Ecuador/ Defensoras de la Pachamama. La lucha de las comunidades contra la minería [Raúl Zibechi]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de agosto 2019

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Ecuador 

 

La lucha de las comunidades contra la minería

 

Defensoras de la Pachamama 

 

En Ecuador las explotaciones mineras enfrentan una creciente resistencia
indígena y popular. Protagonizado por las mujeres, el movimiento se ha
convertido en la principal oposición a los megaemprendimientos. Las
victorias que cosecha en los planos social y judicial lo han puesto en el
centro del escenario político de las regiones andinas.

 

Raúl Zibechi, desde Cuenca

Brecha, 9-9-2019

https://brecha.com.uy/

 

“Sin las mujeres no habría resistencia a la minería ni movimiento social”,
enfatiza uno de los mayores de la ronda, que va creciendo alrededor del
fogón en el que se cocinan empanadas. El fuego arde pegado al camino de
tierra que conduce a la mina Río Blanco, donde la comunidad San Pedro de
Yumate mantiene un bloqueo permanente del paso de maquinaria y vehículos de
la empresa minera. La treintena de personas que integramos la ronda, a casi
3 mil metros de altura, rodeados por un bosque húmedo semitropical, estamos
distribuidos de forma asimétrica. En una punta los varones, hablamos,
analizamos y seguimos hablando. En tanto, las mujeres, la mayoría del grupo,
se afanan en torno al fogón armando empanadas de queso y banano, dorándolas
sobre el aceite y disponiendo los trastos para comer y beber.

 

Adornando las construcciones donde los comuneros se cobijan de la lluvia y
el frío, se destacan grandes murales multicolores y una pintada que reza:
“¡Fuera, chinos!”. Una casilla y una barrera de control completan el cierre
del camino. “Este lugar nació el 8 de mayo de 2018, cuando las comunidades
de la zona se organizaron para quemar el campamento minero”, explica Paul,
de 27 años, quien luce una sonrisa tan estridente como su sombrero rojo.
Yumate pertenece a la parroquia de Molleturo, de unos 15 mil habitantes,
centro de una región que incluye 72 comunidades. “El levantamiento lo
hicieron unas 30 comunidades y todo empezó hace muchos años, por un grupo de
mujeres que se llaman pachamamas, campesinas mayores de la parroquia”,
explica Klever, otro joven que se regocija relatando su historia.

 

Chinos contra el Páramo

 

“4.000 m.s.n.m.”, advierte un cartel instalado en el punto más alto de la
carretera que conduce de Cuenca hasta Guayaquil, en un punto que llaman Tres
Cruces. Todo el camino es cuesta arriba por una excelente carretera que
atraviesa el Parque Nacional de Cajas, un enorme macizo de páramo que, como
dicen los comuneros, es una verdadera fábrica de agua. Por cierto, el agua
de la colonial Cuenca (medio millón de habitantes) es pura, cristalina y
potable, algo ya casi imposible en las ciudades latinoamericanas.

 

El recorrido de una hora se hace demasiado corto. Decenas de cataratas caen
a la vera del camino, otras tantas se observan a la distancia, desplomándose
de las montañas verticales a las que sólo acceden cóndores y halcones, y se
esconden lagos glaciares y hasta mil fuentes de agua. Gloria tiene un
pequeño restaurante cerca de Tres Cruces y conoce el páramo desde hace tres
décadas. “El parque tiene unas 280 lagunas, pero hace tres años
militarizaron toda la región”, se queja, “por la cuestión de la minería”.

 

El “control comunitario” para impedir el tránsito queda bastante más abajo,
cuando la serranía se trasmuta en selva de altura y aparecen las frutas, los
plátanos y los castaños, donde las petulantes orquídeas y las bromelias
altaneras pavonean sus colores. “Aquí pasaban unas 20 volquetas cada día,
que nos robaron 330 toneladas de minerales”, insiste Paul debajo de un
poncho demasiado holgado.

