Ecuador/ Del correísmo al morenismo: ¿realmente hay un «giro a la derecha»? [Pablo Ospina Peralta]

Mie Abr 10 15:12:28 UYT 2019

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Correspondencia de Prensa

10 de abril 2019

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Ecuador

Del correísmo al morenismo

¿Realmente hay un «giro a la derecha»? 

Pese a que numerosos analistas hablan de un «giro a la derecha» con el
gobierno de Lenin Moreno, la administración de Rafael Correa ya había hecho
un ajuste fiscal y concesionado los más ricos pozos petroleros ecuatorianos
a transnacionales. Moreno profundizó ese modelo, aun cuando en otras áreas
viró hacia políticas más progresistas. Las últimas elecciones municipales
constituyeron un desplome del correísmo. A la vez, mostraron un equilibrio
entre la derecha, el morenismo, y los movimientos sociales e indígenas. En
las resistencias al nuevo (des)orden emergente se encuentran las semillas
posibles para la germinación de un orden alternativo.

Pablo Ospina Peralta *

Nueva Sociedad, abril 2019

http://nuso.org/

Hace dos años Lenin Moreno asumió la presidencia de Ecuador en sustitución
de Rafael Correa, uno de los referentes del progresismo sudamericano. Sin
embargo, desde hace algún tiempo, numerosos analistas hablan de un «giro a
la derecha» en la política de Ecuador a partir del gobierno de Moreno. Tal
es así que, el 29 de marzo de 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
hizo público el acuerdo de servicio ampliado alcanzado con el gobierno
ecuatoriano: a cambio de una línea de crédito de un poco más de 10 mil
millones de dólares, el gobierno se compromete a adoptar rápidas y
draconianas medidas de ajuste para rebajar su déficit fiscal en dos años.
¿Se confirma entonces el «giro a la derecha» tal como afirman los seguidores
de Rafael Correa dentro y fuera del Ecuador?

Si la política económica ecuatoriana puede ser legítimamente calificada como
de «derechas», lo discutible es que con Moreno hayamos presenciado algún
«giro». Luego de las veleidades heterodoxas de los primeros años del
correísmo, el gobierno de Alianza País las venía abandonando sostenida y
consistentemente. Como se trató de un abandono sostenido y consistente,
puede discutirse cuándo empezó exactamente. Lo indiscutible es que se
acentuó a partir del año 2014, cuando se hizo evidente el fin del ciclo
ascendente del precio de los commodities y, especialmente, del petróleo. La
conducción económica morenista tiene más continuidades que rupturas con el
gobierno anterior. Rafael Correa había realizado ya un ajuste fiscal digno
del más ortodoxo de los acuerdos con el FMI: el gasto del presupuesto
general del Estado pasó de 44,3 mil millones de dólares en 2014 a 37,6 mil
millones en 2016 (con Lenin Moreno el gasto aumentó a 38 mil millones en
2017). El endeudamiento público, interno y externo, que le costaba cada año
al Estado el 2,8% del PIB en 2012, pasó al 8,1% en 2016 y al 9% en 2017. La
urgencia por obtener financiamiento a cualquier precio ya había llevado a
Rafael Correa a negociar el oro de la reserva con Goldman Sachs, a pagar
daños y perjuicios a la compañía petrolera Texaco, a concesionar los más
ricos pozos petroleros ecuatorianos a transnacionales como Schlumberger, a
echar mano a los fondos de pensiones y de salud de los trabajadores, a
firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea y a entregar
garantías en petróleo a China y Tailandia. Es decir, a relegar al olvido
cualquier gesto antiimperialista del pasado. Lenin Moreno ha continuado el
mismo camino tanto en el incremento de los montos de la deuda como en la
conciliación ecuménica con los guardianes de la ortodoxia neoliberal. Para
ser más precisos, el propio ex presidente Rafael Correa fue quien trajo de
vuelta al FMI en el año 2014, en clara señal de que preparaba (aunque buscó
retrasar) un acuerdo para obtener las líneas de crédito a las que accedió su
sucesor. La claudicación está lejos de ser una innovación morenista.

Algunas políticas gubernamentales específicas del morenismo son, de hecho,
un giro a la izquierda: aceptó que debía pagar la deuda gubernamental con el
Fondo de Salud del Instituto de Seguridad Social que el correísmo había
desconocido, y volvió a incluir el aporte anual de más de mil millones de
dólares al fondo de pensiones, que su antecesor había eliminado en una de
las decisiones que más lo deshonra. Otras medidas son, claramente, un giro a
la derecha, como una serie de actuaciones de política internacional
penosamente serviles. A la izquierda cuentan algunas de sus nuevas
iniciativas para la educación básica y superior, así como la actitud
adoptada en el tema de salud sexual y reproductiva; a la derecha sus
anuncios de privatización de empresas públicas rentables (como la ANT)
mientras deja en manos del Estado las que tienen pérdidas (como la empresa
aeronáutica TAME). Como han sintetizado brillantemente Alberto Acosta y John
Cajas Guijarro, la marcha del gobierno parece la de un borracho que se
tambalea de un lado para el otro.

