Colombia/ 21N. Una explosión social sin precedentes: balance y retos [Daniel Libreros Caicedo]

[Ernesto Herrera]

  _____  

Correspondencia de Prensa

18 de diciembre 2019

https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net <mailto:germain5 en chasque.net> 

  _____  

 

Colombia 

 

21N

 

Una explosión social sin precedentes: balance y retos 

 

Daniel Libreros Caicedo *

Bogotá, 15-12-2019

 

El 21 de noviembre (21N), Colombia presenció una explosión social sin
precedentes en la historia del país desde mediados del siglo pasado. Ese día
había sido convocada una marcha de protesta en contra de los anuncios
gubernamentales de reformas económicas regresivas por el Comando Nacional de
Paro, integrado por las centrales sindicales (Central Unitaria de
Trabajadores – Confederación General de Trabajadores – Confederación de
Trabajadores de Colombia) y por organizaciones de estudiantes, campesinos,
indígenas, afros, pensionados y ambientalistas que en años recientes habían
liderado resistencias de esos sectores sociales a las políticas estatales.
La iniciativa de la convocatoria de las centrales de trabajadores,
repitiendo el formato de años anteriores, de impulsar marchas rutinarias a
finales del año para ambientar la negociación sobre el salario mínimo con
los gobiernos de turno que, por obligación legal, deben citarla en este
período. El límite a la capacidad de convocatoria de las centrales es la
escasa cobertura de sus afiliados que representan tan solo el 4% del total
de los asalariados, lo que debe explicarse por la legislación laboral
regresiva y por la criminalización de las resistencias sindicales (1). En el
plano interno, esta fragilidad en la interlocución social remite al
aislamiento, resultado de una forma de organización vertical y cerrada que
en su funcionamiento requiere acuerdos “por arriba” entre las direcciones de
la burocracia sindical, de los partidos de izquierda y de la izquierda
social no partidaria. Adicionalmente, sus plataformas de acción se reducen a
la esfera de las reivindicaciones corporativas.   

      

Luego, todo hacía presagiar una marcha rutinaria. Sin embargo, durante las
semanas previas al 21N, el malestar social que en los últimos meses se ha
expresado en barrios, universidades, informales y desempleados, comenzó a
focalizarse en la jornada. Las noticias internacionales ayudaron, en ese
mismo lapso, el movimiento indígena ecuatoriano derrotó el intento
fondomonetarista de imponer un plan de ajuste y en Chile, el  país
emblemático del neoliberalismo latinoamericano, al que los tecnócratas de
oficio habían presentado como ejemplar, se desató una  explosión social
gigantesca que aún tiene en dificultades al gobierno de Sebastián Piñera.
Entonces, el “efecto contagio” animó a los desesperanzados de uno de los
países más desiguales de la región. El anuncio de mayores sacrificios a una
población cada vez más empobrecida, acompañado al cansancio que produce el
tedio de observar asesinatos diarios de líderes sociales sin responsables
castigados, la corrupción practicada de manera cómplice entre políticos y
grandes magnates para repartirse el patrimonio público, y la existencia de
una justicia maniatada por los poderosos que tan solo deja estelas de
impunidad.  

 

Por ello, la convocatoria del 21N terminó convirtiéndose en una
multitudinaria movilización que incorporó a amplias capas de la población
que salieron a las calles a protestar en contra de las múltiples formas de
opresión que produce el orden establecido y del cinismo de sus
representantes políticos. Por primera vez en décadas, las calles de las
principales ciudades del país presenciaron el desfile de millones de
personas a pesar de los chantajes gubernamentales, a pesar de las
declaratorias de toque de queda, a pesar de los allanamientos selectivos
previos a líderes de la protesta. En una palabra, a pesar de las amenazas
convencionales del terror de Estado.

 

Las movilizaciones del 21N tuvieron el respaldo nocturno de los cacelorazos
en los barrios convertidos en el eco solidario de las proclamas callejeras,
confirmando la enorme legitimidad social del paro. Durante los días
siguientes, marchas y cacelorazos continuaron en calles, barrios y parques,
acompañados con la presencia de grupos musicales y de teatro. Un espectáculo
de euforia colectiva y de arte callejero.   