 

La minera Río Blanco debería ser una anomalía en Ecuador, después de que el
Mandato Constituyente de 2008, o Mandato Minero, ordenara dejar sin efecto
las concesiones que afectan fuentes de agua y zonas protegidas. Sin embargo,
entre 2016 y 2017 el gobierno de Rafael Correa anunció la reapertura del
catastro minero con concesiones por casi 3 millones de hectáreas, lo que
representa el 11 por ciento del territorio nacional. Una doble anomalía, si
se quiere, porque el referéndum constitucional convocado por el actual
presidente, Lenín Moreno, en febrero de 2018, incluyó una pregunta sobre la
prohibición de la minería metálica “en áreas protegidas, zonas intangibles y
centros urbanos”, que fue respondida afirmativamente por el 68 por ciento de
los votantes.

 

Pese a todo, la minería es una realidad omnipresente. En 2017 Ecuador ganó
dos premios internacionales, concedidos por fundaciones mineras, como Mejor
País en Desarrollo Minero y País más Innovador en esa área. La provincia de
Azuay, en el sur, cuya capital es Cuenca, se lleva la palma de la
resistencia a ese modelo: “Las comunidades de Kimsacocha y Río Blanco llevan
ya una década resistiendo a la minería”, explica la economista Nataly
Torres, que integra el Colectivo de Geografía Crítica. Ambas minas están
localizadas en áreas protegidas, donde nacen cinco ríos que riegan la
provincia. Los dos proyectos pretenden extraer oro. En 2013, Río Blanco fue
adquirida por Ecuagoldmining, perteneciente al consorcio chino Junefield. El
dragón asiático es el mayor inversor en minería en Ecuador, superando a
Canadá.

 

Según la socióloga Lina Solano, de la Universidad de Cuenca, en la región
del Cajas, en Azuay, se registran los mismos impactos negativos que conlleva
la minería en toda América Latina: vulneración de los derechos humanos,
militarización, criminalización de la protesta, división de las comunidades
y pesadas consecuencias ambientales.

 

Triunfos que animan 

 

En agosto de 2018 la Corte Provincial de Azuay dictaminó la suspensión del
proyecto Río Blanco, que entraba en la etapa de explotación. La justicia
contempló la petición de medidas de protección interpuestas por los
habitantes de la parroquia de Molleturo. Pero no llegaron a esta instancia
sólo mediante el papeleo judicial, sino a través de una larga pelea casa por
casa y persona por persona.

 

“En 2017 se hizo el primer paro de la comunidad de Río Blanco”, relata Paul.
“Pero vimos que la empresa compraba a los dirigentes, porque había una
conciencia de que esta lucha era similar a la que se hace por los derechos
laborales, que siempre termina en negociación y acuerdo.” Cuando asumieron
esa realidad, tomaron otro camino. Lo primero fue apostarles a las mujeres
mayores y a la naturaleza.

 

“De noche marchaba con mi amigo Ismael a escuchar las lagunas, desafiando el
frío tremendo, hasta que las lagunas nos empezaron a hablar”, sigue Paul,
golpeando el poncho como para sacarse el frío. “Tenía 23 años y cuando
regresé a mi casa, no sé por qué, me puse a escuchar una grabación que se
llama Entre la luz y la sombra, que después supe que era del subcomandante
Marcos.” Descerraja una sonrisa traviesa, pero no para de hablar, repitiendo
como un mantra la palabra “autonomía”.

 

“Durante año y medio un pequeño grupo nos dedicamos a caminar y recorrer las
comunidades, golpeando puertas, hablando con cada familia sobre lo que se
nos venía con la minera.” Descubrieron que era el modo de establecer lazos
de confianza para proseguir la resistencia, con base en relaciones cara a
cara, sin representantes que luego se venden. De alguna manera, es la forma
de recrear la construcción de comunidad, una tradición que todos respetan y
con la que se identifican.

 

Cuando decidieron quemar el campamento minero, “una acción colectiva sin
heridos ni muertos”, las mujeres ocuparon la primera fila y arrostraron a
los policías que protegían el lugar, que pronto desistieron ante la firmeza
femenina. “Nadie en sus casas” era la consigna, y pasaron tres días en el
monte hasta que los mandos militares aplacaron la rabia. Están convencidos
de que las comunidades tomaron la decisión, extraordinaria en sus vidas,
cuando comprobaron que era verdad que el agua de las lagunas estaba
cambiando por la mina. “La naturaleza es muy potente”, sentencia Daniel, el
único varón que colabora con las empanadas, quizá por su especial
sensibilidad de músico pelilargo.