La novedad del momento está en otra parte, lejos de la caracterización de
las políticas gubernamentales. El panorama electoral surgido de los comicios
locales del domingo 24 de marzo de 2019 es quizás la mejor expresión de esta
nueva situación que encarna el morenismo y que lo distancia del correísmo.
Por todas partes cunde la dispersión y la fragmentación, una dispersión
provocada por la implosión de Alianza País, el partido dominante de la
última década. Creció mucho la influencia de movimientos locales (obtuvieron
42 alcaldías, cuando tenían solo 26 hace 5 años), mientras el morenismo
alcanzó mejores resultados de lo esperado (45 alcaldías entre Alianza País y
sus aliados), explicables menos por el atractivo de un gobierno cada vez más
impopular que por el cálculo de muchos caudillos y líderes locales que
esperan obtener apoyos necesarios y urgentes en un país con muy poca
autonomía en la financiación de los gobiernos locales. El correísmo sufrió
una derrota nacional contundente (no ganó ninguna alcaldía a pesar de
presentar 46 candidatos en 13 provincias, de los cuales 30 obtuvieron menos
del 10% de los votos válidos de su jurisdicción) pero matizada por una
victoria inesperada en Quito y una votación consistente en Guayas y Manabí,
que lo mantienen expectante aunque aislado porque tiene un electorado fiel
cuyo número desciende pero sigue votando «en plancha». La derecha política
crece significativamente pero sigue dividida entre dos opciones que se
niegan a la conciliación, y entre las cuales las elecciones locales no
alcanzaron a zanjar la controversia sobre sus oportunidades futuras. Una de
ellas, el Partido Social Cristiano, consolidó su presencia regional en la
Costa y pasó de 11 alcaldías a 35, la mayoría concentrada en la provincia
del Guayas, incluyendo la ratificación de su vieja hegemonía en la ciudad de
Guayaquil. La otra, el aparato electoral del banquero guayaquileño Guillermo
Lasso, pierde en ciudades grandes pero pasa de 18 a 32 alcaldías
distribuidas de manera mucho más que equilibrada en el territorio nacional
(18 en la Costa y 12 en la Sierra). Pachakutik, el partido ligado al
movimiento indígena, extiende su influencia hacia importantes provincias de
la sierra ecuatoriana (ganó las prefecturas provinciales del Azuay y
Tungurahua, donde no había ganado nunca), conserva varios de sus bastiones
tradicionales, pero reduce el número de sus alcaldías de 26 a 16, aunque
ganó en dos capitales provinciales. No hay, pues, grandes ganadores: las
fuerzas se equilibran y el voto se hace volátil y se dispersa. Otra señal de
la inaudita fragmentación es que muchos alcaldes o prefectos ganaron con
menos del 20% de los votos (el alcalde de Sangolquí, ciudad satélite de
Quito, ganó con el 14% de los votos). 

La dispersión y la fragmentación alcanzan también al gobierno central, que
carece de las herramientas de poder suficientes para imponer sus agendas
económicas y sociales aplastando cualquier oposición, como lo hacía el
correísmo. Quizás nada lo ilustre mejor que la victoria del plebiscito local
sobre la minería en el municipio de Girón, cerca de Cuenca, en la Sierra
sur, donde la negativa al proyecto minero de Kimsacocha ganó con el 87% de
los sufragios. La sola posibilidad de una consulta popular local sobre este
tema estaba completamente clausurada durante los años correístas. Ni el
sistema judicial, ni las instancias encargadas del sistema electoral, las
permitieron. El gobierno de Lenin Moreno, empeñado como su predecesor en
impulsar la minería metálica a gran escala, tampoco la quería, pero fue
incapaz de impedirla. Esa es, precisamente, la novedad más importante del
momento: éste es un gobierno que los movimientos sociales pueden enfrentar
con más ventaja. Sus políticas no son mejores ni peores; algunas son
mejores, otras peores. Lo central es que su fragilidad política lo vuelve
más vulnerable y, por lo tanto, más accesible. En las resistencias al nuevo
(des)orden emergente se encuentran las semillas posibles para la germinación
de un orden alternativo. 

* Historiador. Es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar,
investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos y militante de la
Comisión de Vivencia, Fe y Política.

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