 

El domingo 8 de diciembre, unas 300.000 personas presenciaron en diversos
sitios del centro de Bogotá el llamado “concierto del paro”, en el que
participaron orquestas juveniles que quisieron manifestar su solidaridad con
las protestas. Cuando los organizadores tramitaron los permisos para
realizar la jornada artística, la alcaldía les ofreció el parque Simón
Bolívar, un lugar de la ciudad que posibilita la concentración de miles de
personas, diseñado para este tipo de espectáculos. Rechazaron la oferta y la
realizaron en tarimas callejeras. Se trata de prolongar el disfrute del
espacio, público, argumentaron, confirmando que existe un sentimiento
popular por continuar en las calles, un sentimiento acompañado de la
convicción de que ha llegado el momento de abandonar el miedo que por
décadas nos condenó al ostracismo. Un sentimiento verbalizado en murmullos
cotidianos en los que se afirma “que este país ya no es el mismo después del
21N”.     

       

El fracaso gubernamental en la aplicación de una política de “seguridad
interna” 

 

Históricamente, la principal justificación de las elites para ilegalizar las
resistencias sociales fue la de presentarlo como colaborador de las
guerrillas en medio de la guerra civil interna, que comenzó hacia mediados
del siglo XX. Cualquier protesta de cualquier sector de la población era
caracterizada como proclive a la guerrilla, lo que servía de pretexto para
aplicar la legislación de excepción, detener a los dirigentes y
judicializarlos.   

 

La negociación con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia),
impidió que se siguiera utilizando este argumento, abriéndole nuevas
posibilidades al movimiento popular. Esta negociación no planteó el tránsito
a reformas democráticas, aspiración de partidos, organizaciones y
personalidades democráticas que acompañaron la propuesta de solución
política al conflicto desde hace varias décadas. Fue derrotada
plebiscitariamente en octubre del 2016 por una alianza política de derecha
liderada por el uribismo, que incluyó al Partido Conservador a la mayoría de
la Iglesia Católica y a los predicadores de las iglesias evangélicas, lo que
obligó a una nueva negociación entre las partes con presencia del uribismo,
que redujo el contenido de lo pactado y cuya aprobación debió pasar por el
filtro del Congreso, soportando recortes adicionales. La versión final de
estos acuerdos contempló un sistema de justicia, verdad y reparación
integrado por la Justicia Especial de Paz (JEP), encargada de la “justicia
transicional”, y la Comisión de Verdad. En el caso de la JEP, el tratamiento
definido frente a quienes financiaron la guerra (empresarios y
latifundistas) fue tan benigno que quedaron con la opción voluntaria de
presentarse a este organismo judicial. Igualmente, se desconoció el criterio
de “cadena de mando” para ambas partes y en el caso de las responsabilidades
por violación de derechos humanos por parte de los miembros de las Fuerzas
Armadas, abrieron la posibilidad de amnistiarlos mediante una figura
jurídica denominada “renuncia a la acción del Estado”.

 

La agenda económica tampoco apuntó a reformas estructurales. Dado que las
FARC fueron una guerrilla de tradición campesina y con presencia en zonas de
colonato el tema de la tierra fue el central en esta negociación. Sin
embargo, el acuerdo no incluyó medidas que cuestionaran a la concentración
latifundista de la tierra fortalecida en medio de la guerra tanto por el
despojo a campesinos como por el lavado de dinero (2); terminó por incluir
la formalización de la propiedad de siete millones de hectáreas en zonas de
colonato donde las FARC tuvieron presencia y la creación de un fondo de
tierras compuesto por tres millones de hectáreas para distribuir
nacionalmente a campesinos pobres. Hasta el momento han quedado en letra
muerta. Un punto adicional en lo pactado fue el compromiso estatal de
realizar inversiones en las regiones marginadas y azotadas por el conflicto,
a lo que igualmente se ha negado el gobierno con el pretexto de la actual
crisis fiscal. Como si fuera poco un número de 170 desmovilizados de las
FARC han sido asesinados desde que dejaron las armas, el último de ellos
dentro de los propios campamentos en los que están concentrados, conforme a
lo definido por los acuerdos.  

