Rusia/ La lucha contra el olvido de las purgas estalinistas [María R. Sahuquillo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de abril 2019

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Rusia

 

La lucha contra el olvido de las purgas estalinistas

 

Cientos de personas buscan saber qué ocurrió a sus allegados condenados
durante la dictadura de Stalin. Las autoridades rusas sellan el acceso al
archivo del precursor del KGB

 

María R. Sahuquillo, corresponsal en Moscú 

El País, 8-4-2019  

https://elpais.com/internacional/

 

En casa de George Shajet su abuelo era innombrable. Un secreto peligroso y
aterrador. Aún hoy, a este actor ruso de 73 años, de rostro alargado y
mirada triste, le cuesta pronunciar su nombre. “Pavel Zabotin, ingeniero”,
dice muy serio. Hace solo un par de años constató lo que siempre, en lo más
profundo, había sospechado. Su abuelo había sido declarado “enemigo del
pueblo”. Sentenciado y ejecutado a tiros en 1934 por orden de la llamada
Troika Especial, la comisión extrajudicial de la NKVD (el comisariado del
Pueblo para los Asuntos Internos de la Unión Soviética, predecesor del KGB).
Tenía 45 años. Desde que lo supo, Shajet investiga su caso. Busca llenar
esos enormes agujeros de la historia familiar. “Necesito saber. Y
rehabilitar su memoria”, recalca.

 

Poco a poco, Shajet despliega sobre la mesa de un nebuloso café de Moscú lo
que le queda de su abuelo Pavel. Un par de retratos fotográficos de época
que le muestran como un hombre serio, de rostro redondeado y bigote. La
instantánea de una reunión familiar. Una tarjeta de visita. Es todo. Tras
hallar el nombre del ingeniero represaliado en los densos archivos de
Memorial, una organización de derechos humanos que trata de mantener la
memoria histórica de los crímenes del estalinismo, Shajet reclamó
información a todas las instituciones oficiales. Sin éxito. Ahora, sus
esperanzas se van apagando. Hace solo un par de semanas, varios tribunales
rusos ampararon el derecho al Servicio Especial de Seguridad (FSB) --que
custodia los documentos del NKVD--, a negar el acceso a los archivos. Y
determinaron sellarlos.

 

En esos documentos están los nombres de los verdugos de Pavel Zabotin. Y de
quienes condenaron a un gulag al abuelo de Serguéi Prudovski, cuya petición
al FSB ha desencadenado uno de los varapalos judiciales. El acceso a esos
documentos, “podría perjudicar tanto a los familiares vivos de los
funcionarios que firmaron los protocolos como a la evaluación objetiva del
periodo histórico 1937-1938”, según la asesora legal principal del FSB,
Yelena Zimatkina. Es decir, los años de la Gran Purga, conocidos en la Rusia
moderna como el Gran Terror (o el 37); cuando las oleadas represivas del
estalinismo alcanzaron su apogeo.

 

Más de un millón de personas fueron fusiladas. Cuatro millones, enviados a
campos de trabajo. Cerca de 6,5 millones, deportados durante las purgas de
la dictadura de Josef Stalin (1878-1953). Socialistas, anarquistas, miembros
del Partido Comunista Soviético, opositores, cualquiera que diera muestras
de ser “enemigo del pueblo”.

 

“En total son cerca de 12 millones de personas que deberían ser
rehabilitados”, señala Yan Rachinski, director de Memorial. En su despacho
se acumulan varias cajas, que son solo una pequeña parte de la enorme base
documental que la organización ha ido recopilando a lo largo de los años.
Para muchos, la única posibilidad de conocer el pasado. La ley obliga a
desclasificar los documentos que tienen más de 75 años. Pero en la práctica,
los archivos de la NKVD y sus troikas –las comisiones extrajudiciales tenían
tres miembros que, tras una investigación simplificada y sin juicio, emitían
sentencias y condenas-- son casi inaccesibles. “Y la situación es cada vez
más difícil”, apunta el reputado historiador.