 

Ahora que la mina está parcialmente detenida, aunque la empresa estableció
otro acceso algo más abajo, han decidido construir porque, dicen, no pueden
sostenerse sólo a base de resistir. En setiembre inaugurarán el primer
“colegio autónomo”, en Río Blanco, con docentes voluntarios de la ciudad,
porque “ellos usaban las escuelas como centro de adoctrinamiento minero”.
Saben que las cosas van para largo, porque la minera de Río Blanco está
entre los cinco proyectos estratégicos definidos por el Estado ecuatoriano.
De modo que sienten la paralización como algo momentáneo, que se levantará
apenas bajen los brazos. Además de la escuela, decidieron crear una huerta
comunitaria que les permita mantener el espíritu colectivo e iniciar el
larguísimo camino hacia la soberanía alimentaria.

 

Amas de casa y comadronas 

 

“Ya no confiamos en los hombres”, escupe Yoana, 20 años, mientras aparta a
la pequeña que quiere trepar, una vez más, sobre la espalda de la madre. El
veterano Manuel Huamán recoge el desafío frunciendo los pliegues de su
frente: “El valor más grande en la organización son las mujeres. Nosotros
vamos atrasito nomás”. En San Pedro de Yumate todos han podido comprobar que
cuando las papas queman, cuando los militares apuntan, ellas siguen firmes.
Alguien vuelve a mentar a las pachamamas, un nombre casi mítico, para
explicar la fuerza inquebrantable de las mujeres. Daniel, el músico,
explica: “La clave son las comadronas. Mi abuela era comadrona, y puedo
decirte que tienen una gran autoridad simbólica y lazos muy fuertes, con los
que ayudaron a nacer”. Luego destaca que las pachamamas empezaron hace 23
años, explicando en voz baja los daños que provocaría la minería al bien más
apreciado, el agua. Se puede decir, entonces, que el movimiento ha nacido
gradualmente, desde los vientres de las personas, alimentadas con esa agua
fresca y cristalina que baja del páramo.

 

La creación de la organización Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama
fue en 2008, con mujeres de las parroquias afectadas por la minería en la
región del Cajas: Tarqui, Victoria del Portete y Molleteuro, y con algunas
que llegaron de la ciudad de Cuenca. Muchas se habían conocido años antes en
la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, en
tiempos de Correa, cuando arreciaba la represión y se multiplicaban las
inversiones chinas. La socióloga Solano asegura que el protagonismo femenino
en todas las resistencias mineras puede explicarse por “el rol que tienen en
las familias y las comunidades como guardianas de la reproducción”. La
posición social de las mujeres, enfatiza, les permite una comprensión de las
necesidades para la supervivencia. “Cuando las fuentes de agua son
afectadas, ellas deben recorrer largas distancias para abastecerse, lo que
aumenta su carga de trabajo.” Además, las mineras casi no emplean mujeres,
salvo para limpieza y cocina.

 

En la investigación para su tesis de maestría, Solano recoge testimonios de
mujeres originarias sobre persecuciones policiales y enjuiciamientos, tanto
de las pachamamas como del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, casi
todas sin la menor experiencia organizativa previa. “Nuestra niñez era el
agua, lo más era el agua del río que corría”, recuerda Francisca, de 70
años. “Era maravilloso. Comíamos agua de los pozos, íbamos a bañar en el
río, el agua del río traíamos, cargábamos en los cántaros. Era una vida muy
bonita”, exclama Isaura, de 72. Ambas de comunidades rurales de Tarqui y
Victoria de Portete.

 

Cuando los citadinos decimos “el agua es vida”, formulamos un eslogan
abstracto, como tantos otros. Para las comuneras, en cambio, es la vida
misma. El agua es sujeto de sus vidas, como el páramo y las cumbres nevadas,
las plantas y los animales. Quizá por eso los liderazgos colectivos surgen
de modo natural, como los manantiales, pasando por el costado de egos y
protagonismos, tan propios del mundo de los varones.