 

A pesar de estas limitaciones en el diseño y la implementación de los
acuerdos, el uribismo viene intentando rebajarle aún más los contenidos. El
partido Centro Democrático, al que pertenece el actual presidente Iván
Duque, presentó una serie de objeciones a la JEP que perseguían oficializar
mayor impunidad las cuales no alcanzaron a obtener las mayorías en el
Congreso e impide la oficialización de 16 circunscripciones parlamentarias
para las víctimas que fueron reconocidas en la negociación. 

 

En lo referente al manejo del “orden público” el gobierno actual viene
implementando una política diseñada bajo los obsoletos argumentos del
“enemigo interno”. Colocó como Comandante del Ejército al general Nicacio
Martínez, quien ha sido señalado por la propia Fiscalía, como responsable de
ejecuciones extrajudiciales (llamados eufemísticamente por la prensa como
“falsos positivos”) en la región Caribe (Departamentos de la Guajira y el
Cesar) durante el año 2006, cuando ofició de segundo comandante y jefe del
Estado Mayor de la Brigada ubicada en esa región. (3)

 

Una vez posesionado, Martínez volvió a incluir en los protocolos del
ejército las directrices que llevaron a la generalización de ejecuciones
extrajudiciales, lo cual fue denunciado por The New York Times, periódico
que obtuvo información de oficiales (4) que certificaron adicionalmente
muertes y arrestos “sospechosos”. En medio de estas denuncias ocurrió el
asesinato del ex -guerrillero de las FARC Dimas Torres en el municipio de
Convención, región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del país, quien
fue detenido y asesinado por militares activos en estado de indefensión.
Este asesinato tuvo la particularidad de que fue conocido y denunciado por
los habitantes de la localidad por lo que obligó al general Diego Luis
Villegas, comandante de las fuerzas especiales de esa región, a pedir perdón
público, gesto que repitió ante la Comisión de Paz del Congreso.  

 

Posteriormente, la opinión pública conoció, en los inicios de noviembre y en
medio de un debate parlamentario, el trágico resultado de un bombardeo
realizado en contra de las llamadas “disidencias” de las FARC a finales de
agosto en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, en el que
murieron 18 niños. En este debate quedó en claro que, previo a la ejecución
del bombardeo, el ejército tenía conocimiento de la presencia de menores en
el terreno y que el mando de la brigada había sido informada oficialmente
por parte del personero municipal. Igualmente quedó en claro que el ejército
escondió durante meses la información de lo ocurrido. El debate causó la
renuncia del hasta entonces Ministro de Defensa Guillermo Botero. (5)

 

Estas tensiones en el interior del ejército y entre las fracciones
parlamentarias del régimen de dominación, confirman que existe una fisura en
las elites: entre el uribismo que pretende preservar la política de
“seguridad interna” y quienes acompañaron al expresidente Manuel Santos en
la negociación política con las FARC en La Habana, que consideran que debe
adecuarse a un ejército postconflicto que gane legitimidad. Por ello,
también reivindican la implementación de los acuerdos en su versión final y
conformaron un bloque político denominado “Defensores de la Paz”, al que se
sumaron todos los partidos no uribistas incluyendo la izquierda y
movimientos de derechos humanos el cual realiza campañas y giras nacionales.
Tuvieron un papel activo en la realización de alianzas en las últimas
elecciones regionales realizadas el 27 de octubre en las que los candidatos
del Centro Democrático fueron derrotados en las ciudades capitales. 

 

Más allá de estas contradicciones inter-elites, el desgaste del gobierno por
intentar preservar la opción belicista es evidente. El rechazo popular al
asesinato continuo de líderes sociales, ambientales y de miembros de las
comunidades étnicas en regiones periféricas, cada vez tiene mayor resonancia
en las ciudades. El caso de los niños muertos en el bombardeo del Caquetá
produjo una indignación colectiva que encontró un eco multitudinario en la
movilización del 21 de noviembre. 

