América Latina/ La conexión. Economías ilegales, crimen organizado y poder político [Denisse Legrand]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de diciembre 2019

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América Latina

 

Cómo se conectan las economías ilegales con el poder político 

 

Denisse Legrand *

La Diaria, 14-12-2019

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Las economías ilegales, el crimen organizado y el poder político no son
movimientos aislados. Unos deben su existencia a los otros y, a pesar de que
se trazan estrategias públicas para enfrentarlos, sus caminos parecen
entrelazarse y así se fortalecen todos. A esta conclusión arriban diversos
expertos internacionales que encaran la seguridad desde múltiples enfoques y
tareas.

 

Para comprender las economías ilegales hay que definirlas. Cuando hablamos
de economías ilegales hablamos de una economía que está prohibida o limitada
por el Estado, que idealmente tiende a no permitir que funcione. “En teoría
suena bien, pero la diferencia entre prohibir algo y evitar que
efectivamente pase es enorme”, señala el colombiano Juan Carlos Garzón,
director del Área de Dinámicas del Conflicto de la fundación Ideas para la
Paz.

 

También hay que definir con certeza lo que es legal y lo que es ilegal. Hay
economías que son parcialmente legales o plantean límites difusos. “Aunque
queramos prohibir transacciones de actividades, en la práctica es más
complejo y las transacciones ocurren”, afirma Garzón. Además, hay que saber
que “cuando hablamos de economía hablamos de poder, y de poder político”,
agrega.

 

Según Garzón, “le hemos dedicado muchas páginas al narcotráfico, pero las
economías ilegales son múltiples”. Dice que incluso en algunas zonas el
narcotráfico no es la más importante, y que la trata de mujeres en América
Latina “es uno de los mercados más grandes y más mancomunados con el poder
político”.

 

“El crimen organizado debe su existencia al poder político, sin esta
conexión no podría existir”, dice Adam Isacson, director para Veeduría de
Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, y agrega
que “el crimen organizado vive de sus relaciones con el Estado”. En
Colombia, por ejemplo, “los paramilitares siempre tuvieron vínculo con la
política, y construyeron así la parapolítica”.

 

La falta de capacidades para abordar estos delitos desde la Justicia y
enjuiciarlos es determinante. En este sentido, “la impunidad es un factor
para el crimen organizado”. Otro problema aparece cuando los habitantes de
los territorios colaboran con el crimen organizado y observan impunidad.

 

El programa que dirige Isacson monitorea las tendencias de seguridad y la
cooperación militar de Estados Unidos. En este sentido, sugiere que un claro
ejemplo de fracaso en las políticas de seguridad asociadas al crimen
organizado es ese país. “No se han logrado resultados porque se ha
privilegiado propiciar una guerra contra las drogas”. Es una estrategia que
ha fracaso históricamente, no hay valoración empírica que demuestre lo
contrario. Isacson agrega que en Estados Unidos “se encontraron vínculos
entre las unidades antinarcóticos y el crimen organizado”, reafirmando así
la hipótesis de vinculación entre las redes delictivas y el Estado.

 

A la hora de sugerir otros caminos, comenta que una estrategia poco
transitada ha sido el apoyo al sistema de justicia para romper vínculos
entre el crimen organizado y el poder político. “Tampoco ha habido distancia
de los poderes políticos que tienen relación con el crimen organizado en la
región” ni apoyo para la sociedad civil que trabaja en estos temas. Lo otro
que no ha sido considerado, y es prioritario para el abordaje del crimen
organizado, es el lavado de dinero.

 

Es más que narcotráfico

 

El narcotráfico es la mayor economía del crimen organizado, pero también
existen otras economías ilegales. El salvadoreño Alex Segovia, que preside
el Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el
Cambio Social, afirma que “hay un consenso formal que dice que hay una
debilidad estatal en toda América Latina”. Esto se traduce en una baja
presencia del Estado en territorios complejos, lo que significa una
oportunidad para la instalación de redes de crimen organizado. “Hay lugares
en los que simplemente no hay Estado, realidad presente en casi todos los
países. Ante el vacío aparece el crimen organizado”. La ausencia del Estado
es un campo fértil para que se desarrollen economías ilegales.

 

“Si además no hay infraestructura y hay caudillismo local, se genera un
vínculo entre la falta de controles que genera la ausencia del Estado y la
presencia de élites regionales que generan un aumento de la economía
ilegal”, afirma Segovia. Explica que se está haciendo muy poco en la región
en este sentido y que hay factores novedosos, como los fenómenos
migratorios, que han generado una economía ilegal que “incluye personas y
cosas”.

 

La debilidad institucional en términos de controles y regulaciones también
complejiza el problema, además de las escasas habilidades de quienes tienen
que abordar las políticas de seguridad. Hay una carencia de conocimiento
sobre los niveles de complejidad que implican las redes delictivas. Para
ejemplificar esto, Segovia señala las dificultades que existen para
comprender a las maras, pandillas criminales con origen en El Salvador. “Las
maras son un actor económico de acumulación, ya no se trata del delito común
y cotidiano para sobrevivir. Cuando el actor delictivo da el salto y acumula
estamos hablando de otra cosa”, afirma.