 

En una esquina de la ronda, mamá Laureana, en silencio, no pierde detalle de
los diálogos. A sus 76 años, es una de las comadronas más experimentadas de
la parroquia. Responde con un susurro, diciendo que ayudó a nacer en unos
200 partos. Lo dice sin el menor atisbo de vanidad, como si fuera la tarea
que le deparó la vida. Debe ser la forma de sentir el Sumak Kawsay, el buen
vivir, como le llamamos los blancos. Vida sencilla, con la naturaleza, de
modo que cada actividad contribuya a reproducir la existencia colectiva.

 

De la barricada al poder 

 

La nutrida asamblea en Victoria del Portete, donde en 2011 los vecinos
resistían la mina Kimsacocha, era presidida desde un elevado balcón por un
grupo de comuneros, entre los que destacaba, alto y erguido, Carlos Pérez
Guartambel. Abogado y miembro de la organización de los kichwa de la sierra,
Ecuarunari, la presidió entre 2013 y 2017, en el momento de mayor
confrontación con el presidente Rafael Correa, y continuó en ese cargo hasta
2019. Se especializó en “justicia indígena” y publicó un grueso volumen con
ese título. El encabezar las movilizaciones comunitarias contra la minería
le valió la acusación de “terrorismo” por parte del gobierno de Correa, por
“obstaculización de vías públicas”. Nos conocimos hace ocho años en Cuenca,
en el Encuentro Continental por el Agua y la Pachamama, que pretendió
coordinar las resistencias de la región. En la apertura lanzó un mensaje
radical: “El mismo discurso de las multinacionales de una minería
sustentable y responsable lo repiten Rafael Correa, en Ecuador; Juan Manuel
Santos, en Colombia, y Alan García, en Perú. Ni Chávez se salva”.

 

Pérez Guartambel ganó las elecciones provinciales de marzo pasado y en mayo
asumió la gobernación de Azuay. De esta manera, hizo pedazos los pronósticos
de las encuestas que auguraban el triunfo de políticos tradicionales y se
convirtió en el primer prefecto indígena de la provincia. Antes de dar ese
paso, cambió su nombre por Yaku (agua, en quechua). El diario local El
Mercurio asegura que “las líneas discursivas de Yaku calaron profundo tanto
en redes sociales como en la esfera pública a través de su austera pero
efectiva campaña”. Los medios destacan su sencillez y el hecho de que se
movilice en bicicleta y se ocupe de los problemas rurales que nadie tiene
entre sus prioridades. En su apasionada defensa del agua, dijo que a esta la
protegen “sobre todo las mujeres indígenas, que son la clave de esta
resistencia”. Agregó algo más, que quedó flotando en el aire, en referencia
a los objetivos de su pueblo: “Caminamos en las huellas de nuestros
antepasados”.

 

Es probable que la rúbrica definitoria de su gestión sea la convocatoria de
una consulta provincial para frenar la minería metálica en la provincia.
Como las instituciones son reacias, a principios de este mes Yaku anunció
una minga para recolectar las 65 mil firmas necesarias para esa votación, es
decir, el 10 por ciento del padrón electoral de Azuay. Ya hubo un referendo
en marzo en su región, Kimsacocha, con un resultado abrumador: el 86 por
ciento de los 15 mil vecinos dijeron no a la mina.

 

Pese a todo, en los movimientos de base y en las comunidades afectadas por
la minería predomina el escepticismo sobre el alcance de cualquier gestión
institucional, aun la que ejercen personas como Yaku, surgido del corazón de
los movimientos. Cinco siglos aconsejan prudencia y los previenen de
cualquier entusiasmo, sobre todo después de experimentar la “revolución
ciudadana” correísta, que para muchas comunidades fue más de lo mismo:
minería y militares. Las mujeres de esas comunidades atesoran la memoria
colectiva que fluye entre cocinas y chacras, desde las Laureanas hasta las
Yoanas. Estarán allí, como siempre, atentas y vigilantes, a veces en
silencio y otras poniendo el cuerpo, para asegurar que la vida siga siendo
vida, o sea, pachamama, a pesar de los pesares.

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