 

En el propio desarrollo del paro, la población ha tenido que enfrentar otra
forma de terror de Estado: el escuadrón antidisturbios (ESMAD), cuerpo de la
policía especializado en el enfrentamiento a las marchas de protesta. Creado
en el 2007 durante el segundo gobierno de Uribe enfrentan de tal manera las
movilizaciones que han sido varios los muertos, los encarcelados y golpeados
por este escuadrón policial. Pero en medio de una explosión social como la
actual, ese comportamiento arbitrario genera un rechazo mucho mayor. El 23
de noviembre en el centro de Bogotá, un miembro de ese escuadrón
antidisturbios dejó malherido a un estudiante de bachillerato de tan solo 18
años, Dilan Cruz, al dispararle con perdigones de bala recalzados a corta
distancia. Dilan murió pocos días después en un hospital de la ciudad
convirtiéndose en un símbolo de la resistencia actual. El 11 de diciembre,
miembros del mismo escuadrón intentaron secuestrar en un carro sin insignias
oficiales a dos estudiantes que participaban en un mitin frente a las
instalaciones de la Universidad Nacional. Un ciudadano, ante los gritos de
los jóvenes comenzó a grabar, se subió en su vehículo y siguió al carro
fantasma obligando a que detuviera la marcha y se identificaran aumentando
el estupor ciudadano. Han sido muchos los manifestantes golpeados
judicializados y otros que, igual que en la represión en Chile, han perdido
los ojos. A causa de estos acontecimientos deleznables una de las
reivindicaciones principales y unificadora del paro, al igual que del
conjunto del movimiento democrático, es la disolución del ESMAD, que en esta
oportunidad no pudo detener la avalancha callejera.  

 

El “paquetazo” económico resultado de la crisis del neoliberalismo
periférico   

 

La actual crisis económica internacional desnudó las fragilidades del modelo
financiero-extractivista en América latina. La fuerte caída de los precios
internacionales de las comodities durante el lapso 2013-2017, produjo
déficits comerciales y fiscales en los países de la región, que obligaron a
incrementar los endeudamientos públicos y privados. En estas condiciones y
como ocurre en períodos de declive en las economías periféricas, la
Inversión extranjera directa cayó; en el caso de la IED, por cuanto las
inversiones en los sectores extractivos devienen menos rentables y en lo
atinente a las inversiones de portafolio por cuanto aumenta la “prima de
riesgo”, empujando la fuga de capitales. A la manera de un círculo infernal
que se cierra sobre sí mismo, la reducción de la inversión extranjera
produce devaluación monetaria y aumento de las deudas, que en la
macroeconomía del lenguaje neoliberal, obligan a planes de ajuste que
persiguen la contracción de la demanda. Pero la población cansada de
soportar el detrimento continuo en sus condiciones de vida ha salido a
rechazarlos. Las movilizaciones de octubre en Ecuador y Chile lo
explicitaron. Las de Colombia, el 21 de noviembre, hicieron parte de ese
mismo hartazgo por los ajustes neoliberales.

 

Unas semanas antes del paro el gobierno Duque presentó al Congreso una
propuesta de reforma tributaria en línea de continuidad con una política
fiscal que, desde los inicios de la implementación del neoliberalismo en los
inicios de la  década de 1990, aumenta las exenciones a los grandes
capitales mientras descarga sobre las capas medias y pobres  el grueso del
castigo tributario, en un país que desde el año 2000 hasta ahora ha tenido
que soportar 13 reformas fiscales de este mismo tipo, una cada año y medio
en uno de los países de mayor concentración del ingreso en la región.  

 

El gobierno adicionó a esa propuesta la de una contrarreforma laboral que
pretende flexibilizar aún más el régimen de trabajo, al punto de incluir el
pago de salarios por horas; una contrarreforma jubilatoria favorable a los
fondos privados de pensiones; y por recomendación de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la creación de un
holding financiero estatal el cual centralizaría la totalidad de los
recursos del sector financiero estatal para competir en el mercado de
capitales.  

 

Las exigencias del capital transnacional por estabilizar la economía en
crisis, después de la caída en los precios del petróleo, el principal
producto exportador, explican la propuesta del “paquetazo” gubernamental. 

 

Colombia tiene un déficit en cuenta corriente superior al 4% del PIB, el
cual aumentó de manera considerable a partir del 2013, con la caída del
precio internacional del petróleo, el principal producto exportable al igual
que la IED. En el lapso 2013-2017, hubo un declive pronunciado del precio
internacional del petróleo y a consecuencia de ello las exportaciones
petroleras bajaron en un 60,4% y la IED del sector en un 41.3%. (6) A pesar
de la recuperación parcial de los precios internacionales del petróleo
durante los últimos años este déficit sigue en aumento, (7) al igual que la
reducción de la IED (8), lo que ha precipitado fuga de capitales de corto
plazo graficado estadísticamente en el declive de las inversiones de
portafolio. (9)   

