Brasil/ Informe. La violencia contra los pueblos indígenas [Rafael Tatemoto/Juca Guimarães]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de diciembre 2019

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Brasil

 

En 2018 fueron asesinados 135 indígenas 

 

Informe del CIMI señala 111 casos de invasión de tierras ya demarcadas y
homologadas.

 

Rafael Tatemoto y Juca Guimarães, en Brasilia

Brasil de Fato, 10-12-2019 

https://www.brasildefato.com.br/

Traducción de Pilar Troya

 

El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) lanzó el día 24 de septiembre el
informe “Violencia Contra los Pueblos Indígenas”, con información compilada
el año 2018. Los datos señalan que en el año de la elección del presidente
Jair Bolsonaro (PSL), durante la gestión de Michel Temer, hubo un fuerte
movimiento de ataque a la población indígena brasileña en diversas frentes,
principalmente con relación a los territorios.

 

Fueron asesinados 135 indígenas el año pasado, contra 110 en 2017, un
aumento del 25%. Hubo aumento también de los casos de invasión de
territorios ya regulados, de 96 a 111 (15%).

 

En 2018, el presidente Michel Temer hizo una única demarcación de territorio
indígena, sin embargo, la medida fue revertida en la Justicia. Bolsonaro no
hizo ninguna y reafirmó también en la ONU, que no lo hará.

 

“El CIMI no hace este lanzamiento con alegría, sino con dolor y sufrimiento.
Hay en Brasil una institucionalización de la violencia como práctica del
propio gobierno”, dice el padre Roque Paloschi, presidente de la entidad.

 

En Brasil, 305 pueblos habitan 1.229 territorios indígenas. La mayoría de
estos territorios, el 66%, está en fase de reivindicación o de
reglamentación.

 

Con la omisión del poder público, hubo aumento del grilagem (utilización de
documentos falsos para forjar la titularidad y reivindicar la tenencia de
tierras), del robo de madera, de la minería artesanal no regulada, de las
invasiones e incluso hasta de la implantación de lotizaciones en sus
territorios tradicionales.

 

“El discurso de Bolsonaro en la ONU es señal también de que no hay
perspectivas. La FUNAI [Fundación Nacional del Indio] fue completamente
desmantelada. Datos preliminares de 2019 ya indican que hubo más invasiones
que en el período anterior. Todo el período de construcción de la
democracia. Ahora es un período de deconstrucción”, dijo Roberto Antônio
Liebgott, del CIMI región Sur.

 

De acuerdo con el informe, existe un alineamiento del poder público con un
modelo de gestión empresarial, por medio del cual se establecen bases para
la desregulación de leyes.

 

Los pueblos indígenas tienen que enfrentar instituciones que representan y
ejercen los poderes políticos, administrativo, jurídico y legislativo. Ellas
actúan, casi siempre, teniendo como referencia intereses marcadamente
económicos, y no los derechos individuales, colectivos, culturales, sociales
y ambientales.

 

El levantamiento del CIMI también contabiliza ocho amenazas de muerte y 11
conflictos por tierra el año pasado. 

 

En el estado de Pernambuco, en menos de dos meses la Tierra Indígena
Pankararu de Araçuaí, del pueblo Pankararu, sufrió ataques que resultaron en
el incendio de una escuela, de un puesto de salud y en la depredación de la
iglesia católica.

 

Los edificios atacados estaban próximos a un área de conflicto con posseiros
[personas con derecho de uso pero no propiedad sobre la tierra] instalados
en el local. En el mes de septiembre, 12 familias que vivían ilegalmente en
el área fueron finalmente retiradas.

 

Alcohol y negligencia

 

Incluso siendo prohibida la venta de bebida para indígenas en todo el
territorio nacional, el CIMI investigó 11 casos de diseminación de alcohol y
otras drogas. Fueron cuatro en Acre, tres en Mato Grosso, dos en Mato Grosso
do Sul, uno en Maranhão y otro en Tocantins. 

 

El informe identificó comercialización en la propia aldea. Con relación a
las drogas, por ejemplo, en la reserva de Dourados, en Mato Grosso do Sul,
niños Guarani Kaiowá, son reclutados para el tráfico a partir de los ocho
años de edad.

 

“Ellos [traficantes] proveen drogas gratuitamente, vician a los niños y
después comienzan a cobrar la deuda”, dice el informe.

 

La bebida, de acuerdo con el informe, también es señalada como uno de los
motivadores de violencia sexual. Fueron 11 violaciones, un intento de
violación y tres casos de abusos sexuales. De los casos de violación, siete
fueron contra niños.

 

La falta de asistencia médica fue responsable por la muerte de 11 indígenas,
debido a enfermedades respiratorias, gripes y neumonía. La situación se
agravó después de que se acabó el programa Más Médicos.

 

El informe también revela que en 2018 también ocurrieron 101 suicidios de
indígenas. Sólo en Mato Grosso do Sul fueron 44. Las víctimas tenían entre 5
y 64 años.

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