 

A mediados de marzo, un tribunal de Novosibirsk (Siberia) negó al
investigador Denis Karagodin la lectura de los documentos del caso de su
bisabuelo, Stepán Karagodin, y de otros represaliados. Una medida grave.
Hasta entonces, habían estado abiertos los archivos estatales --que
almacenaban los dossieres del Partido Comunista, los únicos
desclasificados--, como el de Novosibirsk, que prepara ahora la instalación
de una estatua de Stalin, financiada y reclamada por el Partido comunista
local. Una bofetada en la tercera ciudad más grande de Rusia, que el
dictador visitó solo una vez y que acoge uno de los monumentos a los
represaliados políticos erigidos en Rusia.

 

“[El FSB] no quiere que se demuestre que, con acusaciones inventadas y
juicios sin garantías, se ejecutó y condenó duramente a millones de
personas”, se indigna el historiador y empresario Sergei Prudovski. Su
abuelo, Stepán Kuznetsov, fue uno de los llamados ‘rusos de Harbin’,
ciudadanos enviados a construir el Ferrocaril del Este de China. A su
vuelta, en 1935, se les recibió como héroes. Dos años después, empezó su
represión. Se les consideró espías o agentes extranjeros de Japón o
Alemania, miles de ellos fueron ejecutados.

 

Kuznetsov fue a parar a campos de trabajo. Pasó allí casi 20 años. A su
vuelta a Moscú, relató la penosa vida en aquellos gulags en dos cuadernos de
memorias. Prudovski, los encontró. Y desde entonces se ha dedicado a
investigar lo ocurrido con los ‘rusos de Harbin’. Su abuelo, cuenta en su
despacho, en un barrio a las afueras de Moscú, había recopilado una lista de
20 nombres de otros represaliados. Y de ahí fue tirando del hilo. Y no se
cansará de hacerlo. “Voy a recurrir a todas las instancias para acceder a
los casos”, señala.

 

La recuperación de la memoria histórica es un tema enormemente espinoso en
Rusia, que todavía vive al borde de una amnesia histórica. El cuerpo de
Stalin fue sacado del mausoleo de Lenin en 1961. Sin embargo, aún está
enterrado en la Plaza Roja, bajo la muralla del Kremlin. Y cada año, en el
aniversario de su muerte, decenas de personas se acercan a dejarle flores.

 

En el país euroasiático, el 19% de los jóvenes dice no saber nada sobre la
represión de Stalin; el 26% apunta que le es difícil caracterizarla, según
una encuesta de 2016 del Centro Levada (independiente). Y aunque en los
últimos años se han erigido monumentos en memoria de las víctimas —el
presidente Vladímir Putin inauguró uno en 2017— y colocado algunas placas en
las casas donde vivieron los represaliados las autoridades eluden el debate.
“Putin condena honestamente las represiones, pero reconocer que el Estado
era criminal —y en la época soviética lo era— es, para él, una forma de
cuestionar el estado de hoy”, opina el presidente de la ONG Memorial, que
reclama el acceso total a los documentos del NKVD.

 

No lo tiene tan claro Ekaterina Vinokurova, del Consejo de Derechos Humanos
de Rusia. “Se puede difundir el nombre de las víctimas y sus casos, pero me
surgen dudas sobre los miembros de las troikas y los ejecutores. Puede dejar
una sociedad fragmentada y crear un clima de odio”, considera la activista,
que desde hace unos días colabora también con la cadena estatal RT.

 

Memorial –que fue definida por las autoridades como ‘agente extranjero’, lo
que ha dificultado su trabajo-- no tiene constancia de que algo así haya
ocurrido nunca. De hecho, hay casos de familiares de ejecutores que han
contactado a los allegados de represaliados para pedirles perdón. Como en el
caso de la familia Karagodin, que recibió una carta de disculpas de una de
las nietas de su verdugo.

 

“Están enterrando la memoria histórica”, dice abrumado el actor Shajet. Con
los pocos datos que ha conseguido y algunos fragmentos de conversaciones
familiares que escuchó en su infancia, ha dibujado la figura de Pavel
Zabotin. El hombre, que había sido ingeniero militar y luego de obra civil,
fue detenido por robar supuestamente material en una de las obras en las que
trabajaba y venderlo, cuenta Shajet al borde del llanto: “Pero las troikas
de la NKVD no se ocupaban de esos delitos. Si se descubre que es verdad me
dolerá, pero quiero saberlo. Es la historia de mi familia, de mi patria;
porque mi familia es mi patria”.

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