 

En medio de este cuadro recesivo la devaluación de la moneda alcanzó uno de
los niveles más altos en el promedio internacional de las monedas (10)
arrastrando de paso el crecimiento de la deuda externa, lo cual es
particularmente grave en el caso de la deuda pública que ya llega al 51% del
PIB, con el agravante de que existe en el país una legislación impuesta por
el FMI, según la cual en la ejecución de los presupuestos anuales el pago de
los intereses de deuda es prioritario. (11)  

 

Bajo las coordenadas de la dominación neoliberal el ajuste económico toma el
carácter de inevitable. Por ello, mientras en las calles los manifestantes
reclaman una sociedad más justa, el presidente y la mayoría parlamentaria
continúan tramitando en el Congreso los proyectos de ley exigidos por el
capital transnacional, lo que reafirma la fractura entre población e
instituciones, confirmando la estrechez de una “democracia representativa”
creada a imagen y semejanza del neoliberalismo, apoyada en clientelas
políticas, en lobbies empresariales y en negociaciones secretas. Lo que
estamos presenciando en Colombia y en América Latina en general, no es tan
solo la crisis del neoliberalismo como modelo económico basado en el
despojo, sino también la crisis de sus formas de representación política.


 

Los retos que plantea la nueva coyuntura política

 

Desde el 21N ha surgido en el país un movimiento plural que involucra
asalariados, pobladores de los barrios, capas medias acorraladas por
impuestos y la usura bancaria en las ciudades. Dentro de esta convergencia
social debe resaltarse el papel de los movimientos juveniles que han
emergido a la confrontación exigiendo derechos y explicitando su lejanía
frente a una guerra que ya no los convoca. 

 

Estas expresiones juveniles tienen antecedentes en los movimientos
universitarios de resistencia que aparecieron en años anteriores.
Efectivamente, en el 2011 la denominada Mesa Nacional estudiantil logró,
mediante una protesta de gran espectro, derrotar un proyecto de “reforma
universitaria” impulsado por el gobierno de Santos y el año pasado, otro
movimiento del mismo carácter logró conseguir recursos presupuestales
adicionales a los que había proyectado  el actual gobierno. Pero ahora, el
campo de la movilización juvenil es mucho más amplio; incluye la presencia
de los jóvenes que no pueden acceder a las universidades, o de aquellos que
habiendo logrado un título profesional no encuentran empleo (12); incluye a
aquellos que estudian en universidades privadas, obligados a soportar
endeudamientos asfixiantes. Igualmente a los de los institutos técnicos que
antes de terminar los estudios ya les han anunciado una contratación laboral
precaria; también a aquellos jóvenes que la pobreza no les permite terminar
la secundaria y tampoco pueden acceder a los servicios de salud
mercantilizados o lograr un bienestar mínimo.  

 

Tal y como ha ocurrido en otras partes de la geografía planetaria con
movimientos sociales similares, este movimiento juvenil acude a la protesta
callejera de manera espontánea utilizando las redes virtuales, motivado por
denunciar “las consecuencias del neoliberalismo” aunque sin conocer sus
causas (13). Rechaza las instituciones y los partidos dominantes pero,
igualmente, no se sienten representados en los partidos de izquierda como
tampoco en las organizaciones populares tradicionales. Objeta las decisiones
verticales, los liderazgos unipersonales, democratizando las decisiones, lo
que les imprime una gran fortaleza a su accionar. Expresa, al mismo tiempo,
un pluralismo ideológico amplio en medio de la despolitización a la que los
condenó el neoliberalismo y de allí su debilidad.  

 

Dentro de esta pluralidad ideológica deben resaltarse dos temas que
denuncian la crisis civilizatoria a la que nos ha condenado el capitalismo
contemporáneo: el de la destrucción de la naturaleza y el de la preservación
de la sociedad patriarcal, cuestionando con mucha fuerza por mujeres jóvenes
universitarias y profesionales.    

 

El movimiento social plural que acompañó las protestas callejeras del 21N no
cuenta con una correlación de fuerzas que le permita plantearse rupturas
institucionales, como la renuncia del Presidente o la convocatoria a una
Asamblea Constituyente, como en el caso de Chile. Sin embargo, en su corta
existencia ha logrado:

 

-Derrotar el terror de Estado que durante décadas ilegalizó el accionar de
las organizaciones populares al darles el tratamiento de estado excepción,
colocándolos como apéndices de las guerrillas.  

