tasa de TB se multiplica en las
cárceles. Una de las medidas que se aplicaron en nuestro país para tratar de
paliar esta situación es aumentar los diagnósticos; por eso, cuando las
personas entran al sistema penitenciario se les hacen estudios de
expectoración y así se encuentran padecientes de TB antes de que empiecen a
convivir en las celdas.

 

Otra de las medidas que se tomaron es formar a los médicos que trabajan en
las cárceles, que “entiendan la importancia de buscar casos de tuberculosis
en esta población”, aseguró Arrieta. Además, resaltó: “El tratamiento está
garantizado, lo tienen todos y en forma gratuita, ninguno abandona el
tratamiento”. Sin embargo, la realidad carcelaria está lejos de lo que
indican los protocolos; más allá de que la medicación llegue a la cárcel,
muchas veces no llega a los pacientes, y otras tantas se pica para
administrarla, disminuyendo su eficacia. Además, lo recomendado por las
autoridades sanitarias es que cuando una persona es diagnosticada se la
aísle al menos 15 días, para evitar el contagio, pero hoy en día no hay
espacios de aislamiento en las cárceles, por lo que las personas
diagnosticadas siguen conviviendo con otras sanas. Otra cuestión que se ve
comprometida en los contextos de encierro es la continuidad de los
tratamientos, generando así resistencias y mayores posibilidades de
contagio.

 

La gran diferencia entre la tasa de tuberculosis en la población general y
en los privados de libertad son las condiciones de vida, estableció Arrieta.
En las cárceles “tienen condiciones mucho más propicias para que la
tuberculosis se disemine y eso pasa en el mundo entero, la gente está
hacinada, entonces es más fácil que la tuberculosis se contagie. Además, es
una población que muchas veces presenta trastornos de nutrición y otras
patologías que los hacen más propensos a la tuberculosis”. Las personas con
VIH+ son otro gran grupo de riesgo, ya que tienen su sistema inmunitario
comprometido, lo que los hace más propensos a contagiarse de tuberculosis.
En el caso de los privados de libertad que además tienen VIH+ se garantizan
ambos tratamientos de forma paralela, según Arrieta.

 

Por otra parte, aquellos que tienen contacto con personas con TB son un gran
grupo de riesgo. El informe de este año señala que la tasa de TB cada
100.000 habitantes en el grupo “contactos convivientes” es de 3.784,6 (135
veces más que en la población general) cuando en el informe del año anterior
se situaba en 1.703,1. Arrieta detalló que este aumento se puede explicar
por el cambio en el registro: “Lo que se detectó últimamente es una aumento
en la cantidad de contacto con vivientes que hemos podido estudiar; si una
persona enferma declara que convive con cinco personas, buscamos estudiarlas
a todas, hacerles un estudio de radiología, y si tienen tos y flema también
estudios de expectoración, pero eso depende de que las personas se hagan los
estudios, porque no se las puede obligar; en algunos lo logramos y otros
no”. 

 

Programa antituberculosis

 

“Los médicos de nuestro país se olvidaron de la tuberculosis”, subrayó
Arrieta. Según él, las cifras de TB fueron bajando a lo largo de los años y
eso provocó que el cuerpo médico ya no considere la enfermedad a la hora de
diagnosticar un cuadro con los síntomas clásicos de la TB. Desde 2018 se
implementa un programa antituberculosis liderado por la CHLA-EP junto al
Ministerio de Salud Pública, que tiene entre sus objetivos la formación a
los médicos. Comenzaron trabajando con los profesionales de la
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de Montevideo,
porque allí es donde está la mayor cantidad de pacientes.

 

La otra gran parte del programa se apoya en la descentralización: se busca
que “los prestadores vuelvan a hacer los diagnósticos de tuberculosis,
porque era algo que estaba centralizado casi exclusivamente en la CHLA-EP,
casi todos los estudios se hacían en el laboratorio nacional de referencia y
eso retarda el diagnóstico, por eso estamos tratando de cambiar”, comentó el
médico, quién aseguró que “se ha avanzado mucho el año pasado y todavía
queda mucho por mejorar”.

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