 

Hoy las maras reciben dinero de actividades delictivas muy diversas,
enfocadas fuertemente en los servicios, como el procesamiento de café y el
control del transporte, entre otros. Sin embargo, desde la política se
tiende a un razonamiento básico a la hora de pensar en las redes delictivas.
Esto se traduce en estrategias basadas en la mano dura, que no sólo no
funcionan sino que aumentan el nivel de conflictividad y la letalidad, dice
Segovia.

 

Los niveles de violencia que manejan las economías ilegales y los grupos
asociados al crimen organizado son diversos. “A cierto crimen organizado no
le interesa ser visible. A otro sí, y basan su poder en el control del
territorio y la población, con mecanismos de coerción mediante el miedo y el
asedio”. El rol de la sociedad civil es fundamental. “La población ha
formado sistemas de protección y contención que han permitido que se reduzca
la violencia”.

 

Para Garzón, hoy en día “estamos mejor que antes para pararnos frente al
crimen organizado”. Afirma que “hay mayores capacidades de investigación,
más políticos destituidos”, y “eso plantea un cambio”. Considera que la
región está en problemas, pero que también se ha avanzado. “Esto crea nuevos
desafíos. Hay que pensar cuáles son los efectos de tener mayores capacidades
de desestabilizar el sistema político, que históricamente ha tenido
capacidad de interactuar con lo ilegal”, señala.

 

“El problema de que esto se haga visible es que la percepción no es de que
haya mejores mecanismos, sino mayor corrupción”. Para el experto, esto tiene
que ver con que ahora la información “sale a la luz, cosa que antes no
pasaba”. Por eso, señala, “la gente hoy piensa que el sistema es más
corrupto, y esto quizás tenga que ver con que hay más investigaciones”. Dice
que la conclusión que se puede extraer de esto no es que no se investigue
para que la gente tenga mejor percepción, pero es un dato a tener en cuenta.

 

Revelar una investigación y contar lo que está pasando es una parte, pero
hay que ver qué se hace luego. “Las investigaciones generan movimientos
sísmicos y lo que viene después no siempre es mejor”, dice Garzón. Agrega
que “hay que tomar en cuenta que las élites aprenden y empiezan a cuestionar
el sistema para salvarse a sí mismas”. En su opinión, “el problema no es que
estén investigados por corrupción, sino que interpelan qué tan legítimo es
el sistema”.

 

El experto colombiano sugiere que para tener mejor concepción de la
seguridad “tenemos que cuestionarnos de dónde sale el poder político en los
territorios”. Sostiene que ese poder “está dado por las economías ilegales
en esos lugares, la incapacidad estatal de controlar y el desinterés de
llegar a determinadas regiones. Hay élites políticas que no tienen interés
en llegar a ciertos territorios”.

 

Afirma que además hay una tensión entre la legalidad y la legitimidad.
“Legalidad es imponer orden y ley. La deuda pendiente es la legitimidad. La
ley está escrita, pero no es aceptada por la gente, que opera con otra
cotidianidad”, explica. En seguridad, “la gran pregunta es cómo hacemos para
reunir a estas poblaciones en procesos de legitimidad y no de imposición”.
Según Garzón, “si la gente no conecta con esa idea de Estado, es una forma
de que las organizaciones ilegales permanezcan en el tiempo”.

 

La responsabilidad política

 

Para Percy Medina, jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, hay que
analizar la salud de la democracia representativa. “Vemos un gran desencanto
con la democracia en todo el continente, con caídas clarísimas de la
confianza”, afirma. “En muchos lugares, la gente prefiere un gobierno
autoritario y no democrático, si soluciona el problema la seguridad”. La
seguridad ha sido en todos los países motor de campañas políticas que han
logrado generar transiciones de gobierno.

 

Medina identifica dos problemas: la desafección de la democracia y el
crecimiento de respuestas populistas frente al descontento. Esto responde a
una “pérdida de control de los políticos frente a la economía y a las
políticas en general, en particular en materia de seguridad”, y “eso mina a
la democracia, porque la gente siente que elige personas que no tienen la
capacidad de tomar decisiones”, agrega. El crecimiento de economías
ilegales, tanto en importancia como en nivel de transacciones, desplaza al
Estado y cubre por vía ilegal a la economía.