 

-Urbanizar la resistencia social tanto por la forma como irrumpió en las
ciudades como por los puntos que propone en su plataforma reivindicativa. 

 

-Potenciar un movimiento en defensa de los derechos humanos que cuestiona el
asesinato recurrente de líderes sociales y que demanda una política
democrática que garantice el cierre definitivo del conflicto armado.

 

-Colocar en el centro de la discusión política nacional a la desigualdad
social como expresión interna de la crisis que el neoliberalismo experimenta
a escala internacional.  

 

El denominado Comando Nacional Unitario que convocó el 21N mantiene la
interlocución con el gobierno, pero las franjas de la población que actúan
de manera espontánea o que pertenecen a una diversidad de organizaciones
sociales, se encuentran por fuera de este organismo aunque dispersas y sin
capacidad de convertirse en una opción política diferente. 

 

De momento se coordinan en asambleas barriales, una forma territorial de
democracia directa que responde al despojo causado por el urbanismo
neoliberal, caracterizado como “extractivismo urbano”. (14) Estas asambleas
barriales pueden convertirse en expresiones superiores de democracia si
logran centralizarse y articularse con movimientos nacionales que resisten a
las políticas estatales. Esta apuesta dependerá obviamente de la continuidad
del paro en las semanas iniciales del año entrante, lo que en las actuales
circunstancias parece posible y de los retos que le plantee al movimiento el
enfrentamiento al gobierno. La alternativa política seguirá en disputa
aunque ahora en un nuevo contexto. Urge una coordinación unitaria de quienes
estamos convencidos de la necesidad de preservar una estrategia
anticapitalista. 

 

* Docente en la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la dirección
del Movimiento Ecosocialista.

 

Notas  

 

1) El departamento de derechos humanos de la CUT ha denunciado el asesinato
de 3000 activistas sindicales desde cuando fue fundada esta central
sindical, a mediados de la década de 1980.  

2) Los niveles de concentración de la tierra en el país son muy altos. El 1%
de los grandes propietarios rurales acaparan el 60% de la tierra apta para
cultivar mientras que dos millones y medio de familias campesinas viven en
la superficie restante.

3) Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, en el 2008, el país conoció
que miembros de las fuerzas armadas habían asesinado a civiles indefensos
haciéndolos pasar por bajas en combates. “El jefe del Ejército de Colombia
dirigió una brigada acusada de matar a civiles”, El País”, Madrid,
5-06-2019,
https://elpais.com/internacional/2019/06/04/colombia/1559607159_600734.html
<https://elpais.com/internacional/2019/06/04/colombia/1559607159_600734.html
>  Los llamados “falsos positivos” fueron uno de los escándalos militares
más sonados durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. Para obtener
bonificaciones salariales o días compensatorios de descanso, conforme a los
manuales reconocidos por el Ministerio de Defensa tomados, a su vez, de los
manuales del ejército norteamericano; miembros  del  ejército retenían
arbitrariamente a jóvenes humildes en la periferia de las ciudades, algunos
de ellos discapacitados. Luego los llevaban a zonas de conflicto, les
colocaban uniformes de guerrilleros y los fusilaban para obtener los
beneficios. El número de ejecutados, según organizaciones sociales y de
derechos humanos, puede llegar a 10.000.

4) Los oficiales que hablaron con The New York Times aseguran que estuvieron
en el Ejército cuando ocurrían los falsos positivos, más de una década
atrás. Las fuentes aseguran que las cosas empezaron a tomar un nuevo rumbo
el pasado 19 de enero, un mes después del cambio de cúpula militar, cuando
el general Martínez reunió a 50 generales y coroneles entre los que estaban
sus principales mandos en todo el país.  (..) El 19 de febrero apareció un
documento titulado "Cincuenta órdenes de Comando", conocido por el diario.
En esta se exigen ataques oportunos y masivos. La directriz que marcaba el
mayor cambio a como veían operando las cosas, dice The New York Times, es la
de los ataques mortales.” “Falsos Positivos 2.0”  La  denuncia de The New
York Times,  Revista  Semana, 18 de mayo del 2019, en
https://www.msn.com/es-co/noticias/colombia/%C2%BFfalsos-positivos-20-la-den
uncia-de-the-new-york-times-contra-el-ej%C3%A9rcito-nacional/ar-AABxWiU 