 

La crisis de la representación en los partidos es otro problema en varios
países. “En todos los partidos políticos vemos cómo los partidos ya no son
lo que fueron, y así se va transformando la naturaleza de la representación
política. Ahora no sabemos si seguirán siendo partidos o no, porque no están
cumpliendo con su rol de representación”. Sugiere que el avance de la
tecnología ha vaciado algunas de las cosas que hacían los partidos, como ser
espacios para generar información y debate. “Las tareas fundamentales de
formar cuadros para la política y agregar intereses para representar a la
gente siguen siendo fundamentales, pero los partidos no están dando la
talla”. La crisis de los partidos es una oportunidad para el avance del
crimen organizado. “Si no hay organización política y densidad, es más fácil
que entre la criminalidad a tomar el poder político y el Estado. Si no hay
partidos fuertes, es más fácil que el crimen influya, no sólo a partir de
financiar campañas sino para incidir en la agenda pública”.

 

Otro de los ejes fundamentales para encarar esta realidad es el
financiamiento de la política. “La relación entre dinero y política es uno
de los grandes elefantes en la habitacón si no se regula cómo entra el
dinero a ese ámbito. El dinero termina siendo tóxico para la política. En
vez de que la política regule el dinero, el dinero regula a la política”. En
un escenario en el que las campañas son crecientemente más caras y los
políticos requieren más fondos para ser competitivos, “terminan estando a la
merced de los capitales y de las redes delictivas, que pagan por tener poder
e impunidad”. Medina dice que “hay que poner el ojo en cómo se están
organizando las campañas, de dónde están sacando la plata los políticos, y
en saber si el dinero que entra es limpio y no del crimen organizado”.

 

La chilena Lucía Dammert, que dirige la organización Espacio Público y se
dedica a la investigación de temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en
América Latina, dice que “la democracia trae el fortalecimiento de las redes
de crimen organizado”. No duda en afirmar que “en democracia las
organizaciones criminales tienen un rol político en términos de definición”.
Asegura que en América Latina esta realidad se ve todos los días. “El
problema no es la calidad de los mercados ilegales, sino la calidad de la
política”.

 

Al igual que Medina, destaca la importancia de conocer la naturaleza del
financiamiento de la política. “Se aporta mucho dinero y no se sabe de dónde
viene. Hay quienes creen que no es malo recibir esa plata porque consideran
que el bien superior es otro: poder financiar la política”.

 

Aunque se las niegue, las economías ilegales forman parte activa de la
economía. Estamos en un continente en el que la cultura de la ilegalidad se
ha ido fortaleciendo. “No hay una lucha entre Estado y mercados ilegales,
hay una zona gris donde conviven. No podemos seguir pensando que hay una
guerra entre unos y otros”. No hay claridad diametral entre quién es el
bueno y el malo. “La política gana mucho diciendo que al mercado ilegal se
le responde con políticas de seguridad, pero en los hechos es falso”, afirma
Dammert.

 

En la región hay determinados fenómenos que aparecen como novedad en la
política y podrían tener vínculo con el crimen organizado. “Aparecen por
sorpresa nuevos actores políticos, asociados a movimientos fuertemente
personalistas, con poca vinculación con los partidos políticos existentes”.
No se sabe de dónde salen los financiamientos para estas campañas, que
suelen ser muy ostentosas.

 

“Todos estos personajes dicen ser nuevos en la política. Son outsiders, con
poca o casi ninguna vinculación. Todos son empresarios que dicen partir de
no tener nada y al otro día tener todo. Otra característica es que en
general tienen familiares con causas penales”, dice Dammert. Suelen ser
movimientos familiares o con financiación familiar, lo que refuerza las
teorías criminológicas que relacionan la economía ilegal con mafias
familiares.

 

La situación actual de la política, la crisis de los partidos y la sed
punitiva de la sociedad configuran un escenario proclive para la puesta en
juego de estos actores. “Se dan cuenta de que pueden penetrar la política,
que se pueden hacer dueños de la política, y que la ciudadanía no los va a
castigar si cometen delitos, porque la sociedad está pidiendo castigo para
otros”. 

 

* Licenciada en Gestión Cultural y tiene estudios en pedagogía en contexto
de encierro y en penalidad juvenil. Es coordinadora del programa cárceles
del colectivo Nada Crece a la Sombra. (Redacción Correspondencia de Prensa)

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Asumir una realidad y regular los mercados

 

Regular los mercados es una estrategia más que válida para encarar la
realidad de las economías ilegales. La economía más fuerte, y con resultados
más negativos en términos de seguridad, es la que se asocia al tráfico de
drogas. Las políticas prohibicionistas demuestran su fracaso día a día.
Quienes se dedican profesionalmente a la seguridad se plantea la necesidad
de trazar estrategias más eficientes.

 

En este sentido, Mario Layera, director nacional de Policía (Uruguay),
sugiere que “la solución global al narcotráfico debe ir de la mano de la
legalización y regulación de las drogas”, superando así la tradicional
faceta prohibicionista, que sólo ha traído más violencia.

 

Para el jerarca, que dedicó más de la mitad de su carrera a la dirección y
el “combate a las drogas”, la regulación de los mercados de drogas tiene que
estar bajo la órbita del Estado y se deben desarrollar políticas específicas
que consideren la peligrosidad de cada mercado.

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