5) Esta renuncia se precipitó antes de que el Congreso votara la “Moción de
censura” respectiva. “A una semana de que las mayorías en el Congreso lo
convirtieran en el primer ministro en la historia de Colombia en salir de su
cargo por una moción de censura, Guillermo Botero tuvo que dar un paso al
costado.

a través de un escueto comunicado, en la tarde de este miércoles, presentó
la renuncia a su cargo…” “Renuncia Ministro de Defensa”, El Tiempo, 5 de
noviembre del 2019, en
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/renuncia-ministro
-de-la-defensa-guillermo-botero-431146 

6) Marco Fiscal de Mediano  Plazo-2018, pág 127 y ss, MinHacienda en
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/wcnav_defaultSelection;j
sessionid=xQW8RqtaVEUSc9btV37YpNENdZOs_KXXvMFKLQbz5p12rpZ59orr!1891731479?_a
frLoop=3723875303771996
<http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/wcnav_defaultSelection;
jsessionid=xQW8RqtaVEUSc9btV37YpNENdZOs_KXXvMFKLQbz5p12rpZ59orr!1891731479?_
afrLoop=3723875303771996&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWi
ndowId%3Dnull%26_afrLoop%3D3723875303771996%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl
-state%3Dgw7pm16br_4>
&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop
%3D3723875303771996%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dgw7pm16br_4 

7) “El déficit de la balanza comercial de Colombia se multiplicó por más de
dos veces en agosto pasado, al ubicarse en 1.426,6 millones de dólares,
desde uno de 691,7 millones de dólares reportado para el mismo mes del año
pasado”. El Tiempo, 18 de octubre del 2019, en
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/deficit-de-la-balanza-comercial-d
e-colombia-en-agosto-del-2019-424464
<https://www.eltiempo.com/economia/sectores/deficit-de-la-balanza-comercial-
de-colombia-en-agosto-del-2019-424464> 

8) Según las propias estadísticas oficiales, la IED cayó en 14,1% durante el
2018 (llegó a US$8.679,2 millones, mientras  que  en  el  2017 había
alcanzado  US$10.109 millones).

9) Estas inversiones en portafolio vienen experimentando un desplome;
durante el 2018 cayeron en un 53,4%, datos que confirman que efectivamente
estamos en fuga de capitales. El país es deficitario cuando se toma en
cuenta el diferencial entre ingresos por inversión extranjera y salidas por
utilidades y dividendos desde hace varios años lo que aparece en el rubro
denominado “renta de factores” de la balanza de pagos. El balance
deficitario de este rubro llegó a US$11.441 millones en el 2018.

10) En el 2014 el peso cotizaba a $1800 con relación al dólar. A finales del
2017 llegó a $3.000 y en la actualidad asciende a $3.500. Confirma
igualmente la fuga de capitales.

11) Se trata del denominado “superávit primario” obligatorio no tan solo en
el diseño de los presupuestos públicos, sino también en la elaboración de
los planes de desarrollo y de las llamadas políticas públicas.

12) En la Universidad Nacional, la universidad pública más importante del
país, procuran ingreso cada seis meses que terminan los períodos académicos
de la secundaria aproximadamente 60.000 bachilleres. Y tan solo ingresan
7000 aproximadamente. El desempleo juvenil alcanza niveles del 22%
aproximado, de lejos el monto más alto en el globo de los desempleados. Debe
tenerse en cuenta que los métodos estadísticos.

13) Han sido caracterizados como movimientos por “ciudadanías emergentes”,
movimientos que intentan salir de la marginalidad social a la que han sido
sometidos por el neoliberalismo.

14) El reordenamiento espacial de las ciudades por parte del gran capital
inmobiliario y financiero en procura de la obtención de rentas lleva al
desalojo de las poblaciones de manera similar al desplazamiento que ocurre
en los territorios en los que opera la explotación de hidrocarburos y
minerales. Por ello ha sido caracterizado como ”extractivismo urbano”.  

  _____  

 



------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20191218/7f1abc43/attachment